La redacción de una nueva Constitución en Chile generará incertidumbre hasta su conclusión en 2022 y podría afectar «negativamente» tanto al sentimiento de los inversores como a las tendencias del gasto público, según ha señalado la agencia calificadora Moody’s.

La firma considera que la introducción de cambios institucionales importantes en el nuevo texto constitucional es poco probable, ya que existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como es el mercado libre, los derechos de propiedad privada y un banco central independiente.

El pasado 25 de octubre un 78% de chilenos aprobó mediante un plebiscito la redacción de una nueva constitución en el país andino para sustituir su anterior carta magna, que databa del 1980 y estaba vinculada a la dictadura de Augusto Pinochet.

Los ciudadanos también decidieron (con el 79% de los votos) realizarla sobre una convención constitucional, esto es, de modo que la convención encargada de redactar el nuevo texto estará compuesta en su totalidad por 155 miembros elegidos por la ciudadanía.

La opción alternativa era una convención mixta, que estaría conformada por 86 miembros seleccionados por el Congreso y 86 miembros elegidos por el pueblo. La convención constitucional comenzará a redactar la nueva constitución en junio de 2021 y tendrá hasta mayo de 2022 para finalizar la nueva constitución, que estaría sujeta a otro plebiscito.

«Observamos que el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque al menos dos tercios de los miembros redactores son necesarios para aprobar la constitución», apunta Moody’s.

Sin embargo, la agencia explica que existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades políticas en la redacción del texto. De su lado, la calificadora observa varios riesgos en materia de gasto público e intervención estatal en la economía.

De este modo, Moody’s cree que la convención podría impulsar el gasto para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente gasto del gobierno por mandato constitucional.

A su vez, la convención podría definir un papel más activo del Gobierno en la economía, lo que puede conducir a un aumento sustancial de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y competitividad», apostilla.

La agencia también considera que la redacción de una nueva Constitución canalizará el descontento social del país de manera institucional, lo que ayudará a abordar demandas que han sido fuente de protestas persistentes, aunque, sin embargo, presenta riesgos a medio plazo.

La Fundación SERES ha celebrado este lunes en un formato 100% digital la segunda edición de Radarseres, un encuentro que ha reunido a presidentes, CEOs, directivos y expertos en impacto social de todo el mundo que han coincidido en visibilizar e impulsar la innovación social y el compromiso de las empresas al profundizar en el papel de las compañías como actores en la transformación social, especialmente en el nuevo entorno post-covid.

Entre los ponentes se encontraba el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; la presidenta de GSK, Cristina Henríquez de Luna; o el CEO Santander España, Rami Aboukhair.

La jornada ha comenzado con el diálogo entre el presidente de Fundación SERES, Francisco Román y el de Repsol, Antonio Brufau, para abordar las claves del liderazgo responsable ante los nuevos retos que ha traído la COVID-19.

En su intervención, Román ha insistido en que «el liderazgo tiene que ver con decisiones, con hacerse cargo de una situación emocional» recordando que en SERES han celebrado «semanalmente desayunos con líderes que han reflexionado sobre cómo dar continuidad al negocio y reconstruir capacidades competitivas». «En esas conversaciones todos los líderes han subrayado la importancia de hacerlo desde el propósito, dotándolo de coherencia. Han hablado de generosidad, talento y actitud personal», ha enfatizado.

Por su parte, Brufau ha afirmado que «los tiempos están cambiando a una velocidad muy acelerada. Primar resultados se ha demostrado que no es adecuado». Por ello, ha defendido que «hay que pasar a un modelo de generación de riqueza inclusiva. Un capitalismo inclusivo que deja espacio al líder con propósito».

Además, ha insistido en cómo la compañía había actuado en medio de la emergencia sanitaria haciendo hincapié en «la priorización en la seguridad de las personas, con la garantía de que todos nuestros activos estuviesen operando y dando servicio a la propia sociedad» y ha apostillado que el propósito «es desde hace tiempo la descarbonización y esta crisis nos ha cogido en un momento de transformación de la compañía».

«En un futuro para responder a este propósito que demandan inversores, sociedad y accionistas nuestra estrategia pasa por 4 pilares: sostenibilidad, cero emisiones de carbono, gran compañía de generación renovable y cliente como responsable de sus decisiones energéticas», ha insistido.

Con la vista puesta en repensar el propósito empresarial, a juicio del consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, «las personas y el sentimiento de que están siendo cuidadas por la empresa o la organización en la que trabajen, son la clave. Para ello deben tener confianza en la organización, que debe exudar credibilidad. La credibilidad no se puede improvisar, viene de lejos. Y aquí la comunicación es esencial en ambos sentidos, comunicación para detallar todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo y para escuchar.

