Las exclusión bursátil definitiva de las acciones de MásMóvil de los mercados tendrá lugar el próximo lunes, 16 de noviembre, una vez que se ha liquidado la totalidad de las operaciones de la Orden Sostenida de Compra lanzada por KKR, Cinven y Providence tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que han llevado a los fondos a hacerse con el 99,32% de la operadora de telecomunicaciones.

Así lo han comunicado este viernes las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), que ya suspendió la cotización de los títulos de MásMóvil el pasado 3 de noviembre a cierre de mercado como paso previo a su exclusión bursátil definitiva.

De esta manera, el cuarto operador convergente pone fin a más de ocho años como empresa cotizada después de convertirse en la primera compañía que pasa del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), actualmente denominado BME Growth, al Ibex 35, que abandonó el pasado mes de septiembre tras confirmarse el éxito de la OPA.

MásMóvil solicitó oficialmente el 26 de octubre la exclusión de negociación de todos sus títulos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y del Sistema de Interconexión Bursátil, después de su aprobación ese mismo día en una junta general extraordinaria de accionistas.

En dicha solicitud, Lorca Telecom, el vehículo creado por los fondos KKR, Cinven y Providence para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la operadora, informaba además de que la orden sostenida de compra que lanzó por las acciones que no adquirió en la OPA finalizaría el 3 de noviembre.

Una vez cerrado este plazo, las acciones de MásMóvil han permanecido suspendidas de negociación hasta que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han aprobado este viernes a su exclusión de negociación para el próximo lunes, una vez liquidadas la totalidad de las operaciones.

ÉXITO DE LA OPA

KKR, Cinven y Providence lograron hacerse con el 99,32% del capital de MásMóvil antes de su exclusión bursátil, tanto a través de la Oferta Pública de Adquisición que llevó a cabo este verano como mediante las adquisiciones realizadas en el marco de la Orden Sostenida de Compra lanzada posteriormente.

La OPA de Lorca Telecom Bidco, que se llevó a cabo entre el 31 de julio y el 11 de septiembre, ambos incluidos, fue aceptada por los titulares de 113.819.588 acciones, que representaban un 86,41% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la entidad.

Tras ellas, los fondos lanzaron una Orden Sostenida de Compra el 23 de septiembre de 2020 dirigida a aquellas acciones de MásMóvil que no habían acudido a la oferta, al mismo precio de 22,5 euros por título.

En el marco de este proceso, que concluyó el 3 de noviembre, los fondos adquirieron alrededor de 16,99 millones de acciones, representativas del 12,9% del capital social, lo que elevó finalmente la participación final en MásMóvil de Lorca Telecom hasta los 130,81 millones de acciones de MásMóvil, representativas del 99,32% de su capital social.

MásMóvil comenzó a cotizar en el MAB en marzo de 2012 y consiguió multiplicar por 20 el valor de sus acciones y alcanzar una capitalización de más de 1.200 millones de euros antes de convertirse en la primera empresa de este segmento en dar el salto al Mercado Continuo el 14 de julio de 2017.

Posteriormente, el 24 de junio de 2019 MásMóvil volvió a marcar un nuevo hito al ser también la primera empresa del MAB que entró a formar parte del principal selectivo español, el Ibex 35, que abandonó el pasado 14 de septiembre tras conocerse que la OPA había logrado la aceptación mínima requerida por los fondos.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que los bancos deben seguir enfocándose en los costes y la digitalización para asegurar que tienen una mejor estructura y que son más eficientes, ante el impacto de los bajos tipos de interés en el negocio de las entidades, que «ya están acostumbradas».

Así lo ha manifestado durante su intervención en el foro ‘The Global Boardroom: Shaping the recovery’, organizado por el diario ‘Financial Times’, en el que ha participado junto a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.

«Tenemos que seguir enfocándonos en los costes y la digitalización para asegurarnos de que tenemos una mejor estructura y somos más eficientes», ha explicado.

Preguntado por la disyuntiva a la que los bancos se enfrentan entre apoyar a los clientes en la situación actual, y mantener la rentabilidad en el corto plazo, el consejero delegado de BBVA se ha mostrado rotundo: «Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo y seguir acompañando a nuestros clientes».

Para impulsar la inclusión financiera en los países más afectados por la crisis, Genç ha resaltado el papel de la tecnología. «Necesitamos encontrar la manera de atender a los clientes a un bajo coste. Y esto solo es posible a través de la tecnología», ha afirmado.

En este sentido, el directivo ha reconocido que la crisis ha evidenciado que «aún queda mucho por hacer» en materia de digitalización de los servicios financieros. «Seguiremos avanzando», ha confiado.

El consejero delegado de BBVA ha indicado que gran parte del cambio en el comportamiento de los consumidores hacia lo digital, impulsado por la pandemia, «está aquí para quedarse», una vez se supere la crisis.

