La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) advierte de que la morosidad del alquiler se ha triplicado durante los meses de confinamiento, hasta el 15%, y seguirá creciendo en los próximos meses por el impacto generado por la crisis del Covid-19 si no se toman medidas, por lo que pide un paquete de acciones que incluya un fondo de 700 millones para ayudar a 350.000 familias vulnerables y mayor protección ante la ocupación de viviendas.

En una nota, la asociación señala que las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que «está perjudicando también a millones de propietarios particulares».

En el caso de los créditos ICO, apunta que apenas un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de Asval ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres, según el análisis de la asociación realizado entre los inquilinos de más de 30.000 viviendas.

A su juicio, esta cifra, que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la «escasa utilidad» que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente.

En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las comunidades autónomas, apunta que la dotación presupuestaria es «insuficiente» debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. En el caso de Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado, mientras que en la Comunidad de Madrid, la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.

FONDO DE 700 MILLONES

Ante este contexto de repunte de la morosidad y falta de efectividad de las ayudas ya planteadas, Asval reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar.

«Si el impacto de la crisis es mayor, el número de familias con dificultades para el pago del alquiler podría incrementar sustancialmente, lo que obligaría a ampliar estas ayudas», añade.

La directora general de Asval, Beatriz Toribio, explica que los créditos ICO «no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica».

Además, las ayudas directas de las CC.AA., que cuentan con una alta demanda, no están siendo efectivas porque están «infradotadas presupuestariamente». A todo esto se podría sumar el impacto de un aumento del paro hasta el 20% ,según previsiones de distintos organismos.

INSEGURIDAD JURÍDICA

En paralelo a la petición de ayudas directas para los colectivos vulnerables, Asval solicita también que se incremente la seguridad jurídica tanto en materia de ocupación como de las últimas iniciativas relacionadas con el control de los precios del alquiler.

Recientemente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que tramitará una reforma de la ley que regula el mercado del alquiler para imponer un control de las rentas del alquiler, si bien Toribio considera que «el control de precios no es la solución para los problemas del mercado del alquiler.

Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla porque si hay menos vivienda en alquiler disponible, las familias con menos recursos lo tendrán aún más difícil para acceder a ella», avisa Toribio, quien subraya que «la experiencia internacional ha demostrado que este tipo de medidas no han funcionado para frenar las subidas de precios» y además de reducir la oferta disponible frenan la mejora del parque inmobiliario existente y el desarrollo de una oferta «atractiva, asequible y profesionalizada» ante la inseguridad en invertir.

La asociación alerta también del «notable» incremento de las cifras de ocupación ilegal, que se ha convertido en un elemento de creciente preocupación para muchos propietarios y comunidades de vecinos.

«Algunas administraciones públicas, como la catalana, han desarrollado marcos regulatorios que premian el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada», critica.

Por ello, reivindica una mayor protección a la propiedad privada para frenar este fenómeno, porque en caso contrario se incrementará la inseguridad jurídica, dificultando inversiones futuras y el crecimiento del alquiler en España.

Navarra fue la comunidad que más creció en 2019, con un avance de su PIB del 2,8%, seguida de Madrid (2,5%) y Comunidad Valenciana y Murcia (ambas con un 2,3%), según la Contabilidad Regional de España publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cuatro comunidades, junto con Andalucía, cuyo PIB avanzó un 2,1% el año pasado, crecieron por encima de la media nacional, que se situó en el 2% en 2019, de acuerdo con la estadística oficial.

Por el contrario, el menor crecimiento del PIB en 2019 correspondió a Castilla y León, con un incremento del 1,1%, y a las ciudades autónomas de Ceuta (+1%) y Melilla (+1,2%).

De los 19 territorios regionales de España, 12 registraron el pasado año crecimientos del PIB superiores a la media de la UE-28, que fue del 1,5%.

El INE explica que el mayor crecimiento del PIB registrado en Navarra se debió a una evolución de la industria «significativamente más favorable» que en el resto de España, mientras que, por el contrario, el menor crecimiento de Ceuta estuvo afectado, fundamentalmente, por una evolución menos favorable del sector primario y de la construcción y los servicios respecto a la media nacional.

En cuanto al resto de comunidades, por debajo del crecimiento del 2% para el conjunto de España se situaron Galicia y País Vasco (+1,9% en ambos casos); Canarias y Cataluña (+1,8%); Baleares y Aragón (+1,7%) y Cantabria y La Rioja (+1,5%), que igualaron el crecimiento medio de la UE.

