El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los presupuestos de explotación y de capital del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), correspondientes al ejercicio 2020.

En el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción presentado por el Gobierno se fija, como uno de los ejes clave para la reactivación, la electrificación del transporte, en línea con los objetivos de descarbonización y como apoyo a un sistema eléctrico cada vez más renovable en sus fuentes, aprovechando la importante cadena de valor existente en el país para atraer inversiones en fabricación de nuevos modelos electrificados y baterías.

Una de las principales medidas previstas en este plan es la activación del Plan Moves, que está coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y ofrece, entre otras iniciativas, ayudas a la compra de coches menos contaminantes.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) ejecutar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En concreto, el encargo del INE a la FNMT-RCM es para la prestación de los servicios de notificaciones electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

El INE tiene previsto ejecutar diversos encargos a la entidad pública empresarial FNMT-RCM, entre los que se encuentra la utilización del servicio DEH, de acuerdo con las directrices establecidas en el Acuerdo Marco de Encomienda de Gestión de la Administración General del Estado (AGE) a la FNMT-RCM de 2015, para la prestación de los servicios de notificaciones electrónicas y de Dirección Electrónica Habilitada.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido que la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero se ha visto ralentizada por la crisis del coronavirus, pero espera volver a impulsar el proyecto a principios de 2021.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, en la que ha comparecido para dar cuenta de la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.

«Estamos trabajando en la creación de esa Autoridad de Protección del Cliente Financiero, un trabajo que se ha visto un poco ralentizado a consecuencia de la pandemia en estos meses, pero que espero poder volver a impulsar e iniciar todo el procedimiento legislativo a principios del año 2021», ha explicado la ministra.

Además, Calviño ha aprovechado para recordar que la educación financiera es un tema «absolutamente prioritario» para el Gobierno y en el que la Autoridad de Protección tomará parte.

«Creo que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero ha de tener un papel importante en esta promoción de la educación financiera para el conjunto de la sociedad», ha afirmado.

Los planes del Gobierno contemplaban crear este organismo de resolución alternativa de litigios en materia de consumo antes de que finalizase el año 2020. Su intención es que este órgano sea gratuito para los usuarios y pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que España apuesta porque se alcance un acuerdo con Reino Unido en la recta final de las negociaciones del ‘Brexit’, aunque ha avanzado que en el caso de que se dé una salida abrupta se aplicarían los planes de contigencia oportunos.

«La posición de España es clara, la de luchar y apoyar a la Comisión Europea (CE) para que logremos un acuerdo con el Reino Unido que es la mejor opción para el futuro. Apostamos por ello, pero no descartamos ninguna hipótesis, y si hay salida sin acuerdo se aplicarían los planes de contingencia oportunos», ha asegurado Planas.

En concreto, el titular del ramo ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la reunión del consejo consultivo de política pesquera, en el que abordará con los consejeros de las comunidades autónomas la postura española en los temas a tratar en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, que se celebrará los días 15 y 16 de diciembre.

Planas ha recordado que las negociaciones se encuentran en la «recta final» y en un «compás de espera», por lo que confía en que se «preserven los intereses de España» y que se llegue a un acuerdo con el Reino Unido que sería el «mejor escenario deseable».

En la reunión de la semana que viene en Bruselas, el tema del ‘Brexit’ estará sobre la mesa, ya que en la reunión se abordarán las cuotas y TACs de pesca para los próximos años en el Atlántico y en el Mar del Norte. «Tenemos 146 pesquerías, 119 de ellas están afectadas por la pertenencia del Reino Unido, por lo que no están sobre la mesa», ha recordado Planas.

El titular de Pesca ha calificado de «particularmente complicada» la negociación de la próxima semana en Bruselas, que estará marcada por el Brexit y por el impacto del coronavirus, que ha afectado tanto a la actividad de la flota, como a los precios y al mercado.

Planas ha destacado que en la negociación de las cuotas, una de las prioridades españolas será la merluza del Sur, una pesquería de «gran valor» para España. «La UE propone la disminución de un 13%, pero España está en desacuerdo y nos oponemos a esa reducción, porque nos parece que es una pesquería muy importante para el conjunto de nuestra flota», ha avanzado.

También se mostrará en contra de la propuesta de la CE de la reducción del 15% los días de pesca disponibles para el Mediterráneo. «Vamos a mostrar nuestro desacuerdo, porque creemos que no se ha evaluado de forma correcta el esfuerzo del 10% realizado. El Mediterráneo tiene problemas vinculados con la pesca, pero también ambientales y otros, por lo que hay que enfocarlos y resolverlos de forma adecuada», ha explicado.