«El liderazgo debe ser colaborativo, compartido, a todos los niveles, de forma que la empresa se parezca al cardumen en su funcionamiento; el banco de peces, de cientos o miles de peces que progresan en la misma dirección a idéntica velocidad y viran todos a la vez sin ninguno que aparentemente los lidere. Cuando una organización funciona de una forma parecida, los logros son asombrosos», ha defendido.

Mientras, la presidenta de GSK, Cristina Henríquez de Luna, ha compartido su experiencia y sus lecciones aprendidas de cómo la compañía está afrontando la emergencia sanitaria. En sus palabras «como líder de una gran organización cuya misión es trabajar para que las personas hagan más cosas, se sientan mejor y vivan más tiempo, siento una inmensa responsabilidad y reto de guiar a GSK a través de estos tiempos tan complicados. En un momento en que nuestra vida cotidiana se tambalea y no hay certezas, el papel del líder es más importante que nunca».

Y ha puntualizado que estos meses se ha trabajado «siendo consistentes con las 3 prioridades que hemos tenido y seguimos teniendo en esta crisis sanitaria: el cuidado de nuestra gente y nuestro entorno, asegurar la continuidad del negocio mientras nos adaptamos para el futuro y trabajar en la investigación y desarrollo de soluciones para esta pandemia. Es decir, nos hemos enfocado en la salud, que es lo que va a marcar nuestro futuro en lo personal, y también en lo profesional».

«Es ya hora de asumir que sin salud no podemos desarrollarnos como sociedad. Sin salud no hay economía, no hay estado del bienestar, no hay futuro», ha remarcado, para añadir que «la industria farmacéutica ha puesto en marcha un esfuerzo sin precedentes de manera colaborativa con gobiernos y otras instituciones para poder responder a este reto y está trabajando para desarrollar soluciones acortando plazos y haciendo en un año lo que se hacía normalmente en 10 años; esto es un ejemplo de cómo la Ciencia responde ante las necesidades urgentes.

DIGITALIZACIÓN Y APOYO A LAS EMPRESAS

Por su parte, el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha explicado que «en tiempo record digitalizamos la inmensa mayoría de nuestros procesos gracias a la potencia digital de nuestro banco y las capacidades tecnológicas de las que disponemos. Esa es nuestra digilosofía, la filosofía digital de Banco Santander, que aboga por poner la tecnología al servicio de las personas y las empresas, innovando en productos y servicios para que la operativa con el banco sea cada vez más segura y sencilla y sea el cliente el que elija dónde, cuándo y cómo relacionarse con su entidad financiera.

«A pesar del confinamiento y el distanciamiento social, hemos querido ofrecer el mismo servicio. Y, en este sentido, los canales digitales han sido claves para garantizar la normal operativa del banco. Por ejemplo, hemos realizado 600 operaciones ICO por hora y en un solo día registramos 650.000 operaciones con firma digital y 5.000.000 de consultas de posiciones. En la digilosofía, las personas son fundamentales. La cercanía con los clientes no es sustituible. Gracias a esa relación humana, hemos estado cerca de nuestros clientes», ha destacado.

Además, ha insistido en que los bancos están «a la altura de la situación porque estamos demostrando profesionalidad y responsabilidad». «Hemos jugado un papel determinante en esta crisis: siendo parte de la solución, inyectando liquidez a las empresas. No hay mejor solución que apoyar a las empresas porque son las que pueden mantener el empleo y, por tanto, proteger a las familias. Sin la empresa no hay salida a esta crisis. De ahí los 50.000 millones de euros que hemos concedido en Santander a empresas, pymes y autónomos, siendo líderes de los créditos ICO con una cuota del 27%», ha explicado.

Para finalizar, la directora general de la Fundación SERES, Ana Sainz, ha recogido las conclusiones de la jornada y ha hecho mención a la importancia de una empresa comprometida socialmente, con un liderazgo responsable y teniendo como motor la colaboración, elemento indispensable para hacer frente a los retos sociales, las nuevas brechas y colectivos especialmente vulnerables que ha traído la pandemia, una mirada largoplacista en las compañías se hace más necesaria que nunca para asegurar la integración del propósito con paso más firme.

El PSOE y Unidas Podemos han rechazado este lunes en el Congreso la propuesta del PP de poner en marcha un sistema de aportaciones voluntarias «basado en la flexibilidad» para los trabajadores autónomos con el fin de mejorar su pensión.

