La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado ajustar, a través de las autorizaciones de endeudamiento y, en su caso de los mecanismos extraordinarios de financiación, el endeudamiento de las comunidades autónomas a las necesidades reales de financiación y liquidez que presente cada una de ellas.

Así lo ha trasladado la institución tras la presentación este jueves del Informe de los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas (AAPP).

La AIReF ha insistido, una vez más, en la necesidad de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque resulte imprescindible atender a corto plazo a las urgencias económicas, sanitarias y sociales que esta crisis plantea.

Asimismo y en línea con otras recomendaciones sobre los datos de alta frecuencia, considera relevante realizar una nueva recomendación sobre la necesidad de mantener o incrementar las obligaciones de provisión de información de la actividad de las AAPP en un contexto de suspensión de las reglas fiscales.

El organismo también ha instado a realizar las actuaciones que sean pertinentes, en el ejercicio de sus funciones de coordinación de los órganos de tutela de las entidades locales, para promover acciones de seguimiento de los principales indicadores fiscales, a fin de garantizar que la gestión de fondos públicos de estas entidades en estos años de suspensión no comprometa la sostenibilidad de futuro de sus finanzas.

El Institut Agrícola subraya la relevancia del acuerdo sobre la Ley de Cambio Climático en el Congreso de los Diputados como un importante paso para el reconocimiento del sector forestal como agente imprescindible para luchar contra el cambio climático.

Lo que hasta ahora no era más que un número que restaba al cómputo de emisiones netas de gases contaminantes, requiere un espacio de protagonismo en línea con la evolución de la normativa europea que está profundizando en la valorización de un activo tan importante como son los bosques.

España tiene la tercera mayor superficie forestal de Europa, y una buena parte de ella está gestionada de manera sostenible, con lo cual la potencia de sumidero es extraordinariamente importante.

En estos últimos meses, el Institut Agrícola ha trabajado intensamente con los grupos parlamentarios para dar a conocer la contribución del sector forestal gestionado de manera sostenible a la lucha contra el cambio climático y cómo esta labor hoy no remunerada ni por el mercado ni por las políticas públicas, debe tener un reconocimiento económico a través de mecanismos transparentes de mercado, generando un valor añadido que permite generar riqueza en el territorio y ser, por tanto, uno de los antídotos fundamentales contra la despoblación de las zonas rurales.

Agradecemos especialmente la colaboración e implicación del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso para materializar vía Disposición Final de la Ley de Cambio Climático el camino a seguir en los próximos meses para, vía reforma de la Ley de Montes, articular los mecanismos de reconocimiento económico de las externalidades positivas del bosque, con criterio técnico-económico y buscando una solución de equilibrio para todas las partes.

Como organización empresarial con 170 años de historia que representa a propietarios forestales y agroalimentarios, nuestra voluntad es generar el marco que haga posible la sostenibilidad en todos los frentes: medioambiental, social y económica en nuestro sector. Para ello, vamos a seguir trabajando junto con el resto del sector y las instituciones en los próximos meses para lograr el mecanismo que permita reconocer económicamente el papel de sumidero de CO2 ejercido por los propietarios forestales.

El nuevo presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha afirmado que «es hora de adoptar medidas diferentes y valientes» para acabar con las elevadas tasas de desempleo y la precariedad laboral en el mercado de trabajo y, entre ellas, ha apostado por reducir el número de contratos y recortar el coste del despido.

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno de ‘Nueva Economía Fórum’, donde ha resaltado que las medidas deben ir en el camino de reducir las modalidades contractuales y dejarlas en tres o en reconocer que en España buena parte de la eventualidad tiene que ver con los costes del despido.

«Habrá que ver esto de forma valiente», ha apuntado, tras resaltar que los costes del despido en España deberían asemejarse a los países donde estos mejor funcionan.

Pérez-Sala aboga por reducir los tipos de contratos y que exista uno de aprendizaje, uno temporal por causa justificada y que todos los demás sean indefinidos.

«Hay que dar mucha más estabilidad al empleo. Es un compromiso con la sociedad y es hora de pensar en soluciones imaginativas y valientes«, ha resaltado.

También en materia laboral, el recientemente elegido presidente del Círculo de Empresarios ha dejado claro que la prioridad en estos momentos es el empleo, tras ser preguntado por si veía necesaria la prórroga del sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Para Pérez-Sala, «el empleo supone la recuperación de la economía y, como consecuencia, la recuperación de nuestras vidas. Asimismo, ha apuntado que algunas empresas no van a poder asumir los compromisos que adquirieron cuando pusieron en marcha sus ERTE por acontecimientos sobrevenidos y, «en algunos casos», por la «mala» gestión de las administraciones públicas.

