El precio de los carburantes ha vuelto a registrar descensos esta semana, coincidiendo con el alza del número de rebrotes de coronavirus en todo el país y rompiendo así la tendencia alcista que mostró en las últimas tres semanas de agosto, que dieron esperanzas de recuperación al sector.

Así, el precio medio del litro de gasolina ha descendido esta última semana un 0,13% respecto al registrado siete días antes, hasta los 1,169 euros, al mismo tiempo que el de diésel ha bajado un 0,43%, para marcar un precio de 1,054 euros por litro.

Pese a que hasta la semana pasada, el litro de gasolina todavía continuaba experimentando alzas en su precio, el de gasóleo ya comenzó a mostrar síntomas de debilitamiento como consecuencia de una posible menor demanda por el avance de los brotes, ya que cayó un 0,17%.

No obstante, según datos del Boletín Petrolero de la UE consultados, desde los mínimos que tocó en mayo en plena pandemia del coronavirus, el precio del litro de gasolina y de gasóleo ha recuperado en torno a un 8% de su valor.

HASTA UN 13% MÁS BARATO QUE HACE UN AÑO

El impacto que ha ocasionado la crisis del Covid-19 en los precios se hace más evidente en su comparativa con el mismo periodo del año pasado. Así, en comparación con la misma semana de septiembre del año pasado, el precio ha caído hasta un 13%.

En concreto, en la primera semana de septiembre de 2019 el precio medio del litro de gasóleo era de 1,2 euros, en torno a un 13,7% por encima del precio actual, mientras que el de gasolina se situaba en 1,3 euros, un 11,3% más.

A pesar del encarecimiento de los precios en España, la gasolina sigue estando más barata respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,27 euros y 1,32 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,10 euros en la UE y 1,11 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado este jueves que el Gobierno esté estudiando una posible congelación de los sueldos de los empleados públicos, mientras que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, han eludido descartarlo.

Las dos ministras económicas han recordado además, por separado, que los empleados públicos vieron actualizadas sus retribuciones por encima de la inflación en los últimos años, ganando así poder adquisitivo.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en el Congreso que «el país se enfrenta a una situación muy complicada» y que, por ello, debe «estudiar todas las alternativas». «Los recursos son limitados y estamos trabajando, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial está trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles», ha aseverado.

MONTERO PREVÉ «AJUSTES FISCALES» EN LOS PRESUPUESTOS

Montero ha explicado que la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 ha provocado una caída de los ingresos tributarios, mermando la capacidad de recaudación de las administraciones, y que por ello serán necesarios «algunos ajustes fiscales» en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Por su parte, la titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho en una entrevista concedida a Cope, y recogida por Europa Press, que para elaborar los próximos Presupuestos «las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores», eludiendo aclarar una posible congelación.

Señalando el esfuerzo «muy importante» realizado por los trabajadores públicos en la pandemia, por lo que cree que «tiene que haber un reconocimiento general a su labor», ha dicho también que hay que tener en cuenta que en los últimos años ha habido «ganancias de poder adquisitivo» y que, en todo caso, los indicadores de este año apuntan a que habrá «inflación cero».

CALVO: «NO, NO ESTÁ ESO EN LA MESA»

A diferencia de la titular de Economía, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sí ha sido tajante al respeto. «No. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede», ha asegurado en otra entrevista, esta concedida a Antena 3.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han confirmado a Europa Press que hasta que no se apruebe el proyecto de ley de PGE «no hay nada» decidido al respecto.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido en una entrevista en Onda Cero que no le consta la posible congelación de las pensiones.

RECORTE Y CONGELACIÓN DE SUELDOS PÚBLICOS EN LA ANTERIOR CRISIS

En el año 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujo el sueldo de los funcionarios un 5%, y los años sucesivos el salario quedó congelado bajo el mandato de Mariano Rajoy, que en 2012 retiró la paga extraordinaria de diciembre, devuelta posteriormente.

En 2018 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alcanzó un acuerdo con los sindicatos para fijar subidas salariales hasta 2020 de entre el 6,1% y el 8,8% vinculadas al crecimiento y al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Para 2020 quedó fijado un aumento del 2% más una variable de hasta el 1% en función del PIB y otro 0,3% de fondos adicionales, en paralelo a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El impacto de las medidas adoptadas para paliar la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas al 6,1% del PIB hasta el mes de junio, mientras que el déficit del Estado escala al 5,4% del PIB hasta julio, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En concreto, en los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se situó en 60.413 millones, lo que equivale al 5,4% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,2%.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue de 68.524 millones hasta junio, lo que equivale al 6,12% del PIB.