La propuesta, debatida en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, pasa por permitir que los autónomos puedan realizar aportaciones voluntarias que computen para su pensión futura y establecer incentivos para que estas aportaciones sean deducibles.

Asimismo, el PP propone que los trabajadores por cuenta propia puedan ser exonerados totalmente de su cotización en caso de acreditar que los ingresos «han sido inexistentes». «A ingresos cero, cuota cero», proponen los ‘populares’.

El diputado ‘popular’ Diego Movellán ha asegurado que su propuesta está «en consonancia con las recomendaciones», pues cree que este sistema de aportaciones voluntarias «sí es lo que demandan los autónomos», y no un aumento de las cuotas que, ha asegurado, supondría un sistema de cotización por ingresos reales.

OPORTUNISMO

Mercè Perea, del PSOE; ha acusado al PP de «oportunismo» y ha recordado que el propio Pacto de Toledo defiende una convergencia de regímenes, lo que no permitiría estas cotizaciones voluntarias. «Se podría deducir que el autónomo cotiza a su libre albedrío. Eso la Seguridad Social no se lo puede permitir», ha dicho, afeando que ni siquiera se haya planteado esta opción en el Pacto.

Por Unidas Podemos, Isabel Franco, ha asegurado que la propuesta llevaría a un sistema de capitalización y a «la privatización de la Seguridad Social». «Ustedes lo que quieren es que se compren las pensiones», ha criticado, asegurando que inflar artificialmente las pensiones «puede lastrar el sistema público de pensiones».

Por su parte, tanto María Muñoz, de Ciudadanos, como Carla Toscano, de Vox, han avalado la propuesta del PP. Muñoz ha reclamado medidas para mejorar la protección social de los autónomos, mientras que Toscano ha argumentado que esta medida también supondría ajustar su cotización a los ingresos percibidos.

La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) asignará unnuevo rating a Prisa cuando se suscriban definitivamente los contratos de la reestructuración de la deuda anunciada la semana pasada y analice la nueva estructura de la deuda pactada. La firma está prevista para antes de fin de año.

El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato.

Contempla la amortización de 400 millones de deuda, con lo que la deuda neta total se recorta más de un 30%. Con esta refinanciación, la compañía contará con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estratégicos de sus negocios.

S&P también ha anunciado que, mientras llegue el momento de lafirma del acuerdo de reestructuración de la deuda, asigna a lasociedad una calificación de «CC». Este rating no afecta en ningúncaso al acuerdo de refinanciación alcanzado con los acreedores.

Fuentes financieras explican que esta decisión de S&P es de puro procedimiento cuando acaba una refinanciación y empieza otra, y que suele traducirse en una bajada de rating momentánea y una subida posterior.

Prisa estima que el hecho de ofrecer un repago a 400 millones delo total de la deuda y una compensación media del 7% durante lavida del contrato es una operación buena para los acreedores de lacompañía. De hecho, la cotización de la deuda de Prisa se harevalorizado un 3% desde el anuncio de la operación, que también ha recibido una buena acogida en el mercado bursátil.

El Partido Popular se ha mostrado en contra de la reducción del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga encima de la mesa «el modelo que mantiene oculto» y lo negocie con las comunidades autónomas y con agricultores y ganaderos, según ha informado en un comunicado.

«Que explique lo que suponen los cambios que pretende hacer sin que le obligue la normativa europea y cómo impacta en los bolsillos de los productores. No compartimos la reducción del presupuesto, no compartimos que se exija a agricultores y ganaderos hacer más con menos», ha explicado la secretaria de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos.

El PP ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de diseñar un modelo en el que todos los agricultores y ganaderos y todos los cultivos puedan acceder a un ecoesquema, sin más coste y sin tener que reducir la producción. «Hay menos dinero y se utiliza con criterios ideológicos», ha lamentado Marcos.

De esta forma, ha apoyado la sostenibilidad ambiental compatible con la rentabilidad de las explotaciones y en beneficio de las rentas de agricultores y ganaderos. «No aprobamos que se eliminen apoyos a la ganadería de lidia, no compartimos que se pueda considerar carne a cualquier producto vegetal, no compartimos que no se considere el empleo que generan las explotaciones y tampoco compartimos la ideologización extrema de la PAC en todo lo referente a la ganadería», ha indicado.

Los ‘populares’ han precisado que un 12% menos de presupuesto, a pesar del crecimiento de fondos de casi un 6% más en el resto de líneas del Marco Financiero Plurianual, justo al contrario de la última reforma de la PAC, cuando el PP logró más fondos para España habiendo menos dinero. «Hay menos y se exige más», ha indicado Marcos.

