Airbnb y el Tribunal Supremo están en el punto de mira del turismo regulado y legal en Cataluña. La reciente victoria de la plataforma turística en el Alto Tribunal ha soliviantado a las principales patronales y al sector turístico de Cataluña. Y es que, se ha tumbado la actual ley autonómica que obliga a Airbnb a retirar todos los anuncios de apartamentos y viviendas turísticas que no cumplan con los requisitos establecidos por la Generalitat.
La plataforma digital de intermediación entre particulares, y líder mundial en su sector, ha esquivado así la obligación de revisar y retirar los anuncios que no mostraran el número de inscripción en el registro de viviendas turísticas de Cataluña. Se trata de un número identificativo para controlar la actividad. Asimismo, este mismo número se facilita a los Mossos d’Esquadra para poder evitar el fraude. La normativa catalana ha conllevado sanciones por más de 9,2 millones de euros.
Tanto la Generalitat como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sufrido este revés del Supremo. Los jueces catalanes habían dado el visto bueno a la norma catalana en 2019 y tres años después se les ha quitado la razón. Con la resolución del Tribunal Supremo, cualquier particular puede subir su oferta turística a Airbnb sin estar registrado en el censo de alojamientos turísticos, y por tanto a una actividad ilegal. Sin el preceptivo número de registro del censo, se podrán subir ofertas ilegales.
Asimismo, el Alto Tribunal ha aclarado que Airbnb no presta servicios jurídicos e inmobiliarios, tan sólo actúa como un mero intermediario entre particulares. La plataforma, según los jueces, carece de toda responsabilidad en los anuncios que se publican en su propia web. Como en el resto de redes sociales, las ofertas las suben los propios usuarios, siendo éstos los últimos y únicos responsables.
PIMEC Y FOMENT TRABAJAN PARA ATAR EN CORTO A AIRBNB
Para el Supremo, Airbnb «no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales«. Una resolución que ha provocado un fuerte rechazo en el sector pocas veces antes visto. De nuevo, Pimec y Foment se han aliado con sus sectoriales y la Generalitat, a la que tantas críticas veladas dirigen, para hacer frente al turismo ilegal.
Airbnb se escuda en la colaboración que realiza con el Ayuntamiento de Barcelona, que busca los anuncios de pisos no registrados en el censo catalán para que sean retirados inmediatamente de la plataforma digital. El Consistorio barcelonés ha conseguido retirar miles de estos anuncios, que dañan a los hoteles y resto de establecimientos regulados por una supuesta práctica desleal.
Airbnb puede hacer más para luchar contra los pisos turísticos ilegales
A ambos representantes de los empresarios catalanes se han unido el propio Govern catalán, la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (Confecat), Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), la Confederación del Turismo Rural y Agroturismo de Cataluña (Turalcat) y la Federación Catalana de Cámpings.
Según fuentes de estas asociaciones consultadas por MERCA2, la sentencia del Supremo carece de todo sentido jurídico. «Airbnb puede hacer más para luchar contra los pisos turísticos ilegales«, han explicado y «sí» debería tener responsabilidades sobre qué tipo de anuncios permite publicar en su web.
En este sentido, el problema que genera Airbnb no sólo atañe a Cataluña o a la ciudad de Barcelona, sino a todas aquellas ciudades en las que opera no sólo en España, sino también en otras ciudades del mundo.
MIENTRAS, CONTINÚA LA PRESIÓN ALCISTA EN LOS PRECIOS
Y es que, ninguna ley prohíbe el servicio de intermediación que ofrece esta plataforma digital, pero tampoco prohíbe a un particular alquilar su vivienda durante un tiempo determinado, especialmente en vacaciones. La propia actividad de Airbnb está dejando daños irreversibles en algunas zonas, como en Barcelona.
El precio del alquiler, pese a las continuas leyes, no retrocede a niveles asequibles y las cuotas superan las propias de una hipoteca. Asimismo, esta tensión ha obligado a emigrar de la Ciudad Condal a miles de personas hacia los municipios más cercanos, elevando la demanda de vivienda y por tanto los precios. «Una situación insostenible y que podría erradicarse fácilmente si Airbnb colaborase y se adaptara a la normativa», han explicado. Sin embargo, el Supremo ha tumbado esta ley y Airbnb podrá proseguir con su actividad como hacía antes de 2015, sin mirar ni comprobar el número de registro de la vivienda de su plataforma.
La empresa digital, además, lo tendría muy fácil. Tan sólo se trata de comparar un censo con el número que registre el ofertante de la vivienda. Pero ha preferido recurrir directamente al Supremo, quien finalmente le ha dado la razón. Contra este recurso es posible elevar el asunto al Tribunal Constitucional, pero por ahora no hay movimientos en ese sentido.
El fin de Airbnb es adaptar la ley a su negocio disruptivo, aunque es la misma labor de tradicional de siempre pero en vez de realizarla en un despacho, se rellenan los formularios de forma telemática. El sistema es el que controla los datos y guarda la documentación, sin ser necesaria la intervención humana.
EL NEGOCIO DE AIRBNB ABRE LA PUERTA AL ALQUILER HABITACIONAL
El parecer del Supremo abre la puerta, además, a la promoción de otras plataformas que se dediquen al alquiler de habitaciones por días, tumbando las medidas del Ayuntamiento de Barcelona contra estas prácticas que considera ilegales y que están vetadas en el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos.
Así, con la resolución se permitirá que los alojamientos no tengan un número identificativo y se pueda explotar el alquiler turístico sin ningún tipo de miramientos. Para las patronales y la Generalitat, este fallo judicial afectará «negativamente» en el mercado del alquiler al no impedir una oferta turística ilegal. La Administración perderá así el control administrativo de esta actividad, mientras los hoteles y otros establecimientos regulados deben cumplir una escrupulosa legislación en temas sanitarios y de seguridad.
Con este fallo, se provoca un «perjuicio» a la «convivencia entre turistas y residentes». Además, se teme «una pérdida de la calidad en destino«, pese a que es una de las principales metas de la hostelería. Esta resolución, además, genera la competencia desleal en los operadores legales, provocando un «efecto perturbador» en el sector.
La seguridad es otra de las cuestiones que estaría en entredicho, a juicio de las asociaciones turísticas, con esta resolución del Supremo. Y es que, estos propietarios sin número de registro escapan al control administrativo, a pesar de tener la «obligación de comunicar la declaración del registro de viajeros a la Policía-Mossos d’Esquadra«.
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA IRREGULAR CAMPARÁ A SUS ANCHAS EN AIRBNB
El fraude fiscal, vulneración de normas urbanísticas, las ordenanzas municipales y los estatus de las comunidades de propietarios son otras de las principales cuestiones que abordan los empresarios.
Por este motivo, las plataformas no comparten la visión del Supremo, que asegura que se ha sometido a Airbnb a un «control excesivo». Y es que, está en las mismas manos de Airbnb impedir la entrada en el mercado de oferta ilegal, «contribuyendo al control que realiza la administración«.
Las asociaciones, además, ha defendido la normativa de la Generalitat sobre el número de identificación del alojamiento turístico, al ser la única forma de conocer si está o no registrada la vivienda en el censo de esta actividad.
Y es que, la Generalitat ha realizado, a través de la consejería de Empresa, un despliegue para controlar a Airbnb y plataformas similares, un exhaustivo registro que ha conllevado la apertura de más de 1.700 expedientes sancionadores contra personas que ejercían la actividad de forma irregular. La mayoría, el 88% del total, de estos informes ha acabado con multas de entre 3.001 y 30.000 euros.
Por todo ello, tanto las sectoriales de Turismo, como estas confederaciones y asociaciones, seguirán impulsando un modelo turístico competitivo, sostenible y responsable, para facilitar el cumplimiento de la normativa en Cataluña.