Respecto a las especies profundas, Planas ha señalado que están preocupados por la situación del besugo.

SATISFECHO POR EL ACUERDO PARA EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO PESQUERO

Por otro lado, Planas ha calificado de «excelente noticia» para la flota española el reciente acuerdo alcanzado para el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de la Acuicultura para el periodo 2021-2027. Mejora notablemente las ayudas de inversión y también cuestiones como la seguridad y las condiciones de trabajo en los barcos, donde hay tanto riesgo en seguridad y habitabilidad que era muy importante», ha explicado.

De esta forma, el ministro se ha congratulado de que se hayan cubierto la «totalidad» de los objetivos planteados por España. «La asignación de 1.120 millones de euros para este periodo convierte a España en el primer perceptor de fondos comunitarios y estimamos que esta aportación es suficiente para lograr nuestros objetivos», ha indicado.

Así, el titular del ramo ha destacado que en el Fondo Europeo se reconoce la posibilidad de paradas temporales para las mariscadoras, como ya se lograra durante la pandemia, además de que en la acuicultura se mantenga las ayudas.

Planas también ha destacado la importancia del acuerdo de pesca con Seychelles para los próximos seis años, donde faenan 24 buques españoles. «Este protocolo permite a la flota faenar en aquellas aguas que tienen un alto valor extractivo para nosotros», ha subrayado.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Gobierno va a someter a «examen» la fiscalidad en el sector de las telecomunicaciones, al margen de los Presupuestos de 2021. También ha indicado que se han detectado zonas en donde no había buena conexión móvil, por lo que se trabajará por avanzar en la conectividad y el despliegue de redes en todas las zonas a la vez, sin aplazar las zonas rurales.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para informar de los Presupuestos de 2021, en la que ha indicado que la fiscalidad del sector telecos es un tema «complejo» que «viene de antiguo», si bien ha anticipado que el Ejecutivo tiene la intención de someter a un «examen» dicha fiscalidad, aunque no se incluye dentro de los Presupuestos.

Sánchez ha avanzado que los proyectos de las leyes de Telecomunicaciones y comunicación audiovisual han finalizado el trámite de audiencia pública y se espera que comiencen su tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones.

El anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones establecía que las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, que presten servicios en España y facturen más de un millón de euros tendrán la obligación de inscribirse en el Registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas y abonar la tasa de un euro por cada 1.000 euros de ingresos que ya pagan actualmente los operadores tradicionales.

En su intervención, Sánchez ha explicado que el presupuesto de la secretaría se multiplica por tres, hasta los 1.160 millones, y se encargará de desarrollar tres ejes de la Estrategia España Digital 2020-2025, que pasan por el desarrollo de la conectividad digital, el impulso de la tecnología 5G y de España como polo de atracción de talento del sector audiovisual.

Así, en tres años la inversión en conectividad 5G ascenderá a 3.500 millones y se sumarán otros 200 millones para el plan de promoción del sector audiovisual en el ámbito de actuaciones contempladas en el fondo de recuperación.

CONECTIVIDAD Y 5G

Entre otras partidas, ha detallado que el Plan de Conectividad aprobado la semana pasada dispondrá de una financiación de 583 millones para garantizar la extensión de la banda ancha al 100% de la población con velocidad de al menos 100 megabytes por segundo en 2025.

Según Sánchez, este objetivo es «ambicioso pero realizable», ya que la cobertura poblacional de fibra óptica en España es del 80,4%, muy por delante de la media europea.

También se impulsará el despliegue de la tecnología 5G, en el marco de la estrategia de impulso a esta tecnología aprobada también la semana pasada que se hará también en áreas donde los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegue convencionales.

Para ello, se impulsarán corredores de transporte viales y ferroviarios, incorporando el 5G a proyectos tractores de digitalización sectorial en los sectores identificados en la Estrategia España Digital 2025, como el agroalimentario, salud, movilidad, turismo o comercio.

En esta línea, ha resaltado que España es uno de los países con mayor conectividad en el ámbito rural, ya que el 46,4% de la población rural dispone de banda ancha de 100 megabytes, y de 30 megabytes más del 80%, mientras que en Alemania, Francia o Reino Unido se sitúa entre el 6% y el 10% el porcentaje de cobertura de 100 megabytes en entorno rural.

