La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que España es un «destino seguro» porque cuenta con uno de los «mejores» sistemas sanitarios del mundo y ha lanzado un mensaje de confianza al sector turístico asegurando que España «es un país solvente» para la inversión extranjera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, Montero explicó que España, «al igual que el conjunto de países europeos desarrollados», está trabajando para transmitir a la comunidad internacional que los datos cualitativos son imprescindibles para analizar y ofrecer una información de calidad a los viajeros.

Montero manifestó su satisfacción por la negociación que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español con el Reino Unido para establecer «corredores turísticos» seguros con las islas, después de que este país anunciase el lunes un cambio en su estrategia de recomendaciones de viaje en el marco del coronavirus.

La portavoz del Ejecutivo se mostró a favor de «regionalizar países», ya que considera «injusto» que se quiera homogeneizar la situación de todos los territorios españoles y volvió a lanzar un mensaje de confianza al conjunto de los turistas.

«Nada tiene que ver Canarias con otras comunidades autónomas», indicó Montero, quien aseguró que «es obvio» que la situación epidemiológica marca distancias entre distintos territorios y no tiene ningún sentido que algún viajero decida no venir a Canarias esta temporada por los datos que conozca de otras comunidades autónomas españolas.

La portavoz del Gobierno reiteró que España es un país solvente para la inversión extranjera y que de momento no se ha repercutido en el rating de la deuda soberana.

Montero indicó que en estos días están recibiendo visitas de entidades de calificación de deuda soberana e indicó que las primeras aproximaciones están siendo «muy positivas».

«Somos, también en este sentido, un país seguro, un país solvente de cara a la inversión extranjera. Y en ningún momento se ha repercutido por la situación de la pandemia y ojalá que tampoco en el futuro se tenga que repercutir», concluyó la portavoz del Gobierno.

SITUACIÓN DISTINTA A LA DE MARZO

Montero insistió en que, a pesar de que está aumentando el número de contagios de Covid-19, la situación es «distinta» a la que se vivió durante los meses de marzo o abril, ya que «gran parte» de los casos son asintomáticos y la edad media actual de los infectados se sitúa en torno a los 40 años.

Además, la también ministra de Hacienda destacó que en marzo la gran parte de los casos se diagnosticaba en los centros sanitarios porque ya presentaban síntomas, si bien ahora son los servicios sanitarios los que están detectando a estas personas, por lo que «no existe la misma presión asistencial» que la que ocurrió en los meses más duros de la pandemia.

«Ahora hay una actitud proactiva del servicio sanitario para controlar la enfermedad», ha apostillado, para señalar que el Gobierno sigue «preocupado y ocupado» en atajar la transmisión del coronavirus hasta que no exista la vacuna que permita combatir finalmente la enfermedad.

La licitación pública acumulada en los siete primeros meses del año fue de 7.345 millones de euros por parte de todos los organismos nacionales, lo que representa una caída del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, afectada principalmente por la crisis económica desatada a raíz del confinamiento decretado para frenar el avance del coronavirus.

Según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, los ayuntamientos fueron los que más actividad licitadora experimentaron en este periodo, alcanzando los 3.200 millones de euros, un 13,3% menos, seguidos de las Comunidades Autónomas, que congregaron 2.700 millones de euros, un 31,4% menos.

Las únicas regiones que las incrementaron respecto a los primeros siete meses de 2019 fueron Galicia, que está a la cabeza con un 73,1% más, seguida de Baleares, un 11,1% más, y la Comunidad Valenciana, un 2,4% más.

Por el contrario, Aragón, con un descenso del 80,8% fue la que más al contrajo, seguida de Asturias, con un 73,2% menos; Cantabria, un 72,2% menos; Canarias, un 62,4% menos; y Navarra, un 61,7% menos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 1.018 millones de euros en licitación pública, reduciéndola en cerca de un 70% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la DGT rebajó en un 78,5% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 73,8%, Aena en un 53,9%, las Autoridades Portuarias en un 16,6% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 95,5%.

Por ejemplo, la reducción en las licitaciones nacionales en las carreteras ha pasado de 294,7 millones de euros en julio del año pasado a los escasos 15 millones el mismo mes de este año. De hecho, las licitaciones de la DGT han permanecido en cero desde febrero hasta julio.

Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos acapararon, con 1.500 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 21,3% aunque 15 puntos menos que el conjunto de la licitación.

La agencia de calificación crediticia Fitch ha empeorado de nuevo sus previsiones macroeconómicas para España en cerca de tres puntos porcentuales, por lo que considera que el producto interior bruto (PIB) del país experimentará una contracción del 13,2% en 2020, frente a la caída del 9,6% que esperaba en junio, según indicó la firma.

Pese al crecimiento que se espera en el tercer trimestre, la caída del PIB del 18,5% en el segundo trimestre, que no tiene precedentes modernos, ha provocado que la calificadora de riesgos revise a la baja sus perspectivas para el conjunto del año.

«La economía de España ha sido particularmente vulnerable a las medidas de contención del virus. El país tiene una mayor dependencia del turismo que sus contrapartes en la eurozona y un mayor porcentaje de trabajadores en sectores que son vulnerables a las medidas de distanciamiento físico», ha explicado Fitch.

