Bruselas quiere multiplicar por tres la capacidad de los centros de datos de Europa esta década. La propuesta, bautizada como Cloud and AI Development Act (CADA), llega con una contradicción que la propia Comisión Europea reconoce: las capas más críticas siguen en manos extracomunitarias.
Claves de la operación
- El objetivo es triplicar capacidad, no instalaciones. El CADA aspira a cubrir las necesidades de empresas y administraciones públicas hasta 2035, con una hoja de ruta legislativa aún pendiente de aprobación.
- Las compañías europeas solo capturan el 6% del valor. El 7% de la fabricación de servidores y el 8% de la infraestructura cloud también quedan lejos del alcance de la UE.
- El caso Kyndryl-Solvinity marca el precedente. Países Bajos bloqueó en mayo el intento de compra de un proveedor de servicios críticos para 16,5 millones de ciudadanos por motivos de autonomía digital.
El plan de Bruselas: triplicar capacidad sin multiplicar dependencias
La Comisión Europea presentó en junio el CADA, una propuesta que busca llevar la capacidad de los centros de datos europeos a un nivel capaz de sostener la actividad del tejido empresarial y de las administraciones públicas durante la próxima década. No se trata de multiplicar por tres el número de instalaciones, sino la potencia de cómputo disponible para entrenar modelos de IA, desplegar servicios cloud y ejecutar cargas de trabajo cada vez más exigentes.
La escala de ese salto queda en evidencia con un dato: desde 2021, la demanda europea de sistemas de servidores ha crecido a un ritmo anual del 36%, mientras la fabricación dentro de la UE lo ha hecho al 20%. Ese desfase se sostiene desde hace cinco ejercicios y explica por qué Bruselas plantea el CADA como complemento de la segunda edición de la Chips Act. Una norma tira de la demanda; la otra intenta que esa demanda sea atendida desde dentro.
Los números no acompañan por ahora. Según cálculos de GEA y DECISION, las compañías con sede en la Unión capturan solo el 6% del mercado europeo de semiconductores para centros de datos, el 7% de la fabricación y ensamblaje de servidores y el 8% del valor asociado a infraestructura cloud. La parte más rentable de la cadena queda, hoy, fuera de las fronteras comunitarias.
El diagnóstico es incómodo, pero honesto. Asia oriental concentra la fabricación avanzada de semiconductores, Estados Unidos domina el diseño de chips y encabeza el mercado de servidores. Y Europa, pese a conservar activos estratégicos como la neerlandesa ASML, no ha conseguido retener el valor que generan sus propios centros de datos.
Europa sabe construir fábricas, pero no controla quién decide qué se fabrica dentro de ellas.
La fotografía del mercado cloud tampoco invita al optimismo. La Comisión Europea señala que la cuota de proveedores europeos cayó del 29% en 2017 al 15% en 2022, y se ha mantenido estancada desde entonces. Tres hiperescaladores extracomunitarios concentran más del 70% del mercado europeo.
Quién captura realmente el valor de los centros de datos europeos
Conviene no confundir dos magnitudes que el debate público suele mezclar. El 8% que mide GEA se refiere al valor de la infraestructura cloud capturado por empresas con sede en la UE. El 15% que cita Bruselas alude a la cuota de proveedores europeos de servicios en la nube. Son indicadores distintos, pero apuntan al mismo desequilibrio: la UE compra tecnología más de lo que la produce.
La dependencia se vuelve más delicada cuando afecta a servicios esenciales. La Comisión utilizó como ejemplo el intento de Kyndryl de adquirir Solvinity, proveedor de infraestructura para la administración neerlandesa. El Gobierno de Países Bajos bloqueó la operación en mayo de 2026 tras evaluar cuestiones relacionadas con el interés público, la autonomía digital y la protección de infraestructuras críticas. Detrás del veto había algo más que un problema de competencia: 16,5 millones de ciudadanos dependían indirectamente de esa compra.
Lo que revela el caso no es tanto la amenaza de una adquisición concreta como la fragilidad estructural de la cadena. Cuando un proveedor extranjero puede tomar el control de la infraestructura que sostiene servicios públicos críticos, la discusión deja de ser industrial y pasa a ser estratégica. Esa es la frontera que el CADA y la Chips Act 2.0 quieren empezar a mover.
La paradoja de ASML y el reto español en la carrera por la soberanía digital
El caso europeo tiene una ironía que conviene subrayar. La UE es, a la vez, uno de los actores más débiles del mundo en semiconductores y el único territorio donde se diseñan y fabrican las máquinas de litografía EUV que hacen posible producir los chips más avanzados. ASML, con sede en Veldhoven, disfruta de un monopolio de facto en esa tecnología. Y aun así, no ha bastado para revertir la dependencia global del continente.
España tiene un papel ambiguo en esa partitura. El país se ha convertido en destino preferente para los grandes proveedores de cloud, con proyectos anunciados en Aragón y Madrid por parte de los principales hiperescaladores estadounidenses. La dinámica refuerza la posición española como hub de infraestructura del sur de Europa, pero también profundiza la paradoja: cuanto más crece la capacidad instalada en territorio español, más valor se escapa hacia matrices extracomunitarias.
Para las compañías del IBEX 35 con exposición al negocio digital, el cálculo es delicado. Indra, en ciberseguridad y servicios a la administración, y Telefónica, en servicios gestionados, compiten por contratos de infraestructura crítica con rivales que tienen acceso preferente a la tecnología subyacente. La normativa europea sobre autonomía estratégica puede abrir una ventana para estos operadores, pero también les somete a un escrutinio regulatorio más exhaustivo.
El debate tiene una fecha clave por delante: el CADA aún debe superar el proceso legislativo europeo. El resultado dependerá menos de la ambición, ya demostrada sobre el papel, que de la capacidad real de Bruselas para movilizar inversión privada en un sector donde los ciclos de capital son largos y los márgenes, estrechos. Observamos en esta redacción cierta tentación de tratar el problema como una cuestión de discurso cuando es, sobre todo, de balance.
La pregunta abierta es si Europa será capaz de construir soberanía tecnológica sin aislarse del mercado global del que hoy depende. La respuesta no la darán las declaraciones institucionales, sino las cifras de inversión que se materialicen en los próximos tres ejercicios. Y ahí, por ahora, el marcador sigue siendo desfavorable.