Hacienda indica que el déficit del Estado hasta julio se explica por una caída de los ingresos del 15,8%, hasta los 95.716 millones de euros, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que, por el contrario, se produce un incremento del gasto del 21,4% (156.129 millones) por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Asimismo, el dato está afectado también por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

CAÍDA SUPERIOR AL 18% DE LOS INGRESOS IMPOSITIVOS

En cuanto a los ingresos del Estado hasta julio, los recursos impositivos, que representan el 80% del total, se situaron en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%.

Así, destaca por un lado el descenso del 14% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones, debido al menor consumo y a la caída de la actividad, así como a la minoración de ingresos por las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas y demás material sanitario.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14% y el IRPF, un 29,4%, como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital, en este caso un 78,5%, y las cotizaciones sociales, un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, hasta julio los recursos no financieros han ascendido a 156.129 millones, cifra superior en un 21,4% a la registrada en el mismo periodo de 2019, debido sobre todo a las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social.

Igualmente, los consumos intermedios se incrementaron en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la CovID-19, sin correspondencia en el año anterior.

MÁS REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS

De su lado, la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 231 millones.

Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 12,1% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 277 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 47%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

Por su parte, en la primera mitad de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 68.524 millones, lo que equivale al 6,12% del PIB.

Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 68.414 millones de euros, es decir, el 6,11% del PIB.

MENOR DÉFICIT DE LAS CCAA POR LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO.

Por administraciones, el Estado ha registrado un déficit del 4,40% del PIB hasta junio, excluida la ayuda financiera, mientras que las comunidades autónomas han registrado un déficit de 6.710 millones, loque supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIBregistrado hace un año, lo que supone un 19,6% menos.

Hacienda explica que esta mejor evolución de las comunidades se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar susrecursos y dar respuesta a la emergencia provocada por el Covid, como los anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018 o la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda. Además, los ingresos de las regiones se han incrementado un 7,3%.

Todas las comunidades, salvo Madrid, Navarra y País Vasco, registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, tres regiones (Canarias, País Vasco y La Rioja) tienen superávit o equilibrio presupuestario.

Por último y de acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, el impacto derivado de la Covid-19 alcanza los 3.890 millones en gasto en sanidad durante el primer semestre.

UGT ve «posturas alejadas» en la negociación sobre la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas, al considerar «absolutamente insuficiente» la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que pasa por modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que cree que será difícil alcanzar un punto de encuentro.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario de Administración General de Estado de UGT, Carlos Álvarez, tras la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito público.

Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, que tengan los mismo derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, si bien no ha precisado en cuáles.

Por este motivo, y al no concretarse si se realizará por negociación colectiva, ni el derecho a carrera, ni las retribuciones ni las compensaciones, además de por llegar «tarde y con prisas», ha indicado Álvarez.

Álvarez ha criticado que el documento ha llegado «tarde y con prisas» debido a que va adelantada la negociación de la Ley de Trabajo a distancia en el ámbito privado.

El Ministerio ha presentado el texto de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que UGT considera «absolutamente insuficiente», al ver necesario una norma de carácter básico que regule todos los aspectos y que, como en el ámbito privado, se respete la capacidad organizativa y legislativa de las administraciones.

De su lado, CC.OO. ha señalado que lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial y ha avisado de que no admitirá una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.

Por su parte, CSIF ha indicado en cambio que espera alcanzar en los próximos días un acuerdo con el Gobierno sobre este asunto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público como regulación básica para los funcionarios y el persona laboral de las administraciones.

LEY DEL TELETRABAJO EN EL ÁMBITO PRIVADO

En cuanto a la negociación referida a la nueva Ley de Trabajo a Distancia, ya avanzada entre Gobierno y sindicatos, se ha suspendido la reunión que había prevista para este jueves.

En el último borrador presentado el pasado viernes el Gobierno elevó del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad «solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa» y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.

