Endesa ha pospuesto tres meses más, hasta finales de septiembre, el plazo para la terminación de la aplicación del beneficio de suministro eléctrico para todos sus empleados, incluido prejubilados y retirados, dentro de las reuniones para desbloquear las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo. Siguen, por tanto, las arduas conversaciones con los sindicatos.
La dirección de la energética ha escuchado así la petición de CCOO de retrasar la fecha en la que decaerían los beneficios sociales del personal pasivo, que sería este próximo 30 de junio, de conformidad con lo comunicado por la empresa en su momento a ese colectivo, una decisión que, además, fue avalada por la Sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de marzo.
CCOO realizó esta petición debido a las dificultades técnicas detectadas para el cambio de comercializadora de la tarifa de empleado -revisión de instalaciones, cambios de potencia, etc.- y en su voluntad de emprender un nuevo camino en la negociación que permita superar el bloqueo actualmente existente.
La empresa ha considerado esta solicitud para contribuir así a facilitar que el personal pasivo afectado pueda adoptar «razonablemente una decisión en relación con su suministro eléctrico desde ese momento», según señala la compañía en un comunicado interno al que ha tenido acceso Europa Press.
La energética cree que esta decisión refleja, «una vez más», que mantiene una decidida voluntad negociadora y espera que ayude «a cambiar la dinámica actual del proceso, que se ha visto bloqueado en gran medida hasta ahora por «acciones externas promovidas por la representación sindical, basadas en mensajes negativos contra la empresa que nada tienen que ver con los temas que se han de tratar en el marco del convenio y ajenas a un espíritu sincero de negociación».
APUESTA POR «EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN DE BUENA FE»
En este comunicado interno, la empresa reitera su apuesta por «el diálogo y la negociación de buena fe, para que los difíciles momentos que atraviesa el proceso sean superados y den lugar a los acuerdos necesarios para restaurar la normativa y el buen clima laboral de Endesa en beneficio, primero, de todo el personal activo; y también, sin duda, del pasivo».
La dirección de Endesa y los sindicatos reanudaron a mediados de este mes de mayo las reuniones de la comisión negociadora del convenio colectivo con el objetivo de desbloquear la situación, después de que a finales del año pasado se produjera la ruptura de las negociaciones.
No obstante, en estas últimas reuniones se ha constatado que las posturas siguen alejadas, con el debate de aspectos del convenio tales como la movilidad geográfica, la cobertura de vacantes y el plan de igualdad como puntos de fricción. Además, la empresa ha planteado la inclusión de Enel Green Power España en el ámbito funcional del convenio.
El principal escollo entre empresa y representantes sindicales, que llevó a la convocatoria el pasado 12 de abril de una jornada de huelga general, coincidiendo con la junta general de accionistas de la compañía, está en ese recorte a los beneficios sociales –entre ellos la luz gratis– de 36.000 empleados, prejubilados y retirados. En el caso específico del personal pasivo, la empresa acordó que debería buscarse una comercializadora antes de finales de este mes de junio.
Además, la Audiencia Nacional resolvió a favor de la compañía la demanda de conflicto colectivo que fue presentada en su día por los sindicatos presentes en la mesa de negociación del convenio, al considerar que la decisión adoptada por Endesa de dejar sin efecto los beneficios sociales del personal pasivo era «ajustada a derecho».
No obstante, los sindicatos anunciaron que presentarían un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
