El Ejecutivo ha aprobado un real decreto ley que las principales asociaciones de energías renovables en España han recibido con entusiasmo, ya que activa una nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) que queda en el 7,09%, reemplazando al 7,39% vigente a día de hoy, y que además posibilita a las instalaciones afectadas por el conocido ‘hachazo’ a las renovables efectuado en 2013 adoptar la tasa de rentabilidad actual hasta 2031.

Esta última medida respondería a la necesidad del Gobierno de hacer frente a las numerosas indemnizaciones que diversas empresas del sector están tratando de conseguir en compensación por el ‘hachazo’, para lo que han acudido a tribunales internacionales y nacionales, además de para aportar seguridad respecto a la incertidumbre que el inicio del nuevo periodo regulatorio suponía.

Sin embargo, para que las entidades afectadas por el recorte a las renovables lanzado por el Real Decreto 9/2013 puedan beneficiarse de este nuevo marco retributivo, deberán a cambio abstenerse de continuar con los procesos judiciales y arbitrajes internacionales puestos en marcha en los tribunales para pedir compensaciones del Gobierno por el ‘hachazo’, y renunciar asimismo a las indemnizaciones que ya se les hubiera concedido.

Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha indicado que con esta normativa se busca «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas». El ministerio también ha asegurado que esta modificación supondrá un ahorro para los consumidores de electricidad, debido a que las retribuciones se financiarán a través de peajes y cargos incluidos en el recibo de la luz. El Decreto también modifica la rentabilidad en los territorios no peninsulares, que fija ahora en el 5,58%.

PIDEN LA RENUNCIA DE 10.000 M€ EN INDEMNIZACIONES

Los 45 procesos judiciales que el Gobierno de España ha acumulado a raíz del recorte de 1.700 millones de euros a las subvenciones verdes que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en 2013, suponen una cifra de indemnizaciones exigidas por valor de más de 10.000 millones de euros. El Ejecutivo ya ha sido condenado a pagar 821 millones, aunque «no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa», según afirmó la ministra Teresa Ribera.

De esta manera, se pretende que la nueva medida «invite a la renuncia del cobro» de las indemnizaciones aprobadas y pendientes del fallo de los tribunales. A las denuncias presentadas por inversores extranjeros hay que sumarle las interpuestas por entidades nacionales, que podrían llegar a sumar otros 5.000 M€ en indemnizaciones, según el diario El Independiente.

LAS RENOVABLES AGRADECEN LA ESTABILIDAD

El ‘hachazo’ a las renovables afectó, según Ribera, a 64.000 instalaciones de renovable, cogeneración y residuo, muchas de las cuales tuvieron que refinanciar sus activos para sobrevivir al recorte. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha afirmado que la nueva retribución ayuda a «eliminar la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes».

Miguel Villarig, el presidente de la APPA, ha aclarado que la medida «es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos» respecto al beneficio que supone para las empresas que vivieron el ‘hachazo’. «Debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre», ha añadido.

Por otra parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha comunicado que la medida contribuye a facilitar la financiación de la «transición energética planificada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)». Además, señalan que la seguridad que el decreto aporta es vital para «alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética. La AEE recuerda también la importancia de que el Congreso convalide el decreto.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) responde en la misma línea, destacando la actuación de la ministra Teresa Ribera, al decir que «en muchas ocasiones, incluso para hacer justicia hay que ser valiente». Añaden que hay que seguir avanzando, ya que «son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013«.

También la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se ha pronunciado para recibir «muy positivamente» la medida. Al igual que las anteriores asociaciones, aseguran que el real decreto servirá para paliar «las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria» que las renovables han padecido durante los últimos años. UNEF también ha mencionado el Plan Nacional (PNIEC) para decir que esta reducción de la inseguridad fiscal es esencial para poder cumplirlo.

DESCARBONIZACIÓN

Esta nueva regulación se realiza en contexto de un periodo de «descarbonización» en el mapa español, por el que se están empezando a cerrar plantas de carbón para dar paso a proyectos renovables.

