El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) han mantenido este viernes la primera ronda de negociaciones sobre el reglamento que fijará el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), principal programa del fondo de recuperación, con la condicionalidad macroeconómica como principal punto de desencuentro entre ambas partes.
Los equipos negociadores han celebrado su primer reunión –en la que también ha participado la Comisión Europea– después de que la Eurocámara aprobara a principios de esta semana sus líneas rojas. Los gobiernos del bloque habían pactado su posición semanas antes.
Con el acuerdo político sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años y desbloqueado también el mecanismo que vincula ayudas europeas y Estado de derecho, el reglamento del RRF es la única pieza que falta para poner en marcha el fondo de recuperación.
Sin embargo, «todavía hay mucho que trabajar» para lograr un acuerdo, según ha afirmado un portavoz del Gobierno alemán, que representa a los socios europeos como presidencia de turno de la UE. A pesar de ello ,todos los actores comparten la urgencia y la necesidad de llegar «rápido» a un consenso para «mitigar» el impacto de la pandemia en la economía.
«Estamos comprometidos con una conclusión rápida. Respetamos mucho la posición del Consejo y esperamos que ellos respeten la nuestra. Cuanto antes se acerquen las posiciones, más rápido pueden concluir las conversaciones», ha dicho en una rueda de prensa el eurodiputado del PPE Sigfried Muresan, del equipo negociador de la Eurocámara.
Los debates, sin embargo, no serán fáciles. El Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE tienen posturas muy alejadas principalmente en las condiciones aparejadas a la recepción de los fondos del RRF. Entre subvenciones y préstamos, este instrumento repartirá hasta 672.500 millones de euros entre todos los gobiernos europeos.
Algunas fuentes parlamentarias, de hecho, avanzan una «guerra nuclear» en las negociaciones y parte del problema está en el artículo que prevé una suspensión de las ayudas si un Estado miembro incumple sus objetivos de reducción del déficit y deuda públicos.
Este aspecto es defendido por los gobiernos, pero la Eurocámara prefiere eliminarlo y dejar el debate sobre la condicionalidad macroeconómica a una etapa posterior en la que las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora suspendidas, vuelvan a aplicarse.
«No es el momento de tener ese debate. Tenemos que identificar los programas, reformas e inversiones que realmente queremos hacer, y después lo tendremos, pero ahora no añade ningún valor al RRF», ha explicado en la misma comparecencia la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que también forma parte del equipo negociador del Parlamento Europeo.
Además, la Eurocámara es partidaria de que las recomendaciones económicas que Bruselas hace anualmente a cada país no sean el elemento principal de la valoración que la Comisión debe hacer de los planes nacionales de reformas e inversiones.
Por contra, la posición adoptada por el Consejo de la UE defiende que cada uno de estos planes debe abordar o todas o un grupo «significativo» de estas recomendaciones, así como que el Ejecutivo comunitario debe prestar atención en su análisis a los «aspectos fiscales» de las mismas.
Otro aspecto que podría generar fricciones entre ambas partes es que los eurodiputados abogan por elevar al 20% el anticipo que cada país puede obtener una vez ha recibido luz verde a su plan nacional y sin necesidad de ir completando las etapas que desbloquean más fondos. Los países quieren ceñirse al 10% que recoge el borrador legislativo.
Además de lo anterior, la Eurocámara quiere ampliar a seis la lista de objetivos en los que deben centrarse las reformas e inversiones de los planes (entre ellos las transiciones verde y digital) y han elevado al 40% la parte de las ayudas que tienen que estar destinadas a combatir el cambio climático y favorecer la biodiversidad.
