La firma automovilística Audi ha firmado este martes un memorando de entendimiento con la china FAW para la creación de una nueva empresa conjunta que se dedicará a la producción de modelos eléctricos en China a partir de 2024.
Tal como ha informado Audi, el objetivo es ensamblar en China automóviles ‘cero emisiones’ basados en la plataforma premium eléctrica (PPE, por sus siglas en inglés) que la marca ha desarrollado conjuntamente con Porsche.
«Esta decisión enfatiza la importancia estratégica del mercado chino. Por lo tanto, estamos impulsando activamente las innovaciones a nivel local», ha asegurado el presidente del consejo de administración de Audi, Markus Duesmann.
Desde enero hasta septiembre de 2020, Audi vendió 512.081 vehículos en China, un 4,5% más que en el mismo período del año anterior. A pesar de las interrupciones en la producción debido al coronavirus, la marca logró su mejor resultado en sus 30 años de historia en China.
La marca de los cuatro aros ya produce junto con FAW vehículos para el mercado chino. Audi ya opera en cuatro ubicaciones industriales en China en la empresa conjunta FAW-VW: en Changchun, Foshan, Tianjin y Qingdao, con una capacidad total de aproximadamente 700.000 vehículos al año.
Enel, a través de su filial de energías renovables en Estados Unidos, Enel Green Power North America, ha iniciado la construcción del proyecto Azure Sky de energía solar y almacenamiento de 284 megavatios (MW), para el que ha firmado un contrato de compraventa de energía (‘PPA’, por sus siglas en inglés) con The Home Depot para el suministro de sus tiendas, informó la energética.
En concreto, este es el segundo proyecto híbrido en América del Norte de Enel, matriz de la española Endesa, que integra una planta de energías renovables con almacenamiento en baterías a gran escala.
The Home Depot adquirirá la electricidad generada a partir de un lote de 75 MW del proyecto de energía solar Azure Sky en virtud del contrato de compraventa de energía.
A través del PPA, la energía que The Home Depot obtendrá anualmente del proyecto de energía solar Azure Sky es suficiente para alimentar más de 150 tiendas de The Home Depot. El acuerdo es la mayor adquisición de energía renovable del minorista de mejoras para el hogar y le permitirá hacer progresos sustanciales en el nuevo objetivo de sostenibilidad de la empresa de producir o adquirir 335 MW de energía renovable o alternativa, como se indica en el recientemente publicado 2020 ‘Responsability Report’.
El CEO de Enel Green Power y director de la línea de negocio Global Power Generation de Enel, Salvatore Bernabei, indicó que este proyecto demuestra que la compañía «se toma en serio el almacenamiento en América del Norte».
«Apenas unos meses después de nuestro anuncio del proyecto Lily, la innovación de Azure Sky es otro paso adelante hacia un futuro sostenible con plantas híbridas flexibles que generarán energía renovable y estabilizarán aún más las redes eléctricas», añadió.
Ubicado al Oeste del área de Dallas-Fort Worth en el condado de Haskell (Texas), el proyecto Azure Sky de energía solar y almacenamiento comprende una instalación fotovoltaica de 284 MW emparejada con una batería de 81 MW y se prevé que esté en funcionamiento para verano de 2021.
Se espera que los cerca de 700.000 paneles bifaciales PV de Azure Sky generen más de 586 gigavatios hora (GWh) al año, que se entregarán a la red y cargarán la batería ubicada en la misma instalación, lo que equivale a evitar la emisión anual a la atmósfera de más de 386.000 toneladas de CO2.
1 GW AL AÑO EN EEUU Y CANADÁ.
Enel Green Power está llevando a cabo una activa estrategia de crecimiento en Estados Unidos y Canadá y, como parte del plan estratégico trienal del Grupo Enel, se espera que instale alrededor de 1 gigavatio (GW) al año de nuevos proyectos eólicos y solares a escala de servicios públicos en ambos países.
Para cada proyecto renovable en desarrollo, Enel Green Power evalúa la oportunidad de almacenamiento emparejado para monetizar aún más la producción de energía de la planta renovable, al tiempo que proporciona beneficios adicionales como el apoyo a la fiabilidad de la red.
Hasta cinco comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar los fondos del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi un mes.
De esta manera, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura y Murcia no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado jueves día 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.
Por ello, 11,53 millones de euros de los 100 millones con los que cuenta el plan para ayudas a la compra de vehículos eléctricos no han sido movilizados, de los cuales 4,7 millones le corresponden a Canarias, mientras que Cantabria tenía acceso a 1,23 millones; Ceuta, 180.729 euros; Extremadura, 2,26 millones, y Murcia, 3,16 millones.
Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) han esperado hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo han publicado pero fuera de plazo.
En el caso de Baleares, han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche ‘cero emisiones’.
Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ve «incomprensible» que Baleares publique el plan «tarde» y con modificaciones que «reducen su eficacia y crean confusión», ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.
En la misma línea han hablado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) que ha calificado de «discriminatoria» las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.
TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN
A pesar de todo esto, fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consultadas por Europa Press han afirmado que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.
«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», han subrayado desde el IDEA.
En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien ha asegurado que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».
AYUDAS YA CONCEDIDAS
Las ayudas recogidas en la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible lanzado por el Gobierno están disponibles desde el 17 de junio para los consumidores interesados en la compra de un modelo ‘cero emisiones.
Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del plan, los españoles pudieron acceder a las ayudas para agilizar la puesta en marcha del mercado, a pesar de que las comunidades tenían hasta tres meses para gestionar el plan y solicitar al Gobierno la partida de los 100 millones de euros totales que le corresponde por número de habitantes. Un plazo que finalizó este jueves.
De esta manera, se permitió a los particulares adquirir el coche que necesitaban y luego acceder al subsidio, ya que en el caso del Plan Moves del año pasado muchas administraciones autonómicas tardaron meses en poner en marcha las ayudas, lo que retrasó y mitigó el efecto del Moves.
El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.
En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro que nunca va a abandonar a los trabajadores por cuenta propia y que la patronal se va a poner en marcha para ayudar al colectivo.