Entre los principales cambios, ha citado el impulso a un nuevo modelo de relación con el cliente, en el que se aprovechen más los datos para brindar asesoramiento personalizado y ayudar a los clientes a mejorar su salud financiera. En cualquier caso, ha asegurado que las oficinas siguen teniendo un papel esencial para brindar un asesoramiento de valor a los clientes en este nuevo modelo.

En su opinión, los bancos deben construir una relación de confianza, tanto en los encuentros cara a cara con el cliente, como a través de los canales digitales. Según ha apuntado, la confianza se construye mediante el asesoramiento para ayudar a tomar buenas decisiones financieras.

De su lado, la presidenta de la JUR ha coincidido con Genç en que los bancos son parte de la solución en la recuperación económica y ha destacado que el sector afronta esta crisis desde una posición de mayor solidez financiera, con colchones de capital y liquidez sustancialmente reforzados desde 2008.

Los títulos de Ence Energía y Celulosa han liderado este viernes las subidas en la Bolsa española con un repunte de más del 15% tras acordar la venta del 49% de su filial de energías renovables (Ence Energía SLU) al fondo de inversión británico Ancala Partners por 359 millones de euros.

En concreto, las acciones de la compañía han sido las que más han brillado en la sesión en el Mercado Continuo, con una revalorización final del 15,18%, hasta los 2,603 euros.

La operación, que excluye la planta termosolar de Puertollano, implica valorar al negocio de energía renovable en un importe aproximado de 886 millones de euros, en el que están incluidos 154 millones de deuda. El precio supondrá una plusvalía potencial de hasta 184 millones de euros.

El precio de venta de 359 millones incluye determinadas variables vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo máximo de ocho años. Así, Ence recibirá un precio fijo de 225 millones de euros y un precio aplazado de carácter contingente cuyo importe máximo podrá alcanzar los 134 millones de euros.

Tras el acuerdo, Ence continuará manteniendo el control de su filial de renovables, al continuar siendo propietaria del 51% de su capital social, además de su participación del 90% en la planta termosolar de Puertollano. La compañía ha enmarcado esta operación en el objeto de potenciar el crecimiento de las energías renovables en España.

El rebote récord de la economía de la eurozona en el tercer trimestre, cuando el PIB de la región creció un 12,6%, después del hundimiento del 11,8% entre abril y junio, permitió un fuerte incremento del empleo, que aumentó un 0,9% trimestral, el mayor aumento de toda la serie histórica, con la suma de 2,54 millones de ocupados, una cifra que, sin embargo, representa menos de la mitad de los puestos perdidos desde final de 2019.

Según los datos de la oficina comunitaria de estadística consultados por Europa Press, la cifra de ocupados en el conjunto de la Unión Europea en el tercer trimestre alcanzó los 206,96 millones de personas, lo que supone un incremento de 3,55 millones de ocupados en comparación con el segundo trimestre, aunque aún se sitúa 2,5 millones por debajo de los 209,47 millones de personas trabajando registradas en el último trimestre de 2019.

En la eurozona, el rebote de la ocupación entre julio y septiembre alcanzó los 2,54 millones, una vez levantadas muchas de las restricciones aplicadas durante la Gran Reclusión, hasta totalizar 158,39 millones de ocupados en la región, todavía 2,78 millones menos que al finalizar 2019, después de que en los dos primeros trimestres de 2020 se destruyesen algo más de 5,3 millones de empleos.

De esta cifra, España registró en el tercer trimestre un aumento de 723.000 ocupados, un 28% del empleo generado en la eurozona, aunque la cifra de 19,5 millones de ocupados en el país aún representa una caída de 910.000 empleos en comparación con el cuarto trimestre de 2019.

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión récord del 12,6% en el tercer trimestre del año, después del desplome del 11,8% en el segundo trimestre y de la contracción del 3,7% en los tres primeros meses de 2020, según la segunda lectura del dato realizada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que ha rebajado en una décima su primera estimación.

A pesar del fuerte rebote registrado entre julio y septiembre, el PIB de la zona euro aún se mantenía un 4,4% por debajo de su nivel en el tercer trimestre de 2019.

En el conjunto de la UE, la economía de los Veintisiete experimentó una expansión récord del 11,6% en el tercer trimestre del año, lo que supone un fuerte rebote respecto del retroceso del 11,4% registrado entre abril y junio y del 3,3% en los tres primeros meses de 2020, pero supone una revisión de medio punto porcentual a la baja en relación a la primera estimación del dato, publicada el pasado 30 de octubre.

El PIB de la eurozona rebotó un 12,6% en el tercer trimestre, una décima menos de lo estimado. En comparación con el tercer trimestre de 2019, la economía de los Veintisiete era un 4,3% inferior.

Entre los países de la UE, Francia registró el mayor repunte del PIB en el tercer trimestre, con un crecimiento del 18,2%, después de contraerse un 13,7% entre abril y junio, por delante de España, que experimentó un crecimiento del 16,7%, tras haber registrado un desplome del 17,8% en el segundo trimestre.

