Que los miembros del Gobierno se contradigan entre sí es una práctica que se está poniendo muy de moda. Pero a veces este modo de actuar es perjudicial para la economía del país. Más cuando se lanzan ‘globo sonda’ descontrolados que pueden hacer mucho daño al mercado automovilístico español. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha escondido la mano después de que el ejecutivo filtrase a los medios el borrador de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Tras haber anunciado que a partir de 2040 no se podrán vender en España vehículos que emitan CO2 a la atmósfera, ha dado marcha atrás.
“Se ha generado una alerta innecesaria”, ha afirmado Reyes Maroto. ¿Innecesaria en qué sentido? La automoción supone un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) español. El sector emplea directa a indirectamente alrededor de dos millones de familias. Además, en el mercado nacional se venden más de un millón de vehículos al año. De los cuales, apenas 10.000 son 100% eléctricos. La nueva propuesta de ley, que no cuenta con el visto bueno de ninguna de las partes afectadas, pone en riesgo un fragmento importante de la industria española. Si esta alerta se puede considerar “innecesaria”, apaga y vámonos.
Lo de pactar con las partes que sufrirán las medidas parece que está sobrevalorado. La propia Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha alzado la voz en este aspecto. “El Gobierno no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos a la hora de redactar este proyecto cuando el clima entre ministerios y asociaciones era de total interlocución y colaboración”.
Pero ahora Reyes Maroto pretende dar marcha atrás. Quizá por mala suerte. Porque fue la elegida por el ejecutivo para recular. Porque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no lo ha hecho. O, a lo mejor, es una de las pocas sensatas que se ha dado cuenta que las cosas o se hacen bien, o mejor no hacerlas. Un gobierno que cuenta apenas con 80 diputados no se puede permitir el lujo de luchar contra grandes masas sociales.
“Se trata de un documento de trabajo en el que el Gobierno lo que ha hecho es abrir un importante debate: el desafío del cambio climático y las medidas que tenemos que adoptar. Y será en el marco del trabajo con los sectores económicos, están el sector del automóvil, los petroleros, pero también todos los sectores económicos que tenemos que contribuir a adoptar medidas que combatan ese gran problema que tiene esta sociedad y que tiene este país como es el cambio climático, donde se definirán los tiempos. Donde se definirán las medidas”, ha explicado la titular de la cartera de Industria en una entrevista en Radio Nacional.
“Este proyecto de ley tiene una serie de implicaciones económicas, laborales y sociales con severos impactos en el tejido industrial español”
El miedo puede ser otro factor que haya influido en la decisión de Reyes Maroto. No se pueden tirar piedras contra todo cuando la repercusión puede suponer una gran crisis económica y social en el país. El objetivo de la ley que pretende imponer el ejecutivo es prohibir la venta de cualquier tipo de vehículo que no sea 100% eléctrico en 2040. Además, en 2050 ya no podrá circular por las carreteras españolas ningún coche de combustión. Esto supondría una reconversión industrial acelerada para poder adaptar toda la industria española en apenas 20 años.
“Este proyecto de ley tiene una serie de implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad, con severos impactos en el tejido industrial español de la automoción. Supone encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas en su conjunto, lo que necesita de unas importantes medidas de acompañamiento, con inversiones industriales y en tecnología, que eviten que las plantas pierdan competitividad y empleo”, ha añadido Anfac.
REYES MAROTO DE PARTE DE LA INDUSTRIA
Parece que Reyes Maroto está del lado de la industria en este conflicto. O así lo muestra en sus últimas intervenciones púbicas. El Gobierno se ha enfrentado al sector de la automoción. Pero ella ha optado por tender puentes. “Yo he estado reunida con ambos sectores (la automoción y la industria petrolífera) y les transmití tranquilidad. Se ha generado una alerta innecesaria”.
Sin embargo, esta “alerta innecesaria” continúa encendida. Y es que el ejecutivo no deja de echar leña al fuego. Hace unos días, Teresa Ribera aseguró que el Gobierno se plantea “anticipar” los aspectos “más urgentes” de la ley. Quizá vía Real Decreto el ejecutivo adelante alguna de las medidas que propone. Pero no se sabe cuáles. Lo que crea, si cabe, todavía más incertidumbre.
Aun así, Maroto espera elaborar una ley que contente a todos. “Lo que sí creo que es importante es que los sectores están comprometidos con adoptar medidas para abordar este problema y eso es lo más importante. Y seguro que nos vamos a poner de acuerdo en los tiempos y en las medidas que tenemos que tomar”.
En otro conjunto de cosas para seguir contentando a la industria, Reyes Maroto ha asegurado que el nuevo contrato relevo ayudará al rejuvenecimiento de las plantillas de las fábricas de vehículos españolas. Esto dará mayor competitividad a las instalaciones.
“El sector del automóvil tiene plantas donde el 40% de la población tiene más de 54 años. Nuestra obligación es ayudar al sector del automóvil y al industrial para mejorar su competitividad y mejorar el capital humano de las fábricas”, ha apuntado la ministra en el Madrid Retail Congress. El contrato relevo consiste en la anticipación de una jubilación parcial a un trabajador, que es cubierto por un joven.
LA UNIÓN EUROPEA ANALIZARÁ LA LEY
Pero la industria no es el único bache que tendrá que saltar el Gobierno. La Unión Europea (UE) también analizará la ley que plantean. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la Comisión Europea que si este proyecto llega a convertirse en una norma Bruselas analizará su compatibilidad con las reglas de la UE.
Cañete ha destacado que España no es el único país que ha anunciado medidas similares. Pero, de momento, ninguno ha plasmado sus ideas en una ley concreta. Cuando esto ocurra, los gobiernos tendrán que informar a la UE para que las autoridades comunitarias analicen su compatibilidad con las reglas de Europa.
En este sentido, el comisario ha explicado que la Unión Europea centra su estrategia en establecer estándares comunes de reducción de emisiones que se apliquen en todo el territorio y por todas las compañías. El objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en todo el territorio.
