El Gobierno ha lanzado a audiencia pública el proyecto de real decreto que obligará a los centros de datos a acreditar un consumo renovable del 80% hora a hora, una medida que el sector considera un riesgo adicional para la competitividad de las inversiones en España.
El texto, impulsado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, permanecerá en consulta desde el 27 de agosto hasta el 4 de septiembre. La tramitación por la vía de urgencia confirma la intención del Ejecutivo de acortar los plazos de una norma que fija requisitos de sostenibilidad energética, hídrica y de soberanía digital para instalaciones de más de 1 MW.
Qué exige el real decreto a los centros de datos
El borrador introduce una obligación de adicionalidad renovable: todo nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un MW instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA). El cumplimiento se acredita hora a hora, lo que obliga a casar generación y consumo renovable en cada periodo, sin recurrir a certificados verdes desacoplados del tiempo real.
Además, se exige que al menos el 80% del consumo eléctrico tenga respaldo renovable mientras el mix nacional no supere el 90% de generación verde. El incumplimiento deriva en penalizaciones crecientes sobre cargos y peajes y, en última instancia, en la pérdida del derecho de acceso y conexión.
La regulación española bebe de los cuellos de botella vividos en Irlanda, Singapur, Países Bajos y Estados Unidos, donde la falta de planificación energética ha frenado la expansión de los data centers.
En España se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión desde 2021, frente a una Estrategia de Inteligencia Artificial que prevé 2,5 GW de computación en 2030 y una demanda eléctrica asociada de entre 3,5 y 4 GW. El desfase justifica, según el Ejecutivo, filtrar los proyectos por su impacto territorial e hídrico.
El real decreto convierte la sostenibilidad en condición de acceso al sistema eléctrico, no en un objetivo voluntario para los nuevos centros de datos.
La patronal y los operadores advierten de que esta criba puede desviar inversión a otros mercados. Las exigencias de soberanía digital también son elevadas: la operación del centro y el control de los datos deben recaer en entidades sujetas al derecho de la Unión Europea.
La obligación de que los datos y metadatos permanezcan en territorio comunitario añade una capa de gobernanza que puede alejar a operadores con plataformas globales. Sin embargo, la norma reserva un trato reforzado para los centros que alojen datos de las Administraciones Públicas o vinculados a la seguridad nacional.
Plazos de adaptación y penalizaciones para evitar colapsos
El borrador fija un calendario de transición: los proyectos ya en tramitación dispondrán de seis meses para acreditar el cumplimiento, plazo que se reduce a tres meses si están pendientes de un concurso de acceso a la red. Si no se adaptan, pueden renunciar a los derechos sin ejecución de garantías, una salida que busca ordenar la saturación actual de solicitudes.
Las infracciones no se limitan a sanciones económicas. El incumplimiento de los requisitos se traduce en recargos crecientes en cargos y peajes y, en último término, en la pérdida del derecho de acceso y conexión. El objetivo es evitar que el sobrecoste recaiga sobre el recibo de la luz de los consumidores y sobre el sistema eléctrico.
En materia hídrica y de eficiencia energética, la norma prevé exigir la categoría ‘A’ del futuro etiquetado europeo cuando entre en vigor, dentro de aproximadamente un año. También obliga a los centros de más de 500 kW a remitir anualmente al Ministerio para la Transición Ecológica sus datos de eficiencia y sostenibilidad para su publicación.
Los proyectos de más de 1 MW deberán informar además sobre el cumplimiento del código de conducta europeo de eficiencia para centros de datos. El Ministerio que dirige Sara Aagesen acumula así la competencia de supervisión sobre una infraestructura cada vez más crítica para la economía digital, en coordinación con la Comisión Europea.
Análisis: filtrar el crecimiento sin frenar la inversión
La lógica del real decreto es evitar que España repita los colapsos de Irlanda o Singapur. La correlación horaria y la adicionalidad renovable encarecen la operación de un centro de datos, pero también protegen al sistema eléctrico de una demanda que se concentra en horas punta.
El riesgo está en la ejecución. Si la acreditación resulta demasiado rígida o los plazos de adaptación se interpretan de forma restrictiva, parte de la inversión puede optar por Portugal, Italia o los Países Bajos, mercados que compiten por los mismos proyectos. La consulta pública, abierta solo hasta el 4 de septiembre, es la primera señal del equilibrio que busca el Ejecutivo: dar certidumbre sin dilatar la norma. La prueba llegará con la respuesta del sector y con la primera oleada de solicitudes de acceso que deban acreditar renovables hora a hora.
El borrador otorga al Gobierno una herramienta de selección de proyectos sobre la base de su impacto ambiental y su compromiso con la red. La cuestión es si el filtro será compatible con la velocidad que exigen los operadores de inteligencia artificial y computación en la nube.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El plazo de alegaciones finaliza el 4 de septiembre; de su resultado depende el calendario de aprobación y las condiciones finales de adicionalidad renovable.
- Reacción del valor: El sector de infraestructura digital y las utilities con cartera de PPAs seguirán con atención la norma, ya que la adicionalidad renovable puede elevar la demanda de contratos a plazo.
- Precedente sectorial: La regulación se inspira en los colapsos de Irlanda y Singapur, donde las restricciones energéticas frenaron el crecimiento de los data centers y desviaron grandes inversiones a otros mercados.
