Michelín, además de ser un referente para los conductores españoles, es una de las empresas con mayor reconocimiento en España. Cualquiera podría pensar que buena parte de esa popularidad se debe a su emblemático muñeco regordete, el Muñeco Michelín, que caracteriza a la marca o su sistema de puntuación por estrellas de los restaurantes. Sin embargo, la explicación está en otro lugar: su larga trayectoria en España. De hecho, la primera de sus cuatro fábricas, ubicada en Lasarte (Guipúzcoa), abrió sus puertas en 1934, mientras que la última, en Valladolid, comenzó a operar en 1973. No obstante, pese a esta larga historia, la compañía no ha dudado en transformar el funcionamiento de sus factorías para canalizar cientos de millones de euros desde España hacia otros países, aprovechando una estructura fiscal más favorable.
Durante las décadas en las que el grupo de Clermont-Ferrand ha operado a través de su filial ibérica, lo ha hecho bajo un modelo en el que esta asumía la condición de empresario en el desarrollo de su actividad. En la práctica, esto significaba que las propias plantas asumían los riesgos de mercado y, a cambio, retenían el margen operativo generado por su actividad industrial (risk taker). Por su parte, la matriz francesa, Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA (CGEM), se limitaba a cobrar cánones por licencias, calculados como un porcentaje sobre las ventas, y por servicios facturados a precios de mercado entre partes independientes. En 2022, el último ejercicio bajo esta fórmula, el importe facturado superó ligeramente los 150,3 millones de euros.
Todo cambió el 1 de enero de 2023. Amparándose en las directrices de la OCDE y en una supuesta centralización de las decisiones corporativas, el grupo implantó el método de división del beneficio residual (Residual Profit Split Method o RPSM). ¿Qué implicaba este cambio? Básicamente, que la actividad industrial española «dejaba de calificarse como actividad empresarial principal (risk taker) para asumir un carácter rutinario, atendiendo a su contribución relativa dentro de la cadena de valor». De este modo, el valor añadido pasaba a atribuirse principalmente a la sede central en Francia, sus marcas y sus plataformas regionales de I+D.
Michelín multiplica un 300% los fondos destinados a Francia
Más allá de las implicaciones contables, las consecuencias económicas de este cambio no tardaron en hacerse notar. Los servicios y cánones facturados por la matriz francesa a la filial española se dispararon hasta alcanzar los 398 millones de euros en 2023, los 459,3 millones en 2024 y los 414,1 millones en 2025. Unas cifras que contrastan notablemente con los poco más de 150 millones registrados en 2022.
Las consecuencias no terminan ahí. Este gravamen extraordinario de más de 400 millones de euros anuales ha ido erosionando la estructura de costes de la filial española. Pese a que las plantas nacionales produjeron 346.000 toneladas de neumáticos en 2025 y comercializaron más productos de alto valor añadido que nunca, el resultado de explotación (EBIT) cayó desde los 372,5 millones de euros de 2022 hasta los 245,1 millones de 2025, lo que supone un descenso del 34,2%. Una evolución que, en parte, se explica por el traslado de una parte del margen operativo generado en las fábricas españolas a las cuentas de la matriz francesa. Al realizarse buena parte de estas operaciones mediante precios de transferencia, Michelín habría podido canalizar esos recursos sin generar un coste fiscal equivalente en España.
A esta vía de transferencia de beneficios se suma otra estructura financiera diseñada para canalizar fondos desde España hacia Suiza. En concreto, la gestión de la liquidez de Michelín no se concentra en los bancos españoles con los que opera la filial, sino en Compagnie Financière Suisse Michelin, el vehículo helvético encargado de centralizar la tesorería y la financiación del grupo.
La nueva tubería financiera de Michelín con dirección a Suiza
Para entender cómo se articuló esta operación y cuáles han sido sus efectos, hay que regresar a 2023. En junio de ese año, la filial española suscribió un préstamo intragrupo de 500 millones de euros con la financiera suiza, a un tipo de interés variable vinculado al Euríbor más un diferencial de mercado. Como consecuencia del servicio de esta deuda y de las líneas de crédito asociadas, Michelin España Portugal transfirió a Suiza más de 104 millones de euros en gastos financieros netos entre 2022 y 2025, de los que 28,7 millones correspondieron únicamente al último ejercicio.
Este apalancamiento interno ha llevado a la compañía a una situación de fuerte tensión financiera desde el punto de vista contable. Uno de los indicadores más significativos es su fondo de maniobra, que cerró 2025 con un saldo negativo de 477,7 millones de euros. Entre los factores que explican este deterioro figura la reclasificación íntegra de la deuda contraída con Suiza como pasivo corriente, al quedar menos de doce meses para su vencimiento.
Por su parte, la posición de efectivo de la filial industrial quedó reducida a apenas 39.000 euros, frente a los 27,7 millones que mantenía años atrás. De hecho, para cubrir sus necesidades de circulante, la compañía tuvo que disponer de 302,7 millones de euros de las líneas de crédito concedidas por la propia financiera suiza. A todo ello se suma una importante salida de recursos mediante dividendos: entre 2022 y 2025, Michelín repartió 891 millones de euros en dividendos, abonados íntegramente en efectivo.
Este mecanismo contable para modificar la calificación económica de la filial española no ha pasado inadvertido para las autoridades tributarias. La propia dirección de Michelín era consciente de la posible vulnerabilidad del esquema. Para evitar un conflicto fiscal, el 30 de septiembre de 2023 solicitó formalmente a los ministerios de Hacienda de España y Francia un Acuerdo Previo de Valoración bilateral, con el objetivo de pactar los criterios de fijación de los precios de transferencia para el periodo comprendido entre 2023 y 2028.
Hacienda sigue los pasos de Michelín
El intento de blindaje preventivo no ha dado, por el momento, los resultados esperados. Tal como reconoce la memoria oficial de 2025: «A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no existe ningún posicionamiento por parte de las administraciones implicadas en el APV bilateral». Mientras que en Francia el modelo se aplicó a partir de 2024, en España la nueva metodología operó sin un acuerdo bilateral que la respaldase.
Ante esta falta de acuerdo y la caída de las bases imponibles, la Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre la compañía. El 18 de noviembre de 2025, la AEAT notificó formalmente a Michelin España Portugal el inicio de actuaciones de comprobación e investigación de alcance general. La inspección afecta al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, así como al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
El contexto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, en apenas cuatro años, el impuesto sobre beneficios devengado por Michelín en España se ha reducido un 46,4%. Ahora corresponde a Hacienda determinar si la nueva calificación de la actividad de las fábricas y los más de 1.270 millones de euros canalizados hacia Francia respetan el principio de libre competencia que debe regir las operaciones entre empresas vinculadas.
Este, sin embargo, no es el único frente abierto para la compañía. Michelín también se enfrenta a un procedimiento ante las autoridades de Competencia por presuntas prácticas anticompetitivas. En definitiva, la transformación contable de Michelin en España refleja un modelo de organización corporativa presente en grandes multinacionales industriales europeas: mantener en las filiales productivas los costes laborales, la gestión del empleo y los riesgos asociados a las plantas, mientras los márgenes extraordinarios, la liquidez y las bases imponibles se canalizan hacia las matrices mediante el uso de activos intangibles y filiales financieras. Una estructura que permite concentrar los beneficios en otras jurisdicciones y reducir la carga fiscal soportada en los países donde se desarrolla buena parte de la actividad productiva.