El Gobierno y los sindicatos han iniciado este jueves la negociación sobre la nueva etapa de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para la que el Ministerio de Trabajo ha propuesto un modelo de protección «diferencial», no sectorial, que pasa por mantener los llamados ‘ERTE de rebrote’ y en paralelo un incremento de la protección para los que más tiempo lleven en ERTE por la pandemia, según han informado a Europa Press en fuentes del diálogo social.

Por su parte, los sindicatos ven «interesante» la nueva propuesta pero siguen reclamando que se mantengan las prestaciones tras los 180 días y una prórroga indefinida de los ERTE, paragüas bajo el que se encuentran aún algo menos de 700.000 trabajadores, si bien las partes volverán a reunirse el lunes con el objetivo de alcanzar un acuerdo la próxima semana.

Así se ha acordado en la reunión técnica celebrada este jueves entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos, en la que se han puesto «las cartas sobre la mesa» respecto a la estructura de los futuros ERTE y un calendario de reuniones «muy exigente» que conllevaría reuniones todos los días de la próxima semana para cerrar un acuerdo «cuanto antes», han indicado las mismas fuentes.

La propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo Pasa por un modelo de protección «diferencial», no sectorial, con el objetivo de mantener el llamado modelo de ‘ERTE de rebrote’ para los sectores y las empresas, en paralelo a un incremento de la protección para los que más lo necesiten, como aquellos que arrastren un ERTE desde marzo y se vean afectados como consecuencia de la pandemia.

De esta forma, el Ejecutivo no plantea un modelo sectorial como reclamaba la patronal, sino que en la práctica su modelo supone que todas las empresas podrían acogerse a un ERTE de rebrote en los casos en los que se viesen afectados por los mismos y también se aumentará la protección para aquellos casos en los que se acumule un ERTE desde hace meses.

LOS SINDICATOS VEN «INTERESANTE» LA PROPUESTA

Del lado sindical, fuentes de UGT han indicado que van a analizar el borrador, si bien siguen pidiendo el mantenimiento de las prestaciones tras 180 días y la prórroga «sin límites» de los ERTE, sin hablar de sectores concretos, así como reindustrialización para los fijos discontinuos y los temporales que no han generado cotizaciones con el fin de que puedan acceder al paro tras salir del ERTE.

En esta línea, desde CCOO ven «interesante» la propuesta del Gobierno, aunque matizan que hay «muchas cosas que negociar», si bien esperan alcanzar un acuerdo.

Ejecutivo y sindicatos se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes y el resto de días de la semana para tratar de lograr un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE.

Así las cosas, junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días, aunque la semana pasada se dejó entrever que había consenso al respecto.

El viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.

La sectorial vitivinícola de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) se ha reunido esta semana para analizar la situación que se vive en los inicios de la vendimia ante la «alarmante» caída de los precios de la uva, en la que han pedido que los precios de esta no se fijen por debajo de sus costes de producción.

«Desde Asaja se reclama responsabilidad, tanto a las bodegas como al resto de agentes implicados en las operaciones de compraventa, y máxima diligencia por parte de las administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos para que los precios de venta se sitúen por encima de los costes de producción, como recoge la ley de la cadena alimentaria», relatan desde la asociación.

La organización indica que el clima de preocupación es común en todas las zonas productoras, con una cosecha menor de lo esperado, que oscilará entre los 41 y 43 millones de hectolitros, los productores «no ven razones objetivas que justifiquen el hundimiento de precios de uva que se está produciendo».

En concreto, los precios en tablilla en Castilla-La Mancha, principal zona productora de España, han caído de media un 30% con respecto al año pasado.

Por ello, Asaja pide responsabilidad a todas las partes implicadas en las operaciones de compraventa. Los agricultores indican que esto evitaría las prácticas desleales por parte de algunas industrias .

«Desde Asaja exigimos a la administración que fije unos costes de producción de referencia para las distintas zonas productoras y se acabe así con este tipo de prácticas abusivas tan poco deseables y que abocan a los productores al colapso de su explotación», concluye.

El consejo de administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha destinado más de 181 millones de euros en las primeras convocatorias para financiar proyectos de tecnologías renovables en Andalucía, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.

El Ministerio explica que el paquete total de estas ayudas se dotó inicialmente con 316 millones de apoyo público. Esta primera inyección de recursos movilizará una inversión privada inicial de unos 551 millones y eliminará 712.000 toneladas equivalente de dióxido de carbono (CO2) al año.

