El consorcio público-privado español que integran Santander, ACS, Telefónica, Multiverse Computing, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y la Generalitat de Cataluña presentará a partir de septiembre su candidatura para albergar una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere desplegar en el continente. El proyecto movilizará una inversión total de 5.000 millones de euros, de los que la SETT ya ha autorizado 719 millones, según confirman a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
La Comisión Europea mantiene abierta esta convocatoria —con más de 30.000 millones de euros en inversión público-privada prevista— hasta el 12 de noviembre. Bruselas anunciará las adjudicaciones a principios de 2027 y la construcción de las primeras instalaciones comenzará ese mismo año. España compite con otros 17 Estados miembros y es uno de los candidatos con más cartas a su favor.
El reparto accionarial de la sociedad encargada del proyecto otorga el 51% del capital al bloque privado. Santander, ACS y Telefónica tendrán cada uno un 15,67%, sumando conjuntamente un 47%. Multiverse Computing aporta un 4% adicional, mientras que la SETP —el vehículo público— dispondrá de un 47,99% y la Generalitat catalana, de momento, un 1%. La doble sede, en Móra la Nova y San Fernando de Henares, busca distribuir el impacto territorial.
La infraestructura resultante no es un centro de datos convencional. Las gigafactorías de IA son instalaciones de computación de altas prestaciones pensadas para el entrenamiento e inferencia de modelos fundacionales a gran escala, un cuello de botella que hoy lastra la autonomía estratégica europea. España dispone de fibra óptica en el 96% de la población, cobertura 5G casi universal y una posición eléctrica privilegiada: la electricidad es más barata que en Alemania, Reino Unido o Italia, y las renovables ya superan el 60% del ‘mix’.
El encaje industrial: Santander, ACS y Telefónica diversifican su apuesta por la IA
Para las tres cotizadas del IBEX, el movimiento encaja en estrategias que llevan meses desplegando fuera de sus sus negocios tradicionales. Telefónica ya participa en infraestructuras de conectividad crítica y tiene experiencia en centros de datos y edge computing. ACS, a través de su filial Turner, ha ejecutado proyectos de hiperescala en Estados Unidos y entra ahora en el mercado europeo de la construcción tecnológica. Santander aporta el músculo financiero, pero también el interés por la IA aplicada a la banca: la entidad ha invertido en modelos de lenguaje propios y en automatización de procesos.
Multiverse Computing, la cuarta pata privada, es una compañía con sede en San Sebastián especializada en computación cuántica e IA. Su presencia eleva el componente tecnológico del consorcio y le da un perfil diferenciador frente a otras candidaturas centradas únicamente en infraestructura física. De hecho, el director ejecutivo de la nueva sociedad será Francesc Fajula, ex consejero delegado de la Fundación Mobile World Capital, lo que aporta conexiones con el ecosistema tecnológico global.
La pregunta que flota en el parqué es si el mercado valorará esta iniciativa como una diversificación rentable o como un riesgo de ejecución en un sector donde los plazos y los costes suelen dispararse. No es una inversión financiera pasiva: las tres cotizadas tendrán que implicarse en la gestión y en el cumplimiento de hitos industriales exigentes bajo supervisión europea.
La electricidad más barata y la alta penetración de fibra convierten a España en el candidato natural del sur de Europa para albergar la infraestructura de IA del continente.
El ecosistema español de IA ya tiene tabla de gimnasia
La candidatura no parte de cero. España cuenta con el Mare Nostrum 5 —cuarto supercomputador de la red europea— y con las factorías de IA del Barcelona Supercomputing Center y el CESGA gallego, además de ‘Alia’, un modelo de lenguaje público entrenado con datos en castellano y lenguas cooficiales. En regulación, el país fue de los primeros en adoptar un sandbox regulatorio, una agencia de supervisión específica y guías normativas para empresas. Además, es el tercer país del mundo en contratos públicos de IA entre 2013 y 2024.
Esa madurez del ecosistema reduce el riesgo de implementación. No se trata de levantar un almacén de servidores, sino de integrarlo en una red de supercomputación que ya tiene clientes —universidades, pymes, centros de investigación— y protocolos de acceso estandarizados por EuroHPC. La clave estará en la ejecución del proyecto y en la capacidad del consorcio para absorber los fondos europeos sin desviaciones presupuestarias que acaben recortando la rentabilidad esperada.
Más allá del titular: ¿creación de valor o riesgo político-corporativo?
Las gigafactorías europeas de IA representan una oportunidad de negocio inflada por la narrativa geopolítica de la autonomía digital. La Comisión espera movilizar 30.000 millones entre fondos públicos y privados, pero la experiencia con otros megaproyectos paneuropeos —baterías, semiconductores— muestra que los plazos se alargan y los consorcios a menudo se deshilachan. No obstante, la estructura de la sociedad resulta prudente: el control privado del 51% obliga a los socios a mantener la disciplina en la gestión, y la SETT actúa como ancla institucional sin capacidad de bloqueo.
Para Santander, ACS y Telefónica, el riesgo de imagen es moderado. Una eventual demora o sobrecoste no afectaría a sus cuentas de forma significativa; las tres pueden diluir su participación sin gran penalización. De hecho, el verdadero valor para sus accionistas no está en el retorno directo de la gigafactoría, sino en la posición que ganan dentro del ecosistema de contratación pública europea vinculada a la IA. Si España consigue una de las siete adjudicaciones, estas compañías quedarán posicionadas como interlocutores preferentes para futuras licitaciones de servicios digitales, computación en la nube y ciberseguridad en el sur de Europa.
Dicho de otra forma: la gigafactoría es la llave de entrada a un mercado regulado de largo recorrido, no un proyecto de infraestructura puntual. La rentabilidad depende de la capacidad del consorcio para generar servicios recurrentes y no solo de la construcción física. Ese es el matiz que separa una inversión estratégica de una simple obra pública.
El verdadero premio para Santander, ACS y Telefónica no es el retorno directo del proyecto, sino la puerta que abre a futuros contratos europeos de computación avanzada.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre: Las acciones de Santander, ACS y Telefónica cerraron el lunes 2 de agosto con movimientos planos, sin recoger prima alguna por este anuncio. Santander terminó en 4,82 euros, ACS en 38,15 euros y Telefónica en 3,58 euros, todas con variaciones inferiores al 0,5%.
Clave técnica: Ninguno de los tres valores ha roto resistencias relevantes con este catalizador. Telefónica sigue atascada en la banda de los 3,50-3,70 euros, y ACS necesita superar los 40 euros para confirmar un cambio de tendencia. El volumen fue inferior a la media de los últimos 20 días, lo que descarta por ahora una revalorización inmediata del consorcio.
Apunte macro: La prima de riesgo española se mantiene en 72 puntos básicos, lejos de los mínimos del año (65 pb). Un éxito en la adjudicación europea en 2027 podría reforzar la percepción de estabilidad inversora del país, pero el mercado no descuenta ese escenario aún.
