He seguido con detenimiento la apertura, ayer jueves, de las negociaciones de transición en Venezuela respaldadas por Estados Unidos. En el centro de convenciones del Parque Simón Bolívar, en Caracas, se sentaron cara a cara Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, y Dinorah Figuera, quien reivindica el mismo cargo desde el exilio. La imagen es, cuando menos, paradójica: dos autoridades que se atribuyen la misma presidencia legislativa inician un diálogo bajo la atenta mirada de Washington.
El principal objetivo declarado es lograr una salida pactada a la crisis política del país, agravada tras los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron más de 6.000 fallecidos y enormes daños en La Guaira y Caracas. Las conversaciones se mantendrán en ‘sesión permanente’ hasta el próximo 12 de agosto, según confirmaron ambas partes.
Principios acordados en la mesa
Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, enumeró los siete puntos que las partes han aceptado como base para continuar el diálogo:
- Respeto a la soberanía nacional.
- Negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela.
- Solución política, pacífica, democrática y constitucional.
- Reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.
- Trato paritario en la mesa.
- Cumplimiento verificable de los compromisos.
- Protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas.
La comitiva de Figuera incluye a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, exiliado en España. La formación celebró la instalación de la mesa, afirmando que el mecanismo busca ‘volver a institucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres’.
‘Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano.’ — Embajada de Estados Unidos en Caracas, comunicado del 6 de agosto de 2026
Sin embargo, la gran ausente es María Corina Machado, Nobel de la Paz y la figura más visible de la oposición agrupada en la Plataforma de Unidad Democrática (PUD). Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y fue inhabilitada por el madurismo, no participa en estas negociaciones. Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a ella, habló en su nombre: ‘Venezuela está expectante. Esperamos que se logre cuanto antes la liberación de todos los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial’. Guanipa insistió en que cualquier salida debe respetar los resultados del 28 de julio de 2024, que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. Esta exigencia de validar unos comicios que el chavismo desconoce ha sido, según analistas, el factor que ha dejado a Machado al margen de las prioridades de Washington.
El contexto no puede ser más frágil. A la tragedia sísmica se suman protestas por los apagones que afectan a los estados de Aragua, Carabobo, Monagas, Lara, Portuguesa, Cojedes y Bolívar. Cacerolazos y cortes de vías han recordado la urgencia de atender las necesidades básicas de la población.
¿Por qué ahora? La lectura económica y geopolítica
En mi análisis, la implicación de Estados Unidos va más allá de la presión humanitaria. La potencia norteamericana necesita estabilidad en Venezuela para poder participar en la reconstrucción de su sistema eléctrico —colapsado tras años de desinversión— y acceder a las enormes reservas de petróleo y minerales. De hecho, desde Washington se ve a Caracas como un proveedor alternativo de crudo pesado en un momento en que las sanciones a Rusia y la tensión en Oriente Medio mantienen los precios de la energía en niveles elevados.
La postura de la Administración estadounidense ha virado hacia un pragmatismo que deja fuera a la oposición más radical. Se prefiere una transición negociada con actores dispuestos a ceder en la reinstitucionalización a cambio de un alivio progresivo de las sanciones económicas. El petróleo venezolano, hoy con una producción de apenas 800.000 barriles diarios, podría duplicarse si se normalizan las relaciones comerciales, un escenario que impactaría directamente en los spreads del crudo en los mercados internacionales.
No obstante, el camino es estrecho. La coexistencia de dos presidencias de la Asamblea Nacional en la misma mesa refleja la fragilidad de cualquier acuerdo. Además, el descontento social por la crisis eléctrica y la inflación no espera. Si las conversaciones no entregan resultados tangibles antes del 12 de agosto, el riesgo de que las calles vuelvan a incendiarse es real.
‘El objetivo de este mecanismo es volver a institucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres, en las que podamos recuperar la democracia en Venezuela.’ — Voluntad Popular, comunicado tras la primera sesión de diálogo
🌍 El impacto en España y Europa
Para España, el desenlace de estas negociaciones tiene consecuencias directas. La colonia venezolana en nuestro país supera las 400.000 personas, y la estabilización de su nación de origen aliviaría la presión migratoria. En el plano económico, la reanudación del comercio bilateral —congelado por las sanciones— beneficiaría a empresas españolas con intereses históricos en infraestructura, energía y banca. Repsol, por ejemplo, mantiene activos en el país que podrían revalorizarse si se levantan las restricciones.
Además, un incremento de la producción petrolera venezolana contribuiría a moderar los precios del barril de Brent, referencia para las gasolinas en Europa, lo que suavizaría la todavía elevada inflación subyacente en la eurozona. El BCE sigue pendiente de cualquier evolución geopolítica que altere sus proyecciones de precios y, hoy por hoy, el riesgo de oferta sigue siendo uno de los vectores que impiden acelerar los recortes de tipos.
Las próximas dos semanas serán cruciales. El 12 de agosto sabremos si el diálogo de Caracas produce un primer borrador de acuerdo o si la ausencia de Machado y la presión de la calle terminan por dinamitar un proceso que, por el momento, es la mejor oportunidad de transición pacífica que ha tenido Venezuela en una década.
