EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El accidente de un autobús de Sagalés en Fogars de Montclús (Montseny) deja 37 hospitalizados, ocho de ellos graves, y fuerza a la Generalitat a replantearse el permiso para viajar de pie en líneas interurbanas.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria d’Interior, con Núria Parlón al frente, el Servei Català de Trànsit y el Departament de Territori, que rechaza decidir en caliente.
- ¿Qué impacto tiene? Si se prohíbe el pasaje de pie, miles de usuarios de las líneas exprés con Barcelona se quedarían en la parada salvo que se refuerce el servicio con más vehículos.
La Generalitat estudia prohibir viajar de pie en los autobuses interurbanos tras el accidente del Montseny. El siniestro del domingo 25 de octubre en Fogars de Montclús, con 87 viajeros a bordo de un vehículo de 65 asientos, ha abierto una revisión que la administración catalana llevaba años esquivando pese a los avisos técnicos.
El autobús de la operadora Sagalés cayó 15 metros por un barranco en una carretera de montaña estrecha y sinuosa. El balance provisional es de 37 personas hospitalizadas, ocho de ellas graves. Fuentes próximas a la investigación señalan que varios de los ingresados en cuidados intensivos son precisamente pasajeros que iban en el pasillo: se llevaron la peor parte del impacto porque no tenían respaldo ni cinturón donde sujetarse.
La consellera d’Interior, Núria Parlón, ha abierto la puerta por primera vez a prohibir el pasaje de pie en rutas interurbanas, según adelantó La Vanguardia y sin confirmación oficial del Govern. Técnicos del Servei Català de Trànsit y del departamento se reunieron el lunes para valorarlo. Trànsit se muestra predispuesto a priorizar la seguridad vial; en Territori no lo tienen tan claro y rechazan tomar una decisión en caliente.
Qué permite hoy la norma: 80 km/h y 50 kilómetros de recorrido
La clave está en la clasificación técnica de los vehículos. Los autobuses de clase 1 son los urbanos, diseñados para maximizar capacidad; los de clase 3 son autocares de largo recorrido y servicios discrecionales, donde no puede ir ni una persona más de las que caben sentadas. En medio queda la clase 2, la del vehículo accidentado y la habitual en las concesiones interurbanas de la Generalitat: admite pasaje de pie en el pasillo siempre que el autobús no supere los 80 km/h, autopistas incluidas, y que el trayecto no exceda los 50 kilómetros. Otras comunidades rebajan ese límite a 30. Por eso un Berga-Barcelona no puede llevar gente de pie y un Barcelona-Sitges, sí.
La teoría choca con la práctica. Esa velocidad máxima se supera a diario en todas las vías de entrada y salida de Barcelona, y la estampa del pasillo lleno se repite en hora punta en las líneas exprés del Maresme, el Penedès, y el Garraf, servicios con pocas paradas y uso intensivo que se han convertido en el atajo de miles de trabajadores. La paradoja es que ese éxito se alimenta de la crisis ferroviaria: los interurbanos han batido récords de usuarios porque Rodalies no termina de resolver sus averías y retrasos.
Ninguna revisión normativa servirá de nada si el autobús que sube al Montseny o entra en Barcelona a las siete de la mañana sigue saliendo lleno hasta la puerta.
Los avisos que Interior ignoró y el riesgo de dejar viajeros en la parada
No es la primera vez que el debate aparece. Hace un año un autobús de turistas se salió de la C-32 en Santa Susanna; dos años atrás, en la misma vía, el siniestro afectó a trabajadores de Inditex en Tordera. Ya entonces hubo voces en el departamento de Interior que propusieron eliminar el permiso de ir de pie en los buses interurbanos. Nadie les hizo caso.
La asociación por la promoción del transporte público (PTP) pone el dedo en la llaga. Su presidente, Carles García, advierte de que ‘no vemos bien que se prohíba ir de pie si antes no se refuerza el servicio y se da una oferta adecuada’ y pide a Territori ir más allá de ‘planes de choque insuficientes’. El temor es que la medida deje en la parada a quien depende del bus para ir a trabajar o a estudiar.
La patronal Fecav no entra a valorar el escenario. Recuerda que para el sector la prioridad es el confort —viajar sentado— y que quien decide no es el operador, sino la Generalitat como administración concesionaria. Si se prohíbe el pasillo, habrá que encargar y pagar más autobuses o asumir que parte de la demanda se queda fuera del vehículo.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto es doble. Para el viajero, el bolsillo no cambia, pero sí la certeza de subir: prohibir el pasillo sin reforzar frecuencias convierte cada trayecto en una lotería de andén. Para la Generalitat, la factura llega en forma de vehículos adicionales, conductores y kilómetros contratados en un servicio que ya opera al límite de su capacidad.
La zona cero son las líneas exprés metropolitanas y las carreteras de montaña de la Cataluña central, donde el bus es la única alternativa real al coche. La cifra que resume el caso es el 87 frente a 65: veintidós personas de más en un vehículo que cayó quince metros por un terraplén. La lectura estratégica pasa por el calendario. Trànsit y Territori se comprometen a analizar el siniestro, pero cualquier cambio exige modificar la reglamentación autonómica y, casi con seguridad, dinero público para elevar la oferta. El sector recuerda el precedente ferroviario: cuando Rodalies falla, el autobús absorbe la demanda, y ese colchón tiene un límite físico que ya se ha tocado en hora punta. También el contraste territorial importa: el límite catalán de 50 kilómetros duplica el de otras comunidades, de modo que una decisión rápida dejaría a Cataluña en una posición singular dentro del mapa español del transporte por carretera.
Mientras no haya una orden publicada, seguirá siendo legal viajar de pie en un interurbano catalán por debajo de los 80 km/h y dentro de los 50 kilómetros. La próxima cita será el informe técnico del Servei Català de Trànsit sobre el accidente de Fogars de Montclús, del que dependerá si la revisión se convierte en propuesta formal ante el Parlament.
