La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ve en peligro la viabilidad actual del sistema de pensiones y afirma que la estrategia de «saneamiento» que propone el Gobierno puede ser «contraproducente porque supone trasladar un problema real a otro donde será más difícil abordarlo», al tiempo que advierte de que los gastos impropios del sistema son solo una cuarta parte de su déficit.
Así lo ha señalado en un artículo publicado este miércoles donde se cuestionan las premisas básicas del análisis del Gobierno y del Pacto de Toledo y firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García y el miembro de Fedea Alfonso Sánchez.
En el artículo los autores abogan por una política de pensiones que preste mayor atención al control del gasto. Además, argumentan que los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad ascienden, en el mejor de los casos, a algo menos de una cuarta parte del déficit previsto (unos 4.700 millones de euros).
Según Fedea, los motivos de preocupación tenderán a agravarse durante las próximas décadas por el rápido proceso de envejecimiento de la población en el que España está inmerso.
Asimismo, en el estudio también se recoge que el nivel de gasto de España está casi dos puntos de PIB por encima de la media europea porque las pensiones españolas están «entre las más elevadas» de la Unión Europea en relación a los salarios que se pagan en España.
RECOMENDACIONES INSUFICIENTES
Para Fedea, las propuestas de reforma que está preparando el Gobierno con el apoyo de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo «parten de un diagnóstico excesivamente optimista ante la situación actual.
«Ante la situación de rápido envejecimiento poblacional a la que nos enfrentamos y la vuelta a la indexación anual plena de las pensiones al IPC, hay motivos razonables para dudar que las medidas que proponen para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal sean suficientes para garantizar la viabilidad del sistema», según la Fundación.
De hecho, piensa que más bien parece que se ha optado por blindar las pensiones «ante cualquier riesgo, ignorando los probables costes de esta decisión, que podrían exigir un incremento muy notable de la presión fiscal sobre determinadas cohortes de trabajadores y podría dejar sin el margen presupuestario necesario para afrontar otras necesidades sociales».
Sobre la recomendación del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación, Fedea ha recordado que desde 1996 se ha ido avanzando en la separación de fuentes, «de forma que en la actualidad el Estado financia mediante transferencias específicas las pensiones asistenciales y otras prestaciones no contributivas, así como los complementos de mínimos de las pensiones contributivas».
Así, piensa que solo algunas de las partidas, como son las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o el coste de rellenar las «lagunas» para el cálculo pensión, son «realmente» gastos impropios de la Seguridad Social. Además, también piensa que pueden serlo las subvenciones implícitas a regímenes especiales o el complemento de maternidad a pensiones, pero no cree que lo sean las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de hijos, los costes de funcionamiento o las políticas no contributivas de empleo financiadas con cuotas.
«Si tomamos las primeras cuatro partidas, los gastos realmente impropios por los que habría que compensar a la Seguridad Social ascenderían en 2023 a 4.702 millones de euros, lo que supondría un 23% del déficit previsto para ese año según el Ministerio y un 0,33% del PIB», según Fedea.
También cree que lo que se recauda con los actuales tipos de cotización (de las cuotas por contingencias comunes) es «insuficiente» para pagar el componente contributivo de las pensiones vigentes y de otras prestaciones ligadas a las contingencias cubiertas por tales cuotas. Además, asegura que «hay buenos motivos para pensar que las cosas irán a peor en un futuro próximo», porque la indexación completa y universal es «muy cara» y porque las perspectivas demográficas apuntan a una situación «muy complicada».
«La estrategia que propone el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo supone trasladar el déficit que ahora aparece en los presupuestos de la Seguridad Social al Estado sin reducir en absoluto su cuantía», dice Fedea.
Sobre la revalorización, considera que las pensiones mínimas sí que deberían estar ligadas al IPC con el fin de garantizar su suficiencia, pero que para el resto se debería introducir un índice de actualización diferente, que debería ser sensible a la situación financiera del sistema, «aunque de una forma menos drástica que el actual índice de revalorización de las pensiones e incluir un límite máximo a la pérdida acumulada del poder adquisitivo».
DEROGAR LA REFORMA
Así, Fedea ha remarcado que la derogación completa de la reforma de 2013 podría llevar el gasto en pensiones de España hasta un 17,5% del PIB en 2050, lo que supondría un aumento de casi 5 puntos en relación con un escenario en el que se mantienen los mecanismos de control automático del gasto de la reforma.
Fedea considera que la contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas, que «podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas».
De hecho, cree que, en ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas.
CÓMPUTO DE LA PENSIÓN
«Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales», dice Fedea, que piensa que para evitar esta situación, sería necesario preservar, al menos en parte, los mecanismos de disciplina automática introducidos en la reforma de 2013 o buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones.
Los autores abogan por que se incluya la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, junto con un endurecimiento de los parámetros que determinan el cálculo de la pensión y el acceso a la misma, así como la puesta en marcha «lo antes posible» del factor de sostenibilidad.
Por otro lado, los autores ven atractiva la medida de compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo remunerado, aunque afirman que para lograr retrasos sustanciales de la edad de jubilación a partir de la jubilación activa actual, se necesitaría flexibilizar su normativa e introducir medidas que podrían conllevar un aumento del gasto. También dejan claro que «no resulta obvio» que un aumento de la edad de jubilación se traduzca necesariamente en un menor gasto en pensiones.
