La ley CLARITY cripto entra en su semana decisiva en el Senado de Estados Unidos. El borrador actualizado circula pocos días antes de la votación del 15 de septiembre y llega con cambios relevantes: las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) que no superen el test de descentralización tendrán que registrarse ante la CFTC, el regulador estadounidense de derivados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Coinbase han pedido acelerar la aprobación.
El objetivo de la norma es repartir la supervisión del sector entre la SEC y la CFTC y diferenciar qué criptoactivos son valores, materias primas o stablecoins (monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable, normalmente anclado al dólar). Ese marco lleva años pidiéndolo la industria cripto.
Qué cambia en el borrador de la ley CLARITY
Según recoge Bitcoin Magazine, el nuevo texto obliga a registrar ante la CFTC a los protocolos DeFi que no sean realmente descentralizados. El borrador considera que una aplicación financiera descentralizada deja de serlo si alguien puede controlarla o alterar de forma sustancial su funcionamiento, si no opera únicamente con reglas transparentes preestablecidas o si su uso puede restringirse o censurarse.
Además, las cooperativas de crédito federales podrán usar activos digitales o sistemas de registro distribuido para realizar cualquier actividad que ya tengan autorizada por ley. Es un cambio pensado para que este tipo de entidades no queden fuera del sistema financiero que dibuja la nueva regulación.
Dicho en términos sencillos: una cooperativa de crédito podrá ofrecer servicios con cripto siempre que no se salga de lo que su licencia ya le permite. No es una puerta a actividades nuevas, sino una adaptación al nuevo lenguaje digital.
El texto también incorpora una cláusula ética que prohíbe a los funcionarios públicos promocionar criptoactivos o ganar dinero con ellos. La medida había aparecido en un borrador anterior y responde a las críticas de los demócratas hacia la familia Trump.
La ley CLARITY no resuelve todos los conflictos del cripto, pero reduce una incertidumbre regulatoria que lleva años frenando a las empresas en Estados Unidos.
Por qué se ha retrasado y qué está en juego
La votación, prevista inicialmente para agosto, se aplazó antes del receso de cinco semanas del Senado. El choque entre el lobby bancario y las empresas cripto centró el bloqueo: los bancos rechazaron la posibilidad de que las plataformas paguen intereses a los clientes por sus stablecoins. El motivo no es menor: si las plataformas pudieran pagar intereses por esas monedas, competirían directamente con los depósitos bancarios tradicionales. La banca no quiere ceder ese terreno sin pelear.
El nuevo borrador circula de nuevo tras semanas de negociación, pero la ley todavía no tiene apoyo bipartidista. Un grupo de demócratas considera que el texto se queda corto y ha exigido enmiendas, mientras que los legisladores favorables al cripto acusan a algunos demócratas de frenar la norma de forma deliberada.
Donald Trump ha pedido a los legisladores que aprueben la ley. En agosto afirmó que Estados Unidos debía seguir siendo líder indiscutible en Bitcoin y cripto y que para ello necesitaban sacar adelante esta norma.
La división de competencias entre la SEC y la CFTC es uno de los puntos más esperados por la industria. Hasta ahora, muchos proyectos no sabían si su token era un valor, una materia prima o una moneda, y esa ambigüedad frenaba inversiones y provocaba batallas legales constantes.
Para un inversor español, la Clarity Act es un termómetro. La Unión Europea ya puso en marcha MiCA, su propio reglamento cripto. Si Estados Unidos aprueba una norma equivalente, se reduce la incertidumbre global y puede marcar la pauta para otros países. También puede endurecer la competencia entre plataformas estadounidenses y europeas.
Tampoco conviene perder de vista el frente de las stablecoins. La banca presiona para que los emisores no compitan con los depósitos. Si la norma limita el pago de intereses, el incentivo para mantener monedas estables en plataformas cripto se reduce, y eso afecta a la liquidez de todo el mercado.
La lectura de Merca2: menos incertidumbre, más control
La Clarity Act representa un intento de ordenar un sector que ha vivido en una zona gris legal. Si el Senado la aprueba, los reguladores tendrán un mapa más claro de qué activos corresponde vigilar a cada agencia. Para el inversor medio, el cambio no es abstracto: una supervisión más definida suele traducirse en plataformas más estables y en menos sorpresas regulatorias.
Sin embargo, el detalle de la DeFi merece una lectura crítica. Obligar a registrarse a los protocolos que no superen el test de descentralización puede empujar a muchos proyectos hacia estructuras más opacas o hacia jurisdicciones menos exigentes. El reto no es solo aprobar la norma, sino evitar que el control se lleve por delante la parte más innovadora del ecosistema.
Tampoco conviene restar importancia a la letra pequeña del test de descentralización. La definición es más estricta de lo que parece: basta con que alguien pueda restringir o censurar el uso de una aplicación para que deje de considerarse descentralizada. Ese umbral, si se aplica con rigor, puede afectar a una parte relevante del sector.
El precedente más cercano es la aprobación de los fondos cotizados (ETF) al contado de bitcoin en 2024. Aquel movimiento abrió la puerta al capital institucional. La Clarity Act aspira a completar la arquitectura legal para que ese capital se mueva con menos fricciones.
El calendario manda: la votación del 15 de septiembre es la prueba de fuego. Si el texto sale adelante sin apoyo demócrata, su recorrido posterior puede complicarse en la Cámara de Representantes. La industria cripto, mientras tanto, observa con una mezcla de alivio y recelo. La fecha clave sigue siendo el 15 de septiembre; a partir de ahí se verá si el calendario legislativo vuelve a romperse.
