La Asociación Internacional de Tráfico Aéreo ha llegado a un acuerdo con las agencias de viajes, de forma que estas podrán elegir ser examinadas por sus resultados financieros de 2019 o por los de 2020, según ha informado en un comunicado la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

El acuerdo ha sido alcanzado por unanimidad en la APJC, la mesa que reúne a agencias, aerolíneas y a la propia IATA, tras cuatro meses de «intensa negociación», según ha reconocido la propia CEAV. La patronal ha valorado el acuerdo como un «balón de oxígeno» para el sector.

Las agencias que elijan ser valoradas por sus resultados de 2019 y que ya cumplieran con sus criterios financieros locales, se mantendrán en esa situación e IATA no les exigirá ninguna garantía. No obstante, aquellas agencias que no cumplían con estos criterios, sí tendrán que mantener sus garantías, que se recalcularan conforme a las ventas de los últimos 18 meses.

Para aquellas agencias que decidan ser valoradas con arreglo a los resultados de 2020, la mesa de negociación ha acordado una serie de flexibilizaciones en los criterios, tanto en los ratings aplicables como en las ratios.

La presidenta de la APJC ha expresado a IATA y al resto de miembros del grupo de trabajo su «agradecimiento» por su actitud «al entender la situación de las agencias de viajes y su proactividad ante las dificultades de la globalidad del sector».

El Pacto de Toledo ha cerrado un acuerdo este viernes para renovar sus recomendaciones, que a partir de ahora deberán ser votadas en Comisión el próximo martes 27 de octubre y, finalmente, ante el Pleno del Congreso.

Entre las principales recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema de pensiones a partir de un reordenamiento de sus gastos, recuperar el IPC como referencia para la subida de las pensiones, fomentar el retraso de la jubilación, los planes de empresa complementarios y la elección de los mejores años de cotización para cubrir lagunas de cotización. Estas son las principales recomendaciones acordadas.

RECOMENDACIÓN ‘CERO’

– Reconocimiento de la Seguridad Social como «columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada».

– Rechazo a una «transformación radical del sistema» que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

– No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.

– La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).

– La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales «basados en la imposición general».

¿CÓMO SANEAR EL DÉFICIT?

– Reconocimiento de que las políticas de empleo explican «en buena medida el déficit existente» y que las cotizaciones soportan gastos que «deberían ser asumidos por el Estado».

– Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.

– Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.

– Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener «una imagen fidedigna» de la Seguridad Social.

¿CÓMO SUBIR LAS PENSIONES?

– Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

– Revalorización con arreglo al IPC real.

– Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.

BASES Y PERÍODOS DE COTIZACIÓN

– Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.

– Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.

– Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).

– Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.

EDAD DE JUBILACIÓN

– Aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal.

– Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

– Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.

– Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.

SUFICIENCIA DE LAS PENSIONES

– Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

– Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.

– Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales «más vulnerables».

– Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos».

BRECHA DE GÉNERO

– Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.

– Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.

FONDO DE RESERVA

– Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, «sin límite alguno», se deben incorporar al Fondo de Reserva.

– La caída de activos del Fondo de Reserva «en ningún caso se utilizará» para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.

– Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.

EFECTOS DE LA DIGITALIZACIÓN: ¿COTIZACIONES A LOS ROBOTS?

– En la línea de corregir «una excesiva dependencia de las cotizaciones», si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, «encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».

JÓVENES

– Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.

– Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.

– Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional «adecuada y justa».

MIGRANTES

– La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.

– Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.

– Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

– Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.

El Comité Europeo de las Regiones ha criticado este viernes las propuestas legislativas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), bajo el pretexto de que «tiende a marginar» e incluso «socavar» su papel en la gestión de esta política comunitaria en cuya aplicación tienen mucha «experiencia» las regiones del bloque.

El responsable del informe sobre la PAC de esta institución, el ecologista francés Guillaume Cros, ha advertido de que el borrador que propuso la Comisión Europea en 2018 «corre el riesgo de perder la riqueza de la experiencia de gestión ganada durante años» en muchas regiones de la UE «haciendo imposible» el desarrollo de sistemas territoriales y el aprovechamiento de las «especificidades locales».

