Johannesburgo fue durante décadas la carta de presentación económica de África: la mayor bolsa del continente, la sede regional de las multinacionales y una porción decisiva del producto interior bruto del país. Hoy es una ciudad que acumula deudas millonarias con las empresas públicas de agua y electricidad, que ve cómo los semáforos —los robots, en la jerga local— se apagan por falta de corriente y que, según el análisis que Bloomberg Television dedica este mes a la capital financiera sudafricana, aporta cerca del 15% del PIB nacional mientras coquetea con la quiebra técnica.
Una metrópoli que pesa el 15% del PIB
El programa Next Africa, presentado por Jennifer Zabasajja, sitúa el origen del descalabro en la gestión económica de las dos últimas décadas. El municipio más grande del país emitió este año un bono de 1.440 millones de dólares que, en la práctica, colocó a los inversores en primera fila de la lista de acreedores de una administración al borde del colapso financiero. La ciudad debe cientos de millones de dólares a las utilities estatales de electricidad y de agua, y ese impago no es un detalle contable: contamina la red de distribución y encarece cada kilovatio que llega a los hogares.
Los síntomas cotidianos son más elocuentes que los balances. Los cortes frecuentes tumban la señalización del tráfico; en junio, el responsable municipal de transporte reconoció en público que no había dinero ni para combustible, de modo que las obras de reparación de calzadas quedaron paralizadas. Un think tank sudafricano citado por Bloomberg constata que el gasto de la ciudad crece por encima de la economía y de los ingresos propios. Johannesburgo gasta como si aún creciera al ritmo que ya no tiene.
Diez alcaldes en una década y una auditoría con salvedades
Alex Parker, jefa de la oficina de Bloomberg en Sudáfrica, resume el diagnóstico con un dato que explica casi todo lo demás: la ciudad ha tenido diez alcaldes en diez años, procedentes de cuatro partidos distintos. Esa rotación se ha traducido en incapacidad institucional. Las agencias nacionales gestionan la gran infraestructura, pero el último tramo —llevar luz y agua a cada edificio, tapar cada bache— depende de organismos municipales que se han ido descomponiendo.
El resultado aparece en las cuentas. La Auditoría General emitió una opinión con salvedades sobre el último ejercicio y el Tesoro Nacional ha empezado a retener transferencias ante el temor de que el dinero no llegue a su destino. El déficit acumulado de infraestructura ronda los 220.000 millones de rand, según la propia Parker, que ve en el plan de intervención a tres años la última bala en la recámara.
‘No tenemos tres o cuatro años’ para esperar a que las reformas lleguen al suelo, sostiene la gran patronal del país, que advierte de que las empresas llevan demasiado tiempo gestionando ‘alrededor del fracaso del Estado’.
— Bloomberg Television, Next Africa
Eskom sale del agujero; la ciudad sigue dentro
Hay una parte de la historia que ha mejorado. El consejero delegado de Eskom explica en el programa que la eléctrica estatal ha dejado atrás los años de apagones programados y opera con un excedente de entre 3 y 5 gigavatios. La factura de Johannesburgo, que rondaba los 5.000 millones de rand, quedó saldada en agosto. Otros municipios del país siguen debiendo a la compañía cerca de 7.000 millones de dólares.
Ese margen permite a Eskom mirar más allá de sus fronteras —ventas al pool eléctrico regional, suministro al cinturón del cobre e interés de la República Democrática del Congo—, pero no resuelve el problema de fondo: la red que abastece a Johannesburgo es municipal y ahí sigue el agujero. El directivo recuerda que los apagones llegaron a costar varios billones de rand a la economía y que buena parte de ese daño se concentró precisamente en la capital financiera.
