La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la entidad encargada de gestionar el fondo de rescate de empresas estratégicas, ha dado luz verde al rescate de Air Europa por un importe de 475 millones de euros, confirmaron fuentes conocedoras del proceso.

El consejo gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas abordó ayer la solicitud de Air Europa y trasladó a la empresa las condiciones que ha establecido para conceder la ayuda, según la información adelantada por ‘El Confidencial’.

Si la compañía las acepta, SEPI pronunciará una resolución favorable, que se elevaría al Consejo de Ministros para su aprobación, según la orden ministerial que regula este mecanismo. Desde Air Europa han trasladado que por ahora no realizan declaraciones al respecto.

Cabe recordar que SEPI contrató a PwC para evaluar el plan presentado por Air Europa para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas.

La aerolínea propiedad del grupo turístico de la familia Hidalgo solicitó formalmente apoyo de este fondo de rescate para compañías estratégicas creado por el Gobierno y dotado con 10.000 millones de euros. La concesión de la ayuda de la SEPI está supeditada a que la compañía haya sido solvente antes de la pandemia y a la presentación de un plan de viabilidad que garantice la devolución de la ayuda facilitada.

La aerolínea, que está pendiente de la compra por el holding IAG, pactada en noviembre de 2019 por 1.000 millones de euros, es la única empresa turística que ha solicitado formalmente una inyección económica de ayuda a la compañía.

Esta ayuda podría ayudar a desbloquear la compra y a reajustar las condiciones del acuerdo. El holding aeronáutico IAG aseguraba este verano que el acuerdo firmado en noviembre con Air Europa en el contexto actual «carece de sentido», por lo que ambas compañías tratarán de negociar unas condiciones distintas «que se ajusten a la nueva realidad».

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE LAS COMPAÑÍAS ANTE LA CRISIS

Este fondo de rescate aprobado en consejo de ministros el pasado 21 de julio tiene como objetivo apoyar la solvencia de distintas compañías mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que antes las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.

El fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y es gestionado por un Consejo Gestor a través de SEPI. Este consejo gestor será el que evalúe y apruebe la solicitud y la eleve al Consejo de Ministros.

Este fondo se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea. De hecho, se enmarca en la estrategia europea de medidas de apoyo económico público frente a la pandemia.

Las solicitudes de apoyo público temporal deberán incorporar, entre otros extremos, una declaración por parte de la empresa de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones que rigen para obtener la condición de beneficiaria; así como un plan de viabilidad que recoja con objetivos medibles las previsiones de negocio y la situación patrimonial y financiera de la compañía.

Igualmente, tendrá que contar con una declaración responsable relativa a la concurrencia de determinadas condiciones de elegibilidad, entre ellas la existencia de una clara perspectiva de deterioro patrimonial que haga necesario reforzar la solvencia de la empresa, acompañada de su carácter estratégico para el tejido productivo nacional o regional.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de adaptar «progresivamente» las masivas medidas de apoyo desplegadas por los países para retirarlas de manera oportuna y gradual, una vez que la recuperación económica se haya consolidado, cuando será el momento de centrarse en la consolidación fiscal.

De este modo, una vez que la recuperación se haya consolidado y se hayan restaurado los niveles de actividad anteriores a la pandemia, se deberá «gradual y cuidadosamente» atender a la consolidación fiscal. «Una consolidación fiscal prematura puede echar por tierra los esfuerzos acometidos», ha advertido Sánchez en su discurso durante la sesión de apertura de la Reunión anual del Consejo a nivel Ministerial (RCM) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presidida este año por España.

En su intervención, el presidente español ha recordado que el impacto de la crisis, aunque generalizado, ha sido desigual y ha afectado más a los más vulnerables, además de ser también asimétrico entre sectores y empresas, señalando que la recuperación representa una «enorme oportunidad de avanzar hacia una economía más resiliente, más verde, digital e inclusiva.

En este sentido, Sánchez ha defendido que las políticas económicas deben adaptarse para garantizar una recuperación que proporcione más y mejores empleos, «sin dejar a nadie atrás», así como para acelerar la transición energética y ecológica, para lo que ha subrayado la importancia de la cooperación internacional y de contar con unas fuertes instituciones multilaterales.

