Los proyectos de la primera subasta renovable del periodo 2020-2025, que se celebró el pasado mes de enero y en la que se adjudicaron más de 3.000 megavatios (MW), crearán más de 25.000 puestos de trabajo y movilizarán una inversión de más de 2.000 millones de euros, según la información recogida por las empresas promotoras en sus planes estratégicos ligados a la implantación de las futuras instalaciones de generación, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, en torno a 13.500 empleos corresponderán a instalaciones eólicas y unos 14.000 estarán vinculados a instalaciones fotovoltaicas. Se estima que más de 12.000 puestos de trabajo serán empleos directos, concentrándose la mayor parte en los ámbitos local y regional.

En lo que se refiere a la movilización de la inversión, se calcula que cerca de 1.155 millones de euros irán asociados a la tecnología fotovoltaica y 997 millones de euros a la eólica. Así, la media de la inversión por unidad de potencia instalada prevista es de 0,67 millonesde euros por cada megavatio (MW).

La potencia de las instalaciones proyectadas asciende a un total de 3.034 MW, lo que permitirá cubrir toda la adjudicación de la subasta. Se estima que su puesta en marcha evitará cada año la emisión de unos 2,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supondrá unos 80 millones de toneladas a lo largo de su vida útil al desplazar a centrales que empleen combustibles fósiles.

UN TOTAL DE 36 PLANES

No obstante, estos planes se irán detallando y concretando según avance la tramitación. Los adjudicatarios han presentado 36 planes estratégicos con diferente grado de concreción que tendrán que completar con información más detallada en los siguientes pasos de la tramitación.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que, dado que aún no se han identificado las instalaciones concretas con las que atenderán a los compromisos de venta de energía de la subasta, «el contenido de esta primera versión de los planes es orientativo hasta que se disponga de la información precisa de dichas instalaciones».

PLAN ESTRATÉGICO

La resolución por la que se convoca la subasta establece la obligación de que los adjudicatarios aporten un plan estratégico en las solicitudes de inscripción que incluya aspectos como la descripción general de las inversiones, la estrategia de compras y contratación, las estimaciones de impacto sobre el empleo y sobre las oportunidades para la cadena de valor industrial, un análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida de las instalaciones y una estrategia de economía circular vinculada al tratamiento de los equipos al final de su vida útil.

La resolución de convocatoria de la subasta estipula un plazo de seis meses desde la inscripción en el registro electrónico del régimen económico de energías renovables para que los promotores identifiquen las instalaciones que proyectan construir para atender a los compromisos de entrega de energía derivados de la subasta.

La normativa permite identificar una potencia a instalar hasta un 50% superior a la potencia inscrita en el registro en la fase anterior. En este punto de la tramitación, donde el conocimiento de las instalaciones será mayor, los promotores deberán aportar versiones actualizadas de sus planes estratégicos y concretar, con mayor grado de detalle y exigencia, los aspectos relativos a los proyectos identificados.

Además, una vez finalizadas las instalaciones, los promotores tendrán que aportar un plan estratégico definitivo que deberá recoger el nivel de cumplimiento de las previsiones realizadas en los planes estratégicos anteriores.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han coincidido este jueves con la vicepresidenta Yolanda Díaz en señalar la formación, y en especial la Formación Profesional, para mejorar la productividad de las empresas españolas.

Han participado en Barcelona en una mesa redonda de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, junto a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, moderados por la directiva del Círculo Núria Cabutí.

Díaz ha apuntado a la formación como la salida imprescindible para garantizar la estabilidad en el empleo y ha criticado los datos de los contratos de formación, que ha calificado de «vergonzantes», ya que solo se han formalizado 8.000 en España.

Álvarez ha asegurado que si se quiere «sacar a los jóvenes de la precariedad y cambiar el modelo productivo», se debe apostar por la FP y, en concreto, por la formación dual, aunque reconoce que no se puede hacer en 24 horas.

Garamendi ha reivindicado la formación y ha recordado que en España hay una alta calificación universitaria pero que el número de personas con FP es reducido: «Mientras esto no se cambie» –ha dicho–, las empresas, especialmente las industriales, tendrán problemas para ocupar los puestos de trabajo que ofrecen.

«La clave va a estar en la formación y en el concepto de empleabilidad», según Garamendi, y ha añadido que los empleos ya no serán para toda la vida.

Ambos dirigentes han apuntado que el colectivo de trabajadores de más de 50 años también se está viendo expulsado del mercado laboral.

TURISMO

Garamendi ha destacado que «hay que mejorar el modelo productivo» español, que tiene déficits que se deben superar, y ha indicado que los territorios con más porcentaje del PIB procedente de la industria tienen un paro menor al de la media estatal.

De todos modos, Garamendi ha afirmado que «el turismo no sobra», pero que va a tener que evolucionar a partir de la digitalización y la sostenibilidad.

Ha lamentado además «el déficit brutal» en innovación que hay en España, donde se invierte el 1,2% del PIB, cuando debería ser del 3% según los acuerdos de Lisboa.

Por su parte, Álvarez ha criticado que el Banco de España sitúe la productividad como un problema de país, pero «recomiende congelar el salario mínimo», y ha advertido de que los sueldos bajos no ayudan a mejorar la productividad.

