La eficiencia energética de las viviendas en España apenas mejora: el 94,2% suspende con calificaciones D o peores. El dato, publicado en el informe ‘Estado de la eficiencia energética en España 2026’ de Accumin, retrata un parque residencial envejecido y muy alejado de los objetivos de descarbonización para 2030.
Según el estudio, elaborado a partir de los certificados energéticos registrados en las comunidades autónomas y remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 67,3% de los inmuebles modelizados se concentra en la letra E, la peor antes de entrar en la zona más baja del alfabeto energético. La G reúne el 12,6%; la F, el 9%; y la D, el 5,4%.
En el lado contrario, la alta eficiencia es residual. Las letras A, B y C suman solo un 5,8% del parque, con un exiguo 1,2% de viviendas en la máxima categoría A. La lectura es directa: seis de cada cien viviendas aprueban en eficiencia energética y el resto suspende.
Un récord de certificados que no cambia la foto del parque
Pese al suspenso general, 2025 cerró con 1,3 millones de certificados energéticos emitidos, un 3% más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica. El 45% de esas certificaciones estuvo vinculado a reformas energéticas, impulsadas por ayudas públicas y fondos europeos, muy por encima del 19% registrado entre 2016 y 2019.
El detalle importa: no es solo obra nueva. La certificación por reforma indica que una parte creciente del mercado empieza a usar el certificado como comprobante de rehabilitación, no como mero trámite de compraventa o alquiler. Eso sí, el informe también evidencia una brecha de cobertura: solo el 39% de las viviendas españolas tiene certificado registrado. El resto queda fuera del diagnóstico oficial, lo que obliga a Accumin a modelizar estadísticamente el parque total.
La cobertura es muy desigual. En viviendas plurifamiliares alcanza el 51,6%, frente al 17,5% en unifamiliares. Las provincias con mayor porcentaje de parque certificado son Madrid (69%), Navarra (58%), Barcelona (55,3%) y Málaga (51,8%), seguidas por Girona, Tarragona, Asturias, Cantabria y La Rioja, todas por encima del 40%.
Una cobertura tan desigual no solo condiciona la lectura estadística. También afecta a la capacidad de las administraciones para orientar las ayudas, porque el certificado es el requisito de acceso a buena parte de las subvenciones a la rehabilitación energética.
El 94,2% de suspensos reduce el certificado a una foto fija de un parque que envejece más rápido de lo que se rehabilita.
El mapa de los aprobados: pocas islas de A, B y C en un océano de letras bajas
El informe no solo mide cuántas viviendas suspenden, también dónde se concentran las excepciones. Guadalajara, Navarra, Toledo, Soria, Madrid, Segovia, Cuenca y Ciudad Real superan el 8% de viviendas con calificación A, B o C. Son los territorios con un parque residencial algo más joven o con una actividad rehabilitadora más intensa en términos relativos.
En el extremo opuesto, Las Palmas, Castellón, Tenerife, Tarragona, Ceuta y Cantabria registran más del 96% de sus certificados en los tramos ineficientes D, E, F o G. La fotografía no depende solo del clima: provincias costeras y turísticas con un parque antiguo aparecen en la parte baja de la clasificación, mientras que zonas del interior con cierta renovación reciente logran mejorar sus ratios.
La rehabilitación funciona, pero no al ritmo que exige 2030
Las cifras de ahorro respaldan la lógica de la rehabilitación. En viviendas unifamiliares, las reformas reducen el consumo de energía final entre un 25% y un 75%, con saltos habituales de una a dos letras en la calificación. En plurifamiliares, el ahorro se mueve entre el 10% y el 50%, aunque muchas veces la mejora no llega a cambiar la letra por la dificultad de ejecutar obras en fachadas o cubiertas sin acuerdo de la junta de propietarios.
La antigüedad del parque es la principal explicación del suspenso. Buena parte de los edificios se levantó bajo normativas sin exigencias térmicas relevantes, mientras que la obra nueva, sujeta a calificaciones A, B o C, representa apenas el 4% del total. El stock, no el flujo de vivienda nueva, es el que marca la calificación media del país.
El parque no suspende por falta de tecnología, sino por velocidad de reemplazo: la obra nueva apenas suma 4 de cada cien viviendas.
Los objetivos oficiales dejan poco margen. Para cumplir la Estrategia para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, que será sustituida por el Plan Nacional de Renovación de Edificios, España debe recortar 26.394 gigavatios por hora (GWh) de consumo de energía final residencial hasta 2030. La hoja de ruta implica rehabilitar la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y sustituir 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente en solo cuatro años.
El informe advierte con nitidez: esa meta exigiría multiplicar por 1,5 el ritmo de reformas registrado entre 2020 y 2025. Y para situar el parque residencial mayoritariamente en zona de alta eficiencia y acercarlo al escenario de cero emisiones en 2050, el ritmo actual debería multiplicarse por 10. Son dos escalas distintas, pero ambas apuntan a la misma dificultad: la rehabilitación se mueve en un ciclo lento, condicionado por la financiación, la gobernanza vecinal, y la falta de incentivos estables.
El riesgo que subraya el dato es estructural. Si el 94,2% del parque sigue en letras bajas y la tasa de certificación no supera el 39%, las políticas de descarbonización residencial corren el peligro de medir solo una parte del problema. Las zonas con más cobertura no son necesariamente las que más rehabilitan; son las que mejor documentan su parque. El resto, sobre todo viviendas unifamiliares en áreas rurales, permanece en gran medida invisible.
La conclusión no es un pronóstico, sino una condición. El salto de letra solo se generalizará si la certificación deja de ser un trámite de compraventa y pasa a funcionar como herramienta de planificación y financiación de reformas. La próxima foto del informe, con los datos que las comunidades autónomas vayan registrando, permitirá comprobar si el récord de certificados de 2025 fue un punto de inflexión o un espejismo estadístico.