Por otro lado, sobre la reforma de pensiones, ha destacado que le parece algo «absolutamente decisivo». «Es decisivo porque si no hacemos nada, nuestro sistema de pensiones se colapsará en muy poco tiempo y creemos que hay que tomar decisiones absolutamente urgentes y claras», ha añadido, tras dejar claro que «no se trata de reformar uno u otro parámetro, sino de reformarlo absolutamente todo».

CUENTAS NOCIONALES Y RETRASAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

«Tenemos que atajar el problema y significa que tenemos que hacer todo lo posible para que el sistema se equilibre y sea viable», ha dicho, tras afirmar que habrá que retrasar la edad de jubilación, calcular la jubilación con otros criterios, pero, desde su punto de vista, «lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de cuentas nocionales para que, de esta manera, las personas se den cuenta de que están recibiendo una contraprestación muy superior a sus aportaciones y para que los no jubilados se den cuenta de que van a tener que retrasar su edad de jubilación para tener una pensión digna».

Por otro lado, apuesta por realizar una serie de reformas que lleven a calcular la edad de jubilación de otra forma, computando todos los años de jubilación; decidir la edad de jubilación según la esperanza de vida, actualizar las pensiones de forma prudente, y, «sobre todo», retrasar la edad de retiro.

«La reforma del mercado laboral y la de pensiones están íntimamente ligadas y la solución pasa por reformarlo todo y retrasar la edad de jubilación», ha incidido.

Por otro lado, ha instado a dar seguridad jurídica, porque es «absolutamente fundamental para poder desarrollar la actividad económica y para poder convivir como ciudadanos en un estado de derecho donde se pueda desarrollar la vida de forma plena».

Por último, el presidente del Círculo de Empresarios ha animado e invitado a tener ilusión. «Nuestra sociedad tiene muchos problemas, pero estamos todos comprometidos a solucionarlos, solo falta que nos ayuden desde el poder político», ha añadido, tras remarcar la importancia que tiene potenciar el tamaño de las empresas españolas.

Los pequeños propietarios con viviendas en alquiler viven momentos convulsos ya que el Estado de alarma tras la pandemia del covid-19 ha paralizado los desahucios y ha aprobado una serie de medidas que ampara a los inquilinos. Pues bien, el 75% de estos caseros aceptarían medidas intervencionistas de los alquileres si, a cambio, se agilizasen los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible.

Durante la presentación del estudio ‘¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?’ realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los expertos han desvelado que el 78% de los encuestados creen que agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres.

En esta línea, el 70% de los encuestados señala que estaría dispuesto a apoyar estas medidas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Estos datos demuestran que los inquilinos tienen miedo y les inquieta no poder recuperar su vivienda lo antes posible.

Por otro lado, el 67% de los entrevistados indica que aceptaría medidas intervencionistas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.

Sobre las eventuales medidas del Estado para bajar el precio de los alquileres, el 36% ve atacada la libertad de decisión sobre su vivienda, y un 32% cree que su poder adquisitivo disminuiría. Por el contrario, el 32% apunta que estas medidas son necesarias para que haya un mayor acceso a la vivienda de alquiler o para evitar la especulación (36%).

El 66% de los propietarios estaría de acuerdo en apoyar la congelación de rentas durante cinco años siempre que pueda recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses cuando exista impago de rentas.

INTERVENIR EL MERCADO BAJARÁ LOS ALQUILERES

A pesar de que gran parte de los propietarios estaría dispuesto a apoyar la congelación de rentas si se pudieran exigir más garantías a los inquilinos o consultar los antecedentes de impago, un 42% admite que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.

Además, más de la mitad de los españoles considera que el intervencionismo del Estado en los alquileres privados frenaría el aumento de la oferta de viviendas de alquiler.

Sobre el decreto que permite suspender el procedimiento de desahucio durante el estado de alarma, el 68% de los propietarios piensa que produce una «gran inseguridad» a los inversores y que es «visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la ocupación», según el 65% de los encuestados.

Más del 60% considera que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo en materia de alquiler y la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles.

Sobre la legislación actual, la mayoría de los propietarios coincide en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son «insuficientes» (62% y 57%, respectivamente).

Además, el 80% de los propietarios demanda una incentivación fiscal del Estado hacia los propietarios para generar mayor número de viviendas en esta modalidad.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que los pequeños propietarios son los que tienen la mayoría de la vivienda en alquiler el país y que, gracias a ellos, se ha podido crear un amplio parque de vivienda privada «que contribuye y posibilita el acceso a la vivienda».

Por ello, Matos ha apuntado que la Administración «debe contribuir a la creación de un clima que genere confianza y fomente la estabilidad para favorecer a arrendadores e inquilinos de manera equitativa».

Por su parte, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha señalado que la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, «si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio.