La ‘tasa Covid’ es legal y está justificada por los gastos en medidas de seguridad adicionales que adoptan los negocios que reabren sus puertas tras la pandemia, entre ellos peluquerías, terrazas, clínicas dentales, tiendas de ropa o colegios privados o concertados, si bien deber ser razonable y acorde con su finalidad.

Además, tiene que ser avisada de antemano y señalizada correctamente por parte de los establecimientos, según señala Legálitas, que ha explicado que se trata de un suplemento al importe total del servicio que tiene como objetivo recuperar las pérdidas para garantizar que su negocio sea rentable a pesar, por un lado, de los gastos en medidas de seguridad adicionales, tales como mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos y materiales desechables, y por otro, de la reducción de ingresos al mantener un aforo reducido en los locales.

Desde Legálitas consideran que sí es legal que un negocio cobre un extra por este motivo, si bien insisten en que debe ser avisado de antemano y señalizado correctamente por parte de los establecimientos.

INDICAR LA CANTIDAD EXACTA

Además, al igual que ocurre con los suplementos por comer o beber en mesa o terraza de un restaurante, estos importes se deben especificar, indicando expresamente la cantidad, y aplicarse o no en todas las circunstancias por igual.

«Es importante recordar que el precio de venta al público es libre, por lo que el establecimiento tendrá derecho a cobrar lo que considere», apuntan desde la firma de abogados.

Asimismo, Legálitas insiste en que la tasa, aunque es legal, debe ser razonable y acorde con su finalidad.

«Si, por ejemplo, en un establecimiento nos proporcionan geles sanitarios, mascarillas y otros materiales desechables, el empresario debe poder demostrar que el importe de la tasa es proporcional a los gastos extra en los que ha incurrido», han explicado.

Además, según señala la firma de abogados, esta tasa es «completamente opcional», pudiéndose repartir estos gastos entre el establecimiento y los clientes, o que fuera el empresario el que asuma la responsabilidad de hacer frente a los costes adicionales.

En el caso de considerar que la cantidad extraordinaria a pagar es desproporcionada, se puede reclamar a las autoridades de consumo correspondientes, si bien lo recomendable, según la firma, es siempre estar informados de antemano y evitar dichos servicios si no se está de acuerdo.

EN LOS COLEGIOS, TAMBIÉN 

En el caso de los colegios, Legálitas explica que existe ya información de colegios con la intención de subir las tarifas el próximo curso debido a los gastos adicionales tales como la desinfección diaria intensiva de las aulas y distribución de mobiliario para cumplir con la distancia mínima de seguridad de dos metros obligatoria entre todas las personas, alumnos y personal docente.

«Tal como ocurre con otros servicios, en el caso de colegios privados o concertados, los centros y las familias tienen una relación contractual, por lo que podría ser legal que las mensualidades aumentaran, siempre que estas subidas estuvieran indicadas correctamente de antemano», ha precisado la firma.

No obstante, según señala, los padres pueden decidir si continuar o no con el contrato de la educación de sus hijos en dicho centro.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que sería un «enorme error» prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en algunos sectores sólo hasta el 30 de septiembre, pues la economía española seguirá «pasándolo mal» hasta finales de año.

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas respondía así al ser preguntado por una de las opciones que maneja el Gobierno: extender los ERTE en sectores necesitados hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 31 de diciembre, como pide la patronal.

«Extenderlos hasta el 30 de septiembre sería un error enorme. Las empresas necesitan certidumbre para mirar hacia adelante», ha subrayado Garamendi, que ha explicado, por ejemplo, que el turismo en Canarias arranca en septiembre u octubre, por lo que este sector necesitaría durante más tiempo los ERTE.

PROTEGER EL EMPLEO

Preguntado por si ese término medio (septiembre) se debe a la resistencia de los ministerios económicos a gastar más recursos en los ERTE, el presidente de la CEOE ha señalado que «nadie se pondría nervioso si en este país la deuda pública llega al 120% del PIB porque sería por una razón coyuntural, no estructural. Es la única manera para que este país se ponga en marcha. Hay que salvar los muebles para a partir de ahí empezar a trabajar, y el horizonte de los ERTEs es diciembre», ha explicado.

