El 25% de las pymes rescatadas con dinero público ha terminado en quiebra. La cifra surge de las cuentas de 2025 del Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid (Fonrec), gestionado por Cofides.
El fondo, creado en marzo de 2021 durante la crisis sanitaria, desembolsó 637 millones de euros a 79 empresas. Cuatro años después de concluir el reparto, el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid, más conocido como Fonrec, solo ha recuperado 229 millones, el 36% de lo prestado. El dinero devuelto se transfiere al Tesoro.
La factura del Fonrec: 637 millones desembolsados y una recuperación del 36%
Los documentos que publica esta semana ABC apuntan a un saldo más frágil de lo que sugiere la recuperación parcial. Cofides reconoce 112 millones de euros atrapados en 17 compañías en fase de liquidación. A esa losa se suman otros más de 40 millones de cuatro concursos que han estallado durante 2026. La cifra de empresas al borde de la desaparición contrasta con la prudencia inicial de encargar una evaluación crediticia.
- Green RB: 4,3 millones de euros.
- Eating Group: 8,8 millones de euros.
- García Faura SL: 7,7 millones de euros.
- Grupo INV: 19,5 millones de euros.
El Fonrec nació con una dotación inicial de 1.000 millones de euros. Su misión era apoyar a pymes que, al no tener la consideración de empresas estratégicas, quedaban fuera del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI. El propio fondo de la SEPI vivía entonces una etapa de parálisis por el controvertido rescate a Plus Ultra en 2021.
En ese contexto, Cofides mostró más agilidad. Terminó absorbiendo parte de los expedientes que la SEPI descartaba por no alcanzar los 25 millones mínimos que exigía su fondo o por no cumplir los requisitos. En poco más de un año había extendido su apoyo a 89 empresas, cifra que finalmente se redujo a 79 tras el desestimiento de algunas de ellas.
Para mitigar el riesgo, Cofides contrató los servicios de una agencia de calificación crediticia. La idea era no rescatar compañías con problemas de viabilidad. No fue suficiente.
El rescate público midió la urgencia, no la viabilidad: recuperar 229 millones de 637 desembolsados no es una tasa aceptable.
Las quiebras se agolpan: 21 empresas y más de 40 millones en el aire
El caso de OSSA es el más ilustrativo del deterioro. La Compañía Obras Subterráneas fue rescatada con 25 millones de euros, la ayuda máxima permitida, en 2022. Presentó plan de reestructuración en julio de 2024. El Fonrec impugnó primero el plan, pero acabó homologado en febrero de 2025. La reestructuración incluyó una quita de casi 3,5 millones en intereses y una capitalización de una parte de de la deuda a cambio del 43,5% del capital. El ajuste de valor por la parte no recuperable alcanzó 9,17 millones. El propio fondo subraya que, aunque ostenta más del 20% de OSSA, no participa en la gestión ordinaria ni ejerce influencia determinante sobre las decisiones.
La ayuda otorgada a la naviera vasca Balenciaga S.A. ascendía a 12 millones de euros. Cofides asegura que se han reintegrado 8,5 millones, pero asume que no podrá reembolsar otros 6,9 millones entre capital e intereses.
La lección del rescate: ni la calificación crediticia evitó el quebranto
El Fonrec confirma algo que esta redacción ya apuntó durante la pandemia: la política de rescate no se puede medir por el número de expedientes firmados. La velocidad manda, la viabilidad se aplaza. Las cuentas de 2025 demuestran que ni el filtro de una agencia de calificación sirvió para evitar que una de cada cuatro empresas acabara en liquidación. Ni para impedir que 112 millones de dinero público estén atados a balance rotos. El Estado entró como prestamista, pero sin capacidad de influir en la gestión ordinaria de las compañías, como se reconoce en el caso de OSSA. Cambiar deuda por participación no es una solución si esa participación no puede venderse en un mercado líquido. La contradicción es profunda: se rescata para salvar empleo y tejido productivo, pero el apoyo se instrumentó con créditos que hoy no se devuelven. El resultado, 155 millones en riesgo, manda un mensaje incómodo a los contribuyentes. Me parece que la próxima crisis que obligue a movilizar dinero público debería condicionar cada tramo a métricas de liquidez, planes de devolución, y viabilidad operativa real. No basta con contratar una agencia externa: el control posterior es tan relevante como la firma inicial. Las cifras de Fonrec son una secuela de aquella decisión: se optó por la velocidad de gestión y no por el control minucioso de cada expediente, y ahora toca asumir consecuencias. Habrá que vigilar las cuentas de 2027. La digestión de estas quiebras definirá si el agujero del 25% se estabiliza o si, por el contrario, el fondo acaba agrandando la pérdida.
