La economía española entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año tras registrar un desplome del PIB del 17,8% entre abril y junio, su mayor caída trimestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que arranca en 1970. No obstante, este retroceso ha sido siete décimas menor al adelantado a finales de julio, cuando el organismo, a falta de conocer algunos datos, estimó que el PIB habría caído un 18,5% en el segundo trimestre.

Por su parte, el retroceso interanual del PIB se cifra ahora en el 21,5%, frente al 22,1% adelantado a finales de julio. En cualquier caso, se trata también de un descenso récord en la serie histórica. Hasta ahora la mayor contracción anual del PIB era la del segundo trimestre de 2009, cuando la economía española bajó un 4,4% interanual.

La demanda nacional restó 18,8 puntos a la variación interanual del PIB en el segundo trimestre, tasa 14,9 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la demanda externa restó 2,7 puntos, lo que supone 2,5 puntos menos que en el trimestre pasado.

Con la fuerte contracción del PIB en el segundo trimestre, que coincide prácticamente con la vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria, España entra de nuevo en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos en negativo.

Es la tercera vez en el siglo XXI en que la economía española afronta una recesión: durante la crisis de 2008 entró en ella en dos ocasiones, la primera vez en el cuarto trimestre de 2008 (saliendo de ella en el segundo trimestre de 2009) y la segunda en el segundo trimestre de 2011. Esta segunda recesión duró más tiempo, hasta el cuarto trimestre de 2013.

El periodo abril-junio se ha visto afectado de lleno por la paralización de numerosas actividades económicas como consecuencia de la declaración del estado de alarma, lo que ha provocado un retroceso de la economía sin precedentes en la historia reciente.

CONSUMO DE LOS HOGARES

Los datos trimestrales muestran un hundimiento del consumo de los hogares del 20,4%, sin precedentes en la serie histórica, aunque algo mejores a los datos avanzados.

Por el contrario, el gasto público aumentó entre abril y junio un 0,3%, mucho menos de lo que lo hizo en el primer trimestre (+1,3%), mientras que el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro y al servicio de los hogares avanzó un 0,2%, en contraste con el retroceso del 0,9% del trimestre previo.

La inversión, por su lado, registró en el segundo trimestre un recorte histórico del 22,1%, con caídas del entorno del 22% o superiores tanto en el caso de la inversión en vivienda (-22,6%) como en maquinaria y bienes de equipo (-28,6%).

Las exportaciones e importaciones también se desplomaron en el segundo trimestre, un 33,4% en el primer caso y un 29,5% en el segundo. Las ventas al exterior venían de decrecer un 7,4% en el trimestre anterior, mientras que las importaciones cayeron en el primer trimestre un 5,8%, mucho menos de lo que lo han hecho en el segundo.

DESCENSO INTERANUAL RÉCORD DE LA INVERSIÓN

En términos interanuales, el consumo de los hogares mostró un retroceso del 25,2%, su mayor caída en la serie histórica, mientras que el gasto público aumentó un 3,1% respecto al segundo trimestre de 2019, seis décimas menos que en el trimestre anterior. El gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro, por su parte, moderó en más de un punto su crecimiento interanual, hasta el 0,5%.

La inversión se hundió un 25,8% interanual en el segundo trimestre, una caída sin precedentes en los registros. Hasta ahora, el mayor retroceso interanual se había experimentado en el segundo trimestre de 2009 (-20,4%).

Las exportaciones retrocedieron un 38,1% respecto al segundo trimestre de 2019, en contraste con el descenso interanual del 5,6% del trimestre anterior, mientras que las importaciones se desplomaron un 33,5% (-5,4% en el primer trimestre).

CASI 3,4 MILLONES DE EMPLEOS MENOS

El INE señala que la situación provocada por el coronavirus hace que ciertas variables, como las horas efectivamente trabajadas, sean más relevantes en los momentos actuales a la hora de medir la evolución del empleo.

El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, cayó en el segundo trimestre un 21,7% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es de menor magnitud que la de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (del -17,7%, lo que supone 15,8 puntos menos que en el primer trimestre) debido a la reducción que se observa en la jornadas medias a tiempo completo (-5%).

