El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios prevista para el año 2020 como consecuencia de los aplazamientos del primer semestre y la crisis del Covid, un dato que ve «positivo» al situarse por debajo de la caída del PIB prevista en un 11,2%, aunque es superior a la merma del 7,6% contemplada en los Presupuestos.
Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que ha adelantado que la previsión es que los ingresos tributarios registren una caída inferior al 10%, en concreto, del 8,7% respecto al año pasado.
Gascón ha explicado que esta caída se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior y ve «positivo» el dato, ya que la merma de ingresos tributarios prevista es inferior al estimación de una caída del 11,2% del PIB este año.
En este sentido, ha indicado que el principal indicador de que las cosas van «razonablemente bien» en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario es que «la evolución de los ingresos sea mejor que la evolución de la actividad económica».
De cumplirse esta previsión de caída de ingresos del 8,7%, la recaudación fiscal disminuiría este año en 18.514 millones, hasta unos 194.293 millones. Se trataría de la mayor caída en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).
En cualquier caso, la previsión de una caída de ingresos del 8,7% es superior a la citada la semana pasada en el Senado por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, quien defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un «grado de seguridad muy alto.
Bardón sostuvo que los ingresos tributarios*cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.
Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.
LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.
Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias».
Además, ha añadido en relación con el nuevo sistema de recargos, que «no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba».
Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la «lista de morosos» incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso «originario» se incorpora en la Ley General Tributaria.
Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que «el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo».
Por último, Marcos Álvarez, ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.