Ha coincidido en señalar los servicios como un sector donde la productividad es baja, y ha constatado la necesidad de transferir conocimientos de la universidad a la empresa para que las pymes puedan ganar cuotas de competitividad.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno una reforma urgente del bono social, de manera que suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas -tanto natural como propano y butano- y agua de las familias que sean consideradas consumidores vulnerables.

El bono social vigente, en el caso de la electricidad, representa un descuento del 25% de la factura -el 40% para familias en riesgo de exclusión social- con límites en la parte relativa al consumo de entre 1.380 y 4.140 kWh al año. No incluye el agua, aunque sí el gas natural.

En un comunicado, la asociación propone que la bonificación siga yendo a cargo de las compañías energéticas y, en el caso del agua, de sus suministradoras, con un límite en el consumo anual que en la electricidad oscilaría entre 3.600 y 5.200 kilovatios hora (kWh).

Facua indicó que ha remitido este jueves un documento con su propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; Consumo, Alberto Garzón; y Derechos sociales, Ione Belarra.

Para adquirir la condición de consumidores vulnerables, la propuesta de la asociación es que sus gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35% de sus ingresos y que estos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Además, con carácter general, Facua pide que pueda acceder al bono social cualquier familia que tenga esos gastos y cuyos ingresos no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en 13.300 euros brutos al año.

Este límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI -porcentaje que actualmente supondría 2.660 euros- por cada hijo a cargo de la unidad de la vivienda. El incremento aplicable sería de 0,3 veces el SMI por cada hijo en el caso de las familias monoparentales. Además, el límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tuviese declarada discapacidad de al menos el 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada de forma permanente para realizar una actividad laboral, sea víctima de terrorismo o violencia de género -incluida la violencia económica-, podría accederse al bono social si los ingresos familiares no superan tres veces el SMI, sin perjuicio de los incrementos acumulados por cada hijo a cargo y persona mayor de 65 años.

FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, la asociación pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70% de su importe. Este límite de ingresos se incrementará de la misma forma que para el resto en función del número de hijos, dependientes, discapacitados o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Además, si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, la propuesta es que serán las empresas las que se hagan cargo del 100% de sus facturas.

En lo que respecta a las bonificaciones del 50% o el 70% propuestas por Facua, se aplicarían sobre la totalidad de la parte fija de las facturas y tendrán limites en la relativa al consumo. En el caso de la luz, el tope estará en 3.600 kWh anuales (una media de 300 al mes) en las familias de hasta dos personas, que aumentarán en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un tope de consumo anual de 5.200 kWh, añade la asociación.

Respecto a la prohibición de cortes de suministros, Facua reclama que sea para todos los consumidores en riesgo de exclusión social o que sufran ya la situación de exclusión. Además, también propone que se prohiban los cortes a cualquier familia reconocida como consumidores vulnerables en la que haya una persona con más de 65 años, discapacitada, dependiente, desempleada o menor de edad.

Los proyectos destinados a promover la sostenibilidad de los destinos turísticos españoles incluidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía elaborado por el Gobierno español deberán estar terminados antes de junio de 2026, según recoge el Plan de Recuperación español aprobado por Bruselas.

La Comisión Europea aprobó este miércoles el plan de recuperación elaborado por el Gobierno español con las reformas e inversiones con las que quiere captar las ayudas del fondo anticrisis de la UE, un paso que acerca el desembolso de los primeros 9.000 millones que llegarán en julio en forma de anticipo.

La evaluación positiva de Bruselas abre un plazo de cuatro semanas para que el plan español reciba también el visto bueno del resto de Estados miembros. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), se reunirán el próximo 13 de julio.

A España le corresponden unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación de 800.000 millones con el que la UE quiere sacar a las economías europeas de la crisis provocada por la pandemia y acelerar las transiciones verde y digital. Por el momento, el Gobierno solo ha solicitado los 69.500 millones que llegarán en forma de transferencias y ha dejado para más adelante la parte de préstamos a devolver.

En lo referido al turismo, el Gobierno prevé destinar un total de 3.400 millones de euros del plan para apoyar este sector, uno de los sectores más importantes de la economía nacional y uno de los más afectados durante la pandemia.

De este total 1.923 millones de euros irán destinados a la transformación hacia la sostenibilidad, 337 millones de euros a inversión digital e inteligencia en destinos y sectores, 220 millones de euros a resiliencia para territorios extrapeninsulares y 920 millones de euros a actuaciones especiales para reforzar la competitividad.

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

El plan aprobado por Bruselas incorpora como Componente 14 la propuesta de modernización y competitividad del sector turístico español que incluye una descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas financieras no reembolsables.

La propuesta del Gobierno español incluye la reforma del Real Decreto por el que se desarrolla el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT) cuyo objetivo es mejorar la competitividad del sector turístico fomentando la innovación y apoyando la eficiencia energética y la economía circular.

La reforma incluirá un plan de promoción del sector turístico, así cmo la puesta en marcha de un sitio web que recopila datos procedentes de diversas fuentes de estadísticas sobre el turismo (INE, Turespaña, el Banco de España, Aena y Renfe). La implementación de la reforma estará terminada, a más tardar, el 31 de diciembre de 2021.