En esta primera convocatoria, la generación eléctrica renovable contará con unos 80,2 millones de euros en apoyo; y la línea que financia instalaciones térmicas sumará casi 101 millones.

El reparto de estas primeras convocatorias se concreta con 124,3 millones en Andalucía, 10 millones en Asturias; 8,13 millones en Castilla-La Mancha; 7 millones en Cataluña; 16,7 millones en Extremadura; 11,1 millones en Madrid y 3,75 millones en Murcia.

Este paquete dirigido a renovables se complementa con otras dos líneas de apoyo público activadas por Miteco y coordinadas por IDAE, el plan de rehabilitación energética y la segunda convocatoria del programa de incentivo a la movilidad alternativa y sostenible MOVES.

En total, un conjunto de ayudas dotado con más de 700 millones de euros, alineado con las dos principales líneas señaladas por la Unión Europea para activar la recuperación de la economía frente al Covid-19, la transición energética y la digitalización.

Las ayudas a las renovables se dividen en la instalación de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, que apoya proyectos fotovoltaicos, eólicos, de biomasa o gases renovables; y las ayudas para la construcción de instalaciones que genere energía térmica a partir de fuentes renovables, que impulsa proyectos con tecnologías como la geotermia, la energía solar térmica, la aerotermia o la biomasa.

Entre otros sectores, las ayudas favorecerán la penetración de energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas. Los sectores industrial y de servicio son otros segmentos que pueden beneficiarse de este paquete.

El IDAE continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial de ayudas, de 316 millones de euros. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al Covid-19.

La Seguridad Social registró un déficit de 5.167,60 millones de euros a 31 de julio de 2020, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, y se sitúa en el 0,46% del PIB, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por operaciones no financieras de 97.797,62 millones de euros, que registran un incremento del 141%, y unos gastos reconocidas de 102.965,22 millones, que crecen un 11,74% respecto al mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de ingresos reconocidos, el 92,46% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 7,54% restante, a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a los gastos, el 88,55% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,45%, por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 94.934,15 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,5% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 11,86%, hasta un total de 102.866,29 millones de euros.

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 69.019,88 millones de euros, lo que supone una caída del 3,8%, con 2.725,53 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados de un 6,67% (4.519,64 millones de euros menos), mientras que la de desempleados se eleva un 44,91% (que supone 1.794,11 millones de euros más).

Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria. Unas medidas que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y que hasta junio de 2020 supusieron unos menores ingresos de 1.976,49 millones de euros.

A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia por un periodo de seis meses y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria por la situación provocada por la pandemia de Covid-19, que a 31 de julio se cifran en 441,19 millones de euros de cuotas reintegradas.

Por su parte, las transferencias corrientes ascienden a un total 28.015,16 millones, lo que representa un incremento del 117,13% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 25.871,08 millones, lo que supone un aumento interanual de un 144,98%.

Esto se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la Covid-19, aprobada el 26 de mayo.

MÁS GASTO EN PENSIONES

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 93.820,58 millones, un 8,56% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 91,12% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 87.009,79 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,19% (7.323,98 millones de euros más).

En un análisis más detallado, el gasto en pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,04%, hasta 75.078,02 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (+0,22%), en la elevación de la pensión media (+2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (+0,9%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, se elevaron hasta los 1.674,56 millones, un 13,87% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

SE DISPARA EL GASTO EN IT POR EL COVID

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 22,94%, hasta los 6.278,81 millones, debido a que el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registra un incremento del 66,53% (976,91 millones de euros) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a causa de los procesos derivados de la Covid-19.

En cuanto a la prestación extraordinaria para autónomos, su importe alcanza los 3.580,02 millones de euros hasta julio.

De su lado, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 6.810,79 millones de euros, un 1,05% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 5.412,17 millones, y a subsidios y otras prestaciones, 1.398,62 millones. De ellos, 1.356,86 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

SOLO 33 MILLONES DESTINADOS AL IMV

En cuanto a la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital, a 31 de julio, el gasto se cifra en 33,36 millones de euros, que corresponden a nóminas de prestaciones reconocidas en el mes de junio. Las nóminas de prestaciones reconocidas del mes de julio se abonan e imputan a presupuesto en el mes de agosto.

Los gastos de gestión, por su parte, marcan un retroceso del 1,3% interanual. En concreto, los gastos de personal han experimentado un aumento del 4,63%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyen el 10,75% y los gastos dedicados a inversiones, merman el 5,69%.