Así lo ha señalado durante su intervención en la XIX Edición de los Premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «La cabezonería de algún autónomo peleando por el comercio, por la hostelería o por los bares que solo abren en las fiestas, eso son los autónomos de este país y ese es el mundo de ATA», ha puesto en valor Garamendi.
El presidente de CEOE ha aprovechado para felicitar a ATA por sus 25 años de vida y por su trabajo desarrollado a lo largo de este año. También ha puesto en valor que la integración de ATA en la CEOE fue «un símbolo de unidad» para «sumar en España».
Por otro lado, ha remarcado que los mejores 40 años del Estado Social de Derecho español «han sido como consecuencia de la Constitución Española, a la que apoyamos y a su piedra angular, que es la Corona». «Ayer fue un día de reconocimiento y de festejar el Día de la Hispanidad y de la unidad de España», ha resaltado tras pedir lealtad, independencia y sentido de Estado.
De su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que el Covid sigue presente, pero en que este hecho no puede detener ni a los autónomos ni al resto de la sociedad. «Debemos ser muy prudentes y seguir a rajatabla las normas sanitarias, pero los autónomos no pueden parar y ATA tampoco», ha dejado claro.
«El Covid no nos puede impedir reconocer el trabajo y tesón de unos profesionales que en muchos casos se han convertido en héroes y, en otros, nos han dado un magnífico ejemplo de buen hacer», ha apostillado Amor.
Asimismo, ha dejado claro que va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, negociando con el Gobierno, para reconstruir España. De hecho, Amor ha dicho que ATA «siempre ha tenido vocación de actuación» y que va a seguir en ello para ser parte de la reconstrucción del país.
«SIN LOS AUTÓNOMOS LA ECONOMÍA NO PUEDE FUNCIONAR»
Sin autónomos la economía no puede funcionar, porque somos la correa de la mayor parte de la economía. La reconstrucción debe pasar por los autónomos, no hay otra alternativa», ha incidido su presidente, que ha aprovechado para dejar claro que la reconstrucción «solo se puede conseguir con unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica».
Amor ha concluido su turno de palabra diciendo que «los autónomos y las empresas tienen la misión para esta reconstrucción de generar actividad y empleo» y dejando claro que ahora «les toca a quienes tienen responsabilidad en la Administración y la política generar unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica». «Toca trabajar por ello», ha concluido.
APOYO DE CAIXABANK AL COLECTIVO
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presente en el acto, ha querido homenajear «al colectivo que peor lo está pasando» y ha puesto en valor que los autónomos son un ejemplo de «esfuerzo, entrega y resiliencia».
«Sabéis representar y simbolizar los mejores valores del conjunto de la sociedad española: valores de trabajo, de sacrificio y de empeño para sobreponeros y dar lo mejor de vosotros mismos para salir adelante», ha dicho durante su intervención.
Asimismo, Gortázar ha señalado que se siente orgulloso de que desde CaixaBank se haya podido apoyar a este colectivo con medidas como moratorias de préstamos, líneas de crédito con y sin avales del Estado, ayudas al comercio y al pago de proveedores. En la actualidad, más de un millón de autónomos españoles trabajan con la entidad.
«Muchos estáis pasando por tiempos extraordinariamente duros, necesitáis ayuda y queremos seguir apoyándoos», ha dicho, tras señalar que una vez se complete la fusión con Bankia, la entidad estará en mejores condiciones de apoyar a los autónomos y al tejido productivo español en general para conseguir salir de la crisis «sin dejar a nadie atrás» y para lograr una recuperación rápida, sostenida y sostenible.
La entrega de los premios ha estado presidida por su Majestad el Rey Felipe VI. También han estado presentes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente CEIM, Miguel Garrido; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
En esta edición, han sido premiados el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, el Consejo General de la Abogacía Española y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.
Por otro lado, el premio a la trayectoria profesional ha sido para Enrique Cornejo, y el premio al emprendedor para los hermanos Déborah y Rafael Casillas Gordillo, promotores de Concert Music Festival, «por saber reinventarlo en el Cabaret Festival».
La conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha estado presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado la distribución de 1,46 millones de euros entre las comunidades autónomas para apoyar a las explotaciones de porcino ibérico afectadas por la pandemia del coronavirus.
En concreto, el real decreto 687/2020 de julio, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector, ha tenido un «efecto claro» sobre el comportamiento de los precios en el mercado.
Así, cuando se hizo público su contenido, el precio del cerdo ibérico, cuya cotización se había igualado al del porcino de capa blanca, comenzó a recuperarse de manera sostenida, razón por la cual se han solicitado ayudas por menos animales de los previstos.
En todo caso, el pasado 30 de septiembre se publicó una modificación de esta norma para ampliar hasta el 15 de noviembre el plazo del periodo subvencionable, entre otros cambios.
El reparto se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las regiones con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.
Castilla y León es la región que contará con la mayor dotación de ayudas para el sector con un total de 609.120 euros, seguida por Extremadura (320.880 euros) y Murcia (289.284 euros).
Iberdrola se ha convertido en el primer emisor español en unirse a la red de bonos sostenibles del índice Nasdaq (NSBN, por sus siglas en inglés), informó la energética.
En concreto, esta red se convierte en una herramienta de gran utilidad para los inversores al disponer de información y soluciones para agregar datos de sus carteras en una sola plataforma y de forma sencilla.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado que, como principal emisor de bonos verdes y promotor renovable, la energética «apoya las finanzas sostenibles para acelerar la transición energética, así como cualquier iniciativa para afrontar el cambio climático, como la NSBN».
En 2014, se convirtió en la primera compañía española en abrir el mercado de bonos verdes y fue el mayor emisor privado de este tipo de bonos en el mundo en 2016 y 2017.
A cierre del primer semestre, el grupo energético contaba con un total de 11.400 millones de euros de financiación verde vía mercados de capitales.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este martes que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz están analizando en estos momentos si existe un marco jurídico que permita ayudar financieramente a la empresa Abengoa.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín ha manifestado que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, están en permanente contacto con los representantes de la empresa, a los que agradecen la labor que están realizando ante la difícil situación en la que han heredado la dirección.
Ha indicado que la solución pasa evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.