«El Comité Europeo de las Regiones pide que se mantenga y fortaleza el papel clave que han jugado las regiones de Europa en la gestión y aplicación de la PAC, especialmente en el segundo pilar, de forma que contemple medidas para alinearla con las especificidades territoriales y las características sectoriales», ha apuntado en un comunicado.

Así, ha pedido a los Estados miembros que en las futuras negociaciones que ahora deben comenzar secunden la enmienda aprobada en el Parlamento Europeo para reforzar las competencias de las regiones en la elaboración de los planes estratégicos nacionales de la PAC.

Sin embargo, ha criticado que las líneas rojas de los eurodiputados no sean suficientemente ambiciosas en el plano climático y medioambiental y se queden cortas en el intento de acercar la PAC a los objetivos del Pacto Verde y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’.

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han fijado esta semana sus líneas rojas y ya están preparados para negociar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, con los ecoesquemas y la definición de agricultor genuino o activo como potenciales puntos de choque entre ambas partes.

Los ministros de Agricultora de los Veintisiete lograron pactar su posición negociadora la madrugada del miércoles tras 42 horas ininterrumpidas de debates, fruto de una importante división con respecto a los nuevos ecoesquemas que se introducirán para conseguir que la PAC sea más ‘verde’.

De su lado, la Eurocámara ha pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el ‘horizontal’.

Los informes han salido adelante en el Hemiciclo europeo gracias a los votos a favor de los grupos popular, socialdemócrata y liberal y han contado con la fuerte oposición de los ecologistas bajo el pretexto de que la reforma no incumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado de forma «muy positiva» la Política Agraria Común (PAC) que ha salido de la votación de este viernes en el Parlamente Europeo al considerar que es «más justa y orientada» a los jóvenes agricultores.

En concreto, según la organización agraria, los eurodiputados han concretado su apuesta por una PAC más dirigida a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que busca poner fin a «injusticias e incongruencias» que arrastra esta política desde hace años.

De esta forma y en un primer análisis de lo aprobado, UPA ha valorado como «muy positivas» algunas de las medidas, que incluyen, por ejemplo, un ‘capping’ (techo de ayudas) más ambicioso, con reducciones progresivas desde los 60.000 euros y un tope máximo de 100.000 euros. «Lo que debe evitar que algunos terratenientes perciban ayudas millonarias», han precisado desde UPA.

La propuesta de la Eurocámara ahonda en la definición de agricultor activo y excluirá definitivamente a terrenos como campos de golf, aeropuertos y terrenos propiedad de inmobiliarias como perceptores de ayudas.

La organización ha valorado que la propuesta del Parlamento de la UE apuesta «más claramente» por el relevo generacional, con hasta un 4% de las ayudas, el doble que la propuesta del Consejo de Ministros, que se reservará para los jóvenes agricultores y ganaderos.

El Parlamento hace también un reconocimiento a la función del asesoramiento agrario, especialmente en lo referente a la lucha y la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

UPA considera que la nueva PAC, de prosperar todas las propuestas del Parlamento, creará un mecanismo de alerta temprana a través de un observatorio de productos agrícolas para actuar en situaciones de crisis de mercado. También se excluirán los primeros 2.000 euros de ayudas para la creación de la reserva de crisis, es decir, los pequeños aportarán menos para la creación de este fondo de emergencia.

El Parlamento Europeo ha aprobado también la creación un mecanismo europeo de reclamación ante posibles quejas y problemas con las solicitudes de ayudas.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha visto «muy probable» que la Comunidad Autónoma establezca medidas de control de Covid-19 en los puertos y aeropuertos de las islas ante la perspectiva de que se produzca una reactivación de los flujos turísticos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes, ha evitado ofrecer detalles sobre qué tipo de medidas se están poniendo sobre la mesa –test en origen, en destino, etc–, ya que este lunes, el presidente, Ángel Víctor Torres, ha convocado al Comité Asesor del Presidente para examinar las propuestas que se barajan.

«[Propuestas] que efectivamente entrañarían algún tipo de control en las fronteras naturales o en los puntos de llegadas. No es sólo tomar la decisión sino que la implantemos y que se ponga en marcha», indicó Pérez.

