La crisis cerámica española ya no se cuece en Castellón, sino en los despachos de Madrid y Bruselas. La Diputación de Castellón y el Consell han reclamado al Gobierno medidas para proteger al sector azulejero y una vía concreta: abaratar el gas industrial para que se parezca al que pagan los competidores de Italia y Alemania.
No es una reclamación nueva. El tono sí. Ambas administraciones sostienen que el margen del clúster se ha agotado y que cada trimestre sin una solución energética se traduce en pedidos que emigran. Onda Cero recogía estos días el malestar de una provincia que vive del azulejo desde hace medio siglo.
El eje del problema es el precio del gas. España entró en la crisis energética con una ventaja difícil de repetir: el mecanismo ibérico puso techo a la factura eléctrica durante meses. Ese instrumento, sin embargo, nunca tocó el gas que las fábricas consumen directamente. Ahí el azulejo compite sin red.
El precio del gas industrial, el nudo que Castellón no puede desatar sola
Sobre la mesa hay dos modelos. Italia ha articulado subastas de liberación de gas y esquemas de interrumpibilidad para su industria intensiva; Alemania rebajó la fiscalidad energética hasta el mínimo que permite la normativa comunitaria. Caminos distintos con un mismo objetivo: que la energía no sea la variable que decide qué fábrica cierra y cuál aguanta.
Hay una segunda pata, más política. El Consell pide al Gobierno que implique al Partido Socialista Europeo para conseguir un benchmark para el azulejo, un estatus de referencia en Bruselas que otras industrias electrointensivas ya manejan y que la cerámica reclama para no quedarse fuera de las excepciones que aprovechan sus rivales. La patronal del sector, Ascer, comparte el diagnóstico: sin suelo energético común, la competencia se decide en el recibo de la luz y del gas.
La energía ha dejado de ser un coste más: es el criterio que decide hoy dónde se produce un metro cuadrado de cerámica.
Nadie discute el diagnóstico. La duda es si el marco español está preparado para aplicarlo antes de que el problema se resuelva solo, y mal.
La feria de Bolonia mide la resistencia del azulejo español
Cersaie, en Bolonia, es el escaparate donde la industria cerámica europea enseña catálogo y hace balance. Allí se está midiendo la resistencia del azulejo español ante una crisis geopolítica que encarece el transporte, tensiona las rutas marítimas y obliga a rehacer previsiones cada pocos meses.
La competencia no espera. Italia mantiene su posición en el segmento alto; Turquía e India presionan con costes más bajos; y el productor estadounidense juega con un gas que se paga en otra escala. El propio sector admite que ahí no hay partido: la brecha energética acaba en el precio final y el cliente de un producto commodity mira la cifra, no la procedencia.
De ahí que la petición de Castellón no sea un capricho provincial. El clúster no son solo fábricas de azulejo: arrastra fritas, esmaltes, maquinaria, y logística. Si la cabeza se desangra, el resto del cuerpo industrial de la provincia se queda sin función. Ese es el problema de fondo.
Un problema de gas que es, en realidad, un problema de modelo industrial
Creo que el diagnóstico del Consell es correcto en lo esencial y, aun así, incompleto. El diferencial de gas frente a Italia o Alemania no se arregla con una subvención puntual, sino con una política energética industrial que España nunca ha tenido del todo. Pedir un benchmark europeo es sensato; depender de que Bruselas lo conceda, menos.
Hay además una contradicción incómoda. Abaratar el gas a corto plazo choca con el calendario de descarbonización, que empuja a electrificar los hornos. Técnicamente es posible; económicamente exige inversiones que un sector con márgenes comprimidos no puede asumir en solitario. La paradoja es que España tiene una de las electricidades más competitivas de Europa y sigue discutiendo el futuro de su industria intensiva alrededor de una molécula fósil.
El calendario tampoco ayuda. Este año ha arrancado la fase definitiva del ajuste fronterizo por carbono, el CBAM, aunque la compra de certificados no llegará hasta 2027. Ese mecanismo nivela algo el terreno frente a las importaciones, pero no toca el coste del gas que sale del tubo. Y con la fase definitiva en marcha, la industria afronta una doble carga: pagar más por la energía y justificar cada gramo de CO₂ que emite.
Lo que está en juego no es que cierre una fábrica concreta. Es perder la masa crítica. Un clúster cerámico funciona por proximidad: proveedores, mano de obra especializada, centros tecnológicos. Cuando esa densidad se rompe, no vuelve. He visto cómo comarcas industriales han tardado veinte años en reconstruir lo que se destruyó en tres.
El próximo termómetro será el cierre del ejercicio y las cifras que publique el sector. Después llegará el primer pago de certificados del CBAM, previsto para 2027, y con él una pregunta que Bruselas tendrá que responder con nombres y apellidos: qué industria intensiva en energía quiere conservar en Europa. Para Castellón, la cuestión es más prosaica. Cuántas fábricas quedarán en pie cuando esa respuesta llegue.