La firma ha alertado de que el repunte de nuevos casos de Covid-19 que empezó en julio hace necesaria que exista «cautela» entre los consumidores y las empresas. Por otro lado, pese a empeorar la previsión del PIB, Fitch ha dejado intacta su estimación de la tasa de paro a cierre del año en el 18,3%.

De cara a 2021, la calificadora estima que la economía se expandirá un 6,2%, mientras que en 2022 avanzará un 4,3%. Pese a esto, el paro seguirá subiendo el próximo año, hasta alcanzar un 19,3% y no será hasta 2022 cuando alcance el 17,3%, una cifra que todavía está por encima de los datos registrados a cierre de 2019.

Con respecto al resto de grandes economías del euro, Fitch ha dejado intacta la previsión de caída del 6,3% del PIB de Alemania en 2020. No obstante, ha revisado en cuatro décimas al alza la estimación para 2021, hasta el 5,4%.

De su lado, Francia se contraerá un 10,5% este año, un punto y medio más que la estimación de junio, mientras que el año que viene crecerá un 5,4%, frente al 4,3% pronosticado hace tres meses. En el caso de Italia, el ‘shock’ económico para 2020 se ha empeorado en medio punto, hasta el 10%, mientras que el repunte en 2021 se ha revisado en un punto porcentual al alza, hasta el 5,4%.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha empeorado sus previsiones y ha advertido de que, sin ayudas efectivas, el 30% de los comercios podría cerrar antes de final de año en un contexto marcado por la crisis sanitaria del Covid-19.

Según la CEC, la ralentización del consumo durante el periodo estival, marcado por la falta de turismo y una «nefasta» campaña de rebajas, «lejos de mejorar la ya maltrecha situación del comercio, la ha empeorado».

Teniendo en cuenta los datos registrados en el segundo cuatrimestre del año, con el índice de confianza del consumidor desplomado y caídas de facturación interanuales que rondan el 50%, la CEC ha empeorado sus previsiones de cierre de negocios, ampliándolo del 20% en los meses previos al verano hasta superar el 30%, lo que se traduce en 120.000 comercios cerrados antes de que acabe el año.

«Tras el estado de alarma, entre un 10% y un 15% de los negocios no volvieron a levantar la persiana. Sin medidas efectivas y específicas, esta cifra seguirá en aumento y uno de cada tres negocios podría cerrar sus puertas», ha resaltado el presidente de la CEC, Pedro Campo.

Entre sus propuestas, la CEC ve imprescindible que se adopten medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y condonación del pago de tributos, la reducción «drástica» del recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea ‘offline’ u ‘online’.

Además, considera fundamental posibilitar la flexibilización y extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta 2021, tal y como se ha propuesto desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Los niveles de consumo actual han propiciado que una gran parte de los comercios mantengan ERTE parciales ya que es imposible mantener las mismas plantillas que en el periodo precovid, por lo mientras no se recuperen los niveles de actividad, es fundamental mantener los ERTE, lo contrario arrastraría al cierre a miles de negocios, ha señalado Campo.

La facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad alcanzó los 4.650 millones de euros en 2019, lo que supone un crecimiento del 3,3% respecto a la registrada un año atrás, gracias al «positivo comportamiento de la demanda y a la suave tendencia al alza de las tarifas».

Así se desprende del último observatorio sectorial de DBK Informa, compañía filial de Cesce, que refleja que los ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras concentraron el 59% del negocio de las empresas gestoras de residencias, con una cifra de 2.755 millones de euros.

A continuación, se situó la gestión de plazas concertadas, con alrededor del 30% del total, mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió en torno al 10%.

La oferta total de residencias para la tercera edad estaba formada en 2019 por 5.623 centros públicos y privados, los cuales reunían un total 383.517 plazas, cifra que aumentó un 0,8% respecto a 2018.

La dotación total privada superó las 287.000 plazas, aumentando un 0,7% respecto a 2018. Las plazas concertadas, por su parte, registraron el mayor incremento (1,4%), mientras que las plazas privadas puras aumentaron un 0,4%.

La estructura empresarial sigue caracterizándose por una gran atomización, con la presencia mayoritaria de entidades de pequeña dimensión dedicadas a la gestión de un único centro, las cuales coexisten con un número reducido de operadores de cierto tamaño que gestionan un amplio número de residencias.

En los últimos años se han producido diversas operaciones de compra entre los grupos de mayor tamaño, reflejándose en un aumento del grado de concentración. Así, los cinco primeros operadores reunieron en 2019 el 24,8% del valor total del mercado, participación que se situó en el 34,6% al considerar a los diez primeros.

IMPACTO DEL COVID

Respecto a las previsiones para este año, el estudio señala que la actividad sectorial se está viendo «notablemente alterada» por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, que ha producido un alto número de bajas en los centros y un descenso de nuevos ingresos, ante los protocolos de seguridad implantados y la reticencia de los potenciales usuarios.

«Esta situación está viéndose agravada por el deterioro de la coyuntura económica, esperándose una sensible caída de los ingresos del sector al cierre del año», concluye el estudio.