El Ejecutivo ha aprobado un real decreto ley que las principales asociaciones de energías renovables en España han recibido con entusiasmo, ya que activa una nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) que queda en el 7,09%, reemplazando al 7,39% vigente a día de hoy, y que además posibilita a las instalaciones afectadas por el conocido ‘hachazo’ a las renovables efectuado en 2013 adoptar la tasa de rentabilidad actual hasta 2031.
Esta última medida respondería a la necesidad del Gobierno de hacer frente a las numerosas indemnizaciones que diversas empresas del sector están tratando de conseguir en compensación por el ‘hachazo’, para lo que han acudido a tribunales internacionales y nacionales, además de para aportar seguridad respecto a la incertidumbre que el inicio del nuevo periodo regulatorio suponía.
Sin embargo, para que las entidades afectadas por el recorte a las renovables lanzado por el Real Decreto 9/2013 puedan beneficiarse de este nuevo marco retributivo, deberán a cambio abstenerse de continuar con los procesos judiciales y arbitrajes internacionales puestos en marcha en los tribunales para pedir compensaciones del Gobierno por el ‘hachazo’, y renunciar asimismo a las indemnizaciones que ya se les hubiera concedido.
Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha indicado que con esta normativa se busca «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas». El ministerio también ha asegurado que esta modificación supondrá un ahorro para los consumidores de electricidad, debido a que las retribuciones se financiarán a través de peajes y cargos incluidos en el recibo de la luz. El Decreto también modifica la rentabilidad en los territorios no peninsulares, que fija ahora en el 5,58%.
PIDEN LA RENUNCIA DE 10.000 M€ EN INDEMNIZACIONES
Los 45 procesos judiciales que el Gobierno de España ha acumulado a raíz del recorte de 1.700 millones de euros a las subvenciones verdes que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en 2013, suponen una cifra de indemnizaciones exigidas por valor de más de 10.000 millones de euros. El Ejecutivo ya ha sido condenado a pagar 821 millones, aunque «no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa», según afirmó la ministra Teresa Ribera.
De esta manera, se pretende que la nueva medida «invite a la renuncia del cobro» de las indemnizaciones aprobadas y pendientes del fallo de los tribunales. A las denuncias presentadas por inversores extranjeros hay que sumarle las interpuestas por entidades nacionales, que podrían llegar a sumar otros 5.000 M€ en indemnizaciones, según el diario El Independiente.
LAS RENOVABLES AGRADECEN LA ESTABILIDAD
El ‘hachazo’ a las renovables afectó, según Ribera, a 64.000 instalaciones de renovable, cogeneración y residuo, muchas de las cuales tuvieron que refinanciar sus activos para sobrevivir al recorte. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha afirmado que la nueva retribución ayuda a «eliminar la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes».
Miguel Villarig, el presidente de la APPA, ha aclarado que la medida «es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos» respecto al beneficio que supone para las empresas que vivieron el ‘hachazo’. «Debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre», ha añadido.
Por otra parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha comunicado que la medida contribuye a facilitar la financiación de la «transición energética planificada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)». Además, señalan que la seguridad que el decreto aporta es vital para «alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética. La AEE recuerda también la importancia de que el Congreso convalide el decreto.
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) responde en la misma línea, destacando la actuación de la ministra Teresa Ribera, al decir que «en muchas ocasiones, incluso para hacer justicia hay que ser valiente». Añaden que hay que seguir avanzando, ya que «son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013«.
También la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se ha pronunciado para recibir «muy positivamente» la medida. Al igual que las anteriores asociaciones, aseguran que el real decreto servirá para paliar «las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria» que las renovables han padecido durante los últimos años. UNEF también ha mencionado el Plan Nacional (PNIEC) para decir que esta reducción de la inseguridad fiscal es esencial para poder cumplirlo.
DESCARBONIZACIÓN
Esta nueva regulación se realiza en contexto de un periodo de «descarbonización» en el mapa español, por el que se están empezando a cerrar plantas de carbón para dar paso a proyectos renovables.
Teresa Ribera ha afirmado que otro de sus objetivos es que los permisos para construir futuras instalaciones que reemplacen a las de carbón se concedan teniendo en cuenta criterios sociales. Es decir, aplicar preferencia por «aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo atractivo en la zona».
En referencia a esto, la AEE ha explicado que «este consenso político es un punto de inflexión para una economía descarbonizada y el desarrollo de las renovables en nuestro país. La UNEF ha apoyado la importancia del empleo asegurando: «La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo».
