La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el uso del instrumento de los expedientes de regulación de temporal de empleo (ERTE), que cubren a más de 3 millones de trabajadores y más de 550.000 empresas, es «el mejor indicador de su éxito» y ve como un «buen indicador» que la afiliación registre una caída «muy inferior» a la de la pasada crisis y a la contracción del PIB.

Además, ha adelantado que el Gobierno retomará la Agenda del Cambio y los retos marcados para la legislatura tras dejar atrás la emergencia de la pandemia, para conseguir un crecimiento «más sostenible e inclusivo».

Así lo ha señalado Calviño durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política del departamento, retrasada durante dos meses por la crisis del Covid, y sobre la gestión económica relativa a la crisis sanitaria.

Calviño ha mantenido el escenario recogido en el Programa de Estabilidad y estas últimas semanas respecto a una recuperación en forma de «‘V’ asimétrica», con una pendiente negativa «muy profunda» en el segundo trimestre del año por una caída «muy intensa» de la actividad económica por la crisis del Covid-19, y una pendiente positiva «más suave» de «progresión gradual» en la segunda mitad del año hasta alcanzar «fuertes tasas de crecimiento» en 2021.

Las previsiones del Gobierno remitidas en su Programa de Estabilidad a Bruselas auguran una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que prevé un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.

Según Calviño, la caída de la demanda interna y el consumo privado marcan el retroceso este año, pero será también la demanda interna la que marque el impulso económico en el segundo semestre y el crecimiento el próximo ejercicio, con una «progresiva recuperación» del sector exterior conforme se levante el cierre de fronteras y se reactiven las economías de los socios comerciales.

Asimismo, ha destacado que el ajuste del empleo en términos de caída del mismo y aumento del paro está siendo «muy inferior» al de las crisis anteriores de 2008 o 2009, a pesar de que la contracción del PIB es mucho más elevada.

En este sentido, ha apuntado que el paro aumentó en 283.000 personas en abril, hasta los 3,8 millones de personas, y el número de afiliados el último día de abril fue de 18,4 millones, 49.000 afiliados menos que el primer día del mes, una caída «importante» pero que contrasta con el retroceso de 834.000 afiliados de marzo y apunta a «cierta estabilización» en el mercado de trabajo.

EL «ÉXITO» DE LOS ERTE Y SU PRÓRROGA

Ha insistido en que se ha trabajado en «excelente interlocución» con los agentes sociales para evitar la destrucción de empleo con los ERTE de fuerza mayor, prorrogados hasta el 30 de junio, y ha subrayado que el uso de este instrumento, que cubre a más de 3 millones de trabajadores y más de 550.000 empresas, es «el mejor indicador de su éxito».

Sobre el acuerdo de prórroga de los ERTE ha indicado que es «muy importante», aunque «no ha sido fácil para ninguno», porque permitirá articular este instrumento a las fases de desescalada para «no perder en las próximas semanas lo ganado en las anteriores en términos de mantenimiento de empleo y protección del tejido productivo».

Así, ha explicado que permitirá trasvasar bonificaciones a la Seguridad Social de trabajadores no readmitidos a trabajadores readmitidos para propiciar su reincorporación «lo antes posible» y que los «ajustes temporales» se hagan por horas de trabajo y no con empleados sin trabajar.

RETOMARÁ LA AGENDA DEL CAMBIO TRAS LA PANDEMIA

El escenario macroeconómico y las previsiones, ha dicho Calviño, condicionará en «gran medida» la legislatura, si bien ha indicado que las líneas generales son «muy claras» y pasan a corto plazo por adoptar las medidas que sean necesarias y «eficaces» para amortiguar el impacto económico y apoyar el tejido productivo, los trabajadores, las empresas y las familias.

A pesar de que las medidas conllevarán un impacto presupuestario «importante», con caída de ingresos y aumento «automático» del gasto, que elevarán el déficit público a más del 10% del PIB, Calviño ha dicho que este año no se puede mantener la senda de consolidación fiscal porque el esfuerzo fiscal «hay que hacerlo ahora», tal y como coinciden organismos e inversores.

