Telefónica, blindada legalmente ante los precios del fútbol (y las pullas de Vodafone)

La locura por el fútbol es universal. Eso lo saben las empresas, de ahí que los derechos televisivos del deporte rey se hayan convertido en un negocio muy lucrativo a la par que polémico. En las últimas semanas, con la adquisición de los derechos por parte de Telefónica y el rechazo de Vodafone ha suscitado toda clase de tiranteces. Aunque el operador azul parece tener todo muy atado.

Por 4.020 millones de euros Movistar tendrá los derechos del fútbol en periodos de tres años. LaLiga española (2019 a 2022) tendrá un precio de 2.940 millones; la Champions League (2018 a 2021) supone un desembolso de 1.080 millones. De momento Orange ya ha anunciado que también dispondrá de este contenido, por lo que ha alcanzado un acuerdo con Telefónica. Mientras, Vodafone solo tendrá LaLiga este año (solo ocho partidos, de la anterior adquisición de derechos), pero nada de Champions; y la temporada que viene, nada de nada.

En este contexto, Vodafone ha virado entre las dudas y la rabieta. El momento álgido llegó hace unos días en el encuentro de DigitalES (patronal de las telecos), donde Vodafone lanzó un órdago legal al aire. El consejero delegado de la compañía, Antonio Coimbra, instaba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que vigilara la posible “subsidiación cruzada” en la que podría estar cayendo Telefónica. Es decir, que debido al fútbol, el operador azul puede estar ganando clientes para otros servicios por su posición de dominio jugando con los márgenes de precios y costes.

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De esta manera, Vodafone metía presión a Telefónica. Por un lado agitando las dudas sobre si recomprará los derechos o no a la compañía de José María Álvarez-Pallete, con la consiguiente ayuda económica para los azules; y por otro, generando estas dudas legales sobre los precios y las promociones que se montan alrededor del fútbol. ¿Pero tiene esto algún viso de prosperar?

TELEFÓNICA SABE DÓNDE SE MUEVE

Tras la denuncia al aire de Vodafone, desde Telefónica no se han inmutado. Son conscientes de que todos los preceptos legales están de su parte. Básicamente porque en el inicio de su andadura televisiva con la compra de DTS (Canal+), el propio regulador aclaraba que el fútbol siempre tiene sobrecostes que no se pueden rentabilizar fácilmente.

En concreto, según un informe en el que se analizaba la concentración Telefónica/DTS, ya se detallaba que “respecto a los derechos de emisión de eventos deportivos, especialmente futbolísticos, (…) se deduce que el fútbol es un contenido muy importante para los operadores tradicionales de televisión de pago, que de hecho durante muchos ciclos de explotación han incluido dichos contenidos en su oferta a pesar de su poca rentabilidad, incluso generando pérdidas que eran compensadas con subvenciones cruzadas. En el caso de DTS, estos eventos deportivos facilitaban la comercialización de paquetes de canales con márgenes positivos para este operador”.

Así, fuentes del sector conocedoras de la situación aclaran que “esta subvención cruzada del balompié existe desde hace mucho tiempo, en la medida que los costes de adquisición de los derechos de fútbol suelen ser superiores a los ingresos incrementales minoristas de los paquetes con fútbol frente a los que no tienen”.

¿Y SI TIRAMOS DE COMPETENCIA DESLEAL?

El otro gran mantra que azuza Vodafone estos días tiene que ver con los costes y la rentabilidad. El operador rojo está obcecado en que no cuadran las cifras. De este argumento se recoge que Telefónica tendría que estar vendiendo a pérdida para obtener clientes. ¿Pero esto es así?

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Según el artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal, “salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre”. “No obstante”, añade, “la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos; c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado”.

Fuentes jurídicas consultadas por MERCA2 entienden que Telefónica no estaría incurriendo en ninguna de estas prácticas en relación con los precios del fútbol y la fijación de tarifas, paquetizadas o no. Por lo tanto, no habría mucho margen para recurrir legalmente.

Además, hay otro factor: ¿realmente está echando bien las cuentas Vodafone? Fuentes del sector aseguran que  “probablemente ni siquiera hay venta a pérdida, porque en la comercialización del paquete las empresas suelen tener beneficios. Los cálculos que ha anunciado el operador rojo para justificar que tiene pérdidas en el paquete no están del todo claros”.

¿QUÉ PUEDE HACER VODAFONE AL RESPECTO?

Ante esta situación, Vodafone no tiene muchas alternativas. Puede seguir pataleando e instando a la CNMC a que vigile; o puede recomprar los derechos del fútbol a Telefónica y, de este modo, tenerlo dentro de su parrilla televisiva.

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Incluso, el operador dirigido en España por Antonio Coimbra puede denunciar la situación ante el regulador. Éste, bajo el artículo 3 de la Ley de Competencia, debería conocer “en los términos que la Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público”. Y sería el precepto legal sobre el que basar la denuncia.

No obstante, las fuentes jurídicas señalan, de igual modo, que no tiene muchos visos de que este asunto pudiera prosperar. Entre otras cosas porque Vodafone ha tenido, y todavía mantiene, una actitud negociadora, tal y como ha manifestado en su última convocatoria pública.

Con todo este circo montado alrededor del fútbol, lo único claro es que Movistar y Orange ya lo tienen atado hasta 2021, mientras que Vodafone tiene que revisar su estrategia de contenidos o pasar por caja.

Raúl Masa
Raúl Masa
Ex Coordinador de redacción y redactor de empresas y economía; especializado en telecomunicaciones, tecnología y energía.