Teresa Ribera ha afirmado que otro de sus objetivos es que los permisos para construir futuras instalaciones que reemplacen a las de carbón se concedan teniendo en cuenta criterios sociales. Es decir, aplicar preferencia por «aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo atractivo en la zona».

En referencia a esto, la AEE ha explicado que «este consenso político es un punto de inflexión para una economía descarbonizada y el desarrollo de las renovables en nuestro país. La UNEF ha apoyado la importancia del empleo asegurando: «La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo».

Más allá de cuidar del bienestar de nuestras mascotas, los veterinarios son garantes de la salud pública, la más silente e invisible de sus facetas profesionales, pero determinante para la correcta convivencia y funcionamiento de la sociedad. Precisamente por el escaso reconocimiento a su labor, este colectivo profesional ha decidido ahora salir a la calle y propagar el concepto de “única salud”, un triangulo que abarca la salud humana, animal y medioambiental, en el que cualquier arista que se quiebre alterará a las demás y en el que la intervención del veterinario resulta vital.

Hace una semana se manifestaron unos 3.000 profesionales en Madrid y ayer remitieron sus reivindicaciones al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Lo próximo será enviar nuestras demandas a los ministerios competentes y a los grupos parlamentarios, porque las cuestiones que plantemos requieren modificación legislativa”, ha explicado a MERCA2, Manuel Martínez, presidente del Sindicato de Veterinarios de León y miembro de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET).

En sus manos está el control sanitario de la alimentación de origen animal; el cuidado de animales silvestres y de compañía para evitar la transmisión de enfermedades; la prevención del bioterrorismo económico – liberación deliberada de virus, bacterias u otros gérmenes para ocasionar daños económicos-; la investigación en el ámbito de la seguridad alimentaria y sanitaria y la docencia en su campo. Los veterinarios reclaman visibilidad y reconocimiento para el carácter sanitario de su ejercicio, el factor más relevante y desapercibido, y también el único aglutinador para un sector profesional tremendamente atomizado.

No es fácil cohesionar todas las actividades que engloba la práctica veterinaria bajo una única demanda. La profesión es poliédrica, abarca muchísimos campos de trabajo: animales destinados al consumo humano, silvestres, en cautividad, domésticos, pequeños, grandes, exóticos, que forman una cadena que controlan profesionales que se agrupan en múltiples sociedades científicas, asociaciones y colegios profesionales, entes universitarios, sindicatos…Un complicado puzle del que depende la seguridad sanitaria. Tanto es así que más de un 60% de las patologías humanas tienen origen zoonótico (enfermedades que se transmiten de animales a personas).

Los veterinarios “constituimos una profesión sanitaria considerada como tal, según recogen todas las leyes, pero que en la práctica, no estamos considerados en la relevancia que nos merecemos por parte de las administraciones públicas”, explica Manuel Martínez, que además cree que la profesión está relegada a «una segunda fila» del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La figura del veterinario que trabaja en la consulta, clínica u hospital para animales está muy extendida en el imaginario colectivo que, sin embargo, desconoce la labor de estos profesionales en granjas y explotaciones ganaderas, mataderos, bares, restaurantes, cocinas, servicios de diferentes locales, o tiendas de alimentación de todos los tamaños, “hasta un quiosco que quiera vender golosinas es susceptible de necesitar una autorización sanitaria en la que intervenga un veterinario”, expone Martínez. Pero el alcance de la práctica veterinaria para la salud pública encuentra su máxima expresión en el control alimentario de origen animal, por ejemplo, desde la carne que sale directamente de los mataderos, “en los que es imprescindible aumentar el número de veterinarios en todas las partes de cadena de producción”, tal y como demanda el representante de FESVET, hasta el control, por citar un caso, de carne mechada, ya procesada.

