El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este jueves la creación de una tarjeta sanitaria única europea para facilitar la movilidad turística.

Marín ha participado en una mesa de diálogo dentro del congreso ‘Tourism Innovation Summit’ que se celebra en Sevilla, y en la que también han intervenido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el europarlamentario y portavoz de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, según ha informado la Junta en una nota.

A partir del título ‘Un nuevo acuerdo para el turismo europeo digitalización y sostenibilidad’, los tres ponentes han compartido sus reflexiones sobre el nuevo horizonte que se abre para el sector a partir de la pandemia de la Covid-19.

UN MOMENTO COMPLICADO PARA EL SECTOR

El consejero de Turismo ha agradecido la invitación a participar en el congreso, «una oportunidad de analizar y reflexionar en un momento de extrema complicación para esta actividad», y ha aseverado que «no se puede entender Europa y España sin Andalucía.

En su intervención, Juan Marín ha subrayado la importancia de tener una visión a largo plazo «para trabajar en el futuro de este sector, uno de los más rentables para nuestra economía«, y ha defendido al sector turístico como «un motor estratégico» dentro de la Unión Europea, así como la necesidad, a su juicio, de vincular turismo y salud como un binomio inseparable a partir de las secuelas y consecuencias que va a dejar la crisis del coronavirus.

Para ello, el vicepresidente andaluz ha considerado de vital importancia «la adaptación de las empresas a las exigencias del mercado», y ha expuesto que, para lograr este objetivo, «las respuestas son la innovación y la cualificación a través de los profesionales y los empresarios».

En este sentido, ha resaltado el trabajo que desde Andalucía se está haciendo para alcanzar esta meta, «lo que nos permite estar en condiciones de ser un referente internacional en estos campos», según ha añadido.

Dentro de estrategia, el vicepresidente andaluz ha destacado la puesta en marcha de un hub andaluz de atracción de talento, y al respecto ha apuntado que «queremos que Andalucía sea la Silicom Valley del turismo», así como el trabajo en innovación que se hace desde Andalucía Lab o la puesta en marcha de las Cátedras de Turismo, en colaboración con las universidades andaluzas, para reflexionar y diseñar cómo será el turismo del futuro.

Por su parte, el europarlamentario José Ramón Bauzá ha felicitado a la Junta de Andalucía «por ser ejemplo de buenas prácticas e iniciativas turísticas». Además, ha defendido la actividad turística «por se generadora de economía, desarrollo, PIB, y por facilitar el bienestar a miles de familias que se ganan la vida gracias a ella».

CORREDOR TURÍSTICO

Paralelamente, y en una atención a medios, el vicepresidente de la Junta se ha pronunciado sobre la propuesta de crear corredores seguros para el turismo en España, y ha comentado que por parte del Gobierno andaluz llevan «mucho tiempo pidiendo participar en esas negociaciones que el Gobierno de España ha tenido con Baleares y Canarias», y a las que «ahora parece que se nos ha incluido a Valencia y también a Andalucía», según ha añadido.

Marín ha indicado que la Junta ha llevado a cabo «todas las medidas que se nos estaban pidiendo por los turoperadores a nivel internacional, entre ellas, poder tener una herramienta como el distintivo ‘Andalucía Segura’, además de ese seguro para todos los turistas internacionales que viajen a Andalucía a partir del 1 de enero, que tendrán absolutamente cubiertas todas sus necesidades», por parte del Gobierno de la Junta, «en materia sanitaria o económica a la hora de regresar a su país».

Son «propuestas que se nos habían hecho desde Alemania y más concretamente desde Reino Unido, a través de Turismo Andalucía, y ya las hemos puesto en marcha para que realmente podamos participar de ese proyecto conjunto, porque entendemos que Andalucía es un destino turístico a nivel internacional, el principal destino turístico que existe en nuestro país en ese ámbito», según ha añadido el vicepresidente antes de apostillar que «no podíamos quedarnos fuera de esas negociaciones, así que lo que agradezco es que se nos haya permitido participar de ella una vez que también hemos hecho lo que se nos estaba solicitando», según ha insistido para concluir.