En comparación con el tercer trimestre de 2019, España registró un retroceso del 8,7%, el mayor de toda la UE, por delante de la contracción interanual del 6% observada en Rumanía y del 5,7% en Portugal

El G20 ha alcanzado acordado un marco común de actuación para llevar acabo reestructuraciones de deuda bilateral y otras medidas de apoyo para aquellos países pobres que lo soliciten y cuya economía se haya visto afectada por la pandemia de la Covid-19.

Según ha comunicado el Grupo de los 20 este viernes, el marco común alcanzado tiene el visto bueno del Club de París. «Dada la escala de la crisis del Covid-19, las significativas vulnerabilidades de deuda y las perspectivas en deterioro para muchos países de bajos ingresos, reconocemos que los tratamientos de deuda más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI) podrían ser necesarias dependiendo del caso», ha indicado el Grupo.

Los procesos para aprobar medidas adicionales de alivio de deuda se iniciarán a demanda del país deudor. Cualquier medida aprobada requerirá de un análisis de sostenibilidad de la deuda y de reestructuración realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. También será necesaria la valoración colectiva de los acreedores.

La deuda incluida para el tratamiento será toda aquella con un vencimiento superior a un año y solo se tendrán en cuenta las cuentas previas a marzo, ya que toda la financiación obtenida desde marzo está protegida por la DSSI.

Los países deudores que soliciten una reestructuración se compromete a proporcionar al FMI, al Banco Mundial y a todos los acreedores que participen en el proceso de la información necesaria sobre la deuda pública.

De su lado, todos los países del G20 se han comprometido a participar en los procesos iniciados si tienen deuda bilateral acordada con el país deudor. Los acreedores se coordinarán entre ellos para llegar a un acuerdo conjunto que sea acorde a las leyes nacionales y a la legislación internacional.

«En principio, los tratamientos de deuda no se llevarán a cabo en forma de reducciones o quitas de deuda. Si, en los casos más difíciles, fuera necesaria la reducción o quita como consecuencia del análisis del FMI y el Banco Mundial y la valoración de los acreedores, se dará especial consideración al hecho de que los países acreedores deben cumplir procedimientos domésticos», ha indicado el G20.

El Grupo ha asegurado que los países deudores que firmen un acuerdo de este tipo podrán buscar un tratamiento en iguales términos por parte de cualquier otro acreedor bilateral o privado.

Unidas Podemos ha defendido este viernes la necesidad de incorporar un registro de contratos en la nueva Ley de Cadena Alimentaria que deberá tramitar el Congreso de los Diputados tras su aprobación como proyecto el pasado 3 de noviembre en Consejo de Ministros.

Así lo ha anunciado tras mantener un encuentro este viernes con las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y La Unión, para recoger propuestas que mejoren vía enmiendas esta iniciativa legislativa y garantizar «una cadena alimentaria más justa y equilibrada».

A la reunión han asistido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, los diputados de Unidas Podemos Antón Gómez Reino e Isabel Franco, y la responsable de Sector Primario y Soberanía Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de Podemos y coordinadora general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel.

Unidas Podemos defiende que este registro de los contratos funcionaría como «mecanismo de control» y permitiría «garantizar definitivamente un precio mínimo para los productos agrarios, evitando la venta a pérdidas, o lo que es lo mismo, la venta de los productos agrarios por debajo del coste de producción».

Además también pretende que en la ley se incluya explícitamente a las medianas y grandes empresas de hostelería y restauración porque «actúan como verdaderos agentes con mucho poder dentro de la cadena alimentaria».

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado contra la autorización de la extradición a territorio mexicano del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en el país azteca.

El pasado mes de julio el industrial depositó una fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba su entrega.

En un auto dado a conocer este viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de este órgano confirma de forma unánime la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la Justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.

La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México SA a la empresa Tochos Holding, vinculada al ex director General de Pemex Emilio Lozoya por un importe de 3.4 millones de dólares.

En noviembre del mismo año Emilio Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de ciudad de México y un mes después, una vez elegido director general de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.

Los hechos investigados, según los veinte magistrados que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia española, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, «refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación», concluyen los magistrados.

El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, » pagando por adelantado ( dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director General de la empresa estatal Pemex la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos».

La Sala descarta la prescripción alegada por la defensa del empresario al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.

DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Rechaza igualmente los argumentos sobre una presunta persecución política alegada igualmente por el empresario en tanto que se persigue un delito común «de clara corrupción donde deviene ínsita legalmente la existencia de una Autoridad política, que no es la persona del reclamado, sino su contraparte, y donde se denuncia un fraude por sobre precio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue ante el hecho de haber pretendido y momentáneamente conseguido ocultarlo».

Insiste en que, según los indicios, Ancira introdujo en el mercado lícito mexicano el bien inmueble investigado mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicios al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política».

De acuerdo con la Justicia mexicana, Ancira está acusado de varios delitos de corrupción en colaboración con otros miembros de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como el que fuera director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, también detenido en España, en relación a unos negocios con la brasileña Odebrecht.