BBVA ha depositado ya los 1,17 millones de euros de fianza que le impuso la Audiencia Nacional por el caso Villarejo, y ha vuelto a insistir en que no espera un impacto material en sus cuentas aunque la justicia acabe dándole la razón al fiscal Anticorrupción, que reclama una multa de 180 millones para la entidad. Una apuesta arriesgada que pone a prueba la confianza del mercado en la fortaleza del banco.
La decisión de consignar la caución, que se hizo efectiva la semana pasada, despeja uno de los escollos procesales pero no reduce la incertidumbre de fondo. El juez instructor ya había cerrado la fase de instrucción en 2025 y el caso avanza hacia un juicio oral que podría celebrarse en los primeros meses de 2027. Mientras, el banco prefiere no mover ficha contable y mantiene que la petición del fiscal es desproporcionada.
Una fianza modesta, una multa histórica
Los 1,17 millones abonados en efectivo representan una cantidad casi simbólica si se compara con los beneficios récord de 8.200 millones que BBVA obtuvo en 2025. La Audiencia la impuso como garantía para cubrir las eventuales responsabilidades civiles derivadas del caso, no como parte de una posible sanción penal. Pero el verdadero quebradero de cabeza está en la solicitud del fiscal: 180 millones de euros, la cifra más alta jamás reclamada a una entidad financiera en España por un delito relacionado con el espionaje empresarial.
Además de la multa a la persona jurídica, Anticorrupción pide penas de prisión para varios directivos, entre ellos el expresidente Francisco González, por los delitos de cohecho y revelación de secretos. La acusación sostiene que el banco contrató a la empresa Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo, para obtener información confidencial sobre empresarios rivales, políticos y periodistas entre 2004 y 2017, supuestamente como parte de una estrategia de defensa corporativa.
Un caso que arrastra a la antigua cúpula
El periplo judicial de BBVA por los encargos a Villarejo arrancó en 2018, cuando el caso Tándem sacó a la luz las prácticas del comisario jubilado. La investigación reveló pagos millonarios de la entidad y la implicación de varios miembros de la alta dirección. Aunque la actual presidencia de Carlos Torres siempre ha asegurado que la etapa está superada, la sombra del escándalo ha seguido planeando sobre la reputación del banco, que ha tenido que reforzar sus sistemas de compliance y ha colaborado con la justicia para intentar atenuar su responsabilidad.
La estrategia de BBVA es clara: no anticipar un céntimo mientras el tribunal no haya dictado sentencia.
Los inversores han dado un voto de confianza a la cúpula. Las acciones de BBVA apenas se movieron tras conocerse el pago de la fianza, y los analistas valoran que el impacto de una eventual condena de 180 millones sería asumible para un banco con un balance superior a los 700.000 millones. Sin embargo, las recientes idas y venidas en el calendario judicial han inyectado una dosis de volatilidad adicional en la cotización.
¿Por qué no provisiona BBVA?
Detrás de la negativa a dotar una provisión contable hay razones jurídicas y de mercado. Según la normativa IAS 37, una empresa debe registrar una provisión cuando tiene una obligación presente, resultado de hechos pasados, y es probable que tenga que desprenderse de recursos. BBVA sostiene que la probabilidad de una condena de 180 millones es baja, basándose en los informes de sus asesores legales. Así que, desde un punto de vista técnico, no sería correcto provisionar.
Pero el cálculo va más allá de las reglas contables. Provisionar antes del juicio sería interpretado por el mercado como un reconocimiento implícito de culpabilidad y una admisión de debilidad. Además, lastraría los resultados trimestrales y podría afectar a los ratios de capital CET1, un indicador clave para los inversores. En un entorno de tipos al alza y competencia feroz en el sector, BBVA prefiere reservar toda su artillería para defender su posición.
El banco también juega la baza de la jurisprudencia favorable. Aunque otros bancos, como CaixaBank, han estado bajo el radar del caso Villarejo, las sanciones impuestas hasta ahora han sido de una cuantía muy inferior. Y el hecho de que BBVA haya colaborado activamente con la justicia y haya implementado reformas internas podría ser un atenuante que los jueces valoren.
En cualquier caso, la partida final se jugará en la sala de vistas. La fecha del juicio oral aún no está cerrada, pero el calendario apunta a los primeros meses de 2027. Hasta entonces, BBVA seguirá fiel a su estrategia: ninguna provisión, máxima contención y la esperanza de que el juez no respalde los 180 millones que pide el fiscal. Para el banco, la mejor defensa es un buen ataque… financiero.