En línea con la postura defendida por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el presidente español ha reiterado que no hay un equilibrio entre la lucha contra el virus y la economía, sino que no habrá una verdadera y duradera recuperación sin controlar la enfermedad.

«No podemos pretender volver a la economía que había antes de la pandemia de Covid-19, la recuperación es una enorme oportunidad de avanzar hacia una economía más resiliente, más verde, digital e inclusiva», ha afirmado.

A este respecto, el presidente español ha advertido de que no puede haber una recuperación que no sea auténticamente global y ha defendido que dicha recuperación no será completa verdaderamente si no incluye la perspectiva de género, puesto que «las mujeres han tenido que soportar lo más duro de la pandemia».

FISCALIDAD DIGITAL

Asimismo, ha recordado que uno de los aspectos donde la cooperación internacional es más necesaria actualmente es la fiscalidad global y particularmente la fiscalidad digital, donde alcanzar un consenso internacional «es más crucial que nunca».

En este sentido, ha señalado que la pandemia ha reforzado el dominio de los negocios digitales a costa de otros negocios tradicionales, subrayando que sería justo que estas empresas digitales paguen la parte que les corresponde allí donde generan valor.

«Alcanzar un consenso internacional sobre los retos planteados por la economía digital es más crucial que nunca y la OCDE debe seguir desempeñando el esfuerzo de liderar este objetivo», ha apuntado.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la creación de una ventanilla única para centralizar el control de las aduanas de entrada del bloque, por las que entran al año bienes por valor de 3,5 billones de euros, además de simplificar los procedimientos y hacerlos más digitales.

La crisis del coronavirus, argumenta Bruselas, ha subrayado la importancia de tener un sistema «sólido» de controles en aduanas que permita que el comercio «fluya fácilmente» y al mismo tiempo «proteja a los ciudadanos europeos, las empresas y el medio ambiente». Este hecho «será incluso más importante a medida que siguen creciendo los intercambios comerciales y los retos relacionados con la digitalización y el comercio electrónico».

«La digitalización, la globalización y la naturaleza cambiante del comercio presenta tanto riesgos como oportunidades. Para enfrentarse a estos desafíos las autoridades de aduanas deben actuar como una sola, con un enfoque más holístico a los muchos controles y procedimientos necesarios para un comercio fluido y seguro», ha expresado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que en la actualidad las formalidades que se deben cumplir en las fronteras del bloque «involucran a muchas autoridades diferentes» a cargo de diferentes sectores como la salud, el medio ambiente, el sector primario o la cultura. Esto conlleva que las empresas que importan o exportan bienes tienen que remitir información relevante a todas estas autoridades, cada una con sus portales específicos y procedimientos.

Así, el objetivo de la ventanilla única de aduanas será reducir la carga administrativa de las compañías, mejorar la eficiencia en la aprobación de bienes que entran en la UE e impulsar una mejor cooperación y coordinación digital entre las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros.

La propuesta que ha desvelado este miércoles la Comisión, sin embargo, será solo un «primer paso» de un proyecto «ambicioso» que exigirá «importantes inversiones tanto en la UE como en los Estados miembros» y conllevará una «aplicación gradual» de la iniciativa durante aproximadamente una década.

Para ello, los socios comunitarios tendrán que invertir dinero para transformar su legislación nacional de aduanas y sus procedimientos de control, así como para actualizar los sistemas informáticos.

A lo largo de este proceso, los Estados miembros tendrán que poner en marcha su propia ventanilla única, a través de la cual las empresas puedan transmitir la información relacionada con los bienes que quieren importar o exportar. Estos portales nacionales serán conectados después a una plataforma europea que desarrollará el Ejecutivo comunitario.

En última instancia, la ventanilla única europeo reemplazará la «multitud de diferentes portales que utilizan las autoridades responsables de los controles fronterizos», creando así un enfoque «mucho más simplificado y coordinado».

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que acaba con la etapa de austeridad no ha estado exenta de polémica. El Gobierno ya ha anunciado que antes de marzo fijarán los precios del alquiler. Una decisión que no ha sentado nada bien en el sector del arrendamiento y advierten de que caerá la oferta y subirá el precio, pero también provocará la fuga de socimis y la aparición de guetos con listas de espera para acceder a un piso regulado.