Ha añadido a este respecto que la Junta ha planteado siempre que cualquier medida de ese tipo la haría dentro del marco de la legalidad jurídica, porque lo que no se quiere es que Abengoa «sea otro caso de Isofotón».
«Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible», ha sentenciado el vicepresidente.
Las vulnerabilidades financieras del sistema, que ya eran elevadas antes de los primeros brotes de Covid-19, no han hecho otra cosa que incrementarse desde entonces, lo que puede llegar a suponer un freno a la recuperación y conducir a la economía a un escenario más adverso en el que quiebras generalizadas lleven a un reapreciación del riesgo de crédito y al endurecimiento de la concesión de préstamos, empeorando las condiciones financieras, según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«La pandemia de Covid-19 podría ser una importante prueba de resistencia para el sistema financiero mundial», advierte el FMI en su ‘Informe de Estabilidad Financiera Global’, donde apunta que factores desencadenantes como nuevos brotes del virus, pasos en falso en las políticas implementadas u otras sacudidas, podrían interactuar con las vulnerabilidades preexistentes y llevar a la economía a un escenario más adverso.
«Desde el brote de Covid-19, las vulnerabilidades han seguido aumentando», recuerda la institución.
En este sentido, el consejero financiero del FMI, Tobias Adrian, ha planteado la existencia del riesgo de que las medidas actuales puedan tener consecuencias no deseadas, como refleja la desconexión entre las valoraciones de las bolsas y el débil desempeño de la economía «real.
«Esa brecha puede reducirse gradualmente si la economía se recupera rápidamente. Pero si la recuperación se retrasa, por ejemplo, si se tarda más de lo esperado en controlar el virus, el optimismo de los inversores puede disminuir», ha advertido.
De este modo, las autoridades se enfrentan a la disyuntiva de prestar el apoyo necesario hoy y las implicaciones de las crecientes vulnerabilidades para el crecimiento a medio plazo.
En el caso de las empresas, el FMI admite que sin las medidas aplicadas para facilitar su endeudamiento se habría registrado un fuerte aumento en las quiebras, aunque recuerda que esta expansión de la deuda corporativa se ha sumado a unos niveles de apalancamiento ya elevados en varias economías, alertando de que «a medida que la crisis continúa desarrollándose, las presiones de liquidez pueden transformarse en insolvencias».
«El aumento del endeudamiento neto ha ayudado a reducir las presiones de liquidez y mitigado un aumento mayor en los incumplimientos en este momento. Sin embargo, el aumento de la deuda puede conducir a un deterioro de la capacidad de reembolso a medio plazo, poniendo en riesgo la solvencia», sostiene.
En este sentido, el FMI considera que la trayectoria futura de incumplimientos y quiebras dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de las autoridades para mantener unas condiciones de financiación acomodaticias y seguir proporcionando apoyo fiscal a empresas viables.
De este modo, es probable que las grandes empresas con acceso a los mercados de capitales eviten una erosión significativa de sus posiciones de capital a menos que haya un endurecimiento significativo en las condiciones de financiación, mientras que, sin embargo, las pymes son mucho más vulnerables
Las insolvencias generalizadas entre las pymes podrían tener un impacto macroeconómico directo significativo, así como implicaciones adversas para la situación del sector bancario, particularmente en Europa, donde las pymes representan más de la mitad de la producción total y aproximadamente dos tercios del empleo y, por lo tanto, puede afectar la estabilidad financiera a través de vínculos macrofinancieros.
«Dado que las pymes dependen casi por completo de la financiación bancaria, podrían suponer un fuente de vulnerabilidad, especialmente para los bancos regionales y pequeños», advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.
DÉFICIT DE CAPITAL DE LA BANCA
Asimismo, el informe apunta de cara al futuro que la resistencia de los bancos dependerá de la profundidad y duración de la recesión causada por el Covid-19, así como de la capacidad de los gobiernos para seguir apoyando al sector privado y del ritmo del reconocimiento de pérdidas.
De acuerdo con el escenario base planteado por el FMI en sus previsiones macroeconómicas de octubre de 2020 y teniendo en cuenta las políticas anunciadas para mitigar las dificultades de los prestatarios y respaldar los niveles de capital bancario, la mayoría de los bancos dispone de capacidad para absorber pérdidas y mantener reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital regulatorio.
Sin embargo, en el escenario adverso, caracterizado por una recesión más profunda y una recuperación más débil, existe una serie considerable de bancos cuyo capital caería por debajo del mínimo regulatorio.
Los bancos de importancia sistémica mundial tienden a obtener mejores resultados, señala el FMI, mientras que los bancos de los mercados emergentes parecen ser menos resistentes que sus pares en las economías avanzadas.
En este sentido, bajo el escenario adverso del FMI, el déficit de capital en relación con los requisitos mínimos de capital sería de unos 110.000 millones de dólares (93.586 millones de euros), mientras que el déficit de capital en relación con los requisitos regulatorios, incluyendo reservas de capital anticíclicas, reservas de conservación de capital y reservas sistémicas, podría alcanzar los 220.000 millones de dólares (187.182 millones de euros), después de contabilizar medidas de apoyo.
Por otro lado, el FMI advierte del incremento de las vulnerabilidades soberanas como consecuencia del amplio apoyo fiscal prestado por los países
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado este martes sus previsiones macroeconómicas mundiales, de las que se desprende que España mantendrá durante 2021 los niveles de desempleo que registrará al cierre de 2020, pese al repunte esperado del producto interior bruto (PIB). En concreto, el organismo considera que la tasa de paro en España cerrará este año en el 16,8%, frente al 14,1% observado en 2019. Para 2021, la previsión es que también cierre del año situada en el 16,8%.
Con la pandemia del covid-19 en pleno rebrote y la temporada de frío y lluvias llamando a la puerta, sabemos que el virus ha llegado de la peor forma, también porque tampoco tenemos constancia de qué forma pueda remitir y en qué tiempo. Es por esto que sumidos dentro de una situación cuanto menos surrealista y preocupante, es normal que cada uno de nosotros viva sugestionado ante el covid-19, resfriado, gripe…
Porque, por lo general, la realidad nos dice que el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como covid-19, se ha llevado consigo más de un millón de fallecidos en el mundo con más de 37 millones de casos. Ahora bien, en esta situación donde tenemos que prestar cada vez más atención, ¿cómo sabremos distinguir este covid-19 de un resfriado común o de la gripe? Lo conocemos desde Merca2.es.