«Estamos muy bien, no hemos hecho todo, tenemos un 50% que no hemos llegado a cubrir (con 10 megabytes) y aunque en cobertura de 30 megabytes la mayor parte tiene, hay entre un 15% y un 16% que no tiene acceso a los servicios», ha apuntado, por ello, ha indicado que se trabajará para que llegue la fibra óptica y esos 100 megabytes por segundo a todas las zonas.

En cuanto al coste, ha apuntado que en 2013 se dedicaban unos 60 euros por hogar pasado, mientras que la última convocatoria de extensión de banda ancha costaba 440 por hogar pasado, si bien los programas de extensión de banda ancha solían contar con unos 120 o 140 millones y para 2021 habrá 483 millones, cuatro veces más, lo que da muestra de la «enorme oportunidad» para completar el proceso, que usará también tecnología por satélite.

A este respecto, ha informado de que se ha detectado por la incidencia de la pandemia que había zonas donde se pensaba que había cobertura de 30 megabytes pero «no estaban bien cubiertas», a pesar de que figuraban en los mapas de conectividad.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones también ha adelantado que se acometerán una serie de medidas para promover e impulsar la inversión y hacerla «atractiva2 para el establecimiento de grandes centros de datos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha resaltado que la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia genera valor por sí misma y además «sobresale como la que más valor genera entre todas las posibles» para Bankia, por lo que mejora las posibilidades del FROB de recuperar las ayudas públicas.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja, en la que ha comparecido a petición propia, si bien el PP y Esquerra Republicana habían exigido sus explicaciones desde que se conocieron las negociaciones entre ambas entidades.

Calviño ha detallado que uno de los motivos que llevaron al FROB, accionista mayoritario de Bankia con el 61,8% del capital, a posicionarse favorablemente a la fusión fue que el informe independiente elaborado por Nomura determinó que la operación generaría valor para los accionistas de Bankia de forma significativa, en comparación con la alternativa de continuar como entidad independiente, y que además era la opción más conveniente para Bankia, frente a «otras operaciones razonables que han sido estudiadas antes de tomar la decisión».

En concreto, Calviño ha citado opciones como la adquisición de una entidad cotizada más pequeña, la fusión por absorción de Bankia por una entidad nacional de mayor tamaño o su adquisición por parte de una entidad internacional.

«Se trata de la operación más conveniente de todas las plausibles desde la perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta aspectos estratégicos como la generación de sinergias, el encaje de negocios, la posición comercial, el riesgo de ejecución, la fortaleza en términos de liquidez y solvencia de la entidad resultante o el grado en que se facilitaría la posterior desinversión», ha señalado la ministra.

GENERACIÓN DE VALOR POR MIL MILLONES ANUALES

Según ha recordado Calviño, la generación de valor podría rondar los 1.000 millones de euros anuales (740 millones en términos netos) y beneficiaría proporcionalmente más a los accionistas de Bankia, debido a los términos de la ecuación de canje.

«Esta operación no solo genera valor por sí misma, sino que sobresale como la que más valor genera entre todas las posibles y, por tanto, mejora las posibilidades del FROB de recuperar las ayudas públicas y defender así el interés de los contribuyentes españoles», ha sostenido.

En esta línea, Calviño ha señalado que Nomura ha estimado que la participación del Estado en una entidad más grande facilitará el proceso de desinversión mediante operaciones de mercado, al dotar a la acción de más liquidez y menor peso relativo del paquete a vender. «En su informe, el asesor independiente señala que reducir el número de operaciones en el mercado necesarias para completar el proceso de salida de la entidad permitirá aprovechar mejor las ventanas de oportunidad futuras de forma más eficiente», ha destacado.

SERÁ POSITIVA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA

Durante su comparecencia, Calviño también ha asegurado que la fusión tiene efectos positivos para la estabilidad del conjunto del sector financiero, inmerso en una profunda transformación derivada de la entrada en el mercado de nuevos competidores tecnológicos y del entorno de bajos tipos de interés, a lo que se suma el contexto económico provocado por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha recordado que las autoridades supervisoras comunitarias han venido advirtiendo, «de manera más insistente si cabe en los últimos meses», de la necesidad de profundizar en el proceso de consolidación financiera con «operaciones que den lugar a proyectos sólidos, sostenibles, con más sentido de negocio y mejores perspectivas a medio y largo plazo».

Tanto maximizar la recuperación de recursos públicos como el refuerzo del sistema financiero en su conjunto son dos de los principios fundamentales que guían la estrategia del FROB en Bankia.

