El sector inmobiliario ha alertado de que el Real Decreto antidesahucios que prevé aprobar el Gobierno antes de fin de año puede aumentar la ocupación ilegal y reducir el ‘stock’ de vivienda en alquiler, según han señalado expertos inmobiliarios.
La directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio, ha afirmado que la principal preocupación para Asval es que el decreto «pueda generar un efecto llamada a la ocupación ilegal».
«Estamos a favor de buscar soluciones a los inquilinos afectados por Covid, pero no se puede dar la misma cobertura a ocupas ilegales», ha remarcado, tras señalar, no obstante, que lo necesario es que se dé seguridad jurídica.
Toribio piensa que la normativa que el Gobierno va a aprobar «perjudicará a los colectivos con menores recursos», ya que «habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes.
Este acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales», según Toribio, que recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe en el que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector en España, y en el que aboga por incrementar el parque social de vivienda en alquiler.
En esta línea, el presidente de la Federación Asociaciones Empresas Inmobiliarias (Fadei), Óscar Martínez, ha afirmado que lo que se va a lograr con este decreto, al igual que con el control de los alquileres, es que el mercado del alquiler esté cada vez más difícil y cada vez haya menos pisos para alquilar.
UN MERCADO MÁS REDUCIDO
«Esto va a pasar, que los propietarios igual decidan vender en vez de alquilar. Tenemos un mercado de vivienda con poca oferta y si encima aprobamos este tipo de temas, vamos a lograr que el mercado se reduzca», ha apostillado.
Además, aunque valora positivamente que se vaya a ayudar a las familias más vulnerables, piensa que se puede caer en el error de favorecer a una parte mientras se perjudica a otra.
Así, dice que los arrendadores pueden salir perjudicados y ha recordado que estos no solo cobran la renta, sino que tienen gastos de comunidad, suministros, derramas de la vivienda y otros gastos a los que deben hacer frente todos los meses y ha cuestionado que habrá que ver si esas compensaciones son solo en base a los ingresos.
«Lo que está claro es que una de las dos partes va a salir muy perjudicada, porque aunque haya compensación, no será muy fuerte y los propietarios seguirán pagando gastos», ha incidido.
No obstante, en general, el sector inmobiliario ve «socialmente positivo» que se vaya a aprobar un real decreto para frenar los desahucios de las familias más vulnerables.
El borrador de la norma contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad.
El texto, que ya se ha remitido a la comisión general de subsecretarios, paso previo para que se aborde en Consejo de Ministros, es probable que se apruebe el próximo martes tras lograrse consenso, pero con dudas sobre si se podrá incluir también el corte de suministros, pues esa negociación está menos avanzada.
El decreto pautará la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Concretamente, no se realizarán lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.
El acuerdo también incluye la compensación a grandes tenedores propuesta por el PSOE. Así, que estas compensaciones se abonen solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico. «En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado», precisaron esta semana en Unidad Podemos.