Los síntomas del resfriado, gripe y covid-19 suelen confundirse entre sí
La situación de cuidados y precaución que debemos de contener la mayor parte del tiempo a causa del coronavirus y su covid-19 nos ha hecho replantear muchas de las situaciones cotidianas de nuestro día a día. Pero sin duda, la bajada de temperaturas nos pondrá aún más en alerta.
Y es que sumado a la importancia de no contagiarnos y mantener nuestro aviso en convivir de la manera más sana posible, la incertidumbre nos hace mostrar nuestro lado más hipocondríaco, sensación que nos lleva a preocupación y al miedo de padecer una enfermedad.
Es así que entre los muchos factores que llegan de cerca a partir de este covid-19, lo cierto es que debemos siempre procurar mantener la calma. Más ahora que con el frío llega el resfriado y la gripe, con síntomas que pueden (y suelen) confundirse con los del covid-19, por lo que en un sistema sanitario colapsado por la pandemia el diagnóstico es crucial.
Dificultad para respirar, fiebre, mucosidad… principales indicios del covid-19
Este es el principal punto de partida: la confusión. Porque entre los tres observamos que tenemos síntomas muy parecidos, y de una manera o de otra podemos atribuir a que se trata del covid-19 cuando en realidad es simplemente un resfriado común o gripe.
En lo que se refiere al covid-19, que es la causa del SARS-CoV-2, vemos que los síntomas se distribuyen de forma similar. Esto es fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolor muscular y de cabeza.
Por lo tanto, aquí ya vemos que la gripe comparte síntomas con el coronavirus. Esto es que experimentaremos fiebre y tos como lo primero, para luego irse produciendo nuevos efectos que irán creciendo gradualmente.
Esto llevará a una posible evolución de rápidamente problemas respiratorios serios, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos. Si se da diarrea, será un síntoma claro de ser enfermo de covid-19.
Los episodios del resfriado nos darán síntomas más leves que el covid-19
Conociendo los síntomas del covid-19 y los que son los primeros indicios que nos pueden decir que podemos haber sido contagiados por el coronavirus, uno de los aspectos fundamentales es saberlo comparar con los que nos llevará el resfriado.
En este caso, y a diferencia del de la gripe y su virus de la influenza, comprobaremos como tendremos unos episodios bastante dispares del que podría ocurrir en caso de que tengamos una infección de coronavirus por covid-19.
Y es que en lo que tiene que ver con el resfriado común de toda época otoñal o de invierno, es que esta tendrá capítulos o fases de congestión nasal, estornudos y puede que fiebre baja y tos, precisa. Sin embargo, la principal diferencia que daremos es que el covid-19 es de síntomas más pronunciados, por lo tanto aquí más leves, así como que su comienzo será de un modo menos gradual.
Las pruebas de detección, un método fiable para conocer si somos positivos en covid-19
Sobre el papel, estos síntomas del covid-19 que podemos experimentar a la hora de que suframos un contagio del virus son muy similares con los que tiene que ver con el resfriado o la gripe. Por eso son necesarias las pruebas.
Bien mediante los test de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés, así como otras pruebas de detección, que son las que nos confirmarán si hemos contraído el coronavirus en los últimos momentos.
Estas nos sacarán de dudas a la hora de comprobar si nuestra convicción de que podemos haber cogido el covid-19 es real, o si sólo tenemos un resfriado o gripe. No obstante, y más allá de las pruebas a las que nos podamos dirigir, tenemos que tener en cuenta que el resfriado, en su caso, tiene más que ver la congestión nasal.
¿La pérdida del olfato y gusto es igual?
Este aspecto es uno de los más importantes para conocer la situación real de nuestro posible contagio por covid-19, ya que la pérdida del olfato y del gusto es uno de los síntomas claros que daremos en él… pero lo cierto es que también se puede distinguir del resfriado y de la gripe.
En este caso, el covid-19 manifiesta una demora de aquellos que tienen otras causas de infecciones del tracto respiratorio. Aquí se da que a pesar de que los pacientes con coronavirus también pierden el sentido del olfato, pueden respirar libremente.
Algo que en el caso del resfriado o de la gripe no se da. También observamos que éstos no tienden a tener la nariz tapada o goteando y no pueden detectar saboresamargos o dulces. Su significado nos lleva a descubrir estas pruebas pueden utilizarse para discriminar entre los de covid-19 y las personas con un resfriado o gripe regular.
La recuperación es más dura y complicada con el coronavirus
En cuanto al momento de una recuperación, tenemos que apartar al covd-19 del resfriado y de la gripe por una sencilla razón. Y es que el cuadro del coronavirus presenta una dificultad mayor que el resto debido a que suele experimentar dolencias y complicaciones respiratorias.
Es más, estos pacientes que contraen el virus, llegan a desarrollar en su cuerpo coágulos de sangre en pulmones, corazón, piernas o cerebro, lo que lleva a que su recuperación tarde e implique mucha más dedicación que las del resfriado o gripe.
En su lugar, las dos más comunes o simples hacen ver que los enfermos puedan tener un plazo de entre dos semanas y 10 o 15 días para mostrarse parcial o, en su caso, completamente recuperados. Esto se debe, principalmente, a que el covid-19 se presenta como una enfermedad que ataca también al sistema inmunológico y cardiovascular.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se haya «por primera vez» tomado «en serio la construcción de un escenario de plena descarbonización del sistema energético».
La agencia internacional con sede en París ha publicado este martes la última edición de su informe ‘Perspectiva Mundial de la Energía’, en el que considera que las energías renovables cubrirían el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad durante la próxima década y pone de manifiesto que la energía solar fotovoltaica será el «nuevo rey» de los mercados eléctricos mundiales.
En una valoración facilitada por el Ministerio, Ribera destaca que la AIE «ha reforzado una idea con la que hasta ahora se mantenía más bien prudente», como es «la velocidad a la que crecen las energías renovables y su trascendencia para hacer frente a la emergencia climática que sin embargo se está acelerando a ojos vista».