INVERSIONES EN CUATRO BLOQUES

Las inversiones previstas en el plan en lo referido al turismo se dividen cuatro bloques fundamentales: transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico, estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, así como actuaciones especiales en el ámbito de la competitivdad.

En lo que se refiere a sostenibilidad, la inversión tiene por objeto reforzar la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica yterritorial del turismo y va dirigida a los destinos turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector.

Las inversiones serán destinadas a elaborar la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, los planes de sostenibilidad turística en destino, planes de sostenibilidad social, así como la transformación del actual Sistema de Calidad Turística Español en Destino (SICTED) en un Sistema de Sostenibilidad Turística Integral para destinos turísticos.

Las actuaciones en el marco de esta inversión se llevarán a cabo entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2026, con un periodo de desembolso a las entidades locales comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, y un periodo de ejecución que seprolongará hasta 2026. Los proyectos destinados a promover la sostenibilidad de los destinos turísticos en el marco de esta inversión deberán estar terminados a más tardar el 30 de junio de 2026.

Los criterios de selección deberán garantizar que 511 millones de euros, como mínimo, contribuyan al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático con un coeficiente climático del 100%, y 140 millones de euros, como mínimo, a los relacionados con un coeficiente climático del 40%. La implementación de la inversión estará terminada, a más tardar, el 30 de junio de 2026.

El segundo tramo de inversión está destinado al desarrollo de una plataforma inteligente de destino basada en inteligencia artificial que dote de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados al turista.

Las actuaciones en el marco de esta inversión se llevarán a cabo mediante licitaciones e inversiones directas. Al menos 1.000 empresas o agrupaciones de empresas deberán haber recibido financiación en el marco de los proyectos de inversión y deberá haberse puesto en marcha una Plataforma Inteligente de Destino a más tardar el 30 de junio de 2025. La implementación de la inversión estará terminada, a más tardar, el 30 de junio de 2025.

INVERSIÓN EN BALEARES Y CANARIAS

El apartado referido a estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares tiene por objeto responder a los retos específicos a los que se enfrenta el sector turístico en esos territorios.

Al menos 400 agentes económicos y sociales deberían haberse beneficiado de las inversiones en las regiones extrapeninsulares de aquí a junio de 2025. La implementación de la inversión estará terminada, a más tardar, el 30 de junio de 2025.

Y el último tramo de inversión prevista se destinará a medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector turístico: desarrollo de productos turísticos sostenibles, proyectos destinados a reducir los residuos o el consumo de energía de los establecimientos turísticos, mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, así como introducción de mejoras en las zonas comerciales de áreas locales de gran afluencia turística.

Al menos 60 proyectos en zonas comerciales situadas en áreas locales con alta afluencia turística deberán estar terminados a más tardar el 31 de diciembre de 2024. Las inversiones realizadas a más tardar el 30 de junio de 2025 darán lugar a la disponibilidad de 45 nuevos productos turísticos, como mínimo, y la finalización por parte de 3.400 establecimientos del sector turístico, como mínimo, de proyectos destinados a reducir sus residuos o su consumo de energía anuales. Además al menos 50 proyectos dirigidos al patrimonio histórico con interés turístico deberán estar terminados a más tardar el 30 de junio de 2026.

El Gobierno espera subvencionar al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga para esta clase de automóviles hasta 2023 gracias a los fondos europeos Next Generation del plan de Recuperación y Resiliencia.

Así se desprende del plan de recuperación enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas, que ha sido aprobado por la Comisión Europea este miércoles.  Esto supone estar un paso más cerca del desembolso de los primeros 9.000 millones de euros que llegarán en julio.

El Gobierno destinará unos 13.200 millones de euros de los fondos europeos a la estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, de los cuales unos 6.536 millones de euros irán dirigidos al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Entre otras acciones, estas inversiones irán encaminadas a financiar el nuevo Plan Moves III, que tendrá una vigencia más larga (hasta 2023) y estará dotado de 400 millones de euros, ampliables a 800 millones de euros si hay demanda. Con él, el Gobierno espera financiar al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga.

LAS AYUDAS TAMBIÉN IRÁN DESTINADAS AL TRANSPORTE EN TREN

Por su parte, también se financiarán al menos 85 proyectos en el marco del programa de ayudas Moves Proyectos Singulares, dirigido a fomentar la innovación industrial, tecnológica y de gestión, así como nuevos modelos de negocio vinculados a la movilidad sostenible.

Los más de 6.500 millones de euros también se destinarán a mejorar las líneas de Cercanías y las estaciones de tren, y unos 1.500 millones irán a parar a proyectos que contribuyan a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, como la transformación de las flotas de transporte público, la creación de zonas de bajas emisiones, la digitalización del transporte público y otras medidas para priorizar el transporte colectivo y la movilidad activa.

Este Componente 1 del plan del Gobierno pretende acelerar la penetración de la movilidad eléctrica y la delimitación de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia, algo que estará en vigor a partir de 2025.