Conseguirlo, según ha resaltado Calviño, pasa por tener «una entidad más fuerte, más eficiente y más sostenible en el tiempo», con mayores posibilidades de hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta el sector bancario en las próximas décadas: acometer un intenso proceso de digitalización para competir con los operadores tradicionales y con las bigtech y operar en un entorno de baja rentabilidad y prolongados tipos de interés negativos.

El negocio ha representado este año el 42% de la facturación de las empresas españolas, la misma proporción que el año anterior, aunque se espera que llegue al 45% en 2021, de acuerdo con un estudio elaborado por KPMG.

Las empresas españolas confían en la internacionalización como medio para la recuperación económica a pesar de que dos tercios de las compañías han visto reducida su demanda exterior, según un estudio en el que han colaborado varias firmas españolas.

La Covid-19 ha supuesto un retroceso coyuntural en la actividad empresarial fuera de España, habiéndose visto especialmente afectadas las compañías por la disminución de la demanda internacional (35%), la actividad comercial y promocional (33%) y la movilidad de personas (20%).

El estudio ha sido presentado en la IV Cumbre de Internacionalización y ha sido realizado por KPMG en colaboración con la Asociación Española de Directivos, el Club de Exportadores e Inversores Españoles, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, la CEOE y la Cámara de Comercio de España y con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones.

La socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España, Begoña Cristeto, ha señalado que las empresas españolas cuentan con «una elevada cobertura internacional«, algo que aumentará en los próximos años y que «será determinante para diversificar riesgos en un entorno global más complejo y volátil.

Según los resultados de este estudio, de media, el negocio internacional representó en 2019 un 42% de la facturación de las empresas españolas. Para 2020, los directivos esperan que esta proporción se mantenga prácticamente intacta y en 2021 prevén que el peso del negocio internacional en su facturación se eleve hasta el 45%.

La Unión Europea será el destino en el que más empresas incrementarán su actividad (en términos netos, un 37%). Por otro lado, Estados Unidos, que ya es un socio económico y comercial clave para las empresas españolas (es el primer destino de inversión en términos acumulados y el primer destino no comunitario de las exportaciones), podría incrementar su relevancia.

Es el segundo mercado prioritario de crecimiento, con un 35% de las respuestas. Latinoamérica (27%), China (24%) y sudeste asiático (20%) están igualmente entre las preferencias de los directivos a la hora de impulsar su crecimiento internacional.

‘EFECTO BREXIT’

Por el contrario, donde se estima una mayor disminución de actividad es en Reino Unido, un mercado muy condicionado por el efecto Brexit en el que un 25% de las compañías encuestadas espera una disminución de sus operaciones en los próximos años.

Los dos grupos de riesgos, económicos y sanitarios, son percibidos por los directivos encuestados como los de mayor impacto potencial en su internacionalización una vez superada la pandemia actual. Los riesgos geopolíticos y los riesgos sociales son los siguientes de mayor impacto, seguidos de los riesgos medioambientales y los riesgos tecnológicos.

Así, de las distintas opciones planteadas, para los directivos encuestados destacan especialmente seis retos en su expansión internacional: las presiones competitivas en el sector (señalado por el 83%), los nuevos hábitos y preferencias de consumo (70%), la transformación digital (65%), el proteccionismo (55%), la sostenibilidad (51%), y la resiliencia del modelo de negocio (49%).

Por otro lado, seis de cada 10 directivos creen que la crisis actual acelerará el trasvase económico del Atlántico al Pacífico en los próximos años, así como que es necesario tomar medidas de contingencia ante el Brexit en los próximos meses.

Asimismo, la mitad (49%) de los directivos españoles confían en que los Fondos Europeos (Next Generation EU) ayudarán a impulsar su internacionalización, mientras un 21% asegura desconocer los efectos de estas ayudas.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha anticipado este miércoles una tasa de crecimiento «ligeramente positiva» en el cuarto trimestre del año tras el repunte del 16,7% en el tercer trimestre, y ha subrayado que los avances en el desarrollo de una vacuna eficaz pueden suponer un «punto de inflexión» en el control de la pandemia y en consecuencia en la recuperación de la actividad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar de los Presupuestos de 2021, De la Cueva ha resaltado la «sorpresa positiva» del crecimiento del tercer trimestre y el levantamiento progresivo de las restricciones por la mejora de la situación sanitaria en las últimas semanas como factores positivos de cara al último trimestre del año.