La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que se necesita «del esfuerzo de la AIE para imaginar, para pensar, para construir escenarios de cero emisiones».
«Este ha sido el ejercicio en el que nos hemos embarcado los distintos gobiernos, las distintas empresas, y una visión de conjunto, como pueden ofrecer los escenarios que maneja la AIE, va a ser determinante para no cometer errores en las decisiones a corto plazo», añade al respecto.
Asimismo, subraya la necesidad de que en el año 2030, tal como pone de manifiesto el informe de la AIE, el 75% de la electricidad a escala global venga de fuentes bajas en emisiones y que «esta tendencia se acelere en los años siguientes para lograr, por fin, un escenario neto en emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno de 2050-2060».
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este martes a las comunidades autónomas que solicitará a la Comisión Europea la activación de medidas para el sector del vacuno, recogidas en la Organización Común de Mercados Agrarios, y que se anticipe «a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado» de este sector.
De esta forma y a propuesta de España, en el punto varios del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre, se presentará una declaración conjunta con otros Estados miembros para poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la carne de vacuno, muy afectado por la crisis del coronavirus.
Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está afectado por la caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio del añojo se encuentra un 8,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años en España.
Esta situación, tiene además un impacto directo sobre las explotaciones de vacas nodrizas, suministradoras de los animales para el cebo, cuyas cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un conjunto de explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y el mantenimiento de los ecosistemas.
Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados, pero en la actualidad la situación del mercado sigue mostrando señales negativas, por lo que Luis Planas solicitará la activación de nuevas medidas.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, explica la campaña de vacunación contra la gripe, que requerirá una «especial importancia» por la presencia también del coronavirus.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 895,9 millones de euros ente las comunidades autónomas con competencias en el ámbito laboral en el ejercicio de 2020.
En estos fondos se incluyen las partidas destinadas a programas como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora-T 2019-2021.
Los criterios objetivos para la distribución de estos fondos se fijaron en la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales que se celebró el 30 de septiembre de 2020.
Los más de 895,9 millones de euros se suman a los 1.048,54 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se repartieron entre las comunidades autónomas en el mes de abril.
Así, las administraciones recibirán más de 1.944,46 millones de euros para la ejecución de políticas de fomento del empleo, formación profesional para el empleo y para la modernización de los servicios públicos.
Un total de 800 millones de euros se destinarán a iniciativas de formación profesional para el empleo en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
También se destinarán 9,7 millones de euros a financiar el refuerzo del personal encargado de las labores de orientación en los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, lo que supone una asignación a cada comunidad autónoma un 2% superior a la del año 2019.
Además, 23,1 millones de euros se distribuyen en función de las personas con discapacidad severa que prestan sus servicios en centros especiales de empleo.
El Ministerio de Trabajo y economía Social ha apuntado también que se está tramitando una orden ministerial que aumente las ayudas para financiar el mantenimiento de la contratación en estas entidades con unas subvenciones que han aumentado del 50% al 55% del salario mínimo interprofesional.
El viernes 16 de octubre se iniciará el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la plantilla de la planta embotelladora de Coca-Cola en Málaga, que afecta a sus 77 trabajadores, según ha informado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Málaga, Andrés González Gato.
En la mañana de este martes, Coca-Cola ha trasladado al comité de empresa la intención de constituir la comisión negociadora del ERE, que, según ha explicado González, se realizará hasta este viernes, «día en que se inicie formalmente el ERE, trasladando la documentación que establece la ley al comité de empresa».
A partir de ese momento, ha anunciado, se iniciará el proceso de 30 días de negociación en el que ambas partes intentarán alcanzar un acuerdo en este aspecto.
El pasado jueves, 8 de octubre, la empresa anunció el cierre definitivo de la planta embotelladora situada en la ciudad de Málaga, con la idea de trasladar la producción al centro que tiene la empresa en La Rinconada (Sevilla). Esta decisión afecta a los 77 trabajadores de la planta embotelladora y, como señalaron desde CCOO, «a los más de 100 trabajadores temporales, que no estarán presentes en las negociaciones».
Desde el anuncio del cierre, el comité de empresa de Coca-Cola, todos pertenecientes a CCOO, anunciaron que negociarían «para alcanzar el mejor acuerdo para la plantilla, de la cual más de un tercio tendrán serias dificultades de reincorporación a la actividad laboral, pues tras más de 30 años de servicio, se encuentran en edad cercana a la jubilación y de difícil inserción en el mercado de trabajo».
Euskaltel y Adegi han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de «consolidar la digitalización como motor de crecimiento» de las empresas guipuzcoanas, según ha informado la operadora de telecomunicaciones en un comunicado.
El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, y el presidente del Grupo Euskaltel, Xabier Iturbe, han rubricado este acuerdo para «promover y consolidar servicios avanzados de telecomunicaciones» entre las empresas asociadas a la asociación guipuzcoana para «la mejora de su competitividad mediante la digitalización de sus procesos».
Mediante este acuerdo de colaboración, Euskaltel pone a disposición de las empresas asociadas a Adegi servicios de telecomunicaciones con «atención personalizada» a través de la Solución Pymes del operador, que «se adapta al número de puestos de trabajo, sin necesidad de inversión en centralitas y equipamientos», entre otros servicios.
Para Eduardo Junkera, «la digitalización se ha convertido en un motor de crecimiento que aporta beneficios a las empresas». «Ya habíamos constatado la importancia de la digitalización para el desarrollo de los negocios en momentos de normalidad. Ahora, en los momentos de crisis que estamos viviendo, es muy difícil imaginar la actividad empresarial sin ella», ha afirmado.
«La transformación digital ya no es una opción, sino que es una realidad inexorable y, ahora, en esta nueva realidad impuesta a consecuencia del covid-19, las compañías necesitan más que nunca contar con un servicio de telecomunicaciones cercano, seguro y adaptado en cada momento a sus necesidades», ha afirmado Iturbe, por su parte.
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido este martes adelantar a 2021 y 2022 el pago de los 8.000 millones de euros del fondo de recuperación que están destinados a fortalecer las ayudas para desarrollo rural y que la Comisión Europea había propuesto desembolsar entre 2022 y 2024.
