El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios atribuidos al cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia urinaria, conocido como el de los pañales para adultos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó este cártel en 2016. Según la resolución, las empresas fijaron precios durante 17 años, lo que obligó a las administraciones públicas a adquirir los productos a precios más elevados.
La demanda busca recuperar las cantidades que, según el Gobierno de Navarra, se abonaron indebidamente y reintegrarlas al sistema público de salud. La reclamación del SNS-O asciende a 25 millones de euros, de acuerdo con el informe pericial encargado por el servicio.
La reclamación y el procedimiento
La iniciativa navarra se suma a las reclamaciones de otras administraciones afectadas. Cataluña ya presentó una demanda, mientras que Extremadura, Aragón y Galicia están preparando sus propias reclamaciones contra los fabricantes sancionados.
El SNS-O está representado en el procedimiento por el despacho ESKARIAM, que dirigió la preparación técnica y jurídica de la demanda, incluida la coordinación del informe pericial económico y la estrategia procesal. El despacho continuará al frente de la defensa durante el proceso judicial.
El origen del perjuicio reclamado
La acción se basa en la resolución de la CNMC del 26 de mayo de 2016, correspondiente al expediente S/DC/0504/14, AIO. Esta declaró una infracción única y continuada de las normas de competencia entre diciembre de 1996 y enero de 2014 e identificó a Navarra entre las regiones afectadas.
La demanda sostiene que el cártel encareció las compras del SNS-O mediante dos prácticas: la fijación concertada de los precios de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en farmacias, y una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo por el canal institucional. Según el escrito, esta última práctica privó a la sanidad navarra del ahorro asociado a ese canal.
Cuantificación y destino de una posible recuperación
El SNS-O encargó a una consultora especializada un informe pericial independiente para calcular el perjuicio. El análisis cifra en 25 millones de euros el sobrecoste soportado por la sanidad navarra a raíz del cártel.
El Gobierno de Navarra y el SNS-O enmarcan la demanda en su objetivo de proteger los recursos públicos sanitarios y reclamar judicialmente el resarcimiento por conductas anticompetitivas sancionadas. El servicio señala que las cantidades que eventualmente se recuperen revertirían en el sistema sanitario navarro y en la atención a los pacientes de la Comunidad Foral.