Garamendi ha defendido que los ERTE son una herramienta que hiberna la empresa, especialmente para proteger el empleo, y ha advertido de que estos ERTE no desaparecerán hasta que finalice la desescalada. Por eso, ha instado a que ésta sea lo más rápida posible, sin descuidar los medios de protección en las empresas frente al coronavirus. Cuanto antes salgamos de esa desescalada, antes saldrá la gente de los ERTEs», ha dicho.

El dirigente empresarial ha afirmado que hay sectores y subsectores muy claros donde los ERTE deberán seguir más tiempo, como hoteles, comercio, agencias de viajes o restaurantes, entre otros. En todo caso, ha pedido «que se tenga cuidado» a la hora de señalar los sectores donde deberían seguir los ERTEs, pues hay que tener en cuenta que muchos sectores tienen subsectores que dependen de ellos y que están muy comunicado.

DIÁLOGO SOCIAL Y POLÍTICA

Sobre la vuelta de la CEOE a la mesa de diálogo social (esta tarde se reunirá de nuevo la mesa, presidida por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño), el presidente de la organización empresarial ha señalado que «las aguas han acabado volviendo a su cauce» después de que se encontrara «a tres señores firmando cosas» en el lugar que correspondía a sindicatos y empresarios, en referencia al acuerdo de PSOE y Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral.

Garamendi ha subrayado que la CEOE hablará de la reforma laboral «con mucha tranquilidad y cuanto toque» y ha hecho hincapié en que en esta normativa que aprobó el Gobierno del PP en 2012 «no todo es malo», ya que tiene cosas positivas que se han reconocido además desde varios organismos internacionales.

«Nosotros en ningún caso estamos diciendo que no haya que hablar, pero en el estado de alarma y la crisis hablar de la reforma laboral no es el momento», ha indicado Garamendi, que ha recordado que la reforma laboral introdujo flexibilidad, al igual que las normas que está «imponiendo» el Gobierno, como el teletrabajo o la modificación de turnos en las empresas.

Sobre el clima de crispación política, el presidente de la CEOE ha reconocido que algunas cosas de las que se están viendo le producen «sonrojo». «Si todos los partidos y digo todos bajaran un poco el tono, todos los españoles lo agradeceríamos bastante», ha afirmado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en que las pensiones están «absolutamente aseguradas» y en que esta crisis provocada por la pandemia «no tiene nada que ver con la anterior».

Así lo ha señalado en un encuentro virtual organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha remarcado que en la anterior crisis hubo un problema de percepción de sostenibilidad de deuda pública y de las finanzas, que se materializó en primas de riesgo enormes.

No obstante, ha señalado que, en esta ocasión, España se está financiando a tipos de interés a 10 años, en términos absolutos, del entorno del 0,6% y le están pagando por emitir deuda, porque los tipos son negativos en plazos de 5 o 7 años.

Además, ha afirmado que las agencias de rating no han bajado la valoración a España. «Hemos pasado el riesgo más agudo y la percepción de solvencia es absoluta», ha añadido, tras apuntar que «no entiende de dónde vienen» las especulaciones respecto a las pensiones.

«Esta es una crisis intensa en cuanto a caída de actividad en corto plazo, pero claramente temporal y que no modifica la situación estructural de las finanzas públicas españolas, ya que las medidas que estamos tomando, excepto el ingreso mínimo vital, son de naturaleza temporal y eso es lo que entienden los mercados y por lo que estamos transitando por esta crisis sin particulares dificultades», ha apostillado.

PREVÉ UN ACUERDO EN EL PACTO DE TOLEDO

Por otro lado, ha señalado que próximamente se retomarán los trabajos del Pacto de Toledo y que ha podido percibir que hay consenso entre las diferentes formaciones políticas sobre cómo abordar el problema de las pensiones a medio y largo plazo en España, por lo que cree que se culminarán las negociaciones con un acuerdo favorable.

Por otro lado, ha señalado que en España hay «muchas ventajas». Así, ha remarcado que la edad de jubilación legal es de 67 años y que lo que se tiene que hacer es conseguir que la efectiva, que está por debajo de los 66 años, se acerque a esta. «Hay muchas profesiones y personas que están dispuestas a hacerlo», según el ministro.

Preguntado sobre si está estudiando modificar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de funcionarios, el ministro ha dejado claro que «no tiene ningún plan en este sentido».

Por su parte, también en este encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha resaltado que es necesario hacer una gestión eficiente, seria y responsable de todo lo que es el servicio público y los fondos públicos para garantizar que la solidaridad intergeneracional no se quiebra y que hay pensiones no solo ahora, «sino dentro de 20 o 40 años.