No obstante, ha marcado que después seguirá siendo una prioridad la sostenibilidad financiera y ha remarcado que los inversores «confían en España», tal y como reflejan los resultados «muy notables» en las últimas subastas y con un alto porcentaje de emisiones colocadas entre inversores no residentes.

En cualquier caso, ha pedido, en un escenario de desescalada previsto «entre mayo y junio», que cuanto antes se trabaje en la recuperación de la economía, demandando «unión y lealtad» en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso.

La vicepresidenta tercera ha avanzado también que una vez se deje atrás la emergencia sanitaria se retomará la Agenda del Cambio aprobada por el Gobierno y se abordará el reto demográfico, la transición ecológica o la digitalización. «Tenemos que hacer frente a los desafíos pendientes y poner el país en el rumbo correcto para las próximas décadas», ha enfatizado.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) celebran este viernes una nueva reunión sin que la Comisión Europea haya presentado todavía su propuesta para el plan de recuperación económica, algo que no sucederá, salvo sorpresa, hasta al menos la semana próxima.

Este hecho hace que el encuentro, en el que participará también la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se centre en un «repaso» de los avances conseguidos con las tres redes de seguridad a corto plazo que pactaron poner en marcha, por un valor conjunto de 540.000 millones de euros.

El Eurogrupo de la pasada semana logró un acuerdo sobre los detalles de los 240.000 millones en líneas de crédito a través del fondo europeo de rescates (MEDE), pero todavía quedan por cerrar los detalles del plan europeo contra el paro de 100.000 millones. No se espera que los ministros entren en el fondo de este asunto, que sigue negociándose a nivel técnico.

Así las cosas, la agenda formal de la reunión comienza con un intercambio sobre las perspectivas económicas y el impacto de la pandemia en zona euro junto con la presidenta de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la socialdemócrata italiana Irene Tinagli.

Posteriormente se sumarán al encuentro los ministros de Finanzas de los países de la UE que no tienen el euro en calidad de invitados para hacer balance de todas las medidas adoptadas hasta el momento para combatir las consecuencias de la enfermedad.

Posteriormente, los ministros mantendrán un «debate estratégico» sobre las «prioridades» para relanzar las economías europeas tras la pandemia, aunque todavía sin un borrador de presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027) ni una propuesta para crear el famoso fondo de recuperación.

Por último, la Comisión Europea les informará sobre la nueva flexibilidad adoptada en las normas sobre ayudas públicas, que permite a los gobiernos entrar en el capital de empresas en dificultades vinculadas a la pandemia, aunque con muchas salvaguardias.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha considerado inevitable que la ratio de deuda con respecto al producto interior bruto (PIB) y el déficit público crezcan durante la crisis, pero ha subrayado que es necesario actuar «con intensidad» para evitar que el daño económico sea mayor.

Durante su participación este jueves en un ‘webinario’ organizado por la Universidad de Navarra, el exministro español ha explicado que si no se permite actuar a los estabilizadores automáticos o no se ponen en marcha medidas fiscales, «la recesión no sería del 8% o del 9%, sino que sería mucho más profunda».

«En este momento hay que actuar con intensidad», ha insistido Guindos. No obstante, ha reconocido que la consecuencia de esto será un mayor endeudamiento, que en el caso de España podría llegar al 115% del PIB. «Ese va a ser el legado de la crisis», ha agregado.

El banquero central ha recetado a los gobiernos de toda la zona euro que tomen medidas «para salvar el máximo tejido empresarial posible». Según ha indicado, «antes o después se encontrará una vacuna y hay que intentar que ese tejido empresarial (…), que era bastante competitivo a nivel internacional, subsista.

Durante su intervención, ha asegurado que la incertidumbre es «brutal», por lo que es «extremadamente arriesgado y difícil» hacer proyecciones macroeconómicas. Sin embargo, el escenario central que maneja la entidad con sede en Fráncfort es que la economía comience a recuperarse en el segundo semestre del año. De esta forma, la zona euro volverá a sus niveles de renta previos a la crisis en un máximo de un año y medio o dos años.

