El FMI ha vuelto a poner el dedo en una llaga que muchos gobiernos europeos preferirían dejar tapada: los subsidios energéticos generalizados están drenando las cuentas públicas sin proteger de verdad a quien lo necesita. La advertencia llega en pleno shock por la guerra de Irán, con los precios del crudo y el gas otra vez disparados y los ejecutivos europeos repitiendo el guion de 2022. Mismo error, factura más cara.
El organismo dirigido por Kristalina Georgieva sostiene que las ayudas universales —rebajas de IVA en electricidad, topes al precio del gas, descuentos lineales en carburantes— benefician en mayor proporción a los hogares de renta alta, que consumen más energía, y dejan poco margen para reforzar la transición hacia un mix menos dependiente del exterior. La crítica, recogida por Financial Times, no es nueva, pero esta vez llega con un tono inusualmente duro.
El FMI y los subsidios energéticos: una factura que no para de crecer
Según los cálculos que el Fondo viene publicando desde 2023, las economías avanzadas europeas destinaron en torno al 1,2% de su PIB a medidas de alivio energético entre 2022 y 2024, una cifra que casi triplica el coste medio de los planes de ayuda al alquiler en el mismo periodo. En España, las medidas anticrisis acumuladas desde el inicio de la guerra de Ucrania superaron los 35.000 millones de euros, según las estimaciones de la AIReF.
Lo que el FMI pide ahora es sencillo de enunciar y políticamente incómodo de aplicar: focalizar las ayudas en los hogares vulnerables mediante transferencias directas, en lugar de bajar precios para todos. La diferencia no es menor. Un bono social bien diseñado puede llegar a costar entre cinco y diez veces menos que una rebaja generalizada del IVA eléctrico, y proteger mejor al decil de renta más bajo.
El problema es que las transferencias directas exigen identificar a los beneficiarios, cruzar bases de datos fiscales y asumir el coste político de dejar fuera a la clase media. Bajar el IVA, en cambio, se nota en el ticket del supermercado y en la factura del mes siguiente. Es comunicación, no política fiscal.
Crisis energética Europa: el déjà vu del shock de Irán
La nueva sacudida en el precio del crudo, provocada por el conflicto en el golfo Pérsico, ha reactivado el reflejo intervencionista en varias capitales europeas. Francia ya ha anunciado la prolongación de su escudo tarifario para el gas. Italia estudia reactivar el descuento al gasóleo profesional. España mantiene el IVA reducido al 10% en electricidad y la rebaja al gas, medidas que el Gobierno había planteado retirar de forma escalonada y que ahora se replantean.
El BCE, en su último Economic Bulletin, ya había advertido de que prorrogar estas ayudas alimenta la inflación subyacente al sostener artificialmente la demanda. Las proyecciones del FMI apuntan a un déficit fiscal medio del 3,4% en la zona euro para 2026, ocho décimas por encima de lo previsto hace un año, y los subsidios energéticos explican una parte relevante de esa desviación.
España no escapa al diagnóstico. La Comisión Europea reabrió en 2024 el procedimiento por déficit excesivo y el margen presupuestario es estrecho, sobre todo con un escenario de tipos del BCE que ha vuelto a moverse al alza tras el repunte del Brent por encima de los 110 dólares. El Banco de España calcula que cada décima adicional de gasto en ayudas universales equivale a unos 1.400 millones de euros, recursos que no van ni a sanidad, ni a vivienda, ni a inversión en redes.
Ayudas energía España: el coste de no aprender de 2022
Aquí es donde la crítica del FMI me parece especialmente pertinente. Hemos tenido tres años para rediseñar el bono social, ampliar su cobertura, automatizar la concesión y vincularlo al consumo real. No se ha hecho. El bono social eléctrico sigue infrautilizado: los datos de la CNMC muestran que apenas lo perciben 1,4 millones de hogares, cuando los potenciales beneficiarios superan ampliamente esa cifra. La burocracia, los requisitos cambiantes y la falta de información hacen el resto.
Mientras tanto, las medidas universales se aprueban en cuestión de semanas y se prorrogan casi por inercia. Cada Real Decreto de prórroga es una victoria política inmediata y una hipoteca fiscal a medio plazo. La trampa está montada: cuanto más se prolongan las ayudas generales, más difícil resulta retirarlas sin coste electoral, y más se erosiona la capacidad del Estado para responder al próximo shock —que llegará, porque siempre llega.
Cabe recordar que el FMI no escribe estos informes desde una pulcra neutralidad técnica. Tiene una agenda fiscal clara y una lectura ortodoxa del gasto público. Pero en este caso los números le dan la razón, y la experiencia europea de los últimos cuatro años también. Subsidiar el precio para todos es regresivo, caro e ineficaz frente al objetivo de descarbonización.
La pregunta que queda abierta es si los gobiernos europeos están dispuestos a pagar el coste político de hacerlo bien antes de que el próximo Consejo Ecofin de julio vuelva a poner el déficit sobre la mesa. Por lo que se ve estos meses,, la respuesta tiende al no.