Cuando el capital no siente nostalgia
La consecuencia más visible es la fuga. La consejera delegada de Business Leadership South Africa describe un escenario que ya no es hipotético. Volkswagen mantiene un generador de cien millones de rand para blindar su planta de Eastern Cape, ha llegado a quemar un millón de rand diarios en diésel durante los peores cortes y desvía exportaciones hacia Maputo o Puerto Mauricio porque el puerto de Ciudad del Cabo no funciona. Alrededor del 60% del accionariado de la bolsa local es extranjero, y esas decisiones no se toman en Johannesburgo.
El contraste macroeconómico es brutal: Egipto crece en torno al 4,5% y Sudáfrica apenas un 1%. Con ese diferencial, cualquier plan de expansión acaba mirando a otra parte. Parte del empresariado ha trasladado oficinas a Ciudad del Cabo, la ciudad mejor gestionada y con mejor perfil crediticio del país, pero la patronal advierte de que la válvula de escape tiene límites. Si el motor económico nacional no arranca, no hay refugio urbano que lo compense.
Del pesimismo de la patronal a la apuesta de Du Toit
No todo el relato es negativo. Hendrik du Toit, fundador y consejero delegado de Ninety One, sostiene que Johannesburgo puede revertirse, aunque admite que las administraciones anteriores la gestionaron muy mal. Su argumento se apoya en tres activos: materias primas, un sector agrícola fuerte y una agenda de infraestructura que, si se ejecuta, puede movilizar capital interno. Sudáfrica, dice, puede financiarse en casa, y esa es la mejor posición posible: los inversores internacionales vuelven cuando quieren, no cuando se les ruega.
Du Toit pone el foco en el talento. Una ciudad sin agua corriente ni calles transitables pierde ejecutivos, y sin ellos no se crece por encima del dígito bajo. También señala que Ciudad del Cabo ha absorbido gran parte del empleo internacional del país y que un alcalde acertado podría acelerar el giro. Su tesis, en el fondo, es una apuesta por la capacidad de reacción más que por el diagnóstico.
El 4 de noviembre como bisagra
La cita electoral del 4 de noviembre aparece en el programa como el punto de inflexión. Los comicios locales pondrán a prueba una coalición de gobierno ya frágil y decidirán quién hereda una ciudad que necesita miles de millones en obra pública. Las autoridades han insinuado la posibilidad de emitir nuevos bonos para financiar mejoras, aunque de momento no hay nada concreto sobre la mesa. La fecha llega, además, en un contexto nacional delicado: el ejecutivo de unidad nacido tras las elecciones generales de 2024 sigue buscando margen para convencer al capital extranjero de que el país es predecible.
Conviene leer el episodio con la escala adecuada. Johannesburgo no es una anomalía exótica: es la prueba de estrés de un modelo urbano que en Sudafrica combina competencias nacionales y municipales, y donde el último kilómetro lo decide el consistorio. Mientras ese último kilómetro falle, cualquier dato macro positivo se quedará corto.
Lo que esto significa para el lector
La crisis de Johannesburgo funciona como termómetro para cualquiera que mire mercados emergentes. Una metrópoli que produce una séptima parte del PIB del país no quiebra por un shock externo, sino por una suma de decisiones políticas y de incapacidad administrativa sostenida durante años. Eso implica que la recuperación tampoco será rápida: los ciclos de reforma legislativa que cita la patronal sudafricana se miden en trienios, y el calendario electoral no siempre acompaña.
Para el inversor, la señal relevante no es el bono que la ciudad pueda colocar, sino la calidad del gasto que financie y la solvencia de quien lo firma. Para el ciudadano, la lectura es más incómoda: la factura de la mala gestión se paga en agua, en luz y en horas perdidas en el tráfico. Y para el resto del continente, el caso deja una advertencia clara. Las infraestructuras no se caen de golpe; se descuidan un presupuesto detrás de otro, hasta que el deterioro se vuelve paisaje.
Queda una pregunta abierta que el programa deja flotando: si el 4 de noviembre no produce un gobierno municipal capaz de sostener tres años de gestión sin sobresaltos, ¿qué capital —nacional o extranjero— va a financiar la reconstrucción de una ciudad que ya demostró que puede quebrar?
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