De la Cueva ha explicado que los indicadores de actividad adelantados del cuarto trimestre muestran señales «mixtas», con unos indicadores de gasto más afectado por las restricciones, frente a la evolución «más favorable» de los indicadores laborales, recordando que la afiliación creció un 0,2% en noviembre.

De esta forma, ha indicado que el escenario central del Ejecutivo contempla una tasa de crecimiento «ligeramente positiva» para el cuarto trimestre del año, por lo que continúa la recuperación iniciada en el tercer trimestre, aunque con «cautela».

Y es que, según ha señalado, los avances en el desarrollo de una vacuna eficaz pueden suponer un «punto de inflexión» en el control de la pandemia y en consecuencia en la recuperación de la actividad.

A los avances en la vacuna se suma que se han alejado otros riesgos previstos en los Presupuestos, como las tensiones geopolíticas, la previsible vuelta al multilateralismo de Estados Unidos o un acuerdo del Brexit «más cerca», así como la histéresis, al protegerse el tejido productivo por la adopción de medidas que «han funcionado», según ha defendido De la Cueva citando a un informe del BCE.

Así, el escenario macroeconómico apunta a una caída del PIB del 11,2% este año y un crecimiento inercial del 7,2% en 2021, sustentado en una «intensa» reactivación de la demanda nacional, con recuperación del consumo y la inversión, que supondrá una aportación de 6,1 puntos, a lo que sumarán otros 1,1 puntos por el sector exterior.

De igual forma, ha aseverado que se mantendrán las políticas fiscales contracíclicas para impulsar la actividad y consolidar la recuperación, en paralelo al compromiso de una estrategia de consolidación fiscal para asegurar la sostenibilidad fiscal, con una previsión de reducir el déficit público del 11,3% del PIB este año al 7,7% en 2020 y que la ratio de deuda pública disminuye del 118% del PIB este año al 117,4% el próximo.

También ha recordado que tras reducir en 20.000 millones y recientemente en 5.000 millones las necesidades iniciales de emisión de deuda del Reino de España, se estima un ahorro en carga de la deuda de 2.300 millones pese a una emisión muy superior, de hasta 110.000 millones.

No he percibido un interés generalizado de la gente por irse del país, todo lo contrario, estamos permanentemente reunidos con empresas, inversores y asociaciones y hay un enorme interés en ver qué vamos a hacer, cómo invertir y por trabajar juntos. El sector empresarial está dando una respuesta absolutamente ejemplar y clara», ha apostillado.

La secretaria de Estado de Economía ha garantizado que se acometerán mecanismos de asignación de recursos que sean «eficientes y controlables» para un uso «prudente» de los recursos europeos, así como procedimientos «más ágiles» con un control «absolutamente riguroso como en cualquier uso de fondo público.

Igualmente, ha apuntado que los proyectos financiados con la UE conllevarán reformas y el Plan de Recuperación tiene que responder a las recomendaciones -país que viene realizando Bruselas, referidas a la eficiencia y la unidad e mercado, las trabas administrativas o en materia concursal.

A este respecto ha indicado que se ha acometido una «solución de emergencia» en el ámbito concursal, pero se trabajará en las «próximas semanas» para presentar un nuevo proyecto de reforma.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acudirá este jueves al Congreso de los Diputados para dar cuenta de las diferentes crisis industriales sucedidas en los últimos meses y sus planes de apoyo para sectores afectados por la crisis provocada por la pandemia de Covid de su competencia, como el turismo, la hostelería o el comercio.

Así, la ministra comparecerá a partir de las 12.00 horas en Comisión. Entre las solicitudes de comparecencia se encuentran aquellas referidas a las crisis industriales de Alcoa y Nissan, pero también los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el turismo, las restricciones impuestas por terceros países por la pandemia, la cancelación de viajes por el Imserso o el balance de la temporada turística de verano.

En la comparecencia Maroto también tendrá oportunidad de dar más detalles sobre el anunciado plan de ayudas a la hostelería y al comercio, el cual espera poder aprobar antes de que finalice el mes de diciembre según informaron desde su departamento, con el fin de paliar las consecuencias en el sector de las restricciones aprobadas por las diferentes administraciones para contener el rebrote de la pandemia de Covid.

Entre las posibles medidas que se contemplan como posibles en el plan para la hostelería está la bonificación y exención de cuotas a la Seguridad Social, condiciones diferenciadas y más flexibles en los créditos ICO, como un mayor plazo de amortización y carencia de los préstamos, o medidas para poder renegociar el alquiler de los locales.