CUIDAR «AÚN MÁS» EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS

El cuando al levantamiento de las restricciones de Reino Unido y Alemania para viajar a Canarias, el portavoz ha hecho especial hincapié en que se trata de una «buenísima noticia» que permite pensar que «de algún modo», el esfuerzo realizado por los isleños para contener la pandemia ha producido «resultados».

Por ello, Pérez insistido en que ahora hay cuidar «aún más» el cumplimiento de las normas sanitarias para contener la expansión del coronavirus. «Ahora es más importante. Hasta ahora estamos sembrando y ahora tenemos un pequeño fruto que hay que preservar», aseveró.

El comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña ha denunciado ante la Fiscalía la venta de la fábrica por «graves incumplimientos y supuestas ilegalidades».

En concreto, aluden al momento del «proceso del ERE que Alcoa promovió el 17 de octubre de 2018 y las posteriores ventas de las plantas de Avilés y Coruña».

Sobre la denuncia, señala que, por acuerdo unánime del comité de empresa, a última hora del jueves registró el escrito dirigido a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En esta denuncia solicitan al Ministerio Fiscal «que investigue y abra las actuaciones necesarias en el marco de la acción penal ante la presunta comisión de los delitos de estafa; insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal».

En ella, ejercida contra personas físicas y jurídicas, se solicita, además, que se promuevan «las medidas cautelares concretas para evitar un daño irreparable a las factorías y sus trabajadores».

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha recompensado con el pago de más 114 millones de dólares (96 millones de euros) a la persona cuya denuncia y colaboración contribuyó a que la CNMV estadounidense destapase un caso de fraude y aplicase las correspondientes sanciones, lo que representa el mayor premio entregado hasta la fecha por el supervisor a un confidente.

La cifra pagada a este denunciante supone más del doble de los 50 millones de dólares del anterior récord, indicó la SEC.

La recompensa de 114 millones comprende el pago de 52 millones de dólares (44 millones de euros) en relación con el caso encomendado a la propia SEC y de otros 62 millones de dólares (52 millones de euros) a raíz de las medidas adoptadas por otra agencia, sobre la que el supervisor de los mercados estadounidenses no ofrece más detalles.

«Este hito atestigua el compromiso de la Comisión de recompensar a los denunciantes que brindan a la agencia información de alta calidad», dijo el presidente de la SEC, Jay Clayton, quien reiteró el compromiso de la institución para que aquellas personas cuyas denuncias ayuden a destapar nuevos fraudes «de la manera más rápida y eficiente posible».

«Las acciones del denunciante premiado fueron extraordinarias», agregó Jane Norberg, responsable de la Oficina de Denunciantes de la SEC, quien destacó que «después de informar internamente sobre su inquietudes, y a pesar de las dificultades personales y profesionales, el denunciante alertó a la SEC y a otra agencia acerca de las irregularidades y brindó asistencia sustancial y continua que resultó fundamental para el éxito de las acciones».

La SEC ha repartido un total de 676 millones de dólares (571 millones de euros) en recompensas para 108 individuos desde 2012. Estos premios pueden oscilar entre el 10% y el 30% del dinero recaudado cuando las sanciones superan el millón de dólares.

La entidad precisó que estos desembolsos se realizan a través de un fondo creado por el Congreso de EEUU para tal fin y financiado completamente con el dinero procedente del pago de multas impuestas por infracciones de las leyes del mercado de valores sin que sea necesario recurrir a dinero procedente de inversores perjudicados.

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han fijado esta semana sus líneas rojas y ya están preparados para negociar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, con los ecoesquemas y la definición de agricultor genuino o activo como potenciales puntos de choque entre ambas partes.

Los ministros de Agricultora de los Veintisiete lograron pactar su posición negociadora la madrugada del miércoles tras 42 horas ininterrumpidas de debates, fruto de una importante división con respecto a los nuevos ecoesquemas que se introducirán para conseguir que la PAC sea más ‘verde’.

De su lado, la Eurocámara ha pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el ‘horizontal’.