En términos interanuales, las horas trabajadas decrecen un 24,9%, tasa 20,7 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, los puestos equivalentes a tiempo completo retroceden un 18,4%, esto es, 17,9 puntos menos que en el primer trimestre, lo que supone que en un año se han destruido 3,38 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA SE DESPLOMAN MÁS QUE LOS SERVICIOS

Desde la óptica de la oferta, casi todas las ramas presentaron en el segundo trimestre un peor comportamiento interanual que en el trimestre anterior, destacando la construcción, cuyo valor añadido bruto se hundió un 27,5% (-6,6% del trimestre anterior). La industria registró una contracción del 23,8% (-5,2% en el trimestre anterior), y los servicios, del 21,3% (-3,2% en el trimestre anterior). La agricultura fue el único sector que aumentó su valor añadido bruto, un 6,3%, en contraste con el retroceso del 0,2% del trimestre anterior.

En el segundo trimestre, todas estas ramas destruyeron empleo, especialmente la construcción, que redujo el empleo un 20,3% respecto al segundo trimestre del año pasado (-3,7% en el trimestre anterior). Por su parte, los servicios registraron un descenso interanual de la ocupación del 19,4% (-0,1% en el primer trimestre); la industria, del 14,8% (+0,6% en el trimestre anterior), y la agricultura, del 7% (-6,9% en el primer trimestre).

Si se miden las horas trabajadas, la construcción presentó en el segundo trimestre una caída interanual del 31,1%, en tanto que los servicios recortaron las horas trabajadas un 25,8% y la industria, un 20,8%. La agricultura moderó su descenso respecto al trimestre anterior, con una disminución de las horas trabajadas del 8,5%.

La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se situó en el -3,8% (-3,7% en el trimestre previo) y la productividad por hora efectivamente trabajada registró un avance del 4,5%, más de cuatro puntos por encima del dato del primer trimestre (+0,1%) y su tasa más alta desde 1995.

El deflactor implícito del PIB aumentó un 1% respecto al mismo trimestre de 2019, dos décimas menos que en el trimestre pasado, mientras que la remuneración de los asalariados bajó un 13,9% interanual, lo que supone 16 puntos menos que en el trimestre anterior y su mayor caída de la serie histórica.

Esta evolución se debe al descenso del número de asalariados en un 16,4%, porcentaje 17,2 puntos inferior al del trimestre previo, y al crecimiento de la remuneración media por asalariado en un 2,9%, frente al 1,3% del trimestre previo. El excedente de explotación, por su parte, cayó un 22,4% en el segundo trimestre, su mayor descenso en la serie histórica.

El crecimiento interanual del coste laboral por unidad de producto (CLU) se situó en el 7%, tasa seis puntos superior a la variación experimentada por el deflactor implícito de la economía (1%).

El PIB a precios corrientes registró una disminución interanual del 20,7%, hasta los 245.867 millones de euros, con lo que retrocedió a niveles de hace 14 años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la ley que regula el trabajo a distancia, que entrará en vigor dentro de 20 días, según consta en el texto de la norma.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a esta regulación del teletrabajo después de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales tras varios meses de negociación.

El trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Según la norma, al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la pandemia y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar a los trabajadores de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

La negociación colectiva, en su caso, establecerá la forma de compensación de los gastos del ‘teletrabajador’ durante la pandemia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

La ley distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a distancia que garantice al menos un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica vinculada a estos últimos.

MISMOS DERECHOS QUE LOS PRESENCIALES

Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

La negativa de un empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles.

Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Esta nueva ley sería de aplicación a las relaciones laborales vigentes que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por acuerdos o convenios colectivos desde el momento en el que éstos perdieran su vigencia.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración, la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes acuerden un plazo superior, como máximo de tres años.

En ningún caso, la aplicación de la norma podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que trabajaban a distancia antes de la nueva ley.

Gobierno y agentes sociales retomarán este miércoles la negociación sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) después de haber despejado ya de la agenda la regulación del trabajo a distancia, aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que las partes «no pararán» hasta alcanzar un acuerdo que prorrogue los ERTE más allá del 30 de septiembre y se mostró «esperanzada y convencida» de que este pacto se conseguirá.

En todo caso, Díaz envió ayer un «mensaje de confianza» en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque ha reconocido que el mecanismo que se ideó para los llamados ‘ERTE de rebrote’ «puede no servir» para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.

Así, pues, los negociadores darán una vuelta a los ERTE de rebrote para adaptarlos a la situación actual y, según la ministra, no tendrán plazo dado que se desconoce cuándo terminará la pandemia.