La escasez de puntos de recarga, su alto precio o su poca autonomía son los principales motivos de los españoles para no comprar un vehículo eléctrico, a pesar de que cuatro de cada diez se ha planteado adquirir un modelo ‘cero emisiones’.

Así se desprende del estudio ‘Tendencia e intención de compra’ presentado por el portal de compraventa de vehículos Coches.net y elaborado por Market Research & Insights de Adevinta, que analiza las diferentes actitudes de los compradores y futuros compradores de coches durante este año.

Entre otros datos, a pesar de que un 40% de los encuestados se ha planteado comprar un automóvil eléctrico o híbrido, las ventas de coches de ocasión electrificados suponen solo el 2,5% del total y el 2,8% en el caso de coches nuevos.

Los principales motivos de los españoles para no comprar un coche eléctrico son la escasez de puntos de recarga; su precio, que es más elevado que un vehículo de gasolina o de diésel, así como su poca autonomía.

«Los usuarios son plenamente conscientes de las ventajas más destacadas de este tipo de vehículos. Por ello, los encuestados consideran que la principal ventaja que proporcionaría poseer un vehículo híbrido o eléctrico sería la reducción de la contaminación, así como la reducción del gasto de combustible», ha indicado Coches.net.

Los expertos del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) avisan del aumento «exponencial» de los concursos de acreedores como consecuencia de la crisis del Covid-19 y de sus efectos negativos sobre el empleo, por lo que reclaman la aprobación del Estatuto del Administrador concursal para el correcto funcionamiento del sistema concursal español y poner fin a la «terrible inseguridad jurídica».

Así se desprende del estudio realizado a los expertos, presentado en el III Congreso Nacional del RAJ por el presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez, y el presidente del RAJ, Eduardo Molina, que refleja que muchos de los encuestados destacan un drástico cambio al alza en la tendencia de años anteriores en la evolución de la actividad concursal, producido por el rápido deterioro económico generado por el Covid-19.

«El acelerado crecimiento en el número nuevos procesos concursales, el endurecimiento de las condiciones económicas en las que tienen lugar, los significativos efectos sobre el empleo y las mayores dificultades para recuperar los créditos y evitar la liquidación de las personas que entran en concurso de acreedores son los escenarios a los que nos enfrentamos», ha destacado Molina.

Esta tendencia, según el estudio, no ha frenado el constante deterioro en la remuneración de los administradores y ni el encarecimiento del coste de sus pólizas de seguros que viene produciéndose desde hace años.

RIESGO 

El presidente del Instituto, Ferrán Rodríguez, ha asegurado que ambas tendencias, sumadas a la falta de adecuación de la normativa concursal a las necesidades del tejido productivo español y, más en concreto, a la falta de aprobación del Estatuto del Administrador concursal, suponen un «serio riesgo» para el correcto funcionamiento del sistema concursal español, justo en un momento en el que de él depende en gran medida la recuperación de miles de empresas y puestos de trabajo.

En este sentido, Molina ha avisado que, de mantenerse las actuales circunstancias, con una «terrible inseguridad jurídica por la falta de aprobación del estatuto, con una exigua retribución, que en la mayoría de los casos no se llega a cobrar, con mayores costes y una profesión que inmerecidamente no goza del prestigio que se merece, difícilmente se podrá contar con profesionales formados y especializados en un futuro».

Igualmente, el presidente del Instituto explicó durante su intervención que el trabajo de los auditores de cuentas será fundamental para interpretar la transposición de la directiva sobre Insolvencia y evitar así que entren tantos procedimientos en el juzgado, evitando así el atasco.

AUMENTO EN PERSONAS FÍSICAS

El estudio apunta que los auditores constatan que empieza a haber un leve repunte del número de nuevos concursos voluntarios y necesarios, y aumentan de forma significativa los concursos procedentes de mediación y, sobre todo, las personas físicas concursadas.

Molina ha avisado de que este aumento, que ya venía siendo generalizado dada la situación de endeudamiento de las familias, con créditos fáciles de obtener, cierres de pequeños negocios y pérdidas de puestos de trabajo y una crisis económica galopante, hará que en los próximos meses y, sobre todo a partir del 14 de marzo, el número de los concursos de acreedores aumente «exponencialmente».