El fondo europeo de recuperación de 750.000 millones –bautizado como ‘Next Generation EU’– incluye una partida extraordinaria para el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 7.500 millones de euros a precios de 2018 (8.070 millones a precios corrientes).
Bruselas propuso desembolsar esta dotación extra entre 2022 y 2024, pero tanto los Estados miembros como los eurodiputados han pedido adelantar los pagos ya al próximo año. La opinión de los segundos ha quedado patente este lunes en la votación de un informe que ha salido adelante con 46 votos a favor y dos abstenciones.
En concreto, los eurodiputados abogan por que un 30% de los 8.070 millones (2.420 millones) sea abonado ya en 2021 y el 70% restante (5.650 millones), un año después. Esta posición coincide con la acordada por las capitales, por lo que no se prevén problemas en este aspecto en las negociaciones que ahora deben comenzar entre ambas instituciones.
Estas cifras quedarán plasmadas en el reglamento sobre el periodo de transición de la Política Agrícola Común (PAC) actual, que se seguirá aplicando durante 2021 y 2022 ante el retraso de las negociaciones de la nueva.
En este contexto, los eurodiputados han propuesto que las inversiones de agricultores y ganaderos de la UE que contribuyan a las transiciones verde y digital sean financiadas hasta en 80% por los fondos europeos. Este porcentaje subiría al 90% en el caso de regiones menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas como Canarias.
Otro cambio que la Eurocámara pretende introducir contempla un incremento desde los 3.000 euros actuales hasta los 5.000 euros del nivel máximo de ayuda que el FEADER puede conceder a la producción de alimentos cubierta por los esquemas de calidad comunitaria. Además, quieren aumentar a 100.000 euros el importe máximo de ayudas a jóvenes agricultores.
Las 26 startups y 241 compañías españolas que han recibido inversión y han sido impulsadas por el área de innovación de Telefónica Empresas han incrementado sus ingresos un 18% en los últimos seis meses, según ha informado la operadora de telecomunicaciones en un comunicado.
En esta línea, la empresa añade en julio esta tendencia ha seguido al alza y han facturado un 32% más en comparación con el mismo periodo de 2019, gracias a que Telefónica Empresas ha ayudado a «agilizar los ciclos de venta y a adecuar sus productos y servicios para que den respuesta a la situación provocada por la pandemia».
En concreto, Telefónica destaca los casos de Telco, que ofrece en remoto el servicio de las centralitas y centros de atención al cliente; Devo, que proporciona una solución que optimiza el análisis de datos; Govertis, que ha creado una aplicación basada en IA para dar auditorias en ciberseguridad; Cibersuite, que ofrece soluciones wifi para todo tipo de recintos, o Humanox, que ha desarrollado espinilleras inteligentes conectadas por IoT para monitorizar el juego y la salud de los futbolistas.
En esta línea, también menciona a Leap in Value, que está detrás de un software de seguridad para evitar los ciberdelitos en grandes empresas; Imbox.me y su aplicación de mensajería instantánea para el entorno empresarial; SmartDS, que detecta y elimina los contenidos ilegales y piratas de la web; C&G, que impulsa soluciones tecnológicas sostenibles en varios frentes como es el reciclaje de dispositivos, y Avanzada 7, impulsor de proyectos de ingeniería de Voz sobre IP.
La operadora de telecomunicaciones remarca que los sectores que más han adoptado este tipo de soluciones han sido los de defensa y seguridad nacional; banca; ocio, como hoteles y restaurantes; seguros; industria; servicios; comercio minorista (retail) y Administración Pública.
La consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor, ha remarcado que en la compañía están seguros de que la tecnología «puede ayudar a reactivar la economía y a ser más competitivos» y ha subrayado que la digitalización permite automatizar tareas que no aportan ningún valor añadido al que los desempeña y servir de ayuda al profesional que necesita simplificar los datos para aplicarlos a soluciones concretas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emplazado al Gobierno a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas tras la aplicación de la cláusula de escape que considera «pertinente».
En un informe, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como consecuencia de la pandemia de la Covd-19, puesto que la situación, de carácter extraordinario y que escapa al control de las administraciones, está teniendo un «fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos».
La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reclamó en junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula, en un contexto en el que la caída de la actividad podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020 según las últimas estimaciones de la AIReF.
Además, en su informe de julio, la AIReF estimó para 2020 un déficit del 11,9% del PIB que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, y proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 22,1 y 27,7 puntos en el año 2020, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 117,6% y el 123,2% del PIB en 2020.
En este contexto, la AIReF considera «pertinente» activar la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para priorizar la respuesta de las administraciones públicas a la crisis, quedando también ampliamente superados los objetivos fiscales aprobados previamente.
La suspensión, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, considera que debe llevar a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit».
En el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y la establecida a nivel nacional.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa, que fue activada en marzo para 2020 y en septiembre se extendió a 2021 y en consecuencia no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
En el ámbito nacional, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.
El pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021. La Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la AIReF sobre la ocurrencia de esos supuestos, un trámite necesario para dar cumplimiento al procedimiento y hacer efectiva la cláusula de escape.
PLAN DE REEQUILIBRIO FISCAL A MEDIO PLAZO
Tras apreciar la pertinencia de la cláusula de escape, la Autoridad Fiscal reitera al Gobierno la recomendación de que realice esa planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera «realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones.
Para lograrlo cree que será necesario contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una «adecuada coordinación y corresponsabilidad».
También ve preciso considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la Covid-19, así como establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos, servir de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones, y promover su coordinación con el Plan de Recuperación y Resiliencia.
En varias ocasiones AIReF ha recomendado hacer uso del margen que permite la normativa española mediante la activación de la cláusula de escape y que se fuera preparando, tal y como exige la ley, la estrategia de salida que se plasmaría en un Plan de reequilibrio a medio plazo.
Además, subraya que el Plan de Recuperación para Europa o «Next Generation EU» concederá a las administraciones en los próximos años importantes recursos para la realización de inversiones y reformas que, por su propia naturaleza, tienen carácter plurianual, lo que «refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo.