Los informes han salido adelante en el Hemiciclo europeo gracias a los votos a favor de los grupos popular, socialdemócrata y liberal y han contado con la fuerte oposición de los ecologistas bajo el pretexto de que la reforma no incumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

En la misma línea, las organizaciones ecologistas WWF y SEO/BirdLife consideran que tanto la posición de los eurodiputados como la de los gobiernos «imposibilitan una futura PAC verde y justa y torpedean el cumplimiento de los compromisos ambientales» de la UE.

Por el contrario, la organización agraria europea Copa-Cogeca ha negado que la posición de la Eurocámara sea un «blanqueo ecológico» y ha defendido que los eurodiputados «han asumido una postura responsable»

En cualquier caso, una vez adoptada, la PAC contará con un presupuesto da casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). España recibirá unos 47.700 millones de euros

ECOESQUEMAS Y VERDADEROS AGRICULTORES

Las posiciones negociadoras del Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo anticipan algunas de las dificultades con las que se encontrarán los negociadores de ambas instituciones una vez empiecen las conversaciones en las próximas semanas.

Así, el principal punto de desencuentro entre ambas será, previsiblemente, el umbral mínimo que tendrá que destinarse a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente (los ecoesquemas). Se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos ‘verdes’ obligatorios.

Los ministros de Agricultura acordaron, aunque no sin problemas por las diferentes de partida, que estos programas tuvieran reservado un 20% del presupuesto de pagos directos. Para sacar adelante este umbral, muchas capitales exigieron introducir cierta flexibilidad para no perder ese dinero en caso de que los agricultores y ganaderos no puedan o quieran acogerse a ellos.

Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de que estos ecoesquemas cuenten con una dotación mínima del 30% de los pagos directos de la PAC. También han pedido que se pueda transferir un 5% de la dotación de desarrollo rural (pilar 2) al sobre de ayudas directas (hasta un 12% en los países con unos pagos por hectárea inferior a la media europea), pero este dinero debe dedicarse a financiar ecoesquemas.

Otro elemento que puede general fricciones en las negociaciones será la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas agrícolas europeas. Los Estados miembros quieren que el concepto de ‘agricultor genuino’ sea establecido a nivel nacional, con el único requisito europeo de que siga criterios «objetivos y no discriminatorios».

Pero la Eurocámara quiere blindar el presupuesto de la PAC y garantizar que sus pagos llegan únicamente a aquellos profesionales que desarrollen «al menos un nivel mínimo de actividad agraria». Para ello, defienden recuperar el concepto de agricultor ‘activo’ –en lugar de ‘genuino’– y piden que queden excluidos de las ayudas los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios o instalaciones deportivas y recreativas.

Un último aspecto importante de la futura PAC divide a Eurocámara y Consejo de la UE. La primera institución quiere que con carácter general sea obligatorio limitar a 100.000 euros los pagos directos, mientras que los Estados miembros quieren que cada país decida si imponer o no este umbral máximo de ayuda por explotación.

Los analistas de JP Morgan han mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que se materialicen operaciones de consolidación en el sector español de las telecomunicaciones en el corto plazo, al mismo tiempo que consideran «oportunistas» las recientes inversiones de firmas de capital privado en compañías de la industria aprovechando el impacto de la crisis del Covid-19.

En un informe sobre el sector europeo de las telecomunicaciones, los analistas de JP Morgan Cazenove ven interesante el grado de especulación sobre posibles operaciones de fusión y adquisición (M&A, por sus siglas en inglés) que rodea actualmente a esta industria, aunque se muestran «escépticos» en cuanto a la credibilidad de muchas de las que se rumorea se están planteando.

En concreto, apunta que estas especulaciones se centran principalmente en una consolidación en España y en los países nórdicos, así como en diferentes maneras de monetizar las infraestructuras. En su opinión, si alguna de estas operaciones se materializa de forma razonable, podría generar esperanzas de que se produzcan otras operaciones similares en la industria.

«Si bien la visibilidad es baja, creemos que acuerdos en infraestructuras, la consolidación en Brasil y la consolidación en los países nórdicos son más creíbles, mientras que tenemos más dudas en cuanto a cualquier movimiento a corto plazo con respecto a la consolidación en España o en el sector de telecomunicaciones móviles de Reino Unido», indican los analistas.