El anuncio por parte del Gobierno de una futura Ley de Vivienda en cuatro meses ha levantado ampollas entre los players del sector. En declaraciones a MERCA2, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, critica que “esto no es una regulación, es una intervención del mercado en toda regla, una medida puramente ideológica”, y añade que “es contraria al libre mercado de alquiler”.

Además, insiste en que no es comprensible intervenir la renta de los alquileres “justo cuando el mercado de alquiler experimenta una bajada considerable de las rentas, situándose a niveles de 2018 y con la previsión que a finales de año las rentas bajen incluso mucho más”.

En este sentido, Zurdo alerta de que adoptar medidas tan restrictivas para los arrendadores como la intervención de los precios, puede generar que los propietarios no se conformen y acudan a la economía sumergida para compensar las diferencias económicas, lo cual generaría la creación de una bolsa de dinero negro, además de pagarse menos impuestos.

PROBLEMA ESTRUCTURAL EN ESPAÑA

Para la directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), Beatriz Toribio, la puesta en marcha de una regulación de los precios del alquiler residencial “no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible”.

Además, lamenta que esta regulación supone incrementar aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado, cuando una medida eficaz sería establecer un paquete de ayudas directas con una dotación de unos 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo en el pago del alquiler de los colectivos con menores ingresos.

Por otro lado, Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro evidencia que “la intervención de los precios del alquiler a nivel nacional va a traer consigo daños irreparables para el mercado, pues tal y como hemos comprobado con la experiencia en Cataluña, esta irá ligada estrechamente con una fuerte retracción de la oferta y por tanto provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida”.

De hecho, denuncia que “estas medidas se toman en el peor de los momentos, en plena pandemia, en la que nos encontramos en una situación excepcional en todos los ámbitos, incluido el alquiler” y añade que “el mercado del alquiler se ha ido adaptando y ajustando al momento que estamos viviendo al tratarse de un mercado sano y maduro que se autorregula.”

De hecho, desde Alquiler Seguro lamentan que, con la entrada en vigor de la limitación de los precios del alquiler, “el Gobierno continúa desanimando y atemorizando a los pequeños propietarios, que son los que realmente tienen en sus manos las viviendas y no los grandes tenedores”.

Así, los expertos del sector coinciden en que deberían aparcar este tipo de regulaciones y ofrecer a los propietarios las garantías suficientes para que pongan sus viviendas en alquiler, lo que aumentaría la oferta y la contención de los precios al ser más sencillo el acceso a la vivienda”.

CASTIGO A LAS SOCIMIS

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos de 2021 incluye que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria tendrán una tributación mínima del 15%. Sin duda, un varapalo ya que hasta ahora gozaban de un régimen fiscal muy ventajoso, con un tipo del 0%.

Una tributación mínima, que aplicará sobre los beneficios no distribuidos, por ley están obligadas a distribuir, al menos, el 80% del beneficio generado en España, y que supone un duro revés para las socimis.

Ciudadanos ha constatado que el Gobierno ha atendido las peticiones que le trasladó en el ámbito fiscal para que fueran tenidas en cuenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, ha confirmado su voluntad de negociar las cuentas públicas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de mejorarlas. Concretamente, afirma haber limitado subidas impositivas y tener el compromiso del Gobierno de que no aumentará el impuesto al diésel.

Tras conocer las líneas generales del proyecto de Presupuestos para 2021, en Cs consideran que se han incorporado las «líneas naranjas» que habían marcado. A través de conversaciones discretas con Moncloa, el partido de Inés Arrimadas había puesto una serie de condiciones para poder sentarse a negociar a partir de ahora, las cuales enmendaban el acuerdo presupuestario de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a la política tributaria.

Entre esas peticiones de Ciudadanos que ahora aparecen reflejadas en el proyecto de Presupuestos está, según su versión, la renuncia a una «subida ideológica e indiscriminada» de los impuestos, ya que solo se prevé incrementar el IRPF a las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, y que ya no se plantee una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes corporaciones.