Igualmente, recomendó en julio el establecimiento de una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración como nacional y europeo con un calendario tentativo, algo que el Ministerio de Hacienda consideró entonces que cumplía esta recomendación con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023.
Sin embargo, AIReF cree que este plan solo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo en la medida en que recoja las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, incluyendo la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo.
El 88% de los españoles está satisfecho con su vivienda actual y no se plantea cambiarla, según se desprende de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
No obstante, un 13% no está contento con su vivienda actual y, de entre estos, un 12% tiene la intención de cambiar de vivienda, mientras que el resto tiene ganas de realizar algún cambio en sus casas.
La encuesta apunta que un 6% quiere hacer una reforma integral, también que un 6% quiere cambiar el sistema de calefacción. De su lado, un 7% de los encuestados apuesta por cambiar el sistema de refrigeración, un 7,5% por reformar la cocina, un 10% por reformar los baños y un 3% solo quiere pintar.
La OCU también preguntó a los que tenían intención de adquirir una vivienda o les gustaría comprar, pero ahora mismo no pueden, cuáles eran sus preferencias y el 67% apuntó que elegiría un piso, mientras que un 18% se iría a una vivienda unifamiliar adosada o pareada y otro 15% dijo que optaría por una vivienda unifamiliar independiente.
También predominaban las viviendas de tres dormitorios, según el 44% de los encuestados. Además, en relación con la superficie del inmueble, uno de cada tres dijo que quería una vivienda de más de 100 metros cuadrados y nadie quería una de menos de 50 metros cuadrados.
El 73% apuntó que quería una plaza de garaje, un 68% terraza y un 62% trastero. En menor medida, valoraban que tuviese jardín (45%) o piscina (29%).
Según la OCU, otro aspecto importante se refiere al régimen de tenencia, ya que un 45% de los encuestados contempla la nueva vivienda en alquiler, frente al 52% que piensa en propiedad.
EL 72% NO SE PLANTEA REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN POR EL MOMENTO
Por otro lado, el estudio también apunta que el 72% no se plantea realizar ninguna operación por el momento, frente a un 4% que sí que tiene intención de comprar y otro 4% que piensa vender.
Además, existe otro 12% al que le gustaría comprar ahora una vivienda, pero no puede porque necesitaría un descuento de entre 20% o 40%, de media. No obstante, para un 23% de aquellos que querrían y no pueden, el descuento necesario debería ser superior al 50%.
Para la OCU, la encuesta da una idea de la dificultad que muchos compradores potenciales encuentran a la hora de plantearse comprar una vivienda «por el desfase existente entre los precios medios y la capacidad de pago de los hogares, especialmente de los jóvenes». Por último, ha puesto de relieve que sigue primando el precio, seguido de la seguridad del entorno. La disponibilidad de terraza o jardín es valorada con un 5,4 sobre 10, por encima de la altura del piso en el bloque.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos leyes que buscan reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas, con las que se obliga a las empresas a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.
Ambas leyes han sido elaboradas de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad y, según han señalado las dos ministras, Yolanda Díaz e Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un logro «histórico».
En el texto que trata la igualdad retributiva, se desarrollan los instrumentos que hacen posible el principio de transparencia salarial y se garantiza el adecuado acceso de las personas trabajadoras a la información contenida en el registro retributivo.
Así, se determina que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto según el género. Las empresas deberán realizar, además, una auditoría retributiva, es decir, un diagnóstico de la situación salarial y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas.
Del mismo modo recoge que, por orden ministerial, se desarrollarán las herramientas modelo que podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo, con el objetivo de tener una información desglosada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor.
Además, los reglamentos establecen que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deben asegurarse de que se respetan los criterios para una adecuada valoración de los puestos de trabajo.
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES «VULNERADOS»
«A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestras empresas tengan retribuciones diferentes por el mismo trabajo», ha declarado la responsable de Trabajo. Según ha explicado, esta norma elimina una «aberrración» jurídica y democrática que «vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población».
Díaz ha defendido, además, que el momento de poner en marcha estas medidas es «ahora» para evitar que las mujeres salgan de esta crisis «más devaluadas de lo que entraron».
Montero, por su parte, ha señalado que para lograr una recuperación de esta crisis «las mujeres tienen que cobrar los mismo que los hombres por los mismos trabajos» y reducir la brecha de género que, actualmente, ronda en España el 22%. La nueva medida, ha indicado, pone «luz a las desigualdades» y que, en algunos casos «no son evidentes».
La ministra de Igualdad ha explicado que la clave de esta desigualdad no está en el salario base, sino en los complementos retributivos y en la valoración desigual de los trabajos. Según la responsable de Igualdad, es común un menor valor salarial de aquellos trabajos que se atribuyen culturalmente a las mujeres, como los cuidados, que a los que culturalmente se asocian a los hombres.
PLANES DE IGUALDAD
En cuanto a la segunda norma, sobre los planes de Igualdad, el Ejecutivo obligará a las compañías a registrarlos y a poner el énfasis en el diagnóstico con los efectos reales y sin reproducir estereotipos de género.
Además, busca reforzar el carácter negociado que deben tener los planes de igualdad, por lo que se establecen reglas de legitimación y se clarifica el procedimiento de negociación, particularmente en aquellas empresas que no tienen representantes legales.
Sobre este texto, Montero ha explicado que el objetivo es «detallar y abordar cómo debe hacerse el diagnóstico» en una empresa. «La igualdad es un derecho, pero es también una cuestión de eficacia y eficiencia económica», ha declarado Montero que, aunque ha celebrado el «avance» de estas medidas, reconoce que «no bastan» para terminar con la desigualdad existente. En este sentido, se ha comprometido a poner en marcha otras medidas «fuera del ámbito de trabajo».
«En las crisis, hay quienes quieren flexibilizar y desregularizar, especialmente en los avances relativos a la igualdad de género. Nuestro compromiso, sin embargo, es el contrario: el feminismo es brújula de la reconstrucción del país y desde esa perspectiva presentamos estos textos», ha concluido la titular de Igualdad.
Los dos textos legislativos son fruto del acuerdo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo, alcanzado el pasado mes de julio tras un proceso extenso de diálogo con los agentes sociales, y otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad, acordados en el marco del diálogo social, como han señalado ambos ministerios.