LA PATRONAL DEL SECTOR RECLAMA 8.500 MILLONES EN AYUDAS DIRECTAS

Este mismo martes la patronal Hostelería España criticaba que este plan siguiera sin aprobarse ante la «desesperada» situación en la que se encuentra el sector por los efectos de la pandemia y las restricciones.

Y es que esta asociación reclama un paquete de ayudas directas de 8.500 millones de euros en ayudas directas, en línea de las medidas adoptadas por otros países europeos que, citan, han aprobado programas de entre 10.000 y 15.000 millones, en el caso de Alemania y Países Bajos, o Francia, en el que se destinan 6.000 millones de euros a las ayudas directas para bares y restaurantes.

Bares y restaurantes subrayan que la inacción del Gobierno y sus promesas incumplidas podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de empleos, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios.

La Comisión Europea quiere que la Unión Europea (UE) tenga en 2030 al menos 30 millones de vehículos ‘cero emisiones’, que haya cien ciudades del bloque climáticamente neutras, que el tráfico ferroviario de alta velocidad se haya duplicado y que haya un despliegue «a gran escala» de la movilidad automatizada.

Así consta en la estrategia para una movilidad sostenible e inteligente que ha desvelado este miércoles el Ejecutivo comunitario y que cuenta con un plan de acción que recoge más de 80 iniciativas a desarrollar en los próximos cuatro años.

Con ella, Bruselas pretende sentar las bases para que el sector del transporte en la UE sea «inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible», así como conseguir que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% hasta 2050.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Pacto Verde, Frans Timmermans, ha recordado en una rueda de prensa que «para alcanzar los objetivos climáticos, las emisiones procedentes del sector del transporte deben seguir presentando una clara tendencia a la baja», al tiempo que ha subrayado que la estrategia «transformará la forma en que las personas y las mercancías se desplazan en Europa.

«Hemos fijado unos objetivos ambiciosos para todo el sistema de transporte a fin de que la recuperación de la crisis provocada por el Covid-19 sea sostenible, inteligente y resiliente», ha enfatizado el holandés.

En particular, la Comisión quiere que en 2030 circulen por las carreteras europeas al menos 30 millones de vehículos ‘cero emisiones’, que cien ciudades consigan ser climáticamente neutras, que el tráfico ferroviario de alta velocidad se haya duplicado, que los viajes colectivos para trayectos de menos de 500 kilómetros sean también neutros, que exista un despliegue «a gran escala» de la movilizad automatizada y que haya buques ‘cero emisiones’ listos para su compraventa.

La estrategia también prevé que cinco años después, en 2035, haya aeronaves de gran tamaño que no emitan CO2 y que en 2050 «prácticamente todos» los automóviles, furgonetas, autobuses y vehículos pesados sean ‘cero emisiones’. La hoja de ruta también prevé que el tráfico de mercancías por ferrocarril se haya duplicado a mita de siglo.

«Debemos proporcionar a las empresas un marco estable para las inversiones ecológicas que tendrán que realizar durante las próximas décadas», ha avanzado la comisaria de Transportes, Adina Velan.

Para conseguirlo, esta hoja de ruta recoge un total de 82 «acciones» para hacer que el sector del transporte sea más «sostenible, inteligente y resiliente». Entre ellas, promover la aceptación de vehículos, buques y aviones sin emisiones, así como de combustibles hipocarbónicos y renovables, crear aeropuertos y puertos sin emisiones o hacer que la movilizad urbana sea saludable y sostenible.

UN PACTO CLIMÁTICO EUROPEO

Junto con la estrategia de movilidad, el Ejecutivo comunitario ha lanzado también el Pacto Europeo por el Clima, en el que invita a individuos, comunidades y organizaciones a participar en la acción por el clima y a «construir una Europa más verde».

El objetivo es contribuir a difundir información con base científica sobre el clima y proporcionar consejos prácticos para la vida cotidiana. Este Pacto servirá para apoyar iniciativas locales y fomentar compromisos en materia de acción climática por parte de particulares o colectivos.

Así, servirá de espacio para que personas «de toda clase» intercambien experiencia y desarrollen de forma conjunta soluciones al reto climático. Se trata de una iniciativa, «abierta, inclusiva y en evolución en favor de la acción por el clima», según detallan las autoridades comunitarias.

En este contexto, Bruselas ha puesto ya en marcha una convocatoria abierta en la que insta a ciudadanos y organizaciones a convertirse en embajadores del Pacto por el Clima. Los primeros embajadores de esta iniciativa se darán a conocer en el acto inaugural por videoconferencia que tendrá lugar el próximo miércoles.