EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? José Luis Sanz ha presentado el proyecto de presupuestos de 2027 —1.202 millones, 1.478 en términos consolidados— y ha reclamado a la Junta de Andalucía una norma que le permita limitar las viviendas de uso turístico en la ciudad.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno municipal del PP, que necesita el respaldo de Vox para aprobar las cuentas, frente a una Junta del mismo partido que todavía no ha movido ficha en la materia.
- ¿Qué impacto tiene? Sevilla suma 9.575 viviendas de uso turístico y 420 apartamentos turísticos, con 58.484 plazas registradas. Sin ley autonómica, el Ayuntamiento solo puede actuar por la vía de la licencia urbanística y la calificación ambiental.
Sanz exige a la Junta una ley para frenar los pisos turísticos en Sevilla y avisa de que ya no cabe ninguno más.
El regidor popular presentó este viernes el proyecto de cuentas de 2027, el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento, y lo hizo con un diagnóstico incómodo para su propio partido: la ciudad ha tocado techo en alojamiento turístico y el margen para intervenir no depende de él. De poco sirve el gesto si la herramienta normativa sigue en manos ajenas.
La frase ya la pronunció en 2023 y este viernes la repitió con el mismo énfasis: ‘en esta ciudad no cabe un solo piso turístico más’. A renglón seguido, sin embargo, llegó la matización que lo explica todo. ‘Podemos llegar hasta donde podemos llegar’, admitió, en referencia a un techo competencial que sitúa en la Junta de Andalucía. La competencia sobre viviendas de uso turístico es autonómica; el Ayuntamiento solo puede mover ficha a través de la licencia urbanística, la calificación ambiental y la disciplina de usos.
El alcalde se atribuyó la única iniciativa municipal relevante en el mapa andaluz. ‘Somos la única capital andaluza que puso en marcha una propuesta que limita las licencias de vivienda de uso turístico. Si no estuviera aprobada, en Sevilla habría 1.200 viviendas con licencia para uso turístico más‘, sostuvo. En el mismo arranque de la comparecencia quiso marcar distancia con el Sindicato de Inquilinas —al que se refirió con un ‘¿así se llama?’— y con el Ejecutivo central, al que acusó de no haber hecho ‘absolutamente nada’ por la vivienda.
Los papeles cuentan otra cosa. La Gerencia de Urbanismo aprobó el 13 de octubre nuevas calificaciones ambientales para apartamentos turísticos en las calles Maese Rodrigo y Arfe, en pleno casco histórico. No es una excepción aislada: la cifra de establecimientos no ha dejado de crecer desde que se activó el límite a las licencias.
Entre el discurso y el expediente hay una distancia que el votante percibe: cada calificación ambiental aprobada en el centro desmiente un poco la frase más repetida del alcalde.
El Registro de Turismo de Andalucía dibuja el perímetro exacto del problema. Sevilla acumula 9.575 viviendas de uso turístico y 420 establecimientos de apartamentos turísticos que, en conjunto, reúnen 58.484 plazas, según los datos que maneja la Consejería de Turismo andaluza. La distinción jurídica importa y explica por qué las restricciones a las VUT no cierran el grifo: las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos son figuras distintas, con regulación propia, de modo que endurecer unas no bloquea automáticamente la tramitación de los otros.
El pulso político se ha trasladado a la calle. Ante la acampada por la vivienda frente a Las Setas, Sanz reclamó que se levante cuanto antes porque, dijo, los manifestantes llevan días causando molestias a comercios, hosteleros y vecinos, y porque toca montar el alumbrado navideño en la zona. Además, anunció que el Ayuntamiento estudia acciones judiciales contra la Delegación y la Subdelegación del Gobierno si la protesta se prolonga.
Un presupuesto de 1.202 millones que necesita el sí de Vox
Las cuentas que sostienen el discurso se reparten así: vivienda y urbanismo recibe 82,30 millones, un 6% más que en 2026; EMVISESA dispondrá de 97,06 millones, de los que 26,73 millones financiarán 261 viviendas en Cruzcampo, Su Eminencia y Palmas Altas y 11,49 millones se destinarán a 281 viviendas en alquiler; otros 480.000 euros irán a rehabilitar 144 viviendas en Los Pajaritos-Nazaret. La Gerencia de Urbanismo maneja 125,46 millones, con cinco millones para el Plan Barrio Vivo en Polígono Sur, Tres Barrios-Amate y Torreblanca y tres millones para el Plan Estratégico de Corredores Verdes.
La proporción es la noticia: 542 viviendas nuevas —entre promoción y alquiler— frente a un parque turístico de 9.575 unidades. Y todo ello pendiente de un acuerdo con Vox que el propio alcalde ha reclamado apelando a ‘la responsabilidad de todas las fuerzas políticas’. Sin esos votos, las cuentas municipales de 2027 no salen del Pleno.
La Ficha del Inversor
La métrica clave no es presupuestaria, es de mercado: 58.484 plazas turísticas registradas frente a 542 viviendas de promoción pública en cartera. Esa asimetría explica por qué el precio del alquiler residencial en los barrios del entorno del casco se ha convertido en el verdadero termómetro de la política municipal. Para el propietario de una VUT en Sevilla, el riesgo a seis meses no es una prohibición súbita —no existe la herramienta legal— sino la incertidumbre: cada comparecencia añade prima de riesgo regulatorio a un activo que se valora, precisamente, por la estabilidad de su licencia. La tendencia esperada es de contención, no de retroceso: el stock crecerá menos, pero no bajará mientras la Junta no legisle.
El perfil al que afecta esta pieza es doble. Por un lado, el pequeño propietario que convirtió su piso del centro en alojamiento turístico y que hoy afronta una regulación por goteo, expediente a expediente. Por otro, el comprador de vivienda habitual en Triana, Nervión o la Macarena, que compite por el mismo suelo residencial con un uso que renta más por metro cuadrado. Los inversores en apartamentos turísticos, atenidos a un régimen distinto, quedan de momento fuera del radar del alcalde. Cabe recordar el precedente de Barcelona, que fijó 2028 como horizonte para retirar los pisos turísticos de la ciudad: allí hubo una norma autonómica detrás. En Andalucía, hoy, no la hay. El hito inmediato es el Pleno municipal y la votación de un presupuesto que, sin Vox, se queda en anuncio.