En cambio, las regiones de Extremadura (+1,4%); Castilla-La Mancha y Asturias (+1,3% en ambos casos); Melilla (+1,2%); Castilla y León (+1,1%) y Ceuta (+1%) no sólo crecieron por debajo de la media nacional (+2%), sino que también se quedaron por detrás del promedio del conjunto de regiones de la UE (+1,5%).

MADRID, POR DELANTE DE CATALUÑA

De acuerdo con los datos del INE, Madrid consolidó su liderazgo económico sobre Cataluña en 2019, aunque la distancia entre ambas se vio ligeramente recortada.

Así, el PIB madrileño sumó 239.878 millones de euros el año pasado, el 19,3% del total de España, frente a los 236.739 millones de Cataluña, el 19,2%.

En 2018, el PIB de la Comunidad de Madrid supuso el 19,2% del PIB nacional, frente al 19% de Cataluña.

EL PIB PER CÁPITA SUBE

En cuanto al PIB per cápita, España mejoró esta cifra un 2,8% el pasado año, hasta los 26.438 euros, por encima de los 25.727 euros de 2018. Es el sexto año consecutivo en el que aumenta el PIB por habitante, aunque el de 2019 fue el crecimiento más moderado desde el ejercicio 2014, cuando avanzó un 1,5%.

La Comunidad de Madrid registró el mayor PIB nominal por habitante en el año 2019, con 35.876 euros, seguida por País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) y Cataluña (31.110 euros), todas ellas por encima de la media nacional.

También superaron el PIB por habitante de España las regiones de Aragón (28.993 euros), Baleares (28.143 euros) y La Rioja (27.942 euros).

Por debajo de la media nacional, figuran Castilla y León (24.758 euros), Cantabria (24.556 euros), Galicia (24.034 euros), Asturias (23.455 euros), Comunidad Valenciana (23.094 euros), Murcia (21.853 euros), Canarias (21.265 euros), Castilla-La Mancha (20.876 euros) y Ceuta (20.781 euros).

Cerrando la tabla, con los menores PIB per cápita, aparecen Melilla (19.073 euros), Extremadura (19.432 euros) y Andalucía (19.658 euros). De esta forma, el PIB por habitante de Melilla se situó un 27,9% por debajo del dato nacional, el de Extremadura fue un 26,5% inferior y el de Andalucía, un 25,6% menor.

Por el contrario, la riqueza por habitante de la Comunidad de Madrid fue un 35,7% superior a la media nacional; la del País Vasco, un 29,6% mayor, y la de Navarra, un 23,7% más elevada.

El 44% de las empresas españolas prevén que sus ingresos y beneficios se reducirán en los próximos doce meses, según el International Business Report de 2020, el barómetro de la firma de servicios profesionales Grant Thornton, que refleja un notable incremento del pesimismo entre los empresarios sobre la evolución de sus negocios por el impacto de la pandemia, aunque también que el tejido empresarial es más optimista ahora que durante los peores momentos de la anterior crisis.

El informe de Grant Thornton analiza de forma semestral las percepciones y expectativas de más de 5.000 ejecutivos de 35 países de todo el mundo en el corto y medio plazo. En España, la investigación se realiza sobre 400 compañías de entre 50 y 500 empleados.

El optimismo de los empresarios de cara a los próximos doce meses cae hasta el 24%. Sin embargo, y a pesar de lo inédito que ha supuesto una crisis que ha exigido un cese completo de la actividad económica de forma temporal, según los datos históricos de Grant Thornton, los niveles de pesimismo no son tan preocupantes como los de primer trimestre de 2011, cuando llegó a situarse en el 8%.

El sentir de los directivos españoles queda por debajo de los países de nuestro entorno, ya que en la Unión Europea el optimismo medio alcanza el 29% y a nivel global el porcentaje de quienes confían en una buena evolución de la economía alcanza el 43%. Los españoles se muestran menos confiados que los alemanes y británicos (31%), franceses (35%), griegos (37%), aunque el severo impacto de la crisis sanitaria ha dejado algo más tocados a los empresarios italianos (23%).

Para el presidente de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell, «los datos obtenidos revelan que en la anterior crisis los empresarios sí pronosticaron un deterioro profundo y estructural».

«Sin embargo, en esta ocasión parece que sí confían en una recuperación más rápida de la economía. Los datos macroeconómicos son de todas maneras preocupantes, porque el Banco de España acaba de situar la caída del PIB este año en el 15,1% y la tasa de paro en el 23,6%, en el peor escenario de los tres que contempla, de modo que habrá que estar atento al desarrollo de la pandemia en la segunda mitad del año», ha defendido.

