La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) advierte de que la morosidad del alquiler se ha triplicado durante los meses de confinamiento, hasta el 15%, y seguirá creciendo en los próximos meses por el impacto generado por la crisis del Covid-19 si no se toman medidas, por lo que pide un paquete de acciones que incluya un fondo de 700 millones para ayudar a 350.000 familias vulnerables y mayor protección ante la ocupación de viviendas.
En una nota, la asociación señala que las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que «está perjudicando también a millones de propietarios particulares».
En el caso de los créditos ICO, apunta que apenas un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de Asval ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres, según el análisis de la asociación realizado entre los inquilinos de más de 30.000 viviendas.
A su juicio, esta cifra, que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la «escasa utilidad» que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente.
En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las comunidades autónomas, apunta que la dotación presupuestaria es «insuficiente» debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. En el caso de Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado, mientras que en la Comunidad de Madrid, la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.
FONDO DE 700 MILLONES
Ante este contexto de repunte de la morosidad y falta de efectividad de las ayudas ya planteadas, Asval reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar.
«Si el impacto de la crisis es mayor, el número de familias con dificultades para el pago del alquiler podría incrementar sustancialmente, lo que obligaría a ampliar estas ayudas», añade.
La directora general de Asval, Beatriz Toribio, explica que los créditos ICO «no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica».
Además, las ayudas directas de las CC.AA., que cuentan con una alta demanda, no están siendo efectivas porque están «infradotadas presupuestariamente». A todo esto se podría sumar el impacto de un aumento del paro hasta el 20% ,según previsiones de distintos organismos.
INSEGURIDAD JURÍDICA
En paralelo a la petición de ayudas directas para los colectivos vulnerables, Asval solicita también que se incremente la seguridad jurídica tanto en materia de ocupación como de las últimas iniciativas relacionadas con el control de los precios del alquiler.
Recientemente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que tramitará una reforma de la ley que regula el mercado del alquiler para imponer un control de las rentas del alquiler, si bien Toribio considera que «el control de precios no es la solución para los problemas del mercado del alquiler.
Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla porque si hay menos vivienda en alquiler disponible, las familias con menos recursos lo tendrán aún más difícil para acceder a ella», avisa Toribio, quien subraya que «la experiencia internacional ha demostrado que este tipo de medidas no han funcionado para frenar las subidas de precios» y además de reducir la oferta disponible frenan la mejora del parque inmobiliario existente y el desarrollo de una oferta «atractiva, asequible y profesionalizada» ante la inseguridad en invertir.
La asociación alerta también del «notable» incremento de las cifras de ocupación ilegal, que se ha convertido en un elemento de creciente preocupación para muchos propietarios y comunidades de vecinos.
«Algunas administraciones públicas, como la catalana, han desarrollado marcos regulatorios que premian el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada», critica.
Por ello, reivindica una mayor protección a la propiedad privada para frenar este fenómeno, porque en caso contrario se incrementará la inseguridad jurídica, dificultando inversiones futuras y el crecimiento del alquiler en España.