Así, los reales decretos garantizarán la igualdad retributiva, la efectividad de los planes de igualdad y su registro con información retributiva, desglosada y promediada, por clasificación profesional y por trabajos de igual valor.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que la campaña de la vendimia en Castilla La Mancha ha finalizado con un total de 23 millones de hectolitros de vino y mosto recogido, una campaña de tamaño «muy razonable» y con una cosecha que ha definido como de «enorme calidad».
El consejero, que ha realizado declaraciones a los medios antes de participar en una reunión por videoconferencia de la Asociación de Regiones Europeas Vitivinícolas, ha señalado que la producción «no ha sido muy grande» y que ha estado por debajo de la media de los últimos años, pero ha destacado que ha ido en consonancia con lo que estaba previsto.
Además, ha hecho hincapié en que la campaña se ha desarrollado «en muy buenas condiciones» en el ámbito sanitario, ya que no ha habido «ningún brote procedente de la pandemia». «Esto es muy importante para nosotros porque significa que se han hecho las cosas muy bien», ha subrayado.
CASI 22 MILLONES PARA RESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO
De otro lado, Martínez Arroyo ha señalado que se han realizado pagos «muy importantes» en reestructuración de viñedo a 576 viticultores, que han cobrado un total de 9,2 millones de euros. En total, ha sostenido el consejero, antes del 15 de octubre, fecha de finalización de la campaña de la Política Agraria Común (PAC), en Castilla-La Mancha se han conseguido pagar 21,9 millones de euros a 1.836 viticultores de la región.
Esto es, ha continuado, 2,5 millones más del presupuesto que estaba asignado para la región, lo que significa que se han hecho las cosas «muy bien». Por ello, ha querido dar las gracias tanto al sector como a los trabajadores de su consejería que, ha añadido, «han hecho posible una vez más que Castilla-La Mancha agote todos los fondos que le corresponden y además se haga cargo de recursos que otras comunidades no han podido pagar para que España no pierda fondos».
«Es una noticia excelente, seguimos trabajando por el sector y esto pone de manifiesto la necesidad de que en la futura PAC haya un programa específico de apoyo al sector del vino que incluya una medida como esta», ha concluido.
Cepsa y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT han acordado la retirada de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en materia de retribución salarial variable, que la compañía comunicó el pasado 3 de agosto, informó el sindicato.
En concreto, según el acuerdo alcanzado en la mediación realizada en el SIMA la pasada semana, la compañía renuncia a revisar en 2020 a la baja la fórmula de la retribución variable a miles de trabajadores de todo el grupo a través de un procedimiento interno sin cumplir lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Aunque el pasado 16 de septiembre, durante la reunión de la Comisión Paritaria previa a la mediación en el SIMA, Cepsa ofrecía retirar la modificación para el año 2020 solo a una parte de los afectados por la misma (unos 1.600 trabajadores de nómina convenio), finalmente no será así tras este último acuerdo.
Soltec Power Holdings, compañía especializada en soluciones integradas de energía solar fotovoltaica, ha configurado su consejo de administración con vistas a su próxima salida a Bolsa, en el que será el primer estreno en el mercado español desde finales de 2018.
En concreto, el órgano de dirección de la compañía estará formado por el cofundador y consejero delegado de Soltec, Raúl Morales, que ocupará la presidencia del consejo, así como tres vocales dominicales (José Morales, Marina Moreno y Marcos Sáez) y tres independientes (María Sicilia, Nuria Aliño y Fernando Caballero, quien desempeñará el cargo de consejero coordinador), informó la compañía.
El grupo de energías renovables indicó que la estructura y composición de su órgano rector demuestra su «firme compromiso» con la sostenibilidad, la transparencia, la diversidad y la independencia, «en línea con las mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo».
Raúl Morales, que será el único consejero con carácter ejecutivo, cuenta con más de 20 años de experiencia en fabricación, de los cuales más de 16 los ha desarrollado en el sector de la energía renovable.
NUEVOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES
Mientras, Soltec ha incorpora a María Sicilia, Nuria Aliño y Fernando Caballero como vocales independientes. Sicilia, que aúna más de 20 años de experiencia en el sector energético y es directora de Estrategia y miembro del Comité de Dirección de Enagás, ejercerá como presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Por su parte, Nuria Aliño, profesional de banca de inversión con una extensa y reconocida trayectoria de más de 25 años como Managing Director en el BBVA Corporate and Investment Banking, ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible. En la actualidad, es especialista en los servicios financieros digitales del IFC-Banco Mundial, con foco en transformación digital y también actúa como asesora activa en Open Banking para acelerar la inclusión financiera, competitividad e innovación, así como asesora de estrategia corporativa y estrategia digital en distintas entidades.
Mientras, Fernando Caballero, nombrado consejero Coordinador y presidente del Comité de Auditoría, es ‘managing director’ de Aon en España, compañía a la que se incorporó en el año 2000 y donde ha ocupado diferentes posiciones directivas.
Como consejeros dominicales ejercerán José Morales, Marina Moreno y Marcos Sáez. Morales, que cuenta con más de 42 años de experiencia en el sector de asesoramiento fiscal y contable, y 36 años en auditoría de cuentas, es responsable de la unidad de auditoría de la Secretaría General del Agua, la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y el Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Por su parte, Marina Moreno acumula más de cinco años de experiencia en diferentes puestos de dirección en departamentos financieros. Adicionalmente, Marcos Sáez aportará al máximo órgano ejecutivo de Soltec una sólida trayectoria de más de 23 años en finanzas como director financiero y director de administración de Zukan y el Grupo Corporativo Sefran, así como director ejecutivo de Zukan desde el año 2016.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, norma con la que espera recaudar 800 millones de euros al año y que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».
Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera «competitividad desleal» entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la «tolerancia cero» contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.
Así, ha explicado que la norma incluye medidas de «gran calado» que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude «más avanzadas y complejas», que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.
TAREAS DE PREVENCIÓN
También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida.
A su vez, se redice de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior. Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el «beneficio» a incumplidores «como hicieron gobiernos pasados», y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.
Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.
El conjunto de medidas podría generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, según ha estimado Montero.