Además, fuentes de la formación naranja han destacado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha aceptado no aumentar el IVA de la educación concertada y de la sanidad privada e incrementar los recursos para la sanidad, y también han celebrado que exista un plan de lucha contra el fraude, como habían reclamado.

Respecto al aumento del impuesto al consumo de diésel, en Cs afirman que tienen el «compromiso» del Ejecutivo para que esa subida finalmente se elimine en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos a través de una enmienda.

Una vez incorporadas estas peticiones, en Ciudadanos están dispuestos a apoyar la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso para poder empezar la negociación con el Gobierno.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles ante el Pleno del Congreso que la regulación de los alquileres que contendrá la futura Ley de Vivienda que prepara su Ministerio será «una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional».

Asimismo, ha justificado que esta regulación se lleve a cabo a través de un proyecto de ley, y no de urgencia con un decreto, pues «afecta a la propiedad privada» y, por tanto, «necesita las garantías de una ley». «Si así fuera, no estaríamos planteando la constitucionalidad de lo aprobado en Cataluña, sino de lo aprobado aquí», ha abundado.

Todo ello en una interpelación urgente dirigida por la diputada de la CUP Mireia Vehí, que además de exigirle una regulación de los alquileres, le ha exigido no recurrir la ley catalana del vivienda aprobada por el Parlament, que contempla esta regulación.

En este sentido, Ábalos ha asegurado que «no le corresponde al Ministerio de Vivienda estas cuestiones», sino al de Administraciones Públicas y Política Territorial, que, según ha dicho, «tendrá que ver si hay o no elementos de constitucionalidad». En todo caso, ha señalado que en este tipo de posibles litigios «siempre se abre un proceso de acuerdo, de conversación o negociación antes de plantear cualquier recurso».

LA CUP PIDE UTILIZAR LOS INMUEBLES DE LA SAREB

En su intervención, la diputada de la CUP ha denunciado la falta de políticas públicas para garantizar la vivienda, cómo la pérdida de esta «desencadena la pobreza» y el papel que juegan en el mercado los fondos de inversión como Blackstone, «el mayor propietario de viviendas y hoteles» en España, y cuyo presidente declaró tener «250 millones de pólvora seca para invertir en la crisis. Esta gente son carroñeros, la piedra angular de la economía de casino», ha criticado.

Por ello, ha exigido una regulación de urgencia en materia de alquileres -«La gente no puede esperar»-, la utilización de inmuebles de la Sareb para incorporar al parque público de vivienda, la prohibición de las Socimis y también de los desahucios, algo que, ha pedido, recoja la prórroga del vigente estado de alarma. «Esto es una batalla entre el capital y la vida. O apuestan por la vida o el capital acabará con muchas vidas», ha concluido.

PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS, PERO CON CONTRATO

Por otro lado, Ábalos ha reconocido este miércoles en el Congreso que le impactó ver la imagen de una familia desahuciada con cuatro menores en el madrileño barrio de Carabanchel, pero ha recalcado que se trataba de la ‘okupación’ de una vivienda de la Sareb (el conocido como ‘banco malo’ del Estado utilizado para acumular activos inmobiliarios de los bancos durante el rescate financiero), y que por ello su caso no estaba acogido a la moratoria.

«No podemos permitir confinamiento y, al mismo tiempo, poner en riesgo la posibilidad de una morada. Es una contradicción, y por eso suspendimos el procedimiento de desahucios que afectara a arrendamientos de vivienda -ha explicado-. Los desahucios están suspendidos, pero tienen que tener contrato».

También ha recordado que el Gobierno prorrogó de forma automática seis meses los contratos próximos a finalizar y estableció medidas para reducir los alquileres un 50% o una moratoria de pagos en caso de grandes tenedores o vivienda pública, así como préstamos avalados para pagar las rentas.

Sin embargo, el Gobierno dejó fuera de la prórroga de estas medidas del conocido como ‘escudo social’ la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria y la prohibición de cortar el suministro básico de agua, luz o gas a todas las familias, manteniéndose únicamente para hogares beneficiarios del bono social con hijo a cargo, discapacitado o dependiente, como antes de la pandemia.

Por otro lado, Ábalos ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda contendrá un «Marco legislativo adecuado» que mejorará «las garantías legales y procesales» para personas afectadas por procedimientos de desahucio «como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda».

Respecto a las acusaciones de Vehí a los agentes de Policía que intervienen en los desahucios, Ábalos les ha defendido diciendo que «son funcionarios», que «no son los que mandatan» estas ejecuciones, sino que son «instrumentos» para hacer cumplir la ley, y ha concluido diciendo que «seguro que muchos no lo hacen con ningún gusto».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará este jueves con sus homólogos europeos un acuerdo para tratar de facilitar el turismo dentro del área Schengen por la vía de hacer tests en origen a los viajeros procedentes de lugares a partir de determinado umbral de incidencia de Covid-19.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, uno de los implicados en las negociaciones bilaterales con países europeos para facilitar ‘corredores turísticos seguros’ especialmente hacia Baleares y Canarias.

En una entrevista en Antena 3, Muñiz ha avanzado que, en la reunión telemática de este jueves, Sánchez propondrá a sus colegas europeos «profundizar la cooperación» para facilitar los viajes.

Se trata de adoptar medidas que permitan viajar –sin que los turistas tengan que guardar cuarentena ni a la ida ni a la vuelta– no solo desde las zonas que están clasificadas como ‘verdes’ en el mapa europeo por la baja incidencia de la enfermedad (menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas) y que tienen circulación sin restricciones.

«En las de incidencia algo superior, lo que proponemos en la negociacion europea es que se hagan ‘test before travel’, pruebas diagnósticas antes del embarque en venida», ha precisado Muñiz. Eso, ha proseguido, «se puede acompañar con algún tipo de cribado en aeropuertos» que sea adicional a lo que ya se hace, que es la toma de temperatura, el chequeo visual y un registros de quienes llegan.

Preguntado entonces por qué el Gobierno español no está haciendo ya PCR masivos en aeropuertos, tal como ha pedido la Comunidad de Madrid, ha subrayado que los datos de Sanidad Exterior demuestran que los casos de Covid-19 importados son muy pocos, apenas un 0,35 por ciento del total.

Según ha explicado, esta cifra incluye a quienes comunican sus datos a su llegada a España y dan positivo en un test a posteriori. La cifra podría ser algo superior, ha reconocido Muñiz, pero los casos importados no son «ni de lejos la fuente principal». «Lo que tenemos es un reto de gestión de los contagios dentro de las fronteras».

Eso sí, luego ha añadido que «todas las capas de seguridad en movilidad internacional son bienvenidas» y que si no se ha hecho hasta ahora es precisamente porque se está negociando el régimen con otros países.

Lo que el Gobierno persigue ahora, y es «optimista» sobre la posibilidad de un acuerdo, es que los países europeos acuerden un régimen común y un reconocimiento mutuo de las pruebas que se hagan –PCR o de otro tipo– a los turistas para impulsar el turismo. Todo ello en coordinación con las aerolíneas, que tendrán que comprobar que los tests se han hecho.

RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN EUROPEA DE TESTS

De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, ha adelantado ya que la razón por la que decidió convocar la videollamada del jueves es avanzar hacia una mayor coordinación entre gobiernos para avanzar hacia el reconocimiento y homologación de test rápidos. También para evitar «problemas logísticos» y competición entre países cuando las vacunas estén listas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya buscó sin éxito una mayor coordinación europea a la hora de imponer restricciones de viaje cuando se negoció ese mapa de colores para definir los niveles de riesgo en las regiones, un mapa que finalmente permitió consensuar criterios para establecer las categorías pero no fijar medidas acordes para cada una de ellas.

Aquella decisión europea dejó a los Estados miembros toda la flexibilidad para seguir decidiendo sobre los viajes desde y hacia zonas de alto riesgo, de manera que mientras algunos exigen tests a los turistas que regresan otros siguen imponiendo cuarentenas, lo que desanima la actividad turística.

Ahora, Muñiz ha recalcado las decisiones que han tomado Alemania, Reino Unido, Países Bajos y también Eslovenia, que han dejado de considerar a Canarias como zona de riesgo para viajar en un momento en que empieza la temporada de invierno.

El responsable de Exteriores ha elogiado el trabajo que han hecho las islas para contener los contagios y también los protocolos que esta comunidad y también Baleares han preparado. Estos protocolos prevén que si un turista da positivo en un test antes de regresar a su lugar de origen es derivado a un establecimiento para pasar la cuarentena y someterse, después, a un segundo tests, sin afrontar ningún coste.

Eso sí, también ha señalado que el enfoque español en este ámbito es de los más «ambiciosos», de manera que si un español sale de viaje el extranjero y se contagia su situación dependerá de la regulación local y es posible que su estancia adicional corra de su cuenta.

El Gobierno ejecutará un total de 102 millones de euros en avales de proyectos adjudicados en las subastas de renovables de 2016 y 2017 que no han cumplido con la obligación de ser puestos en marcha dentro del plazo establecido.

Según informaron  en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la mayor parte de estos procedimientos de ejecución de las garantías corresponden a las subastas de 2017, con un importe estimado de 101,6 millones de euros que se empezará a ejecutar en las próximas semanas.

En el caso de la subasta de 2016, se han construido en plazo el 97% de la potencia adjudicada, con 678 megavatios (MW) finalizados de los 700 MW -500 MW y 200 MW de biomasa- que se adjudicaron, por lo que la potencia a cancelar por incumplimiento es de 22,19 MW. Así, el volumen de garantías a ejecutar apenas es de unos 0,44 millones de euros.

Las garantías de la subasta de 2016 tenían un importe de 20.000 euros por MW y no existían hitos intermedios. Por lo tanto, el Ministerio ha procedido a iniciar el procedimiento para la parte de la potencia no construida.

En el caso de las subastas de 2017, donde se concentra la mayor parte de los incumplimientos, se adjudicó capacidad por más de 8.000 MW de eólica y fotovoltaica.

En estas últimas subastas las condiciones de garantías fueron distintas a la del año anterior. Aquí, las empresas tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia de los proyectos, que se devolvería progresivamente según se cumplieran hitos administrativos.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una modificación en las normas europeas sobre IVA para que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 a hospitales y médicos estén exentas del pago de este gravamen hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el final de la pandemia.

La iniciativa –que se enmarca en una serie de nuevas medidas que ha planteado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para reforzar la lucha contra el coronavirus– todavía debe ser aprobada por los Estados miembros, a los que el Ejecutivo comunitario ha pedido que adopten rápido el cambio legislativo.

Con las normas actuales, los Estados miembros pueden aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se pueden beneficiar de un tipo reducido de este impuesto.

La modificación de las normas del IVA que propone Bruselas, una vez aprobada, abrirá la puerta a una exención en el pago del IVA para vacunas y kits de pruebas venidos a hospitales y médicos. Los Estados miembros también podrán aplicar un tipo reducido a las pruebas de coronavirus si así lo deciden.

La medida, ha explicado la Comisión en un comunicado, seguirá en vigor hasta que la OMS declare el final de la pandemia de Covid-19 o hasta que los socios comunitarios acuerden la reforma del IVA que dará libertad a las capitales para aplicar tipos reducidos o cero a los productos que quieran, pendiente desde 2016.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha prolongado hasta abril de 2021 la exención en el pago del IVA de las importaciones de material de protección. Esta ampliación ha sido adoptada tras consultar a los Estados miembros y a la luz del incremento del número de infecciones en el bloque durante las últimas semanas.

Esto afecta, principalmente, a las mascarillas, que representan casi el 50% de todos los bienes de protección importados desde terceros países a la UE. Por ello, Bruselas ha puesto en marcha también unos códigos de aduanas «más detallados», con el objetivo de mejorar la vigilancia y controles de calidad de las mascarillas importadas.

La organización de autónomos UPTA ha advertido este miércoles de que 200.000 pequeños autónomos de distintas actividades han quebrado por la crisis del Covid-19, pues la mayoría de ellos han recortado sus ingresos más de un 80% desde el inicio de la pandemia.

Se trata de autónomos que fundamentalmente se dedican a la pequeña hostelería de menú del día, enseñanzas no regladas, fotógrafos, floristas, trabajadores de espectáculos de feria y ocio nocturno, entre otros.

UPTA alerta de que en algunos casos, como en las academias de enseñanzas no regladas, de baile, de música, espectáculos de feria o pequeña hostelería nómada, no se ha facturado ni un solo euro desde que estalló la crisis sanitaria.

A juicio de la organización, los recursos que se han puesto en marcha desde el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia en el colectivo de autónomos, como la prestación por cese de actividad, o las ayudas planteadas por parte de las comunidades autónomas están resultando «insuficientes.

Por ello, UPTA ha trasladado su intención de intensificar las reuniones con el Gobierno para lograr una mejora «cualitativa y cuantitativa» de las ayudas destinadas a aquellos sectores que están en perores condiciones.

«Esta situación está siendo agónica para miles de pequeños autónomos que ven un futuro negro e incierto para sus actividades económicas. Debemos doblar todos los esfuerzos para que se tomen decisiones administrativas que puedan salvar el mayor número de negocios posibles», ha subrayado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) contará con un presupuesto de casi 1.814 millones de euros en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, lo que supone un 4% más, y ha superado el millón de titulares que, junto a los beneficiarios, forman un colectivo de 1,5 millones de mutualistas.

Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del Plan Estratégico 2021-2023 en el segundo consejo general de Muface, que ha presidido junto al secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.

Hernández Spínola ha presentado la Memoria 2019 para su aprobación, el proyecto de los Presupuestos Generales para 2021 en lo que afecta a Muface y los datos sobre el segundo periodo de cambio ordinario de entidad sanitaria.

En detalle, ha informado de los presupuestos de la Mutualidad para 2021 recogido en el proyecto de Ley de PGE 2021 aprobado por el Gobierno, que contempla un incremento superior al 4%, lo que representa que la Mutualidad podrá disponer de casi 1.814 millones de euros de presupuesto para su gestión y para afrontar los retos que tiene por delante.

Este incremento se debe a al nuevo concierto 2020-2021 y las previsiones de mayor gasto en atención a la incapacidad temporal y coste farmacéutico.

SUPERA EL MILLÓN DE TITULARES

Hernández Spínola ha hecho balance de las actuaciones para hacer frente a la Covid-19, reconociendo al personal de la Mutualidad su esfuerzo para garantizar la atención a los mutualistas.

Además, ha destacado, entre los logros que recoge la Memoria 2019, las cifras históricas de mutualistas, ya que Muface ha superado por primera vez el millón de titulares y, junto a sus beneficiarios, forman ya un colectivo cercano al millón y medio de mutualistas.

De igual forma, ha resaltado grandes pasos en la digitalización, por ejemplo, la implantación de la receta electrónica para mutualistas de opción pública en casi todas las comunidades autónomas y la tramitación electrónica para las ayudas y prestaciones, lo que representa un «avance» en el proceso de digitalización.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Pallarés ha presentado las líneas estratégicas del Plan Muface 2021-2023, con varios objetivos estratégicos, como acercar la Mutualidad a su colectivo; afianzar una cultura centrada en las personas y profundizar en la simplificación administrativa a través la digitalización de los procesos, con el objetivo de conseguir la excelencia en la gestión

El nuevo plan también establece como metas impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y rendición de cuentas; dar mayor relevancia a la sostenibilidad y responsabilidad social.

CAMBIOS DE ENTIDAD

Además de que el Consejo de Muface ha dado su aprobación a la Memoria 2019, que da cuenta de los avances de la Mutualidad tanto en el plano asistencial como en el organizativo, ha sido informado de los datos relativos al segundo periodo de cambio de entidad, correspondiente al mes de junio, que ha sumado 14.076 modificaciones.

A pesar de las excepcionales circunstancias derivadas de la crisis de la Covid-19, se han registro menos solicitudes de cambio que las producidas en enero, antes de la pandemia, cuando sumaron 27.639 cambios.

La cifra anual de cambios, que responden, entre otras variables, a circunstancias personales de edad, patología, tipo de beneficiarios o lugar de residencia, alcanza los 41.715, un 7% más respecto a los de 2019, que fueron 38.815, pero mostrando un descenso del 29% respecto a los realizados en 2018, cuando se registraron 58.789 cambios ordinarios.

El colectivo de mutualistas adscrito a la opción concertada continúa siendo muy superior, un 76,4%, mientras que el colectivo que elige la opción pública representa un 23,6%.