Respecto al comportamiento de los concursados, el estudio indica que persiste la tendencia a la caída en el número de convenios firmados y cumplidos y, aunque se observa un cambio al alza en la tendencia de las calificaciones culpables, de momento no puede decirse que esté produciéndose un aumento significativo de este tipo de procesos. Las peticiones de responsabilidad no muestran apenas variaciones, por lo que hay que entender que su número se mantiene en los tres años analizados.

Como consecuencia, por primera vez desde 2018, se produce un aumento, todavía no significativo, de EREs vinculados a concursos y en los periodos de pagos del Fogasa. De momento, el número de días pagados se mantiene en niveles pre-crisis.

Además, aunque en años anteriores tanto las recuperaciones de crédito ordinario como el importe recuperado de los deudores ya presentaban una tendencia a la baja, en 2020 está evolución se ha acentuado. Los resultados también evidencian que la Agencia Tributaria empieza a tener mayores problemas para recuperar sus créditos.

Por otra parte, el número de recusaciones, como en 2018 y 2019, presenta una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, los auditores ven «muy preocupante» la acentuada tendencia a la baja de los honorarios de los administradores concursales y el aumento de los costes de sus pólizas de seguros, consecuencia de la cada vez mayor litigiosidad que afecta a esta actividad.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que «en los próximos días» el Ejecutivo presentará «medidas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional» de personas vulnerables.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iglesias ha explicado que desde su departamento se sigue trabajando «para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia» y ha reconocido que se están produciendo lanzamientos durante esta segunda ola de pandemia.

Según ha explicado, el actual decreto que regula esta medida «no tiene capacidad de frenar» todos los desahucios, por lo que, según ha indicado, el Gobierno está preparando una medida para «evitar los desahucios sin alternativas habitacionales de las personas vulnerables». «Espero que no tardemos más de dos semanas», ha señalado.

En su intervención, Iglesias ha abogado por «seguir consolidando» en España «una cultura de la coalición» que, aunque sitúa al Ejecutivo «ante debates y situaciones que no se producirán con gobiernos de partido único», sí que conlleva «resultados positivos», como esta medida.

En concreto, ha indicado que la Vicepresidencia Segunda que él lidera, está trabajando en esta materia con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el socialista José Luis Ábalos. A veces la discrepancia y las diferencias conllevan medidas positivas para la gente y creo que esto es algo que hay que poner en valor», ha apuntado.

Los representantes de los trabajadores del sector bancario han advertido de que la negociación con la patronal sobre el nuevo convenio colectivo sectorial se ha estancado a pocas semanas de que venza la ultraactividad, debido a la insistencia de la AEB de ampliar la movilidad geográfica y congelar los trienios.

Según informaron fuentes sindicales, en la última reunión de la mesa del convenio se ha puesto de manifiesto la «enorme distancia» que todavía separa a ambas partes negociadoras para llegar a un acuerdo.

En concreto, la AEB estaría «dificultando el avance» de la negociación por su insistencia en ampliar el radio de movilidad geográfica hasta los 50 kilómetros y congelar la antigüedad (trienios), unas propuestas que los sindicatos rechazan categóricamente.

UN MES PARA LLEGAR A UN ACUERDO

En cuanto a los puntos de la propuesta conjunta que presentaron CC.OO., UGT y FINE que la AEB sí ha aceptado, se encuentran el aumento hasta 24 días de vacaciones y la posibilidad de fraccionarlas hasta en cuatro periodos, el cómputo de los permisos en días hábiles, la mejora en la cuantía y los plazos de los préstamos de vivienda, la creación de un nuevo préstamo para necesidades diversas, la regulación del teletrabajo en el convenio y el aumento del capitala del seguro de vida.

Asimismo, la patronal bancaria ha aceptado abordar algunos aspectos relativos a la transformación digital, adaptar el convenio al real decreto 6/2019, relativo a las licencias por nacimiento, adopción, guarda y acogimiento y cuidado de menores lactantes y mejorar el capítulo del régimen disciplinario.

El plazo para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo finaliza el 31 de diciembre. «Queda mucho por hacer y poco tiempo, pero difícilmente avanzaremos si AEB no retira sus propuestas de movilidad geográfica y trienios, inaceptables para Comisiones Obreras», ha comunicado dicho sindicato. La próxima reunión se celebrará próximo miércoles, 2 de diciembre.

Los depósitos de hogares y empresas residentes en España se redujeron un 0,35% durante el mes de octubre, hasta 1,186 billones de euros, 4.200 millones de euros por debajo del dato de septiembre, frente al aumento del 0,52% experimentado en el noveno mes del año.

Respecto al mismo mes de 2019, cuando se situaron en 1,083 billones de euros, el incremento de los depósitos de hogares y empresas fue del 9,43%.

Según los datos del Banco de España, fue la caída de los depósitos de las empresas la que motivó este descenso, pues los depósitos de los hogares volvieron a incrementarse en octubre por segundo mes consecutivo.

HOGARES

En concreto, los depósitos de los hogares crecieron un 0,3% en el mes, hasta 896.700 millones de euros, y un 7,47% respecto a octubre de 2019. De su lado, los depósitos de las empresas no financieras se situaron en 289.400 millones de euros, un 2,33% por debajo del mes previo y un 15,99% superior al dato de un año antes.

Según los datos del Banco de España, los depósitos del total de los residentes en España se redujeron un 0,38% en octubre, hasta 1,505 billones de euros. Respecto al año anterior, supone un aumento del 7,28%.

El importe de los depósitos de los residentes en España más el de los que están en el extranjero descendió un 0,28% en octubre, hasta 1,548 billones de euros. Respecto a un año antes, el incremento fue del 7,63%.

El PIB per cápita de España se situó en el 90% del promedio de la UE en 2019, la misma cifra desde el año 2016, según los datos de Funcas, que destaca que este estancamiento en la riqueza nacional por habitante demuestra que la economía española viene dando «claras señales de agotamiento estructural previas al Covid-19».

Además, Funcas indica que el porcentaje del 90% está «significativamente» por debajo del 98% de la media de la UE que alcanzó el PIB per cápita español en 2003, en pleno periodo de expansión económica.

Esta es una de las principales conclusiones que figuran en el último ‘Cuadernos de Información Económica’ de Funcas, donde se advierte de que la crisis generada por la pandemia golpea a una economía que ya no convergía con la UE-27 y apunta que la implementación del programa ‘Next Generation EU’ (NGEU) supone una «»gran oportunidad para revertir esas limitaciones estructurales y, en último término, para relanzar los procesos de convergencia en la UE.

El artículo de Ramon Xifré publicado por Funcas detalla que la falta de convergencia de España respecto a la media de la UE se manifiesta en indicadores como el porcentaje de población empleada, la intensidad inversora en I+D, pública y especialmente privada, y la ratio de deuda pública sobre PIB.

EL PROGRESO ES MÁS LENTO

En otros casos, la debilidad se observa en progresos más lentos, como la reducción en la tasa de abandono escolar y el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.

En este contexto, el autor señala que hay que dedicar especial atención a la administración de los fondos europeos, alcanzando consensos políticos y sociales y mejorando la capacidad de gestión con las reformas administrativas necesarias.

En todo caso, destaca que la propia naturaleza de los fondos y su orientación en términos de reformas a medio y largo plazo «pueden friccionar», junto con el retraso en la tramitación, con los estímulos a corto plazo que requiere la economía española desde los primeros meses de 2021.

Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, consejero delegado de Corporación Financiera Alba hasta su dimisión el pasado 16 de noviembre, ha renunciado también a su cargo de consejero de Banca March, por motivo de su jubilación.

Según ha informado Banca March en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martínez-Conde presentó su dimisión el pasado 24 de noviembre al cargo de consejero del banco, que ocupaba desde 2009.

No obstante, Martínez-Conde sí permanecerá como consejero externo en el consejo de administración de Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del grupo March, puesto al que se incorporó en el año 1994.