Respecto a los planteamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, apoyado por el PSOE, la secretaria de Agricultura ha argumentado que son «infinitamente más perjudiciales y radicales», por eso ha señalado que han estado «muy pendientes» de las enmiendas y, definitivamente, la delegación española ha votado en contra de la posición del Parlamento.

Marcos ha lamentado que el Gobierno se haya conformado con lo que le han dado y «ni ha defendido el presupuesto ni ha defendido el contenido». «El ministro se ha dejado llevar por lo que han planteado otros países, se ha quedado con lo que le han puesto delante. Ha llegado a Bruselas sin posición nacional, sin socios que apoyaran lo que interesa a agricultores y ganaderos españoles. Por tanto, la PAC es fruto de las negociaciones de otros y el conformismo de España», ha subrayado.

Arrenta ha alertado de que limitar el precio del alquiler provocaría una reducción del parque de viviendas de hasta el 10%, un descenso también de la calidad del parque de viviendas y un aumento de los arrendamientos fraudulentos, que podrían aumentar hasta más del 40% en cinco años, según ha señalado en un comunicado.

En concreto, ha señalado que la posibilidad de contención de las rentas del alquiler sobre la que ya se ha legislado en Cataluña «es una medida, además de ineficaz, perjudicial para el sector».

Arrenta ha alertado de estos «importantes prejuicios» con motivo del debate abierto de Presupuestos en el que Podemos y ESC plantean esta medida como una de las principales exigencias para su aprobación.

La directora general de Arrenta, Mercedes Robles, ha explicado que las rentas de alquiler están bajando en toda España «como ejemplo de autocontrol efectivo del mercado». «Todas las medidas de contención que se tomen de forma artificial tendrán unos efectos muy negativos», ha resaltado.

Asimismo, Arrenta cree que los propietarios tendrán mayores reticencias a poner sus viviendas en alquiler y optarán por la venta.

También cree que la oferta de viviendas en alquiler generada por los grandes tenedores también se reducirá, «lo que supone un importante problema para el sector, pues estas empresas son las que tienen mayor capacidad de poner en el mercado promociones con mayor número de viviendas».

«Esta caída del parque del alquiler provocará como efecto inmediato una subida del precio del arrendamiento por lo que la consecuencia de la medida será justo la contraria a la pretendida», ha dejado claro.

Unidas Podemos asegura que no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación en el Consejo de Ministros, según han indicado fuentes de la formación.

Esta visión contrasta con lo manifestado ya esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había avanzado en la Conferencia de Presidentas autonómicos que el anteproyecto de los PGE será presentado por el Ejecutivo este martes y aprobado en el Consejo de Ministros.

Por tanto, se mantienen aún ciertas discrepancias entre los socios de coalición para cerrar las cuentas públicas de 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.

De hecho, diversas fuentes conocedoras de las negociaciones incidieron la semana pasada que el acuerdo debía obtener refrendo tanto de Sánchez como del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hasta el viernes, la negociación ha sido capitaneada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación ‘morada’, Nacho Álvarez.

REGULACIÓN DEL ALQUILER, CUESTIÓN CENTRAL

El principal nudo que hace que no haya aún acuerdo completo es la exigencia desde Unidas Podemos de incluir una serie de mejoras para garantizar por fin el buen funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IVM) e impulsar una regulación sobre el precio del alquiler, con vistas a preservar que no se produzcan subidas abusivas en territorios con mercado tensionado.

Las mejoras en el IVM es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir ya la regulación del precio del alquiler, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.

Pero además, en Unidas Podemos son partidarios de que introducirlo la cuestión del alquiler facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.

Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma «urgente», suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento.

Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo aboga por esperar: Montero aplazó dicha regulación a la nueva Ley de Vivienda que última el Ministerio de Transportes, aunque apuntó que los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.

Esta divergencia enfría a estas horas culminar el anteproyecto de PGE de cara a la sesión ordinaria del Consejo de Ministros de mañana, que se mostraba como la más plausible a tenor de lo apuntado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ya se apuntaba días atrás que pudiera haber algún retraso y se abría la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes en lugar del martes.

CONFIRMADA SUBIDA SALARIAL DEL 0,9% A FUNCIONARIOS

Lo que sí está despejado es el Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas, según han confirmado en fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

También se había suscitado ciertos escollos en lo relativo a la subida del IRPF, ya que Unidas Podemos reclamaba un alza de este gravamen a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que opta por no incluirlo o que afecte a rentas de más de 300.000 euros.

Sobre aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque falta por conocer el porcentaje concreto que se articulará.