En cuanto a la posibilidad de operaciones transfronterizas de fusión y adquisición en el Viejo Continente, la firma señala que ha sido un motivo recurrente de especulación en la última década, pero en la que apenas se han materializado movimientos.

Así, remarca que la preocupación general es que este tipo de acuerdos es poco probable que generen sinergias de costes reales o apoyen una recuperación material del mercado, así como que conllevarían la configuración de organizaciones mucho más complejas que elevarían significativamente los riesgos de ejecución.

Desde JP Morgan reconocen y simpatizan con este pensamiento, pero no están de acuerdo con la conclusión, ya que, en su opinión, si las operadoras de telecomunicaciones quieren competir en el ecosistema global del sector de las Telecomunicaciones, los Medios y la Tecnología (TMT) con los cada vez más grandes ‘gigantes’ tecnológicos, necesitan «con urgencia» una mayor escala.

CAPITAL PRIVADO

Por otro lado, el informe también apunta el interés mostrado recientemente por el capital privado en invertir en empresas del sector europeo de las telecomunicaciones aprovechando su situación en los mercados y considera que se trata de operaciones «oportunistas» con objetivos a «precios atractivos».

En concreto, apunta que en la mayoría de los casos la prima ofrecida por el comprador es «razonable», pero añade que si se compara con los niveles de cotización de principios de 2020, antes del inicio de la pandemia del Covid-19, las cifras de estas primas son «mucho más modestas».

«Con la probabilidad de que muchos de los impactos del Covid en el sector telco (roaming en la UE, ventas de dispositivos, eventos deportivos en directo, etc) sean de naturaleza temporal, esto parecería sugerir que tales fusiones y adquisiciones son de naturaleza muy oportunista», remarca.

En este sentido, la firma añade que, con un interés «muy limitado» a largo plazo por el sector, esto podría dejar a otras empresas de telecomunicaciones expuestas a ofertas de compra oportunistas o incluso a la presión de los activistas.

Los analistas de JP Morgan destacan que el valor de las empresas tradicionales de telecomunicaciones se ha reducido un 23% en lo que va de 2020 tras varios años de un comportamiento negativo en los mercados y remarcan que el sector continúa «decepcionando», después de mucho tiempo sin lograr generar un crecimiento real de los ingresos.

A este respecto, añaden que, «desafortunadamente», este problema se ha exacerbado con la crisis del Covid-19, que ha añadido nuevos vientos en contra al comportamiento del sector en el segundo trimestre, como la caída de los ingresos por roaming en la UE, las menores ventas de dispositivos, la suspensión de los eventos deportivos y la presiones en el sector empresarial.

«Creemos que alcanzar el tan esperado regreso del crecimiento es fundamental para respaldar cualquier recalificación sustancial de nuestra valoración del sector de las telecomunicaciones», inciden desde la firma de análisis.

Por otro lado, JP Morgan mantiene sus críticas a la política de dividendo y de gestión del balance de las empresas de telecomunicaciones, ya que ven «inapropiados» los elevados niveles de endeudamiento y las excesivas políticas de distribución de dividendo para un sector con altas necesidades de capital y ningún crecimiento real de los ingresos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública quiere publicar la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) a principios del mes de diciembre, según han informado en fuentes sindicales.

Así se lo ha trasladado el Gobierno a los sindicatos del área pública durante la reunión mantenida este viernes para empezar a negociar el teletrabajo en la Administración General del Estado, después de que la regulación del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas españolas entrase en vigor el pasado 1 de octubre, con un plazo de adaptación de seis meses.

El área pública de CC.OO. ya había trasladado la negociación a la de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del Estatuto de los trabajadores, al considerar que esos deben ser los criterios generales que recoja esta regulación, adaptando a las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la AGE, y con una posterior concreción a cada organismo que permita responder a sus particularidades.

Desde CC.OO. han expresado alguna preocupación inicial, como que se garanticen la atención directa a la ciudadanía, los derechos laborales, la interlocución con la representación sindical y la igualdad y objetividad en el acceso al teletrabajo.

Han hecho especial incidencia en la prevención de riesgos laborales, ya que Función Pública pretende dejar solucionada con una declaración responsable de la persona trabajadora, en lugar de garantizarla con evaluación del servicio de prevención, tal y como recogen algunos de los convenios más avanzados en la materia, apuntan las mismas fuentes.

De igual forma, CC.OO. ha insistido en que el teletrabajo no es medida para la conciliación, aunque pueda tener implicaciones, sino de organización; y que se negocia la regulación ordinaria del teletrabajo, no la que pueda derivar de circunstancias excepcionales.

El Gobierno suscribió a finales de septiembre con los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CC.OO.) el acuerdo para la regulación del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones públicas.

El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto-ley estableció que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser «expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial», si bien tendrá carácter voluntario y reversible «salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada». También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

CSIF respaldó el «novedoso» acuerdo, porque podrá acogerse el personal laboral y funcionario y mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, así como UGT, al valorar que «garantiza un marco general básico, adecuado y garantista».

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha dado su visto bueno a la propuesta de fusión entre CaixaBank y Bankia, tras concluir su análisis que la operación mejorará el valor de su participación en Bankia y que será positiva de cara a la recuperación de las ayudas en futuras desinversiones.

Según ha informado este viernes, el FROB, primer accionista de Bankia con casi un 62% del capital, ha concluido su valoración sobre la fusión para fijar la posición y eventual voto de BFA en la junta general de accionistas, que se celebrará, previsiblemente, el próximo 3 de diciembre.

«Tras el estudio del proyecto de fusión, los trabajos de diferentes expertos y la recomendación favorable de Nomura como asesor del FROB, se ha concluido que la fusión mejoraría el valor de la participación indirecta en Bankia y tendría un efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones», ha informado el fondo público en un comunicado.

El organismo también ha decidido proponer a Teresa Santero Quintillá para incorporarse al consejo de administración de la entidad fusionada en calidad de consejera dominical de BFA.

Santero es doctora en Economía por la Universidad de Illinois en Chicago (Estados Unidos) y en la actualidad ejerce como profesora en la Universidad Instituto de Empresa y consejera independiente del ICO.

El presidente del FROB, Jaime Ponce, ampliará la información sobre la valoración del proyecto de fusión el próximo martes, 27 de octubre, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

El precio del CO2 es una pieza «clave» para impulsar una mayor descarbonización de la Unión Europea, pero es necesario realizar «una reforma profunda» del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para que sea una herramienta «efectiva» con la que Europa pueda cumplir los objetivos de descarbonización de 2050, según un informe publicado por Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma.

El estudio señala que desde la creación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en 2005, el mercado de carbono ha intentado mantener una señal de precios que incentive las inversiones, aunque distintos factores «han contribuido a una excesiva variación del precio en el tiempo, impidiendo la necesaria estabilidad y predictibilidad para impulsar la reducción de emisiones de manera más intensa», indica la Fundación Naturgy.

En este escenario, el informe expone las posibles reformas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para cumplir con el European Green Deal, que plantea aumentar del 40% al 55% la reducción de las emisiones para 2030.

En este sentido, aboga por ajustar el límite de emisiones a la realidad los valores actuales; así como incrementar el porcentaje de reducción de las emisiones permitidas anualmente.

EXTENDERLO A OTROS SECTORES.

Además, el estudio defiende extender el alcance del mercado de carbono a otros sectores, lo que podría duplicar el volumen de las emisiones cubiertas por el precio del CO2 y realizar reformas para dar señales de precio más predecible a futuro y apoyar así las inversiones (reformar el mecanismo de estabilidad, introducir un ‘suelo’ de precio o bonos verdes, entre otros).

Actualmente, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión opera en 31 países, limitando las emisiones de alrededor de 11.000 instalaciones, que representan alrededor del 45% de los gases de efecto invernadero (GEI) de la UE.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha agradecido al PP haber propiciado en el Pacto de Toledo que el sistema de cotización por ingresos reales de autónomos sea una meta y no una imposición.

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha señalado que el nuevo texto recogido en las recomendaciones de la Comisión señala que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones exige que el sistema de cotizaciones por ingresos reales se haga de manera gradual y «acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo».

También apunta que no se deben ver perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad «en los que se fundamenta el sistema».

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación el próximo martes 27 de octubre.