El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

España dejó de ingresar 4.909 millones de euros por fraude de IVA en 2018, lo que supone un 6% menos de lo que debería haber recaudado en ese ejercicio por el impuesto sobre el valor añadido, según consta en un informe publicado este jueves por la Comisión Europea.

En concreto, España recaudó en 2018 un total de 77.561 millones de euros gracias al IVA, pero este gravamen tendría que haber reportado unos ingresos a las arcas públicas de 82.470 millones de euros.

La llamada ‘brecha de IVA’ se sitúa, por tanto, en el 6%, un nivel en el que se mantiene constante desde 2015. Un año antes, en 2014, los casos de fraude, evasión fiscal y quiebra de empresas, entre otras razones, disparaban esta diferencia al 10%.

En conjunto, los países de la Unión Europea dejaron de percibir 140.042 millones de euros en 2014 debido a actividades fraudulentas en materia de IVA, una cifra que representa el 11% de toda la recaudación potencial.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre los socios comunitario, con porcentajes que varían entre el 1% registrado en Suecia y el 33,8% observado en Rumanía. Entre las grandes economías del bloque, Alemania contó hace dos años con una ‘brecha del IVA’ del 8,6%, Francia del 7,1% e Italia del 24,5%.

La Comisión Europea ha destacado que la ‘brecha del IVA’ ha mejorado en los últimos años, aunque también ha subrayado que se trata de un porcentaje «extremadamente alto» que empeorará en 2020 debido al impacto de la pandemia de coronavirus en la actividad económica.

Este hecho, argumenta Bruselas, «remarca una vez más la necesidad de una reforma amplia de las normas comunitarias del IVA» con el objetivo de «poner fin al fraude» y reforzar la cooperación entre los Estados miembros para mejorar la recaudación.

«En este momento precisamente, los países de la UE simplemente no se pueden permitir más pérdidas (de ingresos). Por eso necesitamos hacer más para fortalecer la lucha contra el fraude del IVA con una determinación renovada, al mismo tiempo que simplificamos los procedimientos y mejoramos la cooperación transfronteriza», ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%.

Al igual que en otros comunicados anteriores, el BCE ha explicado que estima que el precio del dinero se mantendrá en sus «niveles actuales o más bajos» hasta que considere que los pronósticos de inflación «convergen robustamente» con un nivel lo suficientemente cerca, pero por debajo, del 2%.

La autoridad presidida por Christine Lagarde también ha decidido mantener intacto su ritmo y volumen de compra de activos. Así, el banco central seguirá adelante con las compras flexibles bajo su programa de compra de activos contra la pandemia (PEPP), cuyo volumen total alcanza los 1,35 billones de euros. Sus compras netas se realizarán hasta junio de 2021 y las reinversiores de la deuda que venza se producirán hasta finales de 2022.

El instituto emisor seguirá comprando 20.000 millones netos al mes bajo su programa tradicional de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés). Hasta final de año, dispone de un paquete de compras adicional de 120.000 millones para distribuir en los meses en que considere más adecuado.

El BCE ha recalcado de nuevo, como en otras ocasiones, que seguirá comprando activos a este ritmo hasta poco después de que empiece a subir los tipos. Las reinversiones, en cambio, se mantendrán durante un periodo de tiempo «extendido» una vez que comience a elevar el precio del dinero.

INFLACIÓN Y PIB

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción anual del 14,7% en el segundo trimestre de 2020, frente a la caída del 3,2% de los tres meses anteriores, de acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

Por otro lado, los precios registraron en el mes de agosto una deflación del 0,2%, frente a la inflación del 0,4% de julio, debido a una caída generalizada de todas los componentes, especialmente de la energía y de los productos industriales.

Asimismo, la tasa de inflación subyacente de los países que han adoptado el euro como moneda común, que es el resultado de excluir del cálculo la evolución de los precios de la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, se contrajo en ocho décimas, hasta el 0,4%.

Con respecto al desempleo, la tasa de julio de la zona euro, la última disponible, se elevó en dos décimas, hasta el 7,9%. En el conjunto de la UE, el paro creció en una décima en el séptimo mes del año, hasta el 7,2%.

El próximo encuentro el Consejo de Gobierno del organismo responsable de la política monetaria de la eurozona se celebrará el próximo 29 de octubre.