El Senado de Estados Unidos tumbó este martes la Clarity Act por 50 votos en contra y 49 a favor. El marco legal integral para los criptoactivos que el sector llevaba años reclamando se queda, de momento, sin estatuto federal.
La norma no pretendía mover el precio del bitcoin a corto plazo. Su objetivo era repartir competencias entre la SEC, que vigila los mercados de valores, y la CFTC, que supervisa derivados y materias primas. Resuelta esa duda, la ley fijaría reglas para plataformas e intermediarios: registro, custodia de los activos de los usuarios, información obligatoria, y medidas antifraude, según detalla Ignacio Santos, consejero delegado de Fazil Crypto.
El bloqueo no es técnico, es político. Varios senadores demócratas sostienen que el texto no impone límites suficientes a los cargos públicos con intereses en el sector; el nombre que sobrevuela el debate es el del propio presidente. La senadora Elizabeth Warren, principal voz demócrata en el Comité Bancario, pidió a su partido no aprobar una ley que permita a Trump seguir embolsándose miles de millones mientras las familias afrontan precios más altos. El argumento caló entre los demócratas y el texto se quedó sin los votos que necesitaba.
A ese escollo se suman dos más. El desacuerdo sobre las recompensas que las plataformas pueden ofrecer a quien mantiene stablecoins, porque parte de la banca teme una fuga de depósitos. Y las salvaguardas contra las finanzas ilícitas, que no acaban de convencer a los senadores más duros, apunta Oriol Blanch, director de Bitvavo en España.
El calendario regulatorio, eso sí, no se ha detenido. El jueves, apenas dos días después del varapalo legislativo, la SEC habilitó la negociación de acciones tokenizadas en Wall Street. La maquinaria institucional avanza por decreto mientras el Capitolio se atasca.
Blanch describe bien la paradoja. ‘Estados Unidos sigue regulando por la vía que quería abandonar: decisiones de agencias y jurisprudencia en lugar de un estatuto federal’, señala. Ese camino mantiene la inseguridad jurídica para emisores y plataformas y deja en la sala de espera al capital institucional, que exige reglas estables antes de mover ficha.
El bloqueo de la Clarity Act no nace de un desacuerdo técnico sobre criptoactivos, sino de la sombra de los negocios del presidente.
Para Javier Pastor, director de Formación Institucional de Bit2Me, el coste es tangible: un exchange, una fintech o un fondo que quiera entrar en cripto debe preguntarse cada trimestre dónde termina la competencia de la SEC y dónde empieza la de la CFTC. Abogados, retrasos y decisiones que no se toman.
Pastor introduce una distinción que conviene no perder: no es lo mismo el bitcoin que la industria construida encima. ‘Llevamos más de 17 años sin regulación federal integral y el bitcoin ha pasado de ser un dinero mágico de internet a un activo global en manos de grandes instituciones’, argumenta. El bitcoin no espera a la Clarity Act. Lo que espera son los bancos, los custodios y los fondos.
El peso se traslada a la SEC y a la CFTC
Sin ley, el regulador toma la iniciativa. La SEC ha propuesto eximir de registro las ventas de tokens de hasta 75 millones de dólares, y la CFTC acaba de aprobar los primeros futuros perpetuos de bitcoin en Estados Unidos.
El problema es la reversibilidad: lo que una administración concede por vía reglamentaria, la siguiente puede retirarlo. Para Molina, si la Clarity Act no sale ahora se retrasará el marco que conecta el dinero tradicional, las stablecoins, los pagos y los activos tokenizados; la tesis de fondo, eso sí, no desaparece.
La ventaja europea de MiCA y el calendario electoral
Mientras Washington acumula votos fallidos, Europa juega con ventaja. Un proveedor con licencia MiCA puede operar en 30 países con reglas claras de custodia, publicidad y protección al cliente, y ya hay 343 entidades autorizadas en el registro de ESMA.
Las arquitecturas, no obstante, son distintas. Europa eligió un marco transversal que cubre emisores, proveedores de servicios, plataformas, custodia y determinadas stablecoins. Estados Unidos construye su puzzle por piezas: la Clarity Act se ocuparía de la estructura de mercado y del reparto entre reguladores, mientras las stablecoins de pago tienen su propia norma, la Genius Act.
El desenlace depende del 3 de noviembre. Blanch lo explica sin rodeos: los demócratas tienen incentivos para mantener el bloqueo hasta las elecciones; si recuperan una cámara, negociarán con más palanca las cláusulas de conflictos de interés; si los republicanos retienen el control, habrá un nuevo intento en 2027 sobre el texto actual. El escenario de un Congreso dividido, el más probable, es también el más lento.
Queda saber si Europa convierte su ventaja en negocio. Pastor lo tiene claro: ‘No basta con decir que hemos regulado los primeros. Si esa seguridad jurídica no sirve para atraer capital, talento y empresas, la ventaja desaparece rápidamente’. Mi impresión es que Bruselas ha ganado tiempo, no la partida. Y el reloj del capital institucional, que no vota pero se mueve, empezará a contar en serio la noche del 3 de noviembre.
