El programa energético del PP anula el calendario de cierre de las cinco centrales nucleares españolas y sustituye los bonos sociales por una tarifa única.
El documento se presentó el 10 de noviembre, a dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre, y con la luz en máximos. Los mercados de futuros descuentan un invierno de precios energéticos altos. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha decidido colocar la energía en el centro de su oferta y dedica un capítulo entero a convertir España en potencia energética de Europa.
De Almaraz a Trillo: la derogación del calendario nuclear
La medida más visible es la anulación del calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. El PP se compromete a tramitar en los primeros cien días de Gobierno la ampliación de su vida útil, siempre con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. La fórmula evita fijar una fecha nueva: la prórroga queda condicionada al informe del regulador atómico.
El Gobierno prorrogó en agosto la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, pero mantiene el cierre de todo el parque en 2035. Feijóo calificó entonces esa prórroga de ‘tardía e incompleta’ y reclamó cancelar el calendario de cierres. El programa recoge esa petición y la eleva a compromiso electoral.
A la prórroga se suma una estrategia nacional nuclear que incluiría reactores avanzados y pequeños reactores modulares, y una reformulación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que todas las tecnologías compitan en igualdad en subastas y ayudas. Es el punto donde el texto más se aleja de la política energética aplicada desde 2018, construida sobre el cierre ordenado del parque y el despliegue renovable.
Derogar el calendario nuclear no alarga solo la vida de cinco centrales: reordena el reparto de costes de toda la descarbonización española.
Del 7% al IVA: la factura que el PP promete adelgazar
En la factura, el programa propone eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y bajar los impuestos del recibo, sin concretar cuáles. Feijóo planteó en marzo rebajar el IVA de la energía del 21% al 10%, pero el texto no repite esa cifra. El tributo ya se está retirando: el decreto ley aprobado en junio lo suprime de forma gradual, con en torno al 5% pendiente en lo que resta de 2026, el 3,5% en 2027 y cero en 2028. El Congreso lo convalidó el 23 de julio y el PP se abstuvo. También se abstuvo en la convalidación del decreto anticrisis de marzo, que incluía precisamente un IVA del 10% para la energía.
El PP promete bajar la factura, pero se abstuvo en las dos votaciones que ya la han rebajado: la letra del programa aún no tiene respaldo parlamentario.
El impuesto del 7% lo creó el primer Gobierno de Rajoy con la Ley 15/2012 y grava los ingresos de todos los productores, renovables y nucleares incluidos. La misma ley alumbró dos tributos sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Nuclenor los citó en 2012 al renunciar a pedir la prórroga de Garoña, que el Ejecutivo de Rajoy rechazó reabrir en 2017.
Los bonos eléctrico y térmico dejarían paso a una Tarifa Social Única que, según el texto, ‘sustituirá y mejorará’ ambos y sería compatible con cualquier contrato de luz y gas. El programa añade compensaciones automáticas para quien se quede sin suministro por un fallo del sistema.
Para evitar otro apagón, el PP actualizaría en seis meses las reglas de funcionamiento del sistema, vigilaría la red en tiempo real con alertas tempranas y prohibiría cerrar centrales de gas o hidroeléctricas sin una alternativa técnicamente acreditada. La apuesta se completa con más baterías y centrales de bombeo.
El capítulo eléctrico incluye un plan de choque sobre los servicios de ajuste, cuyo coste, según el partido, se ha multiplicado por ocho. El múltiplo depende de la comparación elegida: Ember, con datos de Red Eléctrica, cifra ese coste en 3.800 millones en 2025 frente a 1.300 millones en 2021, casi el triple. El programa fija además 18 meses para resolver los problemas de conexión a la red de industrias, viviendas y centros de datos y para revisar si la capacidad reservada corresponde a proyectos viables.
El pulso con el resto de partidos queda abierto. El PSOE defiende continuar la política iniciada en 2018, con más inversión en redes y cierre nuclear en 2035; votó el 30 de septiembre a favor de mecanismos para limitar los precios de la luz y los carburantes y se abstuvo ante la creación de una empresa pública de energía.
Vox propone un IVA del 4% para luz, gas y agua, quitar los impuestos eléctricos, y dar a la nuclear un papel central. Frente Amplio pide cumplir el cierre nuclear pactado, una electricidad cien por cien renovable en 2040 y una empresa pública de energía. Podemos coincide en la empresa pública y en el impuesto a las energéticas; en julio se abstuvo en el decreto que elimina el 7% porque considera que bajar impuestos no es la vía para frenar la crisis de precios. Ninguno de los cuatro ha publicado su programa completo: sus posiciones salen de declaraciones y votaciones parlamentarias.
Neutralidad tecnológica con dos velocidades fiscales
El discurso ha cambiado de tono en pocos meses. En octubre de 2025, el vicesecretario de Economía del PP y secretario de Estado de Energía con Rajoy, Alberto Nadal, defendió en el Foro Solar un suelo nuclear a largo plazo, con solar y eólica después y ciclos combinados para la punta mientras el almacenamiento no bastara. Aquella intervención se leyó como una moratoria de facto para las renovables. El programa habla ahora de neutralidad tecnológica, de revisar los ritmos de cada sector y de frenar la imposición de ‘calendarios imposibles’. El giro es real en la forma. En el fondo, la jerarquía entre tecnologías sigue siendo una incógnita.
La contradicción aparece en el territorio. Extremadura, gobernada por el PP con Vox, rebaja un 30% la ecotasa que pagan las propietarias de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— en el anteproyecto de presupuestos de 2027: son 28,1 millones menos de ingresos y cumplen el pacto de investidura, que prevé la bonificación total en 2029. Castilla y León, también con Vox, extiende el impuesto de afección medioambiental a los parques fotovoltaicos de cinco hectáreas o más, con entre 600 y 2.000 euros por hectárea. La patronal UNEF lo califica de injustificado. Aragón grava la fotovoltaica desde la Ley 2/2024 y La Rioja desde 2025. El resultado es un mapa fiscal que penaliza el suelo solar y protege el nuclear, justo lo contrario de la igualdad de condiciones que promete el programa nacional.
El riesgo evidente es de coherencia: un Gobierno que promete neutralidad tecnológica mientras sus autonomías tratan distinto a cada tecnología tendrá difícil defender las subastas como terreno neutral. El primer examen llega el 29 de noviembre. Si el PP gobernase, el calendario se mide en cien días para la tramitación nuclear y en un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que condiciona cualquier prórroga. La cuestión que queda sobre la mesa no es si España puede alargar la vida de Almaraz, sino a qué precio se reparte ese coste entre el contribuyente, el consumidor y las eléctricas.