Por otro lado, Escrivá, preguntado sobre si habrá ajustes para acceder a las ayudas europeas, ha dejado claro que la respuesta comunitaria ha sido «muy positiva» y que esta idea de los ajustes «se ha instalado entre la sociedad con muy poca solvencia».

De hecho, ha apostillado que la crisis es totalmente sobrevenida como resultado de un virus y que habrá países en los que va a afectar más que otros.

«En lo que respecta a la financiación y al plan de activación, vamos a ver elementos absolutamente novedosos», ha añadido, tras apuntar que se va a emitir deuda y se va a redistribuir teniendo en cuenta las necesidades sectoriales de cada país y no va a haber condicionalidad, porque «no tiene ningún sentido que la haya» de este tipo «ni de otra naturaleza».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que la nacionalización y la intervención pública en empresas, una acción que están proponiendo desde diferentes ámbitos para las instalaciones que abandonará Nissan en Cataluña, es una «herramienta disponible», en términos abstractos, que recoge la Constitución y que están utilizando diferentes países europeos.

«En términos abstractos, es una herramienta disponible no solo por la Constitución, sino, como estamos viendo, en el ámbito europeo, donde muchos países están interviniendo en el capital de muchas empresas, entre ellas, algunas aerolíneas», explicó Garzón en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

Garzón señaló, no obstante, que este tipo de operaciones se tienen que abordar a través de un estudio concreto, como es el caso específico de una planta de Nissan, o con el automóvil, un sector que calificó como «fundamental» para la economía española tanto por el volumen de empleo como en términos macroeconómicos.

Por todo ello, subrayó que habría que analizar «con detalle», como se está haciendo por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuáles son las medidas necesarias que hay que adoptar con el objetivo de mantener la industria española.

Así, abogó por contar con una industria «fuerte», con servicios de alto valor añadido y con una economía que permita a los trabajadores contar con salarios altos y recordó que estos episodios de desindustrialización, que se repiten desde los años 80, hacen «más débil» a España.

«Tenemos que implementar políticas públicas que permitan revertir esta tendencia que va más allá de un gobierno o de dos», indicó el ministro de Consumo, que abogó por llevar a cabo una reindustrialización y hacer un «cambio estructural», para lo que defendió la importancia de contar con el apoyo de todos los partidos políticos.

«Algunos partidos miran con el rabillo del ojo a las próximas elecciones y cómo pueden ganar, a través de la crispación, más votos, pero en este país tendríamos que tener también las luces largas para ver qué tipo de país tendremos dentro de 20 años. Lo de Nissan es una alarma que tenemos que atender», finalizó.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que a partir de junio los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) deben ser «más territoriales» y más «precisos» por sectores.

En un desayuno online de Nueva Economía Fórum, el titular del Ministerio ha señalado que se está analizando la situación de los distintos sectores «con todos los detalles» y que cualquier esquema que salga adelante tiene que tener como elemento importante «la flexibilidad» de cómo se mantiene la protección a trabajadores y la exoneración de costes para las empresas.

Escrivá cree que, desde el punto de vista de la definición sectorial, se deben ir reconsiderando las decisiones «cada cierto tiempo», porque la incertidumbre es «muy elevada» con esta pandemia.

El ministro ha hecho hincapié en que los incentivos, si son positivos, funcionan mejor que otras estrategias, y que así se está viendo en la transición de los ERTE a la ‘nueva normalidad’ en mayo y junio. Según el ministro, España ha sido un país innovador también frente a otros países, porque «no ha habido ninguno que haya diseñado tan sutilmente la transición».

«Esta transición fue esperada y recibida favorablemente por agentes sociales y especialmente por los empresarios«, ha remarcado, tras resaltar que en junio se inicia una nueva etapa donde las restricciones de movilidad van a desaparecer, pero en la que determinados sectores seguirán teniendo dificultades.

DIÁLOGO SOCIAL

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, presidirá este jueves, a las 17.30 horas, una nueva reunión del diálogo social que contará con la presencia de la CEOE, que regresa a la negociación después de haber suspendido el diálogo con el Gobierno por su acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral.

A esta reunión asistirán, como es habitual, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por parte de los agentes sociales está prevista la presencia de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y de los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.