El impuesto cripto de Grecia ya es ley. El Parlamento aprobó esta semana un tipo del 10% sobre las ganancias con activos digitales, el primer marco fiscal completo que el país dedica al sector.
La norma entra en vigor el 1 de enero de 2027 e incluye una exención anual de 500 euros. El borrador que circuló en octubre hablaba de un 15%. El texto definitivo ha bajado cinco puntos y conserva el umbral de exención que ya figuraba en aquel primer documento.
Para quien tenga bitcoin en Grecia, el detalle importante no es tanto el tipo como la base sobre la que se aplica. Y ahí hay varias cosas que conviene leer despacio.
Qué grava el nuevo impuesto: el beneficio, no el importe de la venta
El tributo se calcula sobre la ganancia neta, es decir, la diferencia entre el precio al que se compró el activo y el precio al que se transmite. No se aplica sobre el total de la venta. Es una distinción que parece menor y cambia por completo la factura: quien compró 10.000 euros en bitcoin y los vende por 12.000 tributa sobre 2.000, no sobre 12.000.
Las comisiones de trading y otros costes ligados a la operación pueden incorporarse a ese cálculo, según el texto aprobado. La plusvalía —la ganancia obtenida al vender algo por más de lo que costó— es la magnitud que la administración griega grava aquí.
Tres supuestos generan hecho imponible. Vender cripto por euros, usar cripto para pagar bienes o servicios y aportar cripto para cubrir o ampliar el capital de una empresa. Quien paga a un comercio en bitcoin sin convertirlo antes a euros también está cristalizando una ganancia si el activo se ha revalorizado desde la compra.
Un impuesto sobre ganancias no toca al que aguanta, toca al que mueve. Y en cripto, mover incluye pagar con el móvil.
Lo que no genera nada es mantener. Que el valor en euros de tus bitcoin suba no dispara un impuesto, porque no hay transmisión. Y los intercambios entre criptomonedas —cambiar bitcoin por otro token— quedan como operaciones no sujetas, una decisión que Francia ya venía aplicando para no gravar cada salto entre monedas.
El umbral de 500 euros y el control sobre el origen de los fondos
La exención de 500 euros anuales es real, pero no funciona como un mínimo exento al uso. Según los análisis del texto que se han publicado en Grecia, cuando la ganancia neta del año supera ese umbral, el 10% se aplica al conjunto de la ganancia anual, no solo al tramo que excede los 500 euros.
Dicho de otro modo: con 520 euros de beneficio no se pagan 2 euros. Se pagan 52.
Las pérdidas también tienen regla. Un saldo negativo superior a esos 500 euros puede compensarse hasta cinco ejercicios hacia delante, pero solo contra futuras ganancias cripto. No vale para restar de una nómina ni de un alquiler.
A esto se suma un cambio menos vistoso y más incómodo. Desde 2027, las compras de cripto entran en los controles de origen de fondos que Grecia ya aplica en otros ámbitos. No hay un impuesto nuevo sobre la compra, pero el comprador puede tener que demostrar que los euros empleados vienen de renta declarada u otro capital lícito. El rastro fiscal se ensancha justo por el lado que menos se mira.
Dónde queda Grecia en el mapa fiscal europeo y qué puede fallar
La Unión Europea no tiene un tipo único para las criptomonedas. Los países aplican tipos que van aproximadamente del 8% al 30% sobre ganancias patrimoniales, según explicó un alto cargo del ministerio de Finanzas a Reuters. El 10% griego se sitúa en la parte blanda de esa horquilla: por debajo del tratamiento francés, que ronda el 30%, y por encima del 8% de Chipre.
El mapa se mueve. Países Bajos ha encaminado su normativa hacia un impuesto sobre ganancias realizadas a partir de 2028, mientras Alemania y Portugal mantienen la exención para cripto conservado más de un año. Grecia llega tarde y llega suave, una combinación que suele responder más a la necesidad de cumplir con Bruselas que a la de recaudar.
Conviene situar el precedente. Desde enero de 2026, las reglas europeas de intercambio de información conocidas como DAC8 obligan a las plataformas de criptoactivos a remitir datos de usuarios y operaciones a las autoridades fiscales nacionales. Grecia ya ha incorporado ese marco a su derecho interno. Sin esa tubería de datos, un tipo del 10% sobre ganancias sería poco más que una declaración de intenciones.
Y aquí está la contradicción que el propio ministerio admite: no se puede proyectar cuánto recaudará el impuesto porque la gran mayoría de los inversores griegos opera en plataformas extranjeras. El tipo está en la ley. Lo que falta por ver es si Atenas logra casar ese 10% sobre el papel con datos de coste de adquisición verificables llegados desde fuera. Las directivas de desarrollo que el ministerio publicará en las próximas semanas —con reglas de transparencia y auditoría— tendrán que responder a esa pregunta.
Para el ahorrador español, el caso griego funciona como espejo de lo que viene: tipos moderados sobre ganancias realizadas, exenciones pequeñas y mucha presión sobre la trazabilidad. La pregunta relevante ya no es cuánto se paga, sino cuánto se puede demostrar.
