El día de ayer, Merca2 informaba de la denuncia en los juzgados de Múnich presentada por los accionistas de Telefónica Deutschland, solicitando transparencia alrededor de los movimientos de cash pooling, que señalan se han hecho en beneficio de la matriz española. La mala noticia para los de Murtra es que no podrán pretender que la denuncia los tome por sorpresa, pues el informe de resultados de su banco interno con sede en Países Bajos, Telfisa, ya avisaba de esta situación.
«Durante 2025, las autoridades fiscales españolas concluyeron una inspección fiscal en la sede del Grupo, que abarcó varias entidades y acuerdos internacionales del Grupo, incluido el marco de cash pooling en el que la Compañía actúa como líder del pool de efectivo. La inspección se refirió a los ejercicios fiscales 2018 a 2020. Se alcanzó un acuerdo final entre Telefónica, S.A. y las autoridades fiscales españolas, dando lugar a una reasignación de una mayor parte del beneficio del cash pooling a España. La Compañía tiene la intención de presentar una solicitud de ajuste correlativo unilateral ante las autoridades fiscales holandesas para mitigar la posible doble imposición», se lee en el documento de Telfisa.
Es un documento que está en manos de los de Marc Murtra desde hace meses, y la inspección fiscal mencionada en el mismo texto tiene aún más tiempo. Si bien la empresa no tiene ningún conflicto actual con Hacienda en España, la revisión de sus movimientos sí que ha generado un dolor de cabeza en un país que consideran clave para su futuro inmediato. Con la decisión del tribunal de Múnich de aceptar la denuncia, ahora el reloj les juega en contra, con solo tres semanas para contestar a la misma.
Es cierto que Telefónica España tiene una ventaja importante de cara a los accionistas: la matriz española controla el 97 % de las acciones de su filial alemana. El problema es que las leyes del país teutón obligan a que, mientras haya al menos un accionista en el país, se dé prioridad a los resultados de la filial, lo que obliga a la matriz española a negociar un acuerdo o comprar las acciones restantes en el país.
La inspección se inició en 2023
Pero la inspección de Hacienda que ha causado esta denuncia tiene años en los documentos de Telfisa. Según el informe del banco in-house, la inspección se inició en julio de 2023 y cubrió el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 a 2021, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de parte de 2019 y los ejercicios 2020 y 2021. No es un dato menor, pues dibuja un conflicto de larga duración para la empresa alemana.
Según el mismo informe, este proceso concluyó en octubre de 2025 con la firma de «actas en conformidad» y «actas con acuerdo», relacionadas principalmente con ajustes en los precios de transferencia de las actividades financieras del Grupo. Los documentos también mencionan que las inspecciones fiscales previas, que correspondían a los ejercicios 2014 a 2017, se dieron por finalizadas en 2022.
El aviso de 82 millones de euros de Telfisa a Telefónica
En cualquier caso, la empresa está en una situación compleja. El aviso de Telfisa fue leído por los accionistas alemanes, que lo han puesto en el centro de su denuncia, como ya lo pusieron en el centro de la conocida junta donde bombardearon a la directiva de la empresa con hasta ocho horas de preguntas, algo muy fuera de lo común.
El informe consolidado de Telfisa, al que ha tenido acceso Merca2, confirma que en octubre de 2025 se firmaron «actas en conformidad» y «con acuerdo» con la Hacienda española. Estas actas están relacionadas específicamente con «ajustes en los precios de transferencia en relación con las actividades financieras del Grupo». En el mismo documento se detalla que este proceso de inspección (correspondiente a los ejercicios 2018-2021) tuvo un impacto en el gasto por impuestos del Grupo de 82 millones de euros.
El texto aclara que, aunque se registró ese gasto contable, «no hubo una salida de efectivo asociada», ya que el Grupo disponía de créditos fiscales suficientes para compensar el ajuste. Son argumentos que repiten los minoritarios en sus críticas y que están presentes en la denuncia aceptada por los juzgados de Múnich.
El problema es que, si Hacienda en España obligó a Telefónica a declarar más beneficios allí, es porque esos beneficios se obtuvieron a costa de otras filiales como la alemana. Existe el temor de que Telefónica Deutschland haya recibido tipos de interés inferiores o pagado márgenes superiores a los de mercado en sus depósitos con Telfisa, lo que constituiría un perjuicio por intereses (Zinsnachteil) que debería haber sido compensado legalmente.
Tres semanas para responder
De momento, Telefónica tiene tres semanas para responder, aunque la empresa siempre ha considerado que está bien posicionada para contestar, recordando que sus transacciones internas son revisadas por auditores externos a la compañía. «Todas las transacciones intragrupo de Telefónica se realizan en condiciones de mercado, incluidos los acuerdos de gestión centralizada de tesorería, que se remuneran a tipos de mercado. De hecho, todas estas transacciones intragrupo y transfronterizas están documentadas y respaldadas por un tercero independiente», sentencian desde Telefónica España.
Es cierto que el tiempo sigue avanzando, pero Alemania sigue siendo uno de los grandes objetivos de la empresa a corto plazo. Lo entienden como un mercado clave, por lo que es de esperar que quieran una solución pacífica a este nuevo conflicto, aunque de momento la tensión entre las dos partes se mantiene y la ley alemana protege a los minoritarios.