Guindos también ha matizado su defensa del una renta mínima, insistiendo en que esta tiene que ser temporal, ligada a la duración de la pandemia, para todos aquellos que no reciben algún tipo de prestación por desempleo. «El Estado no puede dejar de lado a ningún colectivo», ha apostillado.

Con respecto a la posibilidad de que España acabe acudiendo al Mecanismo Europeo de Estabilidad para pedir fondos prestados, algo que podría ahorrar a las arcas públicas hasta 2.000 millones en un horizonte de diez años, Guindos ha defendido esa posibilidad. «Yo pedí un rescate, un rescate bancario», ha explicado, agregando que «no es tanto el tema de pedir o no pedir como el tema de utilizar bien los recursos».

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado hoy asignar a las comunidades autónomas un total de 4.152 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación para cubrir parte de la desviación del objetivo de déficit de 2019 en el que incurrieron varias autonomías.

En concreto, se destinan 2.165,25 millones de euros al denominado Extra FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y otros 1.986,75 millones de euros al Extra Facilidad Financiera. Este acuerdo ayuda a que las Comunidades Autónomas afectadas puedan cumplir con los plazos de pago a los proveedores, así como garantizar que atienden de forma inmediata sus vencimientos de deuda y sus necesidades de financiación del déficit público.

Este acuerdo prevé que se financie el 75% del importe del déficit de 2019 pendiente de financiar. El resto de la desviación se asignará a partir de octubre, cuando se conozcan los datos definitivos del ejercicio pasado. Se estima que el total ascenderá a 5.536,36 millones de euros.

Por Comunidades Autónomas, Aragón recibirá 243,75 millones; Asturias, 55,5 millones; Baleares, 81 millones; Cantabria, 90,75; Castilla-La Mancha, 243,75 millones; Castilla y León, 231 millones; Cataluña, 819 millones; Extremadura, 156,75 millones; Galicia, 42,75 millones; La Rioja, 22,5 millones; Andalucía, 210 millones; Murcia, 396 millones; y la Comunidad Valenciana, 1.559,25 millones de euros. La dotación a estas tres últimas comunidades procede del FLA y los anteriores, al Fondo de Facilidad Financiera.

Tras este reparto, la distribución de ambos fondos correspondientes a los dos primeros trimestres del año asciende en total a 23.322 millones, un tercio del total, para Cataluña: 6.989,65 millones (29,967%).

El resto corresponde a Aragón, que recibirá 703,32 millones (3.02% del total); Asturias, 55,5 (0,24%); Baleares, 966,68 (4,14%); Canarias, 1.020,2 millones (4,37%); Cantabria, 300,81 millones (1,29%); Castilla-La Mancha, 1.632,51 millones (7%); Castilla y León 746,84 (3,2%); Extremadura, 499,3 (2.14%); Galicia, 460,7 (1,98%); La Rioja, 176,5 (0,76%); Andalucía, 3.524,21 millones (15,11%); Murcia, 1.227,9 millones (5,26%); y Comunidad Valenciana, 5.018 millones(21,52%).

Las necesidades actuales estimadas del Fondo de Financiación de lasCCAA 2020 para todo el ejercicio ascienden a 33.062,47 millones deeuros.

Además, la aprobación de estos recursos se realiza en unas condiciones financieras favorables que permiten reducir los costes. La parte de estos recursos correspondientes a cubrir el déficit generado por el cambio normativo del IVA en 2017 se financiará sin intereses (tipo 0). El tipo aplicable al resto de disposiciones será el de interés fijo igual al rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente establecido para el segundo trimestre de 2020.

Esta inyección de liquidez para las CCAA se une a los recursos del sistema de financiación, que se incrementan un 7,3% este año hasta alcanzar la cifra de 115.887 millones de euros. Además, las comunidades han podido solicitar el anticipo del 50% de la liquidación de 2018, que podría ascender a 5.500 millones y que en condiciones normales no se cobraría hasta julio.

El Gobierno también ha anunciado la creación extraordinaria de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, independiente del sistema de financiación, para que las CCAA puedan hacer frente a los costes sanitarios, económicos y sociales de la pandemia sin incurrir en más déficit ni deuda, ya que esos gastos serán asumidos directamente por el Estado.