La cartera de la SEPI supera por primera vez los 15.000 millones de euros en valor de mercado de sus participadas en Bolsa. El dato, que confirman fuentes del organismo, marca un máximo histórico impulsado en gran medida por la espectacular revalorización de Indra.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el brazo inversor del Estado en grandes empresas estratégicas. Controla participaciones significativas en Indra, Enagás, Redeia, Ebro Foods o Enaire, además de otras compañías no cotizadas. Este agosto, la suma de todas esas tenencias en el parqué ha rebasado por primera vez la barrera psicológica de los 15.000 millones.
La cifra no solo pulveriza cualquier registro anterior: duplica el valor de la cartera de hace apenas tres años. En 2023, el paquete accionarial de la SEPI en empresas cotizadas rondaba los 8.000 millones. El salto hasta los 15.000 actuales refleja una combinación de inyecciones de capital, compras selectivas y, sobre todo, el buen comportamiento bursátil de algunos de sus activos.
Indra, la joya de la corona del holding estatal
La tecnológica se ha convertido en el principal motor del récord. Indra Sistemas cerró el lunes con una capitalización bursátil cercana a los 4.800 millones de euros, frente a los apenas 1.500 millones que valía a finales de 2022. La SEPI controla un 28% del capital (con un 8% adquirido en 2024 mediante una ampliación de capital), lo que eleva el valor de esa participación por encima de los 1.300 millones de euros.
Pero el efecto Indra va más allá del bloque directo. La compañía ha multiplicado contratos en el ámbito europeo de la defensa y la ciberseguridad al calor de la guerra en Ucrania y el rearme comunitario. Ese impulso ha arrastrado al alza a otras empresas del sector y, de paso, ha disparado la valoración de Minsait, su filial de tecnologías de la información, que la SEPI también controla indirectamente.
En total, entre la participación directa y la que posee a través de la propia Indra en otras participadas, el peso del grupo Indra en la cartera de la SEPI supera ya los 2.500 millones. Algo más del 16% del total.
La SEPI ha pasado de gestor pasivo a brazo inversor activo: 15.000 millones de patrimonio bursátil por primera vez en su historia.
Consecuencias para la política industrial y el déficit público
Este récord no es solo un número para colgarse medallas. La valoración de la cartera de la SEPI tiene implicaciones directas para las cuentas públicas. La sociedad pública es uno de los pilares de la llamada hucha de las pensiones, ya que una parte de sus dividendos y plusvalías se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A mayor valor de las participadas, mayor margen para futuras desinversiones que inyecten liquidez a las arcas.
Además, el músculo accionarial permite al Estado influir en decisiones estratégicas de sectores clave. En Indra, por ejemplo, la SEPI ha forzado cambios en la presidencia y la entrada de directivos vinculados a Defensa, en una clara apuesta por la soberanía tecnológica.
Análisis: más presencia pública en el IBEX, ¿y ahora qué?
El hito de los 15.000 millones sitúa a la SEPI como el segundo mayor accionista institucional del parqué español, solo por detrás de BlackRock. La diferencia, esta vez, es que quien gestiona esos recursos es un ente público que responde ante el Consejo de Ministros. La pregunta inevitable es: ¿se está convirtiendo el Estado en un actor demasiado grande para los mercados?
Algunos analistas apuntan que, en un contexto de bajos tipos de interés y con la deuda pública en niveles récord, tener una cartera tan voluminosa expone al contribuyente a riesgos bursátiles. Si Indra corrigiera, por ejemplo, el agujero en las cuentas de la SEPI sería notable. Pero la lectura optimista defiende que la cartera actúa como un colchón: a final de año, el holding podría vender paquetes minoritarios sin perder el control y reducir déficit sin tocar impuestos.
La realidad es que la SEPI ha pasado de ser un gestor de participaciones heredadas a un inversor activo. La entrada en Telefónica a principios de 2024 ya fue un aviso, y la reciente compra del 10% de la nueva empresa de semiconductores estatal (Chips Act española) apunta en la misma dirección. El Estado quiere estar en los consejos, no solo en el accionariado.
El riesgo, como siempre, es que la frontera entre estrategia industrial y clientelismo político se desdibuje. De momento, los números cantan: 15.000 millones en el parqué y un liderazgo indiscutible de Indra.