Los datos facilitados por FESVET indican que, en la actualidad, España cuenta con unos 30.000 veterinarios en activo distribuidos en diferentes campos, aunque tienen contabilizados unos 33.000 profesionales en total. En todas las variantes del ámbito clínico trabaja casi el 60% del censo en activo; en el ámbito empresarial (llevando calidad y seguridad alimentaria), entre el 10 y 12% y en las administraciones públicas, entre el 20 y el 25%, en función de las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el nivel de desempleo no llega al 10% en el sector. Según el representante de la Federación Sindical, no es tanto un problema de desempleo -que también- como de precariedad, “es la profesión sanitaria peor pagada con diferencia”. De media los sueldos no alcanzan los 1.100 euros al mes, en una profesión sanitaria, sólo comparable con otras del mismo ámbito de la Medicina y la Farmacia.

CENTROS SANITARIOS SIN REGULACIÓN

Al contrario de lo que ocurre con otros establecimientos sanitarios, por ejemplo una ortopedia, o una clínica odontológica, u oftalmológica, que requieren de una autorización sanitaria de la Administración, a los centros veterinarios no se les considera centros sanitarios, por lo que no se acogen a una regulación estatal. Precisamente por eso aplican un IVA del 21% (no sanitario) a sus clientes, que sustenta otra de las reivindicaciones de FESVET: la reducción del IVA. “Se había conseguido una revisión consensuada con los grupos parlamentarios para fijar un IVA aproximado al 10%”, comenta Martínez, aunque lamenta que este acuerdo quede ahora en papel mojado, a expensas de la formación de un nuevo Gobierno que mantenga este compromiso.

“La salud de las mascotas no es ningún lujo, por el que haya que pagar un 21% de IVA, porque es una cuestión relacionada con el propio bienestar de los animales, y de salud pública, al tratarse de posibles transmisores de enfermedades”, afirma Martínez, que insiste en la propuesta del sector de reducir el IVA al 8%.

AUSENCIAS Y DISCREPANCIAS

La manifestación del pasado 17 de noviembre en Madrid, fue histórica, por inédita, –la primera del sector español en su historia-, y por el seguimiento que obtuvo al congregar alrededor de 3.000 profesionales. Pero hubo ausencias más que destacadas, como “el propio Consejo General o asociaciones importantísimas”, según ha admitido Manuel Martínez de FESVET.  El Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) declinó involucrarse “por considerar inadecuada la fecha (una semana después de la elecciones, con un Gobierno en funciones), por lo que propuso a los organizadores un cambio de fecha, pero estos se negaron”, han asegurado a MERCA2 fuentes del CGVE. Fuentes del sector consultadas en asociaciones de la Comunidad Valencia, Cataluña o Madrid, si bien no hablan abiertamente de discrepancias, si consideran que la fecha fue “una excusa” del CGCVE para no asistir.

En este sentido, Martínez ha respondido que, en su opinión, “el Consejo comparte el 90% de la parte reivindicativa, y es verdad que nadie consideraba que la fecha fuera la más adecuada, pero todos los agentes implicados deberían darse cuenta de que, más allá de los condicionantes, la sensación había que expresarla en las calles”. El portavoz de FESVET ha recordado que la convocatoria nace de un movimiento espontáneo en las redes sociales de malestar por la situación del sector, “cinco compañeros clínicos desde diferentes puntos de España, fueron los verdaderos artífices, FESVET sólo ha facilitado la infraestructura y los medios, para hacer posible la manifestación de ese malestar”, más tarde se fueron sumando colegios y asociaciones profesionales de todo tipo.

“Una manifestación no es el final de nada, es siempre el principio o continuación de algo, es un punto de inflexión para hacer cosas, uniendo al sector o evitando fracturas en aquello que nos divida”, ha afirmado Martínez. “Cada sector dentro de este campo deberá ahondar en las propias reivindicaciones, además de incidir en las comunes que afecten a todos”, prosigue, “por eso, la manifestación, debe ser la expresión de la unión de la profesión, primero para que la sociedad visualice este puzle que constituye el sector, y segundo para que se valore, con un reconocimiento social que empodere la profesión”.

FESVET trabaja ahora para dar respuesta a “la necesidad imperiosa de constituir el foro de la profesión veterinaria a nivel nacional”, una conjunción de las principales organizaciones del sector formada por la Organización Colegial Veterinaria Española, los sindicatos, la Conferencia de Decanos universitarios, las sociedades científicas y las asociaciones profesionales.