Este miércoles 12 de agosto de 2026 se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la ley rider, una norma pionera que obligaba a las plataformas de reparto a contratar a sus mensajeros como asalariados. Pero las calles siguen llenas de repartidores que cotizan como autónomos. La transición, lastrada por la falta de un régimen sancionador, evidencia que el falso autónomo no se ha erradicado.
Desde que la Ley 12/2021 estableció la presunción de laboralidad en el reparto con plataformas digitales, solo Glovo ha completado la regularización de sus repartidores, y lo hizo el verano pasado tras cuatro años de resistencia. Uber Eats aún tiene previsto culminar el cambio al modelo de asalariados a finales de este año, mientras que otras como Just Eat siempre han operado con flotas de empleados. La ausencia de un verdadero régimen sancionador en en la ley rider ha provocado el retraso de la ejecución, según Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València.
El experto recuerda que las plataformas no empezaron a moverse en serio hasta que en 2023 se reformó el Código Penal para perseguir a los empresarios que incumplen la normativa laboral. Aquella modificación —que sigue en marcha contra el consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre— y la amenaza expresa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado diciembre a los responsables de Uber Eats empujaron la laboralización por la vía de las subcontratas.
¿Por qué cientos de repartidores siguen siendo autónomos?
La norma se diseñó para acabar con el modelo de autónomos que hasta 2021 era mayoritario en el sector. Sin embargo, la falta de multas disuasorias y la ambigüedad de la presunción de laboralidad han permitido a las plataformas dilatar la adaptación. Glovo y Uber Eats ensayaron pequeños cambios operativos para esquivar la ley, y Uber Eats incluso volvió al modelo de autónomos tras ver que su competidor no cumplía.
La situación se ha corregido en parte: tras la regularización de unos 20.000 repartidores en Glovo y cerca de 10.000 en Uber Eats mediante subcontratas, el volumen de falsos autónomos ha disminuido. Pero en mayo de 2026 la propia Glovo aplicó un ERE para despedir a 436 repartidores en 60 ciudades, al dejar de ser rentable el reparto en mercados pequeños con el sobrecoste laboral.
La ley rider fue pionera, pero sin sanciones reales las plataformas han tardado años en aplicarla, y aún hoy sigue habiendo miles de falsos autónomos en la calle.
Lo que cambió y lo que no: el Código Penal, los convenios y la transparencia algorítmica
El cambio más significativo ha sido la reforma del Código Penal de 2023, que permite perseguir penalmente a los empresarios que no aplican la normativa laboral. Pero el día a día de los repartidores que ya son asalariados también revela carencias: el convenio colectivo de mensajería aplicado mayoritariamente está caducado desde 2006 y funciona en ultraactividad, con salarios que apenas rozan el SMI (1.221 euros en 14 pagas) y muchos contratos a tiempo parcial.
Además, la obligación de transparencia sobre los algoritmos que asignan pedidos y evalúan el rendimiento está topando con la negativa de las empresas, que se escudan en el secreto profesional. Los sindicatos denuncian que la norma se ha quedado corta al limitarse al reparto de mercancías y no extender la presunción a otros trabajadores de plataformas como cuidadores o limpiadores.
El futuro: la directiva europea ampliará la protección a otros sectores
La ley rider española inspiró la directiva europea que regula el trabajo en plataformas, ya aprobada. Los Estados miembros tienen hasta diciembre de 2026 para transponerla, y el Ministerio de Trabajo ha abierto ya el periodo de consulta pública previa del anteproyecto de ley. La nueva norma irá más allá y extenderá la presunción de laboralidad a cualquier profesional de plataformas, desde repartidores hasta trabajadores de cuidados o limpieza.
A escala internacional, la ley rider también ha servido de referencia para el convenio sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas aprobado por la OIT en junio pasado. El Ministerio de Trabajo defiende que la norma es una de las acciones con más visión del ministerio, aunque los sindicatos piden mayor ambición.
Análisis: una norma de mínimos que necesita dientes
Cinco años después, el balance de la ley rider es agridulce. Por un lado, ha conseguido que la mayoría de los grandes operadores hayan laboralizado sus flotas, y ha situado a España como referente europeo. Por otro, los retrasos en la aplicación y la pervivencia de bolsas de falsos autónomos muestran que una buena ley sin capacidad sancionadora real equivale a un brindis al sol. Todolí, como otros expertos, apunta a la normativa AB5 de California como modelo más eficaz: allí la presunción de laboralidad solo decae si se cumplen tres supuestos acumulativos, sin tanta ambigüedad.
Para el autónomo que ejerce realmente por cuenta propia, el mensaje es claro: la tendencia normativa aprieta cada vez más contra el falso autónomo. La directiva que se avecina abre la puerta a inspecciones más amplias, y con el refuerzo penal es probable que las plataformas y cualquier empresa que recurra a este modelo se lo piensen dos veces. La oportunidad de una segunda ley rider con efectos mucho más amplios está sobre la mesa; tocará seguir de cerca la letra pequeña del anteproyecto.
Guía rápida: si eres repartidor y cotizas como autónomo
- 📅 Plazos: La directiva europea obliga a transponer antes de diciembre de 2026. No hay una fecha automática de regularización individual.
- ✅ Requisitos: La ley presume que eres asalariado; la empresa debe demostrar lo contrario. Si sigues de alta en el RETA, revisa si tu relación es realmente por cuenta ajena.
- 🌐 Dónde acudir: Puedes presentar denuncia en la Inspección de Trabajo o asesorarte con los sindicatos CCOO, UGT o CGT.
- 💰 Importe o coste: Como autónomo pagas la cuota del RETA (entre 230 y 500 euros al mes según ingresos reales). Si eres declarado asalariado, la empresa asume la cotización.
- ⚠️ Error a evitar: No esperar a que la plataforma actúe. La presunción de laboralidad puede decaer si no se reclama. Busca asesoramiento legal para regularizar tu situación.