Díaz ha indicado que los agentes sociales serán los que determinen el plazo de vigencia de esta nueva prórroga, pero sí ha adelantado que habrá algunas medidas, como los llamados ‘ERTE de rebrote’, que «no tendrán plazo». Para otras medidas, serán los agentes sociales los que determinen la vigencia, según Díaz.

La ministra ha explicado que se va a adoptar una «fórmula de protección diferencial», y no ha ocultado que esto «complicará» el acuerdo, ya que se trata de extender la protección de los ERTE a la cadena de valor «y a las dependencias de facturación» de las actividades afectadas.

EXONERACIONES DE MÁS DEL 80%

El Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social «bastantes altas», superiores al 80%, para aquellos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de determinados sectores, los más afectados por la pandemia, así como para las empresas vinculadas a los mismos, siempre que demuestren una importante caída de su facturación, aún por precisar.

Así lo aseguraron a Europa Press fuentes de la negociación, que señalaron además que se mantiene la flexibilidad para los ‘ERTE de rebrote’, aquellos que se formulan cuando, por causa de un rebrote de contagios de Covid, las empresas se ven obligadas a paralizar o recortar su actividad.

De este modo, el Gobierno mantiene su intención de ‘sectorializar’ los ERTE y enfocarlos hacia actividades concretas y a las empresas que forman parte de su cadena de valor. Las fuentes consultadas calculan que de los 700.000 trabajadores que actualmente están en ERTE, gran parte de ellos se mantendrían amparados por esta herramienta.

Las exoneraciones de cuotas y la ‘sectorialización’ de los ERTE son ahora mismo los principales escollos para llegar a un acuerdo en la negociación sobre los ERTE.

Sindicatos y patronal están en contra de enfocar los ERTE sólo hacia determinados sectores y de exonerar en mayor medida las reincorporaciones de trabajadores que salen de ERTE en lugar de centrarlas en los que se quedan.

RESTAURACIÓN, HOTELES Y COMERCIO, LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto se encontraban en ERTE por fuerza mayor algo más de 660.000 trabajadores, en tanto que cerca de 149.000 estaban en ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP).

Las actividades con más trabajadores en ERTE son los servicios de comida y bebidas, con casi 150.000 afectados, y los servicios de alojamiento, con algo más de 104.000.

Les siguen el comercio minorista (unos 66.000 afectados por ERTE), el comercio mayorista (54.000), la educación (35.000, pero antes del inicio del curso escolar), y las agencias de viajes y operadores turísticos, así como las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con algo más de 25.000 afectados cada una.

Está por ver qué sectores concentrarán finalmente la protección por ERTE. La negociación todavía está abierta y los agentes sociales aún tienen que estudiar con detalle la última oferta del Gobierno.

Aunque tanto sindicatos y empresarios preferirían no poner fecha de caducidad a los ERTE en vista de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, el Ejecutivo, por boca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado su intención de que esta prórroga dure al menos hasta el fin de la campaña de Navidad (se baraja el 31 de enero como fecha tope).

Pese a las incógnitas que aún rodean la negociación en determinados puntos, ya se sabe que el Gobierno tiene intención de mantener la prestación asociada a los ERTE del coronavirus en el 70% de la base reguladora una vez transcurridos seis meses; que no eliminará el llamado ‘contador a cero’ y que mantendrá la cláusula de salvaguarda del empleo de seis meses.

El PP buscará este miércoles que el Congreso exija al Gobierno no congelar los sueldos públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado, tras plantearse esta medida como una posibilidad a estudiar por parte de varias ministras del Ejecutivo hace unos días.

Así, los ‘populares’ han registrado una enmienda a su propia proposición no de ley sobre empleo público, en la que llama al Gobierno a «garantizar que no se procederá a reducir o congelar las retribuciones de los empleados públicos en el ejercicio 2021».

Esta proposición no de ley se debatirá este miércoles en la Comisión de Política Territorial y Función Pública y con ella el PP llamaba a ejecutar el II Acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado con los sindicatos de la función pública antes de finalizar el año.

EL GOBIERNO NO DESCARTÓ UNA CONGELACIÓN

La posibilidad de que el Gobierno decidiera congelar los sueldos de los empleados públicos el próximo año no fue descartada hace dos semanas ni por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Ambas ministras económicas recordaron además, por separado, que los empleados públicos vieron actualizadas sus retribuciones por encima de la inflación en los últimos años, ganando así poder adquisitivo.