Los directivos españoles sí creen, no obstante, que la pandemia es uno de los principales factores que va a afectar negativamente a la marcha de sus empresas en el próximo año. Si a finales de 2019 sólo dos de cada cuatro directivos creían que esa incertidumbre iba a perjudicar a sus organizaciones, hoy ya son tres de cada cuatro (75%).

La fuerte caída de sectores como el turismo, que representa el 12% del PIB, y el temor a que su recuperación se retrase respecto al resto de la economía y afecte al consumo interno explica esos mayores niveles de incertidumbre económica en comparación a la media europea y a los países de nuestro entorno», señala Carlos Fernández, consultor y experto económico de Grant Thornton.

La última oleada del barómetro de la firma de servicios profesionales Grant Thornton también muestra que la previsión del comportamiento de las empresas para el próximo año está marcada por el fuerte impacto en sus negocios que ha tenido lugar en los últimos y complejos meses.

Tres de cada diez dirigentes españoles afirman haber reducido sus ingresos o facturación en más de un 5% en los últimos doce meses, una cifra superior a la media europea (42%) y la global (37%).

«Debemos ser cautos con las cifras empresariales. La encuesta recoge todavía pocos meses del impacto de la crisis en las ventas y los beneficios de las empresas. Muchas compañías ya han puesto en marcha planes de contingencia, con acciones específicas en las áreas clave, que puede hacerlas más resilientes en estos meses y propiciar que el plan de negocio y el futuro de la empresa esté garantizado», explica Carlos Fernández, consultor y experto económico de Grant Thornton.

En cuanto a las exportaciones, las dudas sobre la demanda exterior también han aumentado entre los empresarios españoles y el informe apunta a que el supuesto origen chino de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades de las largas y complejas cadenas de suministro globalizadas, y ha impactado en compañías como los grandes fabricantes de automóviles o de productos de electrónica.

Si a finales del año pasado más del 40% los empresarios españoles preveían incrementar sus exportaciones, ahora solo lo hacen el 24%, y un 25% asegura de hecho que va a exportar menos. Cabe señalar, de todos modos, que este último dato es mejor que la media europea, lo que significa que, incluso ante el difícil contexto económico que nos deja el COVID-19, nuestras empresas siguen apostando por la recuperación a través de su actividad exportadora.

«Las multinacionales comienzan a poner un mayor foco en la resiliencia de su cadena de suministro frente al modelo de just in time y la optimización de costes» explica Carlos Fernández.

GENERACIÓN DE EMPLEO

En cuanto a las perspectivas de generación de empleo, el 23% de los líderes empresariales españoles tienen previsto aumentar la contratación de personal durante el próximo año, lo que significa una reducción de 14 puntos porcentuales con respecto al semestre anterior. Con todo, y al igual que ocurre con el optimismo, estas malas perspectivas de creación de nuevos puestos de trabajo son mejores que las que mostraban durante la crisis de la Eurozona.

«Las mejores perspectivas de creación de empleo de nuestros empresarios en esta crisis en comparación a la de 2008 es una relativa buena noticia, y se explica en gran medida porque, a diferencia de entonces, ahora tienen a su disposición el sistema de ERTEs y el apoyo del sistema bancario español e indirectamente del Banco Central Europeo», ha señalado Martínez Borrell.

Además, el informe atestigua una fuerte caída en la disposición de los directivos a aumentar los salarios por encima de la inflación, que baja del 21% expresado hace seis meses al 16%. España, en este sentido, se equipara a la intención media en el resto de países analizados, que también se sitúa en el 16%, aunque a escala europea esa cifra baja ligeramente al 12%.

Siete de cada diez pymes en España, en concreto el 68%, no recuperará la facturación previa a la crisis sanitaria hasta el segundo semestre de 2021 y un 29% afirma que cerrará 2020 con menos empleados que los que comenzó este mismo año, según un estudio realizado por la multinacional de gestión empresarial ‘en la nube’ Sage, para el que ha entrevistado a más de 350 pymes.

El informe revela que para lograr la reactivación de sus ventas, el 42% de las pymes considera necesario que el Gobierno promueva subvenciones y ayudas para fortalecer la recuperación económica tras el estado de alarma.

En la misma línea, el 38% de las pymes apunta a la necesidad de que el Ejecutivo reduzca la presión fiscal y el 8% apuesta por ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la «nueva normalidad».

En cuanto a las medidas aprobadas por el Gobierno y su gestión durante la pandemia, el 59% de las pymes considera que ha sido negativa o muy negativa, frente al 13% que la valora positivamente o muy positivamente.

