El Gobierno enviará mañana, jueves, a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos.
También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.
De esta forma, el Ejecutivo remitirá el jueves a Bruselas el plan presupuestario en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para el 15 de octubre, sin necesidad de pasar antes por el Consejo de Ministros, según señalan fuentes gubernamentales, con las líneas básicas de los PGE, cuyo proyecto está «prácticamente cerrado» y que será presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en los próximos días y aprobado en Consejo de Ministros en octubre para su entrada en vigor a principios de 2021.
El Plan Presupuestario de 2021 marcará como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).
Además, incluirá el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a un desempleo del 16,9%.
En cuanto al déficit público, informará de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB este año.
No obstante, el Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones.
PLAN DE RECUPERACIÓN: TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL
Además del nuevo ‘techo de gasto’ y del cuadro ‘macro’ actualizados, que ya fueron presentados, el Plan Presupuestario para 2021 incluirá las principales directrices de las nuevas cuentas públicas plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta 2026, cuyos ejes son la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Sánchez desgranó que con este plan de inversiones y reformas el Ejecutivo estima cuna inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023 procedentes de los fondos europeos, de ellos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y los otros 12.436 millones del Programa ‘REACT-EU’ en 2021, lo que aumentará el crecimiento potencial de la economía por encima del 2%, aportará seis puntos al PIB y creará hasta 880.000 empleos en los tres primeros años.
La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, estimó que con este plan se podrá recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia a finales de 2022 y volver a la senda de crecimiento preCovid a finales del año 2023.
La distribución de estos fondos pasa por la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16% del total), infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%); transición energética justa e inclusiva (8,9%); modernización de la Administración (5%) y la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora (17,1%).
El resto se distribuye entre el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud (16,5%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%); economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); impulso de la industria de la Cultura y el Deporte (1,1%) y modernización del sistema fiscal.
Entre otras medidas, se desplegarán más de 250.000 nuevos vehículos eléctricos en tres años con 100.000 puntos de recarga; se rehabilitarán más de 500.000 viviendas; acceso a Internet rápido a toda la población y el 75% a 5G; 65.000 nuevas plazas de educación de 0 a 3 años; 200.000 nuevas plazas de FP; y se rehabilitarán infraestructuras residenciales.
Los PGE de 2021 ya incorporarán 27.000 millones de euros del total de 72.000 millones de inversión previsto para los tres próximos ejercicios en el Plan de Recuperación, con el fin de poder empezar ejecutar los proyectos en cuanto las nuevas cuentas públicas vean la luz, a primeros de enero.
La idea es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).
Para la facilidad y agilidad de la ejecución de los proyectos, sin una ventanilla única, se aprobará un real decreto-ley en enero que reducirá las principales barreras y «cuellos de botella» legales de la administración.
Se creará una comisión interministerial presidida por Sánchez y una unidad de seguimiento en la Moncloa para la correcta ejecución de los fondos, que asumirá Manuel de la Rocha, y se reactivará la Conferencia sectorial de fondos europeos con las CC.AA. y se propondrá a la Mesa del Congreso la Comisión mixta de la UE.
CAMBIOS FISCALES
En materia fiscal, PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente finiquitada su propuesta fiscal y darán en breve paso a la negociación con los grupos. Entre las medidas que se han abordado se encuentra una revisión de los incentivos de los planes de pensiones colectivos y de los beneficios fiscales y rendimientos de determinada figuras fiscales.
En principio se ha renunciado a la eliminación de la bonificación a la educación privada, quedando por tanto exenta de un IVA del 21%, pero no se ha descartado en el caso de la sanidad privada. Sí se ha descartado en principio la bajada de Sociedades a pymes y la modificación de los tipos del IVA hasta que se recupere el crecimiento.
Tras aprobarse las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se impulsarán impuestos ‘verdes’, un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos y en materia de pensiones se acometerán medidas, consensuadas en el Pacto de Toledo, que podrían pasar por incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustar elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas o la revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.
Las pensiones públicas se revalorizarán con el IPC en 2021, con una previsión de un deflactor del PIB del 0% en 2021 y del 0,9% en 2021, mientras que no se ha desvelado si finalmente se congelará el salario de los funcionarios.
De cualquier forma, el Gobierno aplaza la reforma fiscal «profunda» a cuando se recupere el crecimiento, para lo que va a constituir ya un grupo de expertos y seguirá trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica.
