El recibo de la industria eléctrica podría adelgazar más de 3.000 millones de euros al año. El cálculo no sale de un informe oficial, sino de las estimaciones que el sector eléctrico ha trasladado a Europa Press, y se apoya en dos partidas muy concretas: los servicios de ajuste y el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Ambas rondan los 1.500 millones de euros anuales por separado. La supresión o la simple reducción de los dos conceptos tendría, según estas fuentes, un impacto ‘directo y permanente’ sobre los costes energéticos de las empresas, sin necesidad de tocar el pool ni el diseño del mercado.
De 5 a 15 euros por MWh: los servicios de ajuste que se multiplicaron por cuatro
Los servicios de ajuste son los pagos que retribuyen a Red Eléctrica como operador del sistema por equilibrar generación y demanda hora a hora. En 2019 costaban menos de 5 euros por megavatio hora; hoy superan los 15 euros/MWh. El incremento acumulado alcanza el 324%, una progresión que el sector atribuye a la volatilidad de un sistema con mucha más renovable instalada y menos respaldo firme.
A esa partida se suma el Impuesto Especial sobre la Electricidad. El Gobierno lo rebajó de forma temporal a comienzos de 2026, dentro del paquete de medidas aprobado por la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo, y lo devolvió a su tipo habitual del 5,11% el pasado 1 de junio. Para el consumidor industrial, ese retorno se tradujo en un encarecimiento inmediato del recibo.
La evolución conjunta ha colocado a España entre los mercados donde una porción creciente de la factura eléctrica depende de conceptos regulados. Es el argumento central del sector: la elevada penetración renovable y la caída de los costes de generación pierden parte de su efecto cuando el peso de los cargos fijos no deja de crecer.
La paradoja es que la electricidad se genera cada vez más barata mientras el recibo industrial carga cada vez más costes ajenos a la generación.
Del plan de la gran industria al calendario del IVPEE
La queja no es nueva. Antes del verano, la gran industria, agrupada en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, presentó su Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española, un paquete de cinco medidas estructurales con el que aspira a recortar hasta un 30% el coste eléctrico del sector y a frenar los procesos de deslocalización.
El informe de EY Consulting que respaldaba el plan cifra la subida de la tarifa industrial española sin impuestos entre un 35% y un 60% desde 2019.
El diagnóstico de ese documento sitúa al país por detrás de Francia y Alemania en precio eléctrico industrial, una brecha que la Alianza considera incompatible con cualquier estrategia de reindustrialización. De ahí su exigencia de reglas estables y no de parches coyunturales.
Entre las medidas propuestas destacan la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y la extensión de la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico a toda la industria manufacturera que acredite compromisos de eficiencia energética.
El paquete incluía además dos cambios de arquitectura. El primero, trasladar los costes de restricciones técnicas a los peajes de acceso, de forma que se repartan entre el conjunto de los consumidores. El segundo, consolidar de forma permanente la rebaja del 80% en los peajes de la industria de alto consumo, hoy sujeta a revisión y, por tanto, a incertidumbre inversora.
El Gobierno ya ha movido ficha en una de esas direcciones. Las medidas estructurales aprobadas en junio incluyen la eliminación progresiva del IVPEE: del 7% vigente al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y su desaparición definitiva en 2028. Un calendario a tres años que retrasa el grueso del ajuste más allá de 2027.
Lo llamativo es el patrón. La rebaja del impuesto eléctrico llegó en 2026 envuelta en un paquete de urgencia por el conflicto en Oriente Próximo y se deshizo tres meses después. La industria pide lo contrario: un coste energético bajo y permanente, no una tregua fiscal que caduca.
Ahí está la fricción de fondo. Un tributo que sube y baja según la geopolítica traslada incertidumbre a las decisiones de inversión, precisamente en el momento en que la electrificación de procesos industriales se presenta como la vía más barata para descarbonizar.
Para calibrar el orden de magnitud, conviene recordar que la propia Alianza calculaba en un 30% el ahorro potencial de su plan. Los 3.000 millones de ajustes e impuesto eléctrico se mueven en una escala compatible con ese objetivo, aunque el reparto final dependa de cómo se compense cada partida.
El coste regulado como nuevo campo de batalla
El debate trasciende la aritmética de los 3.000 millones. España ha construido su ventaja eléctrica sobre dos pilares: renovables baratas y un mercado mayorista con precios bajos. Los servicios de ajuste son, en cierto modo, la factura de la intermitencia, y su crecimiento del 324% desde 2019 demuestra que ese coste no es marginal ni transitorio.
La contradicción es evidente. El país genera electricidad a precios entre los más competitivos de Europa, mientras la mayoría de los consumidores industriales paga hoy una tarifa final superior a la de Francia y Alemania.
Suprimir el IEE y los servicios de ajuste equivale, en la práctica, a detraer ingresos y reasignar costes. Alguien paga la diferencia: o los Presupuestos Generales del Estado absorben el hueco fiscal, o los cargos se desplazan a otros consumidores, o se aplaza inversión en redes. El sector no detalla ese reparto, y sin ese detalle la cifra de 3.000 millones funciona más como titular que como propuesta cerrada.
El IVPEE, por lo demás, nació en 2012 con vocación temporal y ha sobrevivido a todos los calendarios de supresión anunciados desde entonces. Ese historial explica por qué la industria desconfía de los plazos y reclama que las rebajas se anclen en la normativa, no en la coyuntura.
La pregunta abierta es de calendario. Con el IVPEE camino del 5% a finales de 2026 y del 3,5% en 2027, el próximo examen para la industria española será la letra pequeña de las cuentas públicas y la decisión sobre extender la bonificación del 85% al conjunto del sector manufacturero. Si esas piezas encajan, el recibo industrial bajará de forma estructural. Si vuelven a ser medidas de coyuntura, el alivio durará lo que dure la próxima crisis.