En este sentido, Sage pone de manifiesto las discrepancias que existen entre las pymes ubicadas en la Comunidad de Madrid, cuyo grado de satisfacción es de 3,11 sobre 5, en comparación con las empresas con sede en Cataluña, que suspenden la gestión del Gobierno con un 2,3 sobre 5.

Entre las medidas que aprobó el Gobierno central durante el estado de alarma, la más utilizada por las pymes, con un 19%, ha sido el aplazamiento del pago de las deudas tributarias, seguida de la aplicación de ERTE (18%) y la extensión de los plazos para la presentación de las declaraciones de impuestos (16%).

Por su parte, el 16% de las pequeñas y medianas empresas no ha recurrido a ninguna de las medidas que adoptó el Ejecutivo y sólo el 1% se ha acogido a la renuncia de la estimación objetiva o por módulos.

Durante el estado de alarma, el 37% de las pymes españolas declara que suspendió totalmente su actividad, mientras que el 19% la suspendió de manera temporal, lo que incidió en sus cifras de ventas. Así, un tercio de las pymes españolas redujo sus ingresos durante el periodo de confinamiento y el 20% no generó ningún ingreso. Por contra, una de cada cuatro pymes no vio afectada su actividad durante el confinamiento y el 13% la incrementó.

LOS ERTE, LA MEDIDA MÁS APLICADA POR LAS PYMES MADRILEÑAS

Por comunidades, la medida que adoptaron en mayor medida las pymes de la Comunidad de Madrid fueron los ERTE, con un 23%, seguidas de la solicitud de avales públicos para la concesión de préstamos (15%). Por su parte, el 19% no se acogió a ninguna medida.

En Cataluña la medida más aplicada fue el aplazamiento de las deudas tributarias, con un 22%, seguida de la solicitud de avales públicos para la concesión de préstamos, con un 16%. Por su lado, el 17% de las pymes no adoptó ninguna de las medidas promovidas por el Gobierno.

Respecto a las medidas propias de gestión que adoptarán las pymes en el futuro, la encuesta elaborada por Sage apunta que el 48% invertirá en digitalización como parte de su estrategia empresarial para adaptarse a la nueva normalidad tras la crisis del Covid-19.

Durante el estado de alarma, un 40% de las pymes declara haber adoptado medidas relacionadas con la digitalización de sus negocios (software, e-commerce, teletrabajo, etc.) y un 24% recurrió al teletrabajo como principal medida para adaptarse a la actual coyuntura.

En este sentido, tras la vuelta a la oficina, el 15% de las pymes encuestadas afirma que aumentará el teletrabajo en sus organizaciones y el 35% apostará por la sostenibilidad y la colaboración de sus negocios.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una Orden ministerial para aumentar la transparencia y la protección de los usuarios de créditos revolving por la que las entidades tendrán que avisar al cliente cuando se produzca una ampliación del límite de crédito, proporcionar más información sobre el coste y el estado del préstamo y evaluar mejor la solvencia del usuario.

Los créditos revolving, habitualmente asociados a instrumentos de pago como las tarjetas, tienen una duración indefinida, se renuevan automáticamente y requieren del abono de una cuota fija periódica por parte del cliente.

La nueva norma incrementa la transparencia y mejora la información que las entidades deben proporcionar a los usuarios en todas las fases, de manera que podrán conocer las características del producto que van a contratar y saber con más precisión el coste del préstamo y la deuda que mantienen periódicamente con la entidad.

Entre las nuevas obligaciones de transparencia que incluye, destacan la información precontractual más detallada, en la que debe reflejarse un ejemplo representativo de crédito revolving con dos opciones de cuota, e información trimestral en la que se especifique la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe, fecha estimada de finalización del pago del préstamo si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.

El prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información sobre su préstamo, así como el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes. La entidad también tiene la obligación de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada.

EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO

Por otro lado, para evitar una prolongación excesiva del crédito y un aumento de la carga final de la deuda, la norma mejora la evaluación de solvencia que realizan las entidades e introduce orientaciones específicas para asegurar la suficiente capacidad de pago del cliente a lo largo de vida de la operación sin incurrir en el sobreendeudamiento.

En concreto, establece como orientación que el importe anual de las cuotas permita amortizar una cuantía mínima anual del 25% del límite de crédito concedido.

Asimismo, se incrementa la información que aporta la Central de Información de Riesgos del Banco de España, lo que permitirá que las entidades dispongan de una información más completa y en menor tiempo de los clientes, lo que redundará en la mejora del análisis de solvencia.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de esta nueva regulación es «evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores».

«A partir de ahora la contratación de este tipo de tarjetas y créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario», ha asegurado Calviño.