22 AÑOS AL FRENTE

El banco ha señalado su dedicación como presidente de la Comisión de Riesgos de Crédito en los últimos 22 años. Asimismo, subraya que ha contribuido «de manera inestimable» en sus diferentes posiciones, al crecimiento y consolidación tanto de Banca March como de otras empresas vinculadas.

«Durante todos estos años ha ejercido sus responsabilidades representando con ejemplaridad los valores de integridad, compromiso, exigencia, esfuerzo y ambición en los que se apoya la filosofía de gestión de la entidad», ha destacado Banca March.

Banco Sabadell y sindicatos retomarán este jueves por la tarde la negociación de las condiciones de un ajuste de plantilla, informan fuentes sindicales y confirman desde la entidad, la cual ha destacado su voluntad de «acelerar la hoja de ruta para ganar eficiencia», más allá de una posible fusión con BBVA.

El objetivo de la entidad financiera es cerrar un acuerdo esta misma semana con un ajuste que afecta a 1.800 personas, lo que supondría un ahorro de 115 millones de euros en costes anuales, un impacto neutro en capital y 1.300 millones más de plusvalías sobrantes, cifran estas fuentes.

En cuanto a los sindicatos, han explicado que que esperan llegar lo antes posible a un acuerdo, por el que llevan varias semanas de negociaciones, para que implique las mejores condiciones, «con el objetivo de que su baja no sea traumática».

La negociación laboral se pospuso temporalmente el 17 de noviembre, tras el anuncio de que Banco Sabadell y BBVA están analizando una eventual fusión. CC.OO. dijo entonces que, si hubiera fusión y una consiguiente reestructuración, «esta deberá preservar el empleo con aplicación de medidas voluntarias y no traumáticas».

El consejo de administración de Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha autorizado la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, por un importe superior a los 131 millones de euros.

El contrato, que tiene un plazo de ejecución de 52 meses, contempla el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de estas instalaciones, según informa el gestor ferroviario.

El objetivo de las actuaciones previstas, que incluyen en particular la implantación del sistema ERTMS, es dotar de mayor capacidad a la línea Madrid-Sevilla, así como renovar las instalaciones con el objetivo de mejorar su disponibilidad y su fiabilidad.

En concreto, el contrato licitado incluye actuaciones como la sustitución de los enclavamientos, garantizar la funcionalidad LZB o la instalación del sistema ERTMS y del sistema ASFA digital en todo el ámbito del proyecto.

Asimismo, plantea la modificación de los bloqueos con los enclavamientos colaterales de otras líneas, la sustitución de los armarios de los detectores de caída de objetos por nuevos armarios, la instalación del sistema de energía y el suministro de nuevos controladores de elementos de campo (FEC) redundantes para los CTC de línea y de respaldo.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por casi 18 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 974.489 afectados, de los que 6.037 corresponden sólo al mes de septiembre, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril).

De los 974.489 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta septiembre, el 99,3% (967.724 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,69% fueron objeto de un despido colectivo (6.765 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por más de 28 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los segundos se han reducido un 67,1%. En el mes de septiembre, 1.382 trabajadores de 6.037 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (4.655).

POR FUERZA MAYOR

De los 974.489 trabajadores afectados por ERE en los nueve primeros meses del año, casi siete de cada diez (666.035 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 1.250 la del mismo periodo del año pasado (533 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 307.921 trabajadores hasta septiembre, más de 2,6 veces que en los nueve primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de septiembre, 6.002 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que solo 35 lo son por procedimiento de fuerza mayor.

COMERCIO Y HOSTELERÍA

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta septiembre (277.154), junto a hostelería (151.018) y actividades administrativas (130.784), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.818).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta septiembre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (255.317), seguida de Cataluña (178.900) y Andalucía (121.733).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 84.584 trabajadores afectados; Castilla y León, con 47.201, y País Vasco (42.891). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.828) y Extremadura (7.826).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.

El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo «pionero» de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos de respuesta de solicitudes de información para avanzar hacia una «Administración pública 2.0».

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, durante la apertura del XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en la que ha destacado que se trata de un «gran paso» en la gestión integral y compartida del conocimiento, en la mayor eficiencia del uso de tecnologías de la información y un «revulsivo» para alcanzar mayores cotas de eficacia de la AEAT, avanzando hacia la «Administración Pública 2.0».

Bardón ha explicado que se están ultimando las instrucciones para la implantación de este nuevo modelo de gestión informática, de forma que la AEAT prestará colaboración técnica informática a los TEAC y a Tributos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos necesarios para la tramitación y resolución de los procedimientos de sus respectivas competencias.

En concreto, la AEAT alojará los sistemas de información de los TEAC y de la Dirección General de Tributos en aras de conseguir menores costes y para reducir la complejidad de la solución informática, ha precisado Bardón.

Además, ha resaltado, redundará en un mayor y mejor servicio público a los ciudadanos acortando los tiempos de respuesta en relación a sus reclamaciones y solicitudes de información y facilitará a los funcionarios el desarrollo de su trabajo.

Esta iniciativa «pionera» en el ámbito tributario es fruto de una consultoría realizada conjuntamente por la inspección de servicios del Ministerio de Hacienda y del servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria.

INVERSIÓN EN INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

De su lado, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Berta Tomás Vidal, ha subrayado la importancia de una administración tributaria con una informática «puntera» porque será «sinónimo de éxito» en la lucha contra el fraude fiscal más sofisticado, por lo que ha reivindicado la importancia «más que nunca» de la inversión en informática, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de esta inversión para mejorar la asistencia virtual al contribuyente, las visitas de los inspectores de Hacienda mediante videoconferencias y un mayor control de los datos de los contribuyentes, así como en mejorar el tratamiento de los «millones de datos» que dispone Hacienda de los ciudadanos.

CAMBIOS FISCALES

Por otra parte, Bardón ha indicado que la legislatura está marcada por la «mayor pandemia del siglo» y ha recordado que las previsiones son de una caída del PIB del 11,2% este año y un crecimiento del 9,8% en 2021, contando con los fondos europeos, pero ante el reto «enorme» de lograr la recuperación y garantizar el Estado de Bienestar cree en la «consecución» de ambos objetivos mediante políticas fiscales y presupuestarias «expansivas».

Aunque en un escenario con una actividad económica «resentida» muchas de las medidas anunciadas han tenido que ser pospuestas al momento en el que se supere la crisis, Bardón ha avanzado que se acometerá una reforma «en profundidad» del sistema tributario al presentar España un diferencial de 7 puntos por debajo de la media europea en ingresos públicos.

«No se puede tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera», ha enfatizado, por lo que aboga por replantear el sistema tributario para hacerlo «más justo» e inspirado en los principios de «igualdad y progresividad» para que «cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad».

Además, incorporará un compromiso medioambiental, adaptado a la economía del siglo XXI digital y globalizada, incentivará hábitos de vida saludable, contemplará la perspectiva de género y medidas coordinadas en el ámbito de la UE.

Así, ha repasado algunos de los cambios fiscales recogidos en los PGE, como el alza del IRPF a las rentas más altas, el límite del 95% a la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades o la reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, elevando el límite de reducción de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa para «potenciar las contribuciones a favor de los empleados».

A ello se sumarán en otras leyes los requisitos adicionales en las ‘sicav’ para beneficiarse de su régimen especial, como una participación mínima de 2.500 euros, y en el caso de las ‘socimi’, un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos.

También ha recordado la subida del IVA del 10% al 21% para bebidas azucaradas y edulcoradas para promover un «consumo responsable», o la subida del tipo de gravamen aplicable el Patrimonio al último tramo de la tarifa y su mantenimiento con carácter indefinido, así como el alza del 6% al 8% del tipo del impuesto a las primas de seguros, para ayudar en ambos casos ala consolidación de las finanzas públicas.

Por último, Bardón ha repasado las medias de la nueva Ley de lucha contra el fraude, que refuerza la normativa para exigir mayor transparencia actualizando la lista de paraísos fiscales, reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo de empresarios y profesionales, prohíbe amnistías fiscales, el software de doble uso, regula el mercado de criptodivisas y transpone la directiva europea antielusión, entre otros.