«Los pisos turísticos afectan un 2% en el precio del alquiler, es oferta y demanda»

El consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha manifestado que el problema de la subida del alquiler de estos últimos meses se debe “a la falta de previsión a la hora de llevar a cabo el desarrollo urbanístico que estaba previsto, por parte del ayuntamiento, y no a los alquileres turísticos». De los Santos apoya su argumento en expertos que, a su juicio, señalan que el impacto de alquiler turístico respecto al precio del alquiler supone entre un 1% y un 2%.

Lo ha asegurado en una conferencia organizada por diario económico elEconomista, en la que se debatía sobre la fortaleza del turismo en situaciones adversas. El responsable de Turismo del ejecutivo madrileño ha señalado que su consejería está a punto de presentar el decreto de vivienda de uso turístico (VUT). Una normativa que envió a Bruselas hace casi un año y que Europa aprobó “punto a punto”.

“Somos la primera Comunidad Autónoma que llevó el decreto a Bruselas, además se envió a los 31 países miembros y ellos plantearon que no había nada que enmendar”, recalcó el titular de Turismo madrileño.

De los Santos argumenta que debe haber una regulación absoluta desde la perspectiva de la seguridad en los pisos de alquiler turísticos, “todas las personas que habiten esas viviendas deben tener un registro ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o ante el organismo que la delegación de Gobierno delimite”. Además, señala que las plataformas de comercialización turística tienen que tener obligaciones, como número de registro en la comunidad de Madrid.

Acusa al Ayuntamiento de la subida de los precios de alquiler y señala que este incremento se debe a “la oferta y la demanda. Nada tiene que ver con el uso de alquiler turístico, que son 10.000 viviendas”, sentencia.

A pesar de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid echa balones fuera, es el Ejecutivo quien tiene las competencias sobre la promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Por tanto, respaldan estas prácticas y señalan que no se puede dar la espalda a las nuevas tendencias que se han instalado ya en Europa y en Estados Unidos. También insisten en la necesidad de regularlas correctamente.

Por su parte el Ayuntamiento de la capital lo tiene claro. Los alquileres turísticos inciden en el precio de la vivienda, y por tanto conllevan problemas de habitabilidad. Por ello, el pasado mes de julio el consistorio gobernado por Manuela Carmena aprobó el Plan Especial para la regulación de los alojamientos turísticos, una normativa que divide Madrid en tres áreas, dependiendo de la saturación de este tipo de oferta.

La normativa exige una licencia de actividad para los pisos turísticos que se alquilen más de tres meses al año, y tendrán que tramitar una licencia urbanística aquellos que pretendan dedicar el piso al alquiler durante todo el año. Se requiere también que la entrada de estos pisos sea independiente a la del resto de viviendas.

Por si fuera poco, entró en juego la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que la normativa no protege a los ciudadanos. Este organismo ha llevado al consistorio a los tribunales alegando que las normas respecto a los alquileres son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica.

DECRETO DE VIVIENDA DE ALQUILER TURÍSTICO

El texto que está en tramitación administrativa incluye, entre otros puntos, la creación de un certificado de idoneidad (CIVUT), la obligación de los arrendadores de contratar un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamaciones, calefacción, suministros y fuentes de energía suficientes. Además, establece una ratio máxima de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda, es decir dos personas en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados y hasta cuatro en pisos entre 25 y 40 metros cuadrados, y dos personas más por cada 15 metros cuadrados útiles. También obliga a los dueños a remitir a las autoridades